viernes, 31 de diciembre de 2010

Sindicato pide apoyo a Lugo en caso de despido y persecución en Canal 9


Atilio Gómez Grassi, presidente del Canal 9 (centro), junto al abogado Víctor Almada Buzarquis (der.), Pedro Benítez y Daniela Candia Abbate (der.), en el Viceministerio del Trabajo.
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Miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay se reunieron ayer con el presidente Fernando Lugo para denunciar el caso del despido ilegal de la compañera Daniela Candia de Canal 9, TV Cerro Corá, y las persecuciones a trabajadores de prensa del canal. 
Daniela habló con Lugo, quién escuchó sus inquietudes sobre su despido, que fue por motivos netamente sindicales. La colega estuvo acompañada por Coco Arce, secretario de Organización del SPP.
Nuestro gremio pidió al presidente su apoyo para que, a través del Ministerio de Justicia y Trabajo, se realice una intervención en el Canal 9 por violaciones de derechos laborales, entre ellas falta de pago de horas extras, falta de pago de un plus para periodistas y técnicos que trabajan también para Canal 5 y falta de reconocimiento de la antigüedad para el pago del seguro social obligatorio. 
Hay que recordar que en una reunión tripartida realizada el 9 de diciembre de 2010, los directivos del Canal 9 y del Canal 5 se comprometieron a cumplir las exigencias de los trabajadores. Sin embargo, el 15 del corriente Daniela fue despedida sin motivos, pero el trasfondo del caso es la actividad sindical desarrollada por la colega como delegada del SPP. 
Reunión tripartita 
El 17 de diciembre se hizo una reunión en el Viceministerio del Trabajo entre Daniela, el abogado de la colega, Víctor Almada Buzarquis, y el presidente del Canal 9, abogado Atilio Gómez Grassi. Estuvieron también Pedro Benítez Aldana, secretario general del SPP y Dionisio Arce Jara, secretario de Interior. 
Acompañaron a Gómez Grassi, el abogado Oscar Ramírez Vera, asesor legal del Canal 5, Paravisión (del grupo del Canal 9) y dos personas que no quisieron identificarse. El representante de Canal 9 enfatizó que el caso de Daniela está cerrado para la empresa, por lo que dijo que está a disposición de la colega su liquidación de sueldo y una “gratificación por los servicios prestados”. 
Daniela no aceptó este ofrecimiento, por lo que el SPP pidió de nuevo otra reunión tripartida, con la presencia de Humberto Blasco, para el 17 de enero. Por esta razón, miembros del sindicato visitaron a Lugo para pedir su apoyo, ya que pretenden que el Ministerio realice un fuerte control para asegurar el cumplimiento de las normas laborales. 
El acta labrada en la reunión del 17 de diciembre señala que Daniela “rechaza categóricamente su despido y exige el reitegro al empleo, dejando constancia que la decisión del empleador viola gravemente derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos y en la legislación laboral interna...”, según acta.


Presión contra trabajadores
Por otro lado, la Comisión Directiva del SPP recibió una denuncia de trabajadores del Canal 9 de que la gerenta de Recursos Humanos, Lic. Carolina Vargas, estuvo presionando a los trabajadores de prensa para que no den su apoyo a Daniela. 
Vargas confeccionó un escrito en donde dice que Daniela no es delegada del gremio, según la denuncia. Los que no firmaban la nota quedaban en una lista negra de personas que podrían también ser despedidas, según los compañeros del Canal 9.
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viernes, 17 de diciembre de 2010

Realizaron manifestación a favor de Daniela Candia

Un grupo de trabajadores de prensa afiliados al Sindicato de Periodistas del Paraguay estuvo frente al monolito de Santiago Leguizamón para manifestarse en contra del Canal 9 por el despido arbitrario de Daniela Candia Abbate.
También estuvieron gente que simpatiza con la colega y que aprecia la importancia de la labor sindical para la defensa, no solo de los derechos laborales de los periodistas, sino de la libertad de expresión de los trabajadores del sector. 
Los manifestantes luego se trasladaron frente al local del Canal 9, sito cerca del monolito de la avenida Carlos Antonio López, donde hablaron varios trabajadores y dirigentes sindicales, entre ellos Julio López, presidente de la Confederación de la Clase Trabajadores. 
El gremialista dijo que el despido de Daniela es otro ejemplo de la implementación de la política de persecución sindical por parte de la mayoría de las empresas del Paraguay. Por ello pidió a los trabajadores mantengan la unidad para luchar contra la prepotencia de las patronales y en defensa de los derechos laborales. 
Sin embargo, el miedo a perder el empleo es más grande que el espíritu de solidaridad que puedan tener los colegas del Canal 9. Por eso ningún trabajador salió a la calle para repudiar el despido de Daniela. Coco Arce, secretario de organización del SPP, también habló en el acto y se refirió al ambiente de inseguridad y terror que reina dentro del canal. Refirió, así mismo, que esta situación se da también en otros canales de TV y en la mayoría de las radios, cuyos directores están amparados por la inacción del Ministerio de Justicia y Trabajo.
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Periodista exigirá al Canal 9 su reposición al empleo por despido arbitrario

Atilio Gómez Grassi, presidente del Canal 9 (centro), junto al abo- gado Víctor Almada Buzarquis (der.), Pedro Benítez y Daniela Candia Abbate (der.), en el Viceministerio del Trabajo.
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La periodista Daniela Candia Abbate solicitará en el fuero laboral la reposición en su puesto de trabajo al Canal 9, TV Cerro Corá SA, porque considera que su despido es ilegal y arbitrario, ya que estaba desarrollando actividades gremiales en favor de sus compañeros de trabajo. La colega había denunciado al Ministerio de Justicia y Trabajo que el 15 del corriente los guardias de seguridad no la dejaron entrar al local del canal para trabajar.
En vista de esta denuncia, se hizo una reunión esta mañana en el Viceministerio del Trabajo entre Daniela, el abogado de la colega, Víctor Almada Buzarquis, y el presidente del Canal 9, abogado Atilio Gómez Grassi. Estuvieron también Pedro Benítez Aldana, secretario general del SPP y Dionisio Arce Jara, secretario de Interior.
Acompañaron a Gómez Grassi el abogado Oscar Ramírez Vera, asesor legal del Canal 5, Paravisión (del grupo del Canal 9) y dos personas que no quisieron identificarse. 
Los representantes del Canal 9 manifestaron a la mediadora del Ministerio, Natividad Ortíz, que Daniela fue despedida de la empresa y que se le ha enviado un telegrama colasionado. Gómez Grassi dijo que se entregó también su liquidación de sueldo y una “gratificación por los servicios prestados”, según acta labrada. 
No tiene estabilidad sindical 
Daniela dijo a la representante del Ministerio que “rechaza categóricamente el despido y exige el reitegro al empleo, dejando constancia que la decisión del empleador viola gravemente derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos y en la legislación laboral interna...”, según acta. 
Las citadas normas internacionales protegen la actividad gremial, pero los representantes del Canal 9 dijeron que la colega despedida no tiene estabilidad sindical, ya que no han recibido ninguna comunicación del SPP o del Ministerio de Justicia y Trabajo de que ha sido electa delegada de nuestro gremio, según establece el artículo 322 del Código Laboral. 
Almada Buzarquis reconoció que Daniela no ha comunicado a la empresa que es delegada del SPP, pero aseguró que es una cuestión formal establecida por la legislación nacional y que lo importante son los convenios internacionales. Benítez Aldana también defendió esta postura legal, por lo que solicitará una reunión tripartida para llegar a un acuerdo con el Canal 9. Sin embargo, los representantes de la empresa dijeron que la decisión de despido es irreversible, por lo que la liquidación está a disposición de la colega. 
En la reunión no estuvo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sintratel), José Lesme, empleado de Canal 9. El mismo había participado en la tripartida del 9 del corriente, que impulsó Daniela y que luego motivó la represalia de la empresa. 






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Protesta contra Canal 9 por despido de Daniela

Carolina Vargas, gerenta de RRHH del Canal 9; Atilio Gómez Grassi, presidente del directorio (izq.) y Oscar Ramírez Vera, asesor legal del Canal 5. Los mismos firman un acta de compromiso el 9 de diciembre.
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El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y el Sindicato de Trabajadores de Telecomuniciones (Sintratel) convocan a sus asociados para una manifestación que se realizará hoy a partir de las 9:00 frente al monolito de Santiago Leguizamón, situado sobre la avenida Carlos Antonio López (cerca del Canal 9). El objetivo es protestar contra el despido arbitrario de Daniela Candia Abbate por represalia a sus actividades como delegada del SPP y socia del Sintratel. El 9 de diciembre de 2010 los directivos del Canal 9 firmaron un convenio con los dirigentes gremiales del SPP y Sintratel. Se comprometieron a pagar horas extras, el pago de las cuentas atrasadas del seguro social obligatorio y el pago a periodistas y técnicos por trabajos extraordinarios para Canal 5 (del mismo grupo del Canal 9). Sin embargo, días después despiden a la colega por “conflictiva”.
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jueves, 16 de diciembre de 2010

Canal 9 cometió grave atropello contra Daniela


Daniela Candia Abbate, en su blog personal. La colega fue despedida ayer del Canal 9 por reinvindicar derechos laborales, como pago por horas extras trabajadas y por trabajar también para Canal 5.
La periodista realizó un comentario sobre su caso en su blog personal. Considera un grave apropello a las garantías sindicales. La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay comparte esta visión que afecta también al gremio. Colegas de solidarizan con Daniela Candia Abbate por el despido arbitrario de la directiva del Canal 9 TV Cerro Corá (ver denuncia del SPP), por lo que mañana a las 9:00 preparan un acto frente al monolito de Santiago Leguizamón (avenida Carlos Antonio López, cerca del canal).
A continuación la carta abierta de Daniela:
A menos de una semana de haberse establecido una mesa tripartita con el Ministerio de Justicia y Trabajo, convocada ante denuncias de irregularidades laborales incurridas por Canal 9 SNT TV Cerro Corá, y donde estuve desempeñando el rol de delegada sindical y representante de los trabajadores en esa negociación, la empresa me despidió. El hecho se constituye en un retroceso y grave atropello a los derechos de los trabajadores y a las garantías sindicales. Este hecho rememora los negros días de la dictadura stronista, donde el trabajo sindical era sinónimo de delito y no se permitía ningún tipo de garantía a los trabajadores para defender sus derechos laborales.

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Canal 9 despide a periodista por represalia a su actividad gremial, según sindicato

Foto de arriba: Alberto Ozorio Vázquez (izq), Carolina Vargas, Atilio Gómez Grassi y Oscar Ramírez Vera. Abajo: José Lesme (izq.), Daniela Candia, Pedro Benítez y el representante del MJT.

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La comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) emitió un comunicado para denunciar la clara transgresión a la garantía constitucional y legal, contemplada también en los convenios internacionales, cometida por la empresa Canal 9 TV Cerro Corá S.A. al despedir a la periodista Daniela Candia Abbate, delegada sindical del SPP en el canal, en represalia por su actividad gremial reivindicativa a favor de las compañeras y compañeros de ese medio periodístico.
Este despido fue confirmado ayer por la gerenta de Recursos Humanos de Canal 9, Lic. Carolina Vargas, en una entrevista concedida a Pedro Benítez Aldana, secretario general del SPP, y Dionisio Arce Jara, secretario de Interior. Daniela recibió una comunicación verbal de su despido el martes pasado, por lo que Benítez Aldana y Coco Arce, secretario de Organización de nuestro gremio, estuvieron el miércoles a las 5:00 de la mañana para acompañar a la colega. En la ocasión un guardia de seguridad le impidió el ingreso al canal por “orden superior”.
¿Despedida por conflictiva?
Vargas dijo a Benítez y a Arce Jara que el despido de Daniela no es por represalia a su labor sindical, sino porque generaba conflictos personales con trabajadores del canal. No dio nombres de los colegas que están en contra de la compañera ni los motivos de las “peleas”. Sin embargo, Daniela había comentado al SPP que había denunciado de que ciertos jefes del canal ejercían una política discriminatoria hacia su labor profesional, negándole coberturas periodísticas especiales para evitar que sea otra “estrella”. 
La gerenta de RRHH del canal fue clara al señalar que la empresa reconocía que el despido es irregular, por lo que pagará la indemnización que corresponda a Daniela por su casi ocho años de labor. Manifestó que el Canal 9 no aceptará reposición de la colega y que tampoco cederá ante las exigencias pecuniarias de la despedida porque considera que son desmedidas.
Clara persecución sindical
El comunicado del SPP señala que la “decisión de la empresa, se enmarca claramente dentro de la figura de persecución sindical. La compañera, como delegada del SPP en el medio, venía reclamando el respeto de los derechos laborales de todas y todos los trabajadores de Canal 9, violados impunemente por la empresa”. 
Llama la atención al gremio que, en reunión una tripartida realizada el 9 del corriente con directivos del Canal 9 y Canal 5, la aparente apertura de estas empresas para cumplir exigencias de los trabajadores (ver nota sobre los temas discutidos en la ocasión y los compromisos que asumieron ante el Ministerio de Justicia y Trabajo).
Daniela Candia había sido figura visible en estos acontecimientos reivindicativos, por lo que no constituye ninguna justificación creíble el hecho de haber surgido supuestas desaveniencias entre trabajadores para desembocar en el despido de la dirigente. 
“De ahí que el SPP denuncia el hecho y lo encuadra dentro de la figura de persecución sindical, prohibida por la Constitución Nacional, por el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva y el Código Paraguayo del Trabajo. El convenio 98, protege al trabajador de la discriminación por motivos sindicales. En este sentido dice en su artículo 1, punto 2 b) prohíbe despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. Exigimos al Gobierno, a través de sus organismos de control, mediar y/o remediar este hecho restituyendo a la compañera en su lugar de trabajo y aplicar las sanciones que correspondan en caso de no cumplirse con la continuidad laboral de Daniela Candia”, señala comunicado del SPP.








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miércoles, 15 de diciembre de 2010

El mal negocio de subsidiar el gasoil

Jorge Villalba Digalo (*)

Petropar mantiene una política ajustes con retraso del precio del gasoil desde hace muchos años. El gobierno de Lugo no ha cambiado en ese sentido. Nadie sabe con qué objetivo el Estado se empecina en man- tener un mal negocio como el de vender gasoil a pérdidas. 
En números gruesos, alrededor del 30% del consumo del gasoil es del sector agrope- cuario (sojeros), el 50 % de automóviles y camionetas de clase media y alta y sola- mente el 20% de la industria y el trans- porte.
Un verdadero despropósito. 
El 30% de la deuda actual de Petropar de algo más de 400 millones de dólares, unos 120 millones de dólares, fueron a parar funda- mentalmente a los empresarios de la soja. El sector más rentable, que menos contribuye al fisco y que más evade. 
Esto último irrita a algunos así que hagamos números. El PIB del Paraguay ronda los 15.000 millones de dólares. El sector agropecuario participa en el 27% aproximadamente. Es decir en 4.050 millones de dólares. Si consideramos una utilidad del 30% de la facturación, la utilidad del sector es de nada menos que de 1.215 millones de dólares. 
Si a esta utilidad le aplicamos la tasa del 10% del Imagro, tenemos que deberían tributar 121,5 millones de dólares anuales, pero solamente tributan 3 o 4 millones de dólares anuales!!!. 
REPENSAR 
Es hora de repensar el subisidio al gasoil. Nunca nadie del gobierno fue más allá de decir que es una forma de apoyo al sector agrícola. No estamos viendo más lejos de nuestras narices. No somos capaces tan siquiera de preguntarnos ¿Qué sector agrícola?, en realidad del grueso del subsidio va a los sojeros, uno de los sectores más rentables de la economía. 
El precio de la soja que hasta hace pocos años estaba en 220 dólares la tonelada está alrededor de 380 dólares la tonelada, los sojeros además aumentaron su rendimiento con la siembra directa y el uso del glifosato disminuyó sus costos enormemente al igual que la aparición de los puertos privados que hoy posibilitan que el 98% de la soja salga vía fluvial. 
La soja es tan rentable que basta mirar como se ha expandido. Hoy en la región oriental tenemos más soja que bosques. La soja está ocupando alrededor de 2.700.000 hectáreas, mientras que solamente nos quedan 1.300.000 hectáreas de bosques. 
¿Quién puede sostener que el subsidio al gasoil para la soja es razonable?. Absolutamente nadie. Ni siquiera los sojeros. 
Es hora de eliminar el subsidio del precio del gasoil, con excepción del vendido al transporte colectivo, ya que el precio del pasaje afecta a los sectores más pobres y además puede ser perfectamente cuantificado para evitar el desvío. Este subsidio en realidad es el único que se justifica. 
PREGUNTAS. 
Tenemos que discutir las cuestiones de fondo relacionadas al subsidio. Qué o quienes serán beneficiados, por cuanto tiempo, quienes cargarán con los costos, y por sobretodo cual es el OBJETIVO del subsidio. Esas son las preguntas que tenemos que responder. 
Creo que los subsidios deben ser de los sectores más pudientes a los menos pudientes y además deben ser prioritariamente LIBERADORES, es decir, que permitan a los más pobres poder entrar al mercado a competir en el mediano plazo. En ese sentido, urge una reforma educativa para el trabajo. Es hora de enseñar de dotar a la gente de campo de las capacidades y conocimientos para aumentar la productividad de sus explotaciones agropecuarias. 
El dinero despilfarrado en gasoil más barato para los sojeros y la clase media y los ricos, bien puede destinarse a la reforma educativa, así como al subsidio directo de los sectores más pobres en donde el hambre no puede esperar. 
El gobierno viene realizando transferencias monetarias condicionadas a más de 100.000 familias y esta es una necesidad urgente, lo que no quiere decir que esté bien. La medida no es buena porque es incompleta. No solamente hay que regalar el pescado a los que viven en la miseria, sino que hay que enseñarles a pescar. Y eso no se está haciendo. De eso se trata la reforma educativa que necesitamos, de enseñar a pescar. Necesitamos que todas las escuelas y colegios del campo sean agropecuarios. Que pongan énfasis en las herramientas que les facilitará producir más, mejor y a menores costos. 
En el caso de de los campesinos, lamentablemente, seguimos con el esquema de subsidios que crean DEPENDENCIA, que hace que los campesinos esperen el regalo del Estado, como conviene a la clase política, ya que en el fondo lo que hacen es comprar las lealtades de estas personas que pasan a depender del subsidio. Las transferencia monetarias condicionadas no pasan de ser una mera práctica prebendaría si no se completan con un subsidio LIBERADOR. 
Una de las cuestiones pendientes más importante y urgente de este gobierno, es sin dudas, repensar la política de subsidio al gasoil, que así como hoy está solamente sirve para beneficiar a los sectores más pudientes. 

(*) Licenciendo en Ciencias Contables y ex Jefe de Economia de Ultima Hora. 







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martes, 14 de diciembre de 2010

SPP y Semillas para la Democracia realizarán charlas sobre ética y periodismo de investigación

Vicente Páez (izq.), Coco Arce, Pedro Benítez, Fabricio Demestri, Marta Ferrara y Osvaldo Zayas. El SPP valora el aporte de la ONG con relación al plan de educación de afiliados de nuestro gremio.
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El Sindicato de Periodistas del Paraguay y la ONG Semillas para la Democracia acordaron la realización de talleres y charlas de capacitación sobre periodismo de investigación y ética periodística. La propuesta fue realizada anoche por Marta Ferrara, directora ejecutiva de esta organización no gubernamental, y por Fabricio Demestri, miembro de esta entidad.
La Comisión Directiva del SPP acordó con la ONG formar un “grupo impulsor”, que será integrada por periodistas y asociados, para generar los temas que serán debatidos y el contenido de los cursos, que comenzarían en marzo de 2011. Semillas para la Democracia invitó también a nuestro gremio a participar a un concurso para ejecución de un proyecto.
Los principales objetivos del proyecto, a más de capacitar a nuestros compañeros en ética e investigación periodística, es el fortalecimiento de la sociedad civil, con participación de los componentes a través de red y agendas sectoriales. El tema de la ética se desarrollará dentro del contexto de la problemática del sector periodístico, ya sea de orden laboral y empresarial. Los miembros del SPP y de la ONG coincidieron que no se puede hablar de ética periodística fuera del contexto de la ética empresarial o compromiso de las empresas con la sociedad y sus trabajadores. 
El costo de esta charla-taller corre por cuenta de Semillas para la Democracia, que firmó un convenio con la Agencia Internacional de EEUU para el Desarrollo (USAID). El financiamiento incluye traslado de afiliados del SPP desde el interior hasta Asunción o viceversa, el costo de los hoteles, almuerzos y otros gastos aún no definidos. 
El curso-taller se hará en Asunción y ciudades del interior para beneficio de afiliados del SPP que trabajan en la zona Sur (Encarnación, Misiones, Pilar), en el Este (Ciudad del Este y Salto del Guairá), en el Centro (Villarrica, Caazapá y San Estanislao y en el Norte (Pedro Juan, Concepción). 
En la reunión estuvieron los siguientes miembros del SPP: Pedro Benítez Aldana, secretario general; Osvaldo Zayas, secretario general adjunto; Coco Arce, secretario de Organización; Vicente Páez Chávez, secretario de Finanzas y Dionisio Arce Jara, secretario de Interior. 








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domingo, 12 de diciembre de 2010

Canal 9 y Canal 5 se comprometieron en conceder beneficios reclamados por trabajadores

Foto de arriba: Alberto Ozorio Vázquez (izq), Carolina Vargas, Atilio Gómez Grassi y Oscar Ramírez Vera. Abajo: José Lesme (izq.), Daniela Candia, Pedro Benítez y el representante del MJT.
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En una reunión tripartita realizada en el Ministerio de Justicia y Trabajo, los directivos del Canal 9, Televisión Cerro Corá SA, y del Canal 5, Empresa Paravisión SA, se comprometieron en conceder los beneficios laborales que vienen reclamando los trabajadores de ambas empresas. Se trata del pago de horas extraordinarias a periodistas y técnicos. Las empresas señalaron que pagan según estipula el Código Laboral. No obstante, dijeron que analizarán los casos de algunos trabajadores que no están teniendo este beneficio de acuerdo a las horas trabajadas.
Las empresas también se comprometieron a pagar un “plus” o sobresueldo a los periodistas y camarógrafos que realizan informes en vivo para una de estas empresas y el pago de las cuentas atrasadas del aporte obrero patronal del Instituto de Previsión Social.
En la reunión, que se realizó el 9 del corriente, estuvieron: en representación del Ministerio de Justicia y Trabajo, abogado Alberto Ozorio Vázquez; Gerenta de Recursos Humanos del Canal 9, licenciada Carolina Vargas; Presidente del Directorio de este canal, abogado Atilio Gómez Grassi; asesor legal del Canal 5, abogado Oscar Ramírez Vera; Pedro Benítez Aldana, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay; Dionisio Arce Jara, secretario de Interior del SPP; Daniela Candia, delegada del SPP del Canal 9 y José Lesme, secretario general de Sindicato de Trabajadores de Telecomu- nicaciones (Sintratel).
Los trabajadores de los canales habían reclamado también que las empresas cumplan las leyes laborales en materia de salubridad e higiene. Se trata de inquietudes de los técnicos que operan equipos de emiten radiactividad. Sobre este caso, se solicitará dictamenes tanto al Ministerio así como al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
Valoraron apertura de empresas 
Con relación al caso de las cuentas atrasadas del IPS, los repre- sentantes de los canales dijeron que pagarán como corresponde. Sin embargo, aclararon que hay trabajadores que se resisten al pago porque también deben abonar sus aportes obligatorios atrasados. Los miembros del SPP y de Sintratel manifestaron que hablarán con los compañeros de trabajo porque el seguro médico y el seguro jubilatorio son irrenunciables o no se pueden eludir, según establece la Ley 98/92, carga orgánica del Instituto, el Código Laboral y la Constitución Nacional.
Los representantes del SPP y de Sintratel expresaron su satisfacción por la apertura mostrada por las empresas. Los mismos valoraron el gesto del presidente del Canal 9, ya que se presentó a la reunión tripartita para abordar personalmente los temas planteados por los trabajadores. 
ENLACE RELACIONADO

Canal 9 despide a periodista por represalia a su actividad gremial








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sábado, 11 de diciembre de 2010

Coordinadora de DDHH aboga por una política de seguridad sin torturas

El abogado Roque Orrego durante la presentación del informe de DDHH del Paraguay 2010. El acto se hizo en la Plaza Italia, lugar histórico de lucha contra la dictadura stronista.
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La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay del Paraguay (CODEHUPY) lanzó su informe de DDHH 2010 en la plaza Italia de Asunción a fin de dar un contexto simbólico al acto, realizado en la noche del 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos. La plaza era el lugar donde se hacían las reuniones de las personas que luchaban contra la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner. Hoy está “enrrejada”, por iniciativa de la ex intendenta colorada Evanhy de Gallegos. Está rodeada de cercas para evitar que sea destruida por indígenas, eternos marginados de nuestra sociedad.
El abogado Roque Orrego, miembro de la entidad, presentó el libro que contiene los análisis de distintos temas sobre derechos humanos. El mismo dio a entender que los organismos de seguridad del gobierno de Fernando Lugo y los miembros del Poder Judicial están reproduciendo la política de seguridad de la era stronista. Por eso abogó que en Paraguay exista una “sociedad llena de vida sin violencia, seguridad sin torturas y libertad sin discriminación. Venimos a esta plaza para presentar este informe porque queremos dar un mensaje de esperanza radical en la sociedad democrática y republicana por la que trabajamos. El estado social de derecho es posible en Paraguay...”. 

Rechaza acusaciones contra CODEHUPY 
El abogado Orrego manifestó que la CODEHUPY seguirá luchando por la vigencia de los DDHH en Paraguay aunque existan grupos de poder que buscan confundir a la gente vinculando a la organización con grupos violentos, entre ellos el Ejército del Pueblo Paraguayo. “Nada nos une a ellos (grupos armados) y si salimos a la plaza es porque hablamos públicamente de lo que creemos: una sociedad incluyente que remueva los obstáculos a la igualdad, un estado que se sostenga con las reglas de la democracia, que cuenta con políticas de seguridad humana, un gobierno transparente que no permita la criminalización de la protesta ni de la pobreza, ni el uso clientelista de sus recursos...”. 
La CODEHUPY recibió fuertes ataques de grupos reaccionarios, ya sea parlamentarios, empresarios y de la prensa, en especial del diario ABC Color, cuyo dueño, Aldo Zuccolillo, fue en el pasado puntal de la dictadura de Stroessner. La razón de estos ataques fue la denuncia de la entidad ante la OEA por violaciones de DDHH. Este diario calificó de "papelón" la denuncia, dando a entender que las acusaciones en contra del gobierno de Fernando Lugo no eran serias. Zuccolillo, tal como hacía en contra de los luchadores anti-stronistas,  vinculó a la CODEHUPY con el EPP solo para desprestigiar sus acusaciones de abuso de poder, torturas y asesinatos (ejecuciones extra judiciales).
Vencer el miedo a la represión 
Orrego insistió que CODEHUPY tomó la decisión de hacer la reunión en la Plaza Italia, para conmemorar la fundación de los DDHH por las Naciones Unidas, porque la gente necesita “vencer el miedo” a la represión. Recordó que muchas personas, desde este punto histórico, lucharon contra el stronismo y la orden superior. Manifestó que el Paraguay requiere de nuevo de ciudadanos valientes para no olvidar la dictadura y, por sobre todo, para no repetir. 
En la ocasión, la organización entregó un libro sobre DDHH 2010, que abarca varios tópicos: Análisis de coyuntura, Derechos a la Vida y a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad, Derechos a la Igualdad, Derecho de Familia, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Derechos de los Pueblos Indígenas, etc. 
El abogado Roque Orrego y la secretaria ejecutiva de CODEHUPY, Carmen Coronel, en la noche del 10 de diciembre en la Plaza Italia. La entidad brindó un homenaje a héroes civiles que lucharon contra el stronismo y que ya fallecieron, entre ellos Ananías Maidana, líder del Partido Comunista Paraguayo.
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Medios y periodistas ocultaron datos de peritos en caso de detenidos por secuestro de Lindstron

Por Dionisio Arce Jara (*) 

La foto es una publicación de Ultima Hora del 16 de noviembre de 2010. No advierte a los lectores de que el perito de la Fiscalía General había informado, días antes, al juez Jorge Benítez Ruíz, que no había pruebas contra los detenidos.
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La mayoría de los medios de prensa había ocultado datos del informe pericial de la notebook y teléfonos celulares incautados por la Fiscalía General del Estado en los allanamientos de viviendas realizados luego de la liberación (17 de enero de 2010) del ganadero Fidel Zavala, secuestrado supuestamente por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Hay mucha censura y autocensura en los casos relacionados con el fantasmal grupo guerrillero. La mayoría de los periodistas sabe que está "prohibido" consultar a la contraparte o poner en una nota la historia o contexto de los datos relevantes de una investigación.
La fiscala Sandra Quiñónez llamó a conferencia de prensa el 15 de noviembre pasado para informar que encontraron “pruebas” que vinculan a los detenidos por el secuestro del ganadero Luis Lindstron (1 agosto de hasta 11 de setiembre de 2008). 
Las supuestas pruebas, que estaban en la notebook de Rumilda Estela Giménez González (una de las detenidas por el caso Lindstron el 19 de enero de 2010), son fotografías de supuestos líderes del EPP y copias de publicaciones de diarios, así como una nómina de empresarios y autoridades del gobierno que serían secuestrados. Sin embargo, el perito de la Fiscalía, Lic. William Román Amarilla, había informado el 21 de octubre al juez penal de garantías de Concepción (Departamento de Concepción), abogado Jorge Benítez Ruíz, que no había datos relevantes del caso en la notebook ni en los celulares incautados. 
Campaña de criminalización
En las publicaciones de los medios de prensa no se pone en contexto la presentación hecha por los abogados de algunos de los detenidos, ya que el 18 de octubre pasado, los abogados Florencio Díaz Morales y César Cristóbal Gómez Gaona pidieron la libertad de sus clientes porque el perito Jaime Amador Castro Espinoza, técnico en informática contratado por la defensa, no encontró ninguna prueba. Este dato fue confirmado por su colega de la Fiscalía el 21 de ese mes. Por eso estos abogados pidieron la libertad de los detenidos (ver nota), pero fue denegada por el juez Benítez Ruíz.
De esta manera, los periodistas y los medios de prensa se prestan a la “maniobra dolosa de la fiscala Quiñónez”, según expresiones de Díaz Morales. Este informó que ningún periodista le llamó el 15 de noviembre para tener la versión de la contraparte. En los días posteriores, la mayoría de los medios seguía publicando, en grandes destaques, las fotos supuestamente encontradas en la notebook de Rumilda. El abogado dijo que tuvo que salir al paso de algunos periodistas para dar su versión. Algunos canales de TV y radios publicaron su versión de que los datos fueron plantados por la fiscala Quiñónez. Los medios escritos no lo hicieron, entre ellos La Nación, ABC Color y Ultima Hora (estos dos últimos diarios publicaron la versión de Máxima González, madre de Rumilda, pero en pequeño destaque). 
Durante varios días, los medios impresos publicaron profusamente las fotografías de los supuestos integrantes del EPP, de empresarios y de jueces y fiscales que serían víctimas de secuestros. En los escritos no se advierte a los lectores que los datos aparecieron luego del cierre del plazo legal de presentación de pruebas. El perito de la Fiscalía tampoco pidió una prórroga al juez Benítez Ruíz. Las publicaciones forman parte de la campaña de criminalización de las luchas populares emprendida por el gobierno de Fernando Lugo y sectores reaccionarios del Parlamento Nacional y de los gremios empresariales. La foto corresponde a la publicación,a doble página, de La Nación del 17 de noviembre de 2010 (ver nota).
Exclusión de pruebas 
Los abogados de Rumilda, de Alcides Ramón Giménez Gon- zález, Aguedo Ramón Gimé- nez, Mary Blanca Bracho Martínez, solicitaron al citado juez la exclusión de las su- puestas pruebas encon- tradas en la notebook por el perito Román Amarilla. Díaz Morales y Gómez Gaona pidieron al magistrado que deje de lado el nuevo informe del perito porque lo presentó luego del plazo procesal (22 de octubre) y porque el trabajo lo hizo sin el control jurisdiccional ni intervención del perito Castro Espinoza. 
Díaz Morales también apunta con el dedo acusador al ministro Rafael Filizzola (ver nota de Ultima Hora), ya que la Policía Antisecuestro es la cabeza de los procedimientos de investigación del Ministerio Público. La nueva presentación del perito de la Fiscalía tiene como objetivo cubrir las espaldas de la fiscala Quiñónez, quien ha demostrado que no tiene ninguna prueba contra sus clientes y contra los defendidos por los abogados de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), según el citado abogado.

(*) Periodista del diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP

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CODEHUPY repudia ataque a defensores de DDHH

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay del Paraguay (CODEHUPY), lanzó un comunicado en la semana de los DDHH para repudiar los constantes ataques que vienen sufriendo defensores, defensoras y organizaciones de derechos humanos, que van desde procesamientos irregulares, allanamiento de moradas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por agentes del Estado, con participación o aquiescencia de instituciones estatales y de las fuerzas de seguridad del país.
A continuación el comunicado del 9 de diciembre de 2010: 
1- El 26 de noviembre de 2010, alrededor de las 14:00, fue asesinado Mariano Roque Jara Báez, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), en su domicilio del Barrio Santa Catalina, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeju, El sospechoso de cometer el crimen fue detenido horas después de la ejecución, pero liberado por orden la fiscal Ninfa Aguilar, alegando que no existían elementos para demostrar su participación en la ejecución, a pesar que varios testigos presenciales habían identificado al detenido como el autor de los disparos en contra de Mariano Roque Jara. La orden de liberación fue revocada, pero el sospechoso ya había desaparecido. 
2- El 1 de diciembre de 2010, mientras abogados defensores de la comunidad indígena Makutinga, en el departamento de Itapúa, denunciaban ante la fiscalía jurisdiccional la invasión de sus tierras ancestrales, realizada el 30 de noviembre, agentes del orden público comenzaron a disparar sus armas de fuego en contra de los indígenas apostados en el portón principal de acceso, con la finalidad de permitir el ingreso de las maquinarias agrícolas. Tras esta balacera y forcejeo, obligaron a los indígenas a dejar paso al ingreso de seis grandes tractores y dos camiones. Luego de una espera larga de seis horas en la fiscalía, se logró la presencia de dos asistentes fiscales en la comunidad para labrar acta, pero no adoptaron ninguna medida en salvaguarda de los derechos de la comunidad, mientras los tractores seguían destruyendo sus cultivos. 
La invasión a la comunidad fue encabezada por los señores César Javier Zavala Serratti y Plinio Pereira, con una fuerte protección de la policía nacional del Grupo de Operaciones Especializadas (8 efectivos con armas de guerra), seis camionetas, varios peones y un abogado de nombre Salim Fernando Abbu. 
3- El 2 de diciembre de 2010, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un allanamiento en las oficinas de la organización Iniciativa Amotocodie, dirigido por el fiscal José Luis Brusquetti y la fiscala María José Irrazábal, apropiándose de objetos y documentos de la organización. El procedimiento fue innecesariamente violento, la investigación en que se basó la fiscalía para iniciarlo es confusa y la orden de allanamiento refiere supuestos hechos punibles sobre los que no da suficiente explicación. Esto permite suponer que la acción tiene como objetivo la represalia hacia la organización por su trabajo en protección del territorio y hábitat indígena. 
Las persecuciones a defensores y defensoras, así como a organizaciones de derechos humanos, se han incrementado en los últimos meses, siendo cada vez es más notoria la participación, complicidad o aquiescencia de las fuerzas de seguridad y de miembros del Ministerio Público en este tipo de amedrentamientos a la labor de los mismos. 
La CODEHUPY exige el esclarecimiento total de estas violaciones a los derechos humanos y el procesamiento y sanción de los responsables. 
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