sábado, 11 de diciembre de 2010

Coordinadora de DDHH aboga por una política de seguridad sin torturas

El abogado Roque Orrego durante la presentación del informe de DDHH del Paraguay 2010. El acto se hizo en la Plaza Italia, lugar histórico de lucha contra la dictadura stronista.
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La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay del Paraguay (CODEHUPY) lanzó su informe de DDHH 2010 en la plaza Italia de Asunción a fin de dar un contexto simbólico al acto, realizado en la noche del 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos. La plaza era el lugar donde se hacían las reuniones de las personas que luchaban contra la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner. Hoy está “enrrejada”, por iniciativa de la ex intendenta colorada Evanhy de Gallegos. Está rodeada de cercas para evitar que sea destruida por indígenas, eternos marginados de nuestra sociedad.
El abogado Roque Orrego, miembro de la entidad, presentó el libro que contiene los análisis de distintos temas sobre derechos humanos. El mismo dio a entender que los organismos de seguridad del gobierno de Fernando Lugo y los miembros del Poder Judicial están reproduciendo la política de seguridad de la era stronista. Por eso abogó que en Paraguay exista una “sociedad llena de vida sin violencia, seguridad sin torturas y libertad sin discriminación. Venimos a esta plaza para presentar este informe porque queremos dar un mensaje de esperanza radical en la sociedad democrática y republicana por la que trabajamos. El estado social de derecho es posible en Paraguay...”. 

Rechaza acusaciones contra CODEHUPY 
El abogado Orrego manifestó que la CODEHUPY seguirá luchando por la vigencia de los DDHH en Paraguay aunque existan grupos de poder que buscan confundir a la gente vinculando a la organización con grupos violentos, entre ellos el Ejército del Pueblo Paraguayo. “Nada nos une a ellos (grupos armados) y si salimos a la plaza es porque hablamos públicamente de lo que creemos: una sociedad incluyente que remueva los obstáculos a la igualdad, un estado que se sostenga con las reglas de la democracia, que cuenta con políticas de seguridad humana, un gobierno transparente que no permita la criminalización de la protesta ni de la pobreza, ni el uso clientelista de sus recursos...”. 
La CODEHUPY recibió fuertes ataques de grupos reaccionarios, ya sea parlamentarios, empresarios y de la prensa, en especial del diario ABC Color, cuyo dueño, Aldo Zuccolillo, fue en el pasado puntal de la dictadura de Stroessner. La razón de estos ataques fue la denuncia de la entidad ante la OEA por violaciones de DDHH. Este diario calificó de "papelón" la denuncia, dando a entender que las acusaciones en contra del gobierno de Fernando Lugo no eran serias. Zuccolillo, tal como hacía en contra de los luchadores anti-stronistas,  vinculó a la CODEHUPY con el EPP solo para desprestigiar sus acusaciones de abuso de poder, torturas y asesinatos (ejecuciones extra judiciales).
Vencer el miedo a la represión 
Orrego insistió que CODEHUPY tomó la decisión de hacer la reunión en la Plaza Italia, para conmemorar la fundación de los DDHH por las Naciones Unidas, porque la gente necesita “vencer el miedo” a la represión. Recordó que muchas personas, desde este punto histórico, lucharon contra el stronismo y la orden superior. Manifestó que el Paraguay requiere de nuevo de ciudadanos valientes para no olvidar la dictadura y, por sobre todo, para no repetir. 
En la ocasión, la organización entregó un libro sobre DDHH 2010, que abarca varios tópicos: Análisis de coyuntura, Derechos a la Vida y a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad, Derechos a la Igualdad, Derecho de Familia, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Derechos de los Pueblos Indígenas, etc. 
El abogado Roque Orrego y la secretaria ejecutiva de CODEHUPY, Carmen Coronel, en la noche del 10 de diciembre en la Plaza Italia. La entidad brindó un homenaje a héroes civiles que lucharon contra el stronismo y que ya fallecieron, entre ellos Ananías Maidana, líder del Partido Comunista Paraguayo.
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Medios y periodistas ocultaron datos de peritos en caso de detenidos por secuestro de Lindstron

Por Dionisio Arce Jara (*) 

La foto es una publicación de Ultima Hora del 16 de noviembre de 2010. No advierte a los lectores de que el perito de la Fiscalía General había informado, días antes, al juez Jorge Benítez Ruíz, que no había pruebas contra los detenidos.
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La mayoría de los medios de prensa había ocultado datos del informe pericial de la notebook y teléfonos celulares incautados por la Fiscalía General del Estado en los allanamientos de viviendas realizados luego de la liberación (17 de enero de 2010) del ganadero Fidel Zavala, secuestrado supuestamente por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Hay mucha censura y autocensura en los casos relacionados con el fantasmal grupo guerrillero. La mayoría de los periodistas sabe que está "prohibido" consultar a la contraparte o poner en una nota la historia o contexto de los datos relevantes de una investigación.
La fiscala Sandra Quiñónez llamó a conferencia de prensa el 15 de noviembre pasado para informar que encontraron “pruebas” que vinculan a los detenidos por el secuestro del ganadero Luis Lindstron (1 agosto de hasta 11 de setiembre de 2008). 
Las supuestas pruebas, que estaban en la notebook de Rumilda Estela Giménez González (una de las detenidas por el caso Lindstron el 19 de enero de 2010), son fotografías de supuestos líderes del EPP y copias de publicaciones de diarios, así como una nómina de empresarios y autoridades del gobierno que serían secuestrados. Sin embargo, el perito de la Fiscalía, Lic. William Román Amarilla, había informado el 21 de octubre al juez penal de garantías de Concepción (Departamento de Concepción), abogado Jorge Benítez Ruíz, que no había datos relevantes del caso en la notebook ni en los celulares incautados. 
Campaña de criminalización
En las publicaciones de los medios de prensa no se pone en contexto la presentación hecha por los abogados de algunos de los detenidos, ya que el 18 de octubre pasado, los abogados Florencio Díaz Morales y César Cristóbal Gómez Gaona pidieron la libertad de sus clientes porque el perito Jaime Amador Castro Espinoza, técnico en informática contratado por la defensa, no encontró ninguna prueba. Este dato fue confirmado por su colega de la Fiscalía el 21 de ese mes. Por eso estos abogados pidieron la libertad de los detenidos (ver nota), pero fue denegada por el juez Benítez Ruíz.
De esta manera, los periodistas y los medios de prensa se prestan a la “maniobra dolosa de la fiscala Quiñónez”, según expresiones de Díaz Morales. Este informó que ningún periodista le llamó el 15 de noviembre para tener la versión de la contraparte. En los días posteriores, la mayoría de los medios seguía publicando, en grandes destaques, las fotos supuestamente encontradas en la notebook de Rumilda. El abogado dijo que tuvo que salir al paso de algunos periodistas para dar su versión. Algunos canales de TV y radios publicaron su versión de que los datos fueron plantados por la fiscala Quiñónez. Los medios escritos no lo hicieron, entre ellos La Nación, ABC Color y Ultima Hora (estos dos últimos diarios publicaron la versión de Máxima González, madre de Rumilda, pero en pequeño destaque). 
Durante varios días, los medios impresos publicaron profusamente las fotografías de los supuestos integrantes del EPP, de empresarios y de jueces y fiscales que serían víctimas de secuestros. En los escritos no se advierte a los lectores que los datos aparecieron luego del cierre del plazo legal de presentación de pruebas. El perito de la Fiscalía tampoco pidió una prórroga al juez Benítez Ruíz. Las publicaciones forman parte de la campaña de criminalización de las luchas populares emprendida por el gobierno de Fernando Lugo y sectores reaccionarios del Parlamento Nacional y de los gremios empresariales. La foto corresponde a la publicación,a doble página, de La Nación del 17 de noviembre de 2010 (ver nota).
Exclusión de pruebas 
Los abogados de Rumilda, de Alcides Ramón Giménez Gon- zález, Aguedo Ramón Gimé- nez, Mary Blanca Bracho Martínez, solicitaron al citado juez la exclusión de las su- puestas pruebas encon- tradas en la notebook por el perito Román Amarilla. Díaz Morales y Gómez Gaona pidieron al magistrado que deje de lado el nuevo informe del perito porque lo presentó luego del plazo procesal (22 de octubre) y porque el trabajo lo hizo sin el control jurisdiccional ni intervención del perito Castro Espinoza. 
Díaz Morales también apunta con el dedo acusador al ministro Rafael Filizzola (ver nota de Ultima Hora), ya que la Policía Antisecuestro es la cabeza de los procedimientos de investigación del Ministerio Público. La nueva presentación del perito de la Fiscalía tiene como objetivo cubrir las espaldas de la fiscala Quiñónez, quien ha demostrado que no tiene ninguna prueba contra sus clientes y contra los defendidos por los abogados de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), según el citado abogado.

(*) Periodista del diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP

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CODEHUPY repudia ataque a defensores de DDHH

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay del Paraguay (CODEHUPY), lanzó un comunicado en la semana de los DDHH para repudiar los constantes ataques que vienen sufriendo defensores, defensoras y organizaciones de derechos humanos, que van desde procesamientos irregulares, allanamiento de moradas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por agentes del Estado, con participación o aquiescencia de instituciones estatales y de las fuerzas de seguridad del país.
A continuación el comunicado del 9 de diciembre de 2010: 
1- El 26 de noviembre de 2010, alrededor de las 14:00, fue asesinado Mariano Roque Jara Báez, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), en su domicilio del Barrio Santa Catalina, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeju, El sospechoso de cometer el crimen fue detenido horas después de la ejecución, pero liberado por orden la fiscal Ninfa Aguilar, alegando que no existían elementos para demostrar su participación en la ejecución, a pesar que varios testigos presenciales habían identificado al detenido como el autor de los disparos en contra de Mariano Roque Jara. La orden de liberación fue revocada, pero el sospechoso ya había desaparecido. 
2- El 1 de diciembre de 2010, mientras abogados defensores de la comunidad indígena Makutinga, en el departamento de Itapúa, denunciaban ante la fiscalía jurisdiccional la invasión de sus tierras ancestrales, realizada el 30 de noviembre, agentes del orden público comenzaron a disparar sus armas de fuego en contra de los indígenas apostados en el portón principal de acceso, con la finalidad de permitir el ingreso de las maquinarias agrícolas. Tras esta balacera y forcejeo, obligaron a los indígenas a dejar paso al ingreso de seis grandes tractores y dos camiones. Luego de una espera larga de seis horas en la fiscalía, se logró la presencia de dos asistentes fiscales en la comunidad para labrar acta, pero no adoptaron ninguna medida en salvaguarda de los derechos de la comunidad, mientras los tractores seguían destruyendo sus cultivos. 
La invasión a la comunidad fue encabezada por los señores César Javier Zavala Serratti y Plinio Pereira, con una fuerte protección de la policía nacional del Grupo de Operaciones Especializadas (8 efectivos con armas de guerra), seis camionetas, varios peones y un abogado de nombre Salim Fernando Abbu. 
3- El 2 de diciembre de 2010, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un allanamiento en las oficinas de la organización Iniciativa Amotocodie, dirigido por el fiscal José Luis Brusquetti y la fiscala María José Irrazábal, apropiándose de objetos y documentos de la organización. El procedimiento fue innecesariamente violento, la investigación en que se basó la fiscalía para iniciarlo es confusa y la orden de allanamiento refiere supuestos hechos punibles sobre los que no da suficiente explicación. Esto permite suponer que la acción tiene como objetivo la represalia hacia la organización por su trabajo en protección del territorio y hábitat indígena. 
Las persecuciones a defensores y defensoras, así como a organizaciones de derechos humanos, se han incrementado en los últimos meses, siendo cada vez es más notoria la participación, complicidad o aquiescencia de las fuerzas de seguridad y de miembros del Ministerio Público en este tipo de amedrentamientos a la labor de los mismos. 
La CODEHUPY exige el esclarecimiento total de estas violaciones a los derechos humanos y el procesamiento y sanción de los responsables. 
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CIPAE lamenta que el crecimiento económico de Paraguay no alcance a la mayoría pobre

Roberto Aseretto (izq.), Idalina Gómez y pastor Evaristo Rojas, durante la presentación del análisis de DDHH en Paraguay, año 2010.
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“El Paraguay es un país con grandes desigualdades económicas, sociales y culturales, ítems que conspiran para que los derechos humanos estén plenamente vigentes y que cada uno de sus habitantes gocen plenamente de todos sus derechos. El notorio crecimiento económico que está registrando nuestro país en el año 2010 no se compadece de la crítica situación social que vive una importante mayoría de ciudadanos paraguayos”, según un análisis del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) sobre situación de Derechos Humanos en Paraguay, año 2010.
El contexto de una publicación sobre el tema, presentado el 10 del corriente, señala: “La estimación del crecimiento económico para este año es de alrededor del 10 por ciento, porcentaje no conocido desde hace décadas en nuestro país. Ese crecimiento, muy promocionado por algunos sectores de la sociedad, tanto del sector público como privado, lamentablemente se ve muy lejos de sectores marginales y de pobreza que también forman parte de la sociedad paraguaya. Sectores que tienen el mismo derecho de todos, pero que no les alcanzan esos beneficios socioeconómicos que a muchos les sobra” (ver nota de la BBC de Londres)
La presentación del libro estuvo a cargo del pastor Evaristo Rojas, presidente de CIPAE; Idalina Gómez, secretaria ejecutiva y el abogado Roberto Aseretto, coordinador de DDHH de este organismo. 
“El Paraguay en gran medida continúa con su modelo productivo agro exportador, sin capacidad de generar empleos y mucho menos contrarrestar la pobreza mediante una más justa distribución de los ingresos. Sin industrias, reforma agraria y producción diversificada, difícilmente se podrá lograr la equidad y el bienestar de todos. Cuenta con un sobrevaluado aparato estatal que más bien facilita el funcionamiento impune de roscas corruptas, coimeras y prebendarias”, según CIPAE. 
“De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC), la situación de la pobreza en nuestro país, basada en la Encuesta Permanente de Hogares del 2008, es la siguiente: Persona no pobre: 3.805.571 total. En el área urbana se encuentran 2.499.634 personas y en el área rural, 1.305.937. La población pobre: 2.324.556 total, de los cuales en el área urbana se encuentran 1.080.863 personas, y en el área rural, 1.243.693 personas. La población por área de residencia, según estatus de pobreza es la siguiente: Pobre extremo: 1.165.384 personas. De ese total, 378.588 personas viven en el área urbana, y 786.795 en el área rural. La pobreza no extrema afecta a 1.159.173 personas. De ese total, 702.275 vive en áreas urbanas, y 456.898 en el área rural”, según CIPAE. Esta realidad no varió en gran medida con el gobierno de Fernando Lugo, quien busca reducir la brecha entre ricos y pobres, según Pablino Cáceres, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Acción Social (SAS).
“En síntesis, los seis ejes del programa de gobierno que el presidente Fernando Lugo había promocionado cuando aún era candidato a presidente de la República, en gran medida, sigue siendo letra muerta, salvo algunos puntos que se vienen cumpliendo a medias. Esos ejes son: reactivación económica con generación de empleo y amplio bienestar social; reforma agraria, recuperación institucional del país, combate a la corrupción, instauración de una justicia independiente, recuperación de la soberanía nacional y un programa nacional de emergencia social”, dice parte del contexto del libro sobre DDHH. 
La publicación contiene un recuento de datos, por tópicos, sobre hechos que afectaron la vigencia de los DDHH en Paraguay durante el 2010, entre ellos Poder Ejecutivo, Conflicto de Poderes, Elecciones Municipales, Fuerzas Armadas, Corrupción y Cambios en las Fuerzas Públicas, Narcos, Poder Judicial y Corte Suprema de Justicia, Renovación del Ministerio Público y Cargos Vacantes, Situación Carcelaria, Inseguridad y Delincuencia (ver resumen de los temas analizados).
En el contexto por el día de los DDHH, el CIPAE también lanzó el libro titulado “Primavera Trágica”, de Aseretto, quien cuenta la historia del asesinato de Amilcar Oviedo Duarte, durante la dictadura stronista. También lanzó el libro “Hermanos Ramírez Villalba”, del mismo autor. El escrito relata la historia de la tortura y muerte de estos hermanos Rodolfo y Benjamín Ramìrez Villalba, en setiembre de 1976. 

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Estados Unidos apoya a Lugo para perseguir a las organizaciones sociales, según abogado

La embajadora, Liliana Ayalde, y Fernando Lugo, pasando revista a un grupo élite de militares entrenados por los EEUU para combatir al grupo terrorista fantasma EPP (foto web de la Presidencia de la República)
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“Las instituciones que recibirán asistencia técnica mediante el programa Iniciativa en la Zona Norte (IZN) son: el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional Antidrogas, en temas como estrategias de aplicación de la ley, vigilancias y técnicas de investigación; recopilación, procesamiento y difusión de datos e inteligencia. El éxito del proyecto se medirá por la cantidad de procesamientos, detenciones y condenas, drogas incautadas y arrestos en la zona norte del país”, señala el abogado Juan Martens, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). El abogado acusa al gobierno de Fernando Lugo de impulsar un "Plan Colombia" para liquidar las organizaciones campesinas.
“Este acuerdo es el ingreso oficial y público del Gobierno de los Estados Unidos en la persecución de organizaciones sociales en los departamentos de Concepción y San Pedro, cuyas acciones de protesta y reivindicación de derechos humanos, tan básicos como vivir en un ambiente libre de agrotóxicos o contar con un pedazo de tierra, desde hace tiempo son considerados delitos y sus miembros procesados por Asociación Criminal por los agentes del Ministerio Público”, según el abogado. 

A continuación el resto de la nota hecha pública por otros Blogs 
Si el Gobierno de los EEUU viene para ayudarnos a cumplir mejor la ley en contra del crimen organizado; y, estos campesinos/as desde hace años vienen siendo procesados por el delito de asociación criminal por realizar acciones de protesta, el paso que sigue en la lógica de la correcta aplicación de la ley, ya no será darles medidas alternativas o salidas alternativas a sus procesos penales, sino encarcelarlos, para sacarlos definitivamente de circulación. Además, el éxito de la Iniciativa se medirá por la cantidad de arrestos y condenas. Cuanto más campesinos estén procesados y encarcelados, más exitoso será el proyecto. 
Por otro lado, como en el caso de los falsos positivos colombianos, como el éxito se medirá por procesamientos y enjaulamientos, más inocentes serán exhibidos como culpables o encerrados para justificar los buenos resultados de la Iniciativa. Los estudios criminológicos de los años 60 ya denunciaron los efectos negativos de normas de este tipo, pues aumentan los ingresos de inocentes al sistema penal y penitenciario. 
Fernando Lugo y su equipo de gobierno asistieron a un acto de clausura (febrero 2010) de un curso impartido por policías colombianos (foto Presidencia de la República)
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Si hoy, sin acuerdos cuyos éxitos se deben medir por cantidad de detenidos y encarcelados, el Ministerio Público detiene y procesa sin fundamento alguno a inocentes, miembros de organizaciones campesinas y sociales; y, la Policía Nacional también detiene y tortura a inocentes, ahora tendrán “dos millones de dólares” como razones para realizarlos. 
De esta manera, este Acuerdo se suma a la serie de disposiciones legales que refuerzan la aplicación de un derecho penal del enemigo en Paraguay, es decir, un ley especial, con menos garantías para aquellos que son considerados desde determinados centros de poder como inclinados hacia el mal; aquellos que no comulgan “nuestros valores”. El enemigo es siempre construido y va cambiando de nombre a medida que cambian los detentadores del poder. Para los enemigos, hoy ya existe una ley antiterrorista, una ley del pyraguereato (informante), un servicio civil obligatorio; nuevas disposiciones del Código Penal; y, en ciernes, una modificación en el Código Procesal Penal. 
El EPP es necesario y matarán a cabecillas uno a uno
En este contexto, el EPP es necesario y funcional. Detenerlos a todos de una vez sería un despropósito pues se acabaría la excusa para seguir afianzando las políticas de “mano dura” y preparar el camino para liberar territorios y disciplinar a los disidentes, realizadas tan brillantemente por el ministro Filizzola. Sin embargo, hay que ir matándolos de a uno, para legitimar que se está luchando tenazmente en contra de ellos y decir cada tanto que “les estamos pisando los talones”. 
Este Acuerdo, de manera explícita forma parte de la estrategia de disciplinamiento que viene aplicando el gobierno, principalmente, a través del Ministerio del Interior y el Gabinete Social: Una sutil, a través de contratos y empleos en el estado, distribución de víveres, transferencias condicionadas, etc.; y, otra brutal, torturas, detenciones ilegales, procesamientos y prisiones, con lo que se busca desmovilizar las fuerzas ciudadanas y desarticular los movimientos y organizaciones sociales. 
Más que nunca, urge procesos de reorganización social para evitar que acallen las voces disidentes y críticas.
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Abogado dice que canciller desenterró ley stronista para impulsar el “Plan Colombia” en Paraguay

El ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Dr. Héctor Lacognata, desenterró una vieja ley sancionada en la época stronista para impulsar el “Plan Colombia” en Paraguay, según denuncia el abogado Juan Martens (foto), miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
Martens, en una nota hecha pública por correo electrónico en setiembre pasado (ver nota), señala lo siguiente: “Paraguay ya tiene su Plan Colombia: Se llama “Iniciativa en la Zona Norte (IZN)”. Se enmarca en un acuerdo de cooperación bilateral que se firmó durante la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner con los Estados Unidos de América, en Asunción, el 26 de septiembre de 1961. La motivación de este acuerdo era “unirse para una Alianza para el Progreso, basada en ayuda propia, esfuerzo muto y sacrificio común, con el propósito de satisfacer las necesidades de los pueblos de América Latina para mejores casas, trabajo, tierra, salud y escuelas…”[1]
A continuación la nota de Martens: “Como la “Iniciativa en la Zona Norte (IZN)” es una prolongación de este Acuerdo General de 1961 no necesitó siquiera aprobación del Congreso de la Nación, según dictaminó el abogado Ernesto Velázquez, en el memorandum Nº 255/10, que remitió el 27 de julio de 2010, al abogado José Pereira, director general de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores. Explicó que el Acuerdo General de Cooperación Económica y Técnica, entre Paraguay y Estados Unidos, ya había sido aprobado por el Parlamento paraguayo, por ley 756, del 19 de octubre de 1961 [2]. De esta manera se sustrajo del debate público y la posibilidad que sus cláusulas sean discutidas y analizadas de manera exhaustiva sobre los efectos que podrían producir en la población”. 
“La “Iniciativa en la Zona Norte (IZN)” tiene como objetivo recibir asistencia de los EEUU para que en Paraguay reforcemos la aplicación de la ley y la seguridad a fin de reducir el crimen organizado. Esta asistencia será brindada por expertos a ser enviados por el Gobierno de los Estados Unidos que asistirán a instituciones y a funcionarios gubernamentales tendientes a lograr el bienestar económico y social del parís. Para ello, se prevé destinar un monto total de 2.228.000 dólares, en un periodo de dos años” [3]. 
En esta foto, el senador Miguel Carrizosa (izq.), Luis Alfonso Resk, y Héctor Lacognaga, quien fue diputado por el Partido Patria Querida (de derecha y reaccionario). El cargo ejerció desde el 2003 hasta el 2008. Luego fue elegido miembro del Parlasur, en representación de este partido, durante las elecciones del 20 de abril de 2008. Sorpresivamente, en abril de 2009 renunció a su partido para afiliarse al P-MAS, de izquierda, una maniobra que le fue útil para ser nombrado canciller por el presidente Fernando Lugo. 

[1] Primer párrafo del considerando del Convenio General de Asistencia Económica y Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

[2] Conclusiones del Dictamen 255/10. 

[3] Punto 2.4 del Dictamen 255/10. 

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Abogados dicen que fiscala Quiñónez y Filizzola son responsables de “Terrorismo de Estado”

Por Dionisio Arce Jara (*) 

Los abogados Florencio Díaz Morales (izq.) y César Gómez Gaona aseguraron que la fiscala Sandra Quiñónez y el ministro del Interior, Rafael Filizzola, son responsables de “Terrorismo de Estado”, ya que han planificado y ejecutado un montaje jurídico y policial para crear supuestas pruebas contra campesinos detenidos el 19 y 20 de enero de 2010.
Díaz Morales y Gómez Gaona enfatizaron que no cabe otra calificación a la conducta tanto de Quinónez como la de Filizzola, fundador del socialista Partido Democrático Progresista, debido a que prepararon meticulosamente “elementos de investigación” (conexiones de celulares y fotografías de supuestos terroristas) para justificar la imputación y detención arbitraria e insconstitucional de sus clientes, entre ellos Rumilda Estela Giménez, Alcides Ramón Giménez González, Aguedo Ramón Giménez, Mary Blanca Bracho Martínez.
Gómez Gaona manifestó que es evidente la incapacidad de los miembros de la Fiscalía y de la Policía Antisecuestro, que depende del Ministerio del Interior, para investigar en forma seria las andanzas del fantasmal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). “Es totalmente ilegal y aberrante plantar evidencias en contra de nuestros clientes para así cubrir la ineficacia de la Fiscalía y la Policía”, precisó el abogado.
Conducta confirma denuncia de CODEHUPY
Por su parte, Díaz Morales dijo que la conducta de Quiñónez y de Filizzola confirma que hay una política represiva en contra de campesinos, tal como había denunciado la Comisión De Derechos Humanos del Paraguay (ver denuncia de CODEHUPY) ante la Comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA). Miembros de esta organización nacional habían calificado la política de seguridad del gobierno de Fernando Lugo como “Terrorismo Estado”. Filizzola y el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, encabezaron la delegación que defendió al gobierno del ex “obispo de los pobres”.
Los peritos que analizaron la computadora de Rumilda, así como decenas de celulares, aseguraron al juez Jorge Benítez Ruíz, de la circunscripción de Concepción, que no encontraron archivos relevantes que vinculen a la causa penal (correos electrónicos, fotografías, videos) para determinar la vinculación de los detenidos con los miembros del EPP. Pese a ello, el juez denegó la libertad de los citados campesinos, quienes están procesados por ser supuestamente integrantes de la logística del grupo guerrillero que había preparado y ejecutado el secuestro del ganadero Luis Lindstron ( del 1 de agosto al 11 de setiembre de 2008).
“Show mediático” de Filizzola
Díaz Morales dijo que si el juez hubiera actuado con justicia, tendría que haber ordenado la libertad de sus clientes, ya que la Fiscalía y la Policía Antisecuestro solo generaron supuestas pruebas para justificar los allanamientos y la imputación ilegal de la Fiscalía (que se realizaron luego de la liberación del ganadero Fidel Zavala, secuestrado desde el 15 de octubre de 2009 al 17 de enero de 2010).
El abogado manifestó que la violencia generada por delincuentes comunes (asaltos, asesinatos, robos, etc.) supera la capacidad del Ministerio del Interior y de la Fiscalía. A fin de tapar esta realidad, Quiñónez y Filizzola utilizan a la prensa para generar un “show” mediático presentando nuevas “pruebas” contra los detenidos. Nuestro entrevistado dijo que el objetivo es hacer creer a la sociedad que los órganos investigativos y punitivos del Estado están funcionando correctamente contra el crimen organizado. Precisó que el ministro socialista “se lava la cara ante la sociedad haciendo aparecer supuestos nuevos elementos con relación a la actividad del EPP”.
¿Qué diferencia hay entre Magna Meza y Sandra Quiñónez?
¿Qué diferencia hay entre Sandra Quiñónez y Magna Meza (supuesta líder del EPP)?. Es la pregunta que lanzó Díaz Morales en el transcurso de la entrevista. El abogado respondió y dio a entender que no hay diferencia entre Quiñónez, quien planta evidencias contra inocentes, y la supuesta secuestradora del grupo guerrillero, que apareció sugestivamente luego de la victoria de Lugo el 20 de abril de 2008.
Díaz Morales enfatizó que en Paraguay existe una política de “terrorismo de Estado”, que es planificado y ejecutado, en forma coordinada, por la Fiscalía y la Policía Antisecuestro. También trajo a colación el caso de los supuestos guerrilleros muertos en enfrentamientos con policías. Manifestó que hay un manto de duda sobre la acción de uniformados bajo el mando de Filizzola, ya que debieron capturar vivos a los miembros del EPP (Severiano Martínez, Gabriel Zárate Cardozo y Nimio Cardozo Cáceres), que en total no serían más de 15 delincuentes, según el supuesto guerrillero arre- pentido Dionisio Olazar. 

(*) Periodista de ABC Color y Secretario de Interior del SPP

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