sábado, 12 de marzo de 2011

El fantasmagórico EPP cumple tres años de vida y sirvió para atacar al "obispo de los pobres"

Dionisio Arce Jara (*)
El gobierno neo-stronista de Fernando Lugo inició una gran cacería para atrapar a los Pombero del EPP. Solo tres guerrilleros fueron abatidos supuestamente en enfrentamientos con la policía.
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El fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) nació oficialmente el 12 de marzo de 2008. En aquel día, un grupo de desconocidos asaltó la estancia del sojero brasileño Nabor Both. El establecimiento empresarial queda en Curuzu de Hierro (distrito de Horqueta, Departamento de Concepción). El grupo nació, suges- tivamente, en el contexto de las elecciones del 2008 y sirvió para atacar a Fernando Lugo,supuesto izquierdista bolivariano.
La denuncia del empresario dice que un grupo de desconocidos quemó un galpón en donde se encontraban dos tractores agrícolas, una máquina cosechadora y otra plantadora. Los medios de comunicación informaron que en el sitio se había encontrado una pancarta anónima que decía: “Ejército del Pueblo Paraguayo, Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. Quienes matan al pueblo con agrotóxicos pagarán de esta manera”. Los hechos delictivos de años anteriores eran atribuidos a grupos criminales ligados a las FARC, pero aún no tenían una identificación. El EPP es un supuesto grupo guerrillero atípico, ya que nunca hizo una proclama pública sino a través de comunicados anónimos (cualquiera lo puede hacer), fotos y manuales de combate "olvidados" en los campamentos.   
Los propietarios de la estancia Santa Herminia, que tenía unas 1.500 hectáreas de soja, culparon a los campesinos de la zona, quienes habían denunciado a los sojeros por contaminar el medio ambiente con agrotóxicos. Los brasileños acusaron a Demetrio Alvarenga, líder de la comunidad, de ser uno de los autores del hecho. Desde aquel día el campesino es perseguido por ser supuestamente miembro del EPP.  
Sugestiva declaración de Carmen Villalba  
Lo llamativo del caso es que la aparición de la supuesta guerrilla fue precedida por una campaña de dirigentes colorados y empresarios reaccionarios que no veían con buenos ojos la posible victoria de Fernando Lugo en las elecciones de 2008. El nacimiento del EPP se dio en el fragor de la lucha por el poder. Por ello, Mirtha Gusinsky, madre de Cecilia Cubas, había lanzado un spot publicitario para pedir a la ciudadanía a no votar por Lugo, ya que sería cómplice de los secuestradores y asesinos de su hija.  
Al día siguiente de la acción del EPP en la estancia Santa Herminia, un grupo de campesinos supuestamente también quemó un galpón, donde habían maquinarias agrícolas, del establecimiento Toro Blanco, en el distrito de Tava'i de Caazapá.  
Los campesinos de Curuzú de Hierro y Alvarenga habían negado la autoría del hecho que denunció el empresario Both. Los campesinos sospecharon que el brasileño habría quemado su galpón para luego culpar a sus vecinos. El monseñor Pablo Cáceres había defendido a los campesinos y predijo que el nacimiento del EPP sería parte de un plan de sojeros para criminalizar a los campesinos que luchan por sus derechos.  
Unos días después Carmen Villalba, condenada por el secuestro de María Edith de Debernardi, llamó a varias radios y luego dio una conferencia de prensa en el penal de mujeres para anunciar que es la “vocera” del EPP. De esta manera anunciaba el inicio del trabajo de desestabilización del “Establishment” capitalista.  El supuesto guerrillero arrepentido, Cristóbal Dionisio Olazar, también "confirma la formación de grupo paramilitar"
El 1 de agosto de 2008 se produce otro golpe atribuido por la Fiscalía General del Estado al EPP. Se trata del secuestro del ganadero Luis Lindstron, quien fue liberado el 12 de setiembre de ese año. Actualmente varios campesinos están procesados y encarcelados por ese crimen desde el 19 de enero de 2010. El 15 de octubre de 2009 fue secuestrado el ganadero Fidel Zavala, quien fue liberado el 17 de enero de 2010. Llamativamente los “Pombero” del EPP no fueron capturados por este hecho.  
El 5 de diciembre de 2008 se denuncia la quema de un tractor de la estancia Santa Adelia, situada a unos 60 kilómetros de Concepción. La prensa también culpó al EPP, conocidos luego como “Enemigos del Pueblo Paraguayo”, según un spot publicitario del gobierno de Lugo. En abril de 2010 también fueron asesinadas cuatro personas, supuestamente por miembros de la guerrilla.
El presidente de la República, desde que asumió el poder en agosto de 2008, no se ha cansado de prometer que destruirá al grupo criminal, pero no lo hizo ni con el estado de excepción.
(*) Periodista de ABC Color y Secretario de Interior del SPP
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Campesinos califican a Fernando Lugo de criminal neo-stronista por propiciar Terrorismo de Estado
Fiscalía acusó a campesinos por secuestro en base a llamadas de guerrilleros “fantasmas”


viernes, 11 de marzo de 2011

Campesinos califican a Fernando Lugo de criminal neo-stronista por propiciar Terrorismo de Estado

Por Dionisio Arce Jara (*) 

Zonia Muñoz (izq.) Rumilda Giménez González, Aguedo Giménez y Alcides Ramón Giménez González. Toda una familia procesada falsamente de secuestro y asociación criminal, según abogados defensores.
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Los campesinos detenidos desde enero de 2010 se consideran presos políticos porque son inocentes de los cargos de “secuestro en grado de complicidad y asociación criminal”. La audiencia preliminar no se inició el 7 de marzo, como estaba prevista, porque el juez de Concepción, Jorge Benítez Ruíz, se “olvidó” de los expedientes, pero arrancó el 8 de este mes. Al día siguiente se interrumpió porque la Fiscalía General de la República recusó al juez por supuesto parcialismo a favor de los procesados.
Los procesados por el secuestro del ganadero Luis Lindstron (1 de agosto al 12 de setiembre de 2008) dicen que el gobierno del presidente Fernando Lugo y la Fiscalía General del Estado protegen a los cabecillas o jefes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El ministro del interior Rafael Filizzola anunció el aumento de la recompensa para quienes dan pistas del paradero de los “Enemigos del Pueblo Paraguayo (EPP)
Rumilda Giménez González, hija del también procesado Aguedo Ramón Giménez, dijo que estaba trabajando en Puerto Casado (Departamento de Alto Paraguay) y que cuando fue detenida el 19 de enero de 2010 no encontraron en su poder una notebook, tal como dijo la Fiscalía. Aseguró que la computadora es de su hermano y que el perito del Ministerio Público, Lic. William Román Amarilla, había dicho que no había nada relevante, en el aparato, ligado al caso del secuestro de Lindstron. Recordó que, sugestivamente, semanas después de fenecer el plazo de presentación de pruebas (21 de octubre de 2010), este perito señaló que encontró decenas de fotografías de los supuestos miembros del EPP. 
Rumilda dijo que el proceso iniciado por la Fiscalía, y que cuenta con el apoyo del gobierno del “cambio”, es solo para intimidar a la clase campesina para que la gente tenga miedo de reclamar sus derechos. “Nosotros somos presos políticos”, afirmó nuestra entrevistada, quien dijo que Lugo es el más grande criminal que existe en el Paraguay. La misma enfatizó que, si el juez Benítez Ruíz, tiene los “pantalones bien puestos” va a liberar a todos los procesados porque son inocentes y la prueba de esto son los desistimientos de las pruebas solicitadas por la Fiscalía. 
“Chivos expiatorios” 
Los campesinos dicen que son “chivos expiatorios” del gobierno de Lugo y de la Fiscalía porque están presos solo porque habían utilizado supuestamente sus teléfonos celulares para comunicarse con algunos miembros del EPP. Lo llamativo es que el secuestro de Lindstron fue en agosto-setiembre de 2008 y las llamadas supuestamente se habían realizado en julio de 2009. 
El lunes pasado, el juez de Concepción había prohibido la presencia de periodistas dentro de la sala de “juicio oral y público”. En la audiencia de del martes pasado los miembros de la prensa pudieron entrevistar y tomar fotos a los procesados solo porque presionaron al magistrado. 
La mayoría de los que hemos podido entrevistar no pueden entender cómo y con qué criterio el Ministerio Público y la Policía Antisecuestro, a cargo del ministro socialista Rafael Filizzola, le eligieron para ser procesados como “terroristas”. Alcides Ramón Giménez González dijo que no está afiliado a ninguna organización campesina como para poder deducir que está preso por esta razón. Aclaró que trabajaba en un surtidor como “playero” (vendedor de combustible). 
“Los miembros de la Fiscalía son los verdaderos encubridores de los delincuentes”, precisó Alcides, quien dijo que el gobierno de Lugo está llevando al Paraguay hacia la época de la dictadura stronista. 
El "guerrillero" Julián de Jesús Ortíz recibe el cariño de Miryan Ortíz y Dionisia Ortíz y de otro pariente en el receso de la audiencia del 8 de marzo.
(*) Periodista del diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP

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Víctima de la dictadura stronista asegura que está preso porque fue fundador de grupo campesino

Por Dionisio Arce Jara (*) 

Alejandra Bazán abraza a su marido Sindulfo Agüero en un receso de la audiencia realizada en el Poder Judicial el 8 de marzo.
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El supuesto “terrorista” de 69 años, Sindulfo Agüero Insaurralde, dijo que está procesado por “secuestro en grado de complicidad y asociación criminal” solo porque fue uno de los fundadores de la Organización Campesina del Norte (OCN). Esta sociedad es la escuela donde se formaron ideológicamente el fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), según acusaciones de la prensa, de sectores políticos reaccionarios y de derecha (Patria Querida, Partido Colorado, PLRA, UNACE) y del obispo de Concepción, Zacarías Ortíz.
Agüero dijo que esta es la verdadera razón de su encarcelamiento y precisó que el objetivo del gobierno de Fernando Lugo y de la Fiscalía General del Estado es criminalizar las luchas sociales. Manifestó que, de esta manera, los organismos de seguridad del Estado (Ministerio del Interior, Fiscalía Antisecuestro), el Parlamento Nacional y empresarios sojeros y ganaderos buscan destruir las organizaciones campesinas como lo hicieron los stronistas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. 
En huelga, hace más de un mes 
Agüero, detenido junto con su hija Stela Agüero de Meza y otros campesinos el 19 de enero de 2010, es uno de los presos de Tacumbú que había iniciado una huelga de hambre el 7 de febrero de 2011. Una acción desesperada que no ha tenido casi repercusión en la prensa, que apoya las acciones represivas e ilegales de la Fiscalía y del Ministerio del Interior en su supuesta lucha contra el EPP. Nuestro entrevistado dijo que solo toma agua y otros líquidos, como jugo de frutas. El 2 de marzo fue llevado a Emergencias Médicas para ser examinado debido a complicaciones de su salud, ya que sufre de diabetes e hipertensión. Además, tiene hernia, por lo que debe ser operado. Los médicos le piden que primero levante su huelga de hambre. 
Una gigantesca campaña de la prensa y del aparato represor del régimen de Lugo contra la OCN y otras organizaciones precedió a las detenciones de los campesinos. La población paraguaya esperaba con ansias la detención de los secuestradores del ganadero Fidel Zavala, liberado el 17 de enero de 2010. Sin embargo, Agüero y otros campesinos fueron detenidos por ser supuestamente cómplices de los secuestradores del ganadero Luis Lindstron (1 de agosto al 12 de setiembre de 2008). 
Campesino revive represión stronista 
Agüero señaló que lucha a favor de las reivindicaciones sociales de los campesinos desde hace unos 50 años. Por eso sufrió duras represiones de los esbirros del finado dictador Alfredo Stroessner. Nuestro entrevistado dijo que perdió un ojo hace unas décadas durante una sesión de tortura. Su actual experiencia le hace recordar los viejos tiempos de la dictadura. 
Sobre las acusaciones del monseñor Ortíz, el campesino preso dijo que el religioso tiene una posición errática con relación a la OCN y el EPP, ya que primero le acusó de ser cerebro del grupo armado. Sin embargo, fue el primero que pidió su liberación porque cree en su inocencia. Ortíz se borró del mapa y no procura por la libertad de Agüero, quien mantiene su huelga de hambre pese a estar enfermo. 
Agüero dijo que Ortíz y Lugo le conocen muy bien porque desde hace años enseña el catecismo católico. Por eso no entiende cómo el gobierno de un ex monseñor puede llevar adelante el “Plan Colombia”, que es una especie de “Operativo Cóndor” del siglo 21 que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos de América.
(*) Periodista del Diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP

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jueves, 10 de marzo de 2011

Fiscalía acusó a campesinos por secuestro en base a llamadas de guerrilleros “fantasmas”

Por Dionisio Arce Jara (*)
Mary Blanca Bracho (izq.), Máxima González y su hija Rumilda Giménez González, Aguedo Ramón Giménez y Alcides Ramón Giménez González, durante la audiencia del 8 de marzo.
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Los agentes fiscales Sandra Quiñónez Astigarraga, Federico Delfino Ginés y Francisco Ayala Miranda basaron su acusación de “secuestro en grado de complicidad y asociación criminal” en contra de 14 campesinos en base a supuestas llamadas, mediante teléfonos celulares, realizadas por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Los fiscales acusan a los detenidos, desde el 19 de enero de 2010, por haber colaborado con los secuestradores del ganadero Luis Lindstron (del 1 de agosto al 12 de setiembre de 2008).
Un dato sumamente curioso, que está en el escrito de acusación de la Fiscalía General del Estado, es que los detenidos supuestamente se comunicaron con Vicente Arístides Barreto Borja, Prudencio Idilio Alfonso Maris, Luis Carlos Torres Agüero, Vicente López Rojas y Rocío Elizabeth Cardozo Escobar. 
Los citados son terroristas, según el Ministerio Público. Sin embargo, no están imputados ni buscados como los “Enemigos del Pueblo Paraguayo (EPP)”, según versión de abogados de los procesados, entre ellos Florencio Díaz Morales, César Gómez Gaona y Oscar Cazeneuve, defensor público de Concepción. La Fiscalía no informó sobre la existencia real de las citadas personas (no especifica número de cédula de identidad), por lo que son consideradas como “guerri- lleros fantasmas” (¿ y dónde está la guerrilla?)
Los agentes fiscales consiguieron los datos de las llamadas porque encontraron las tarjetas de carga de saldos de celulares de la empresa Núcleo SA. Los agentes encontraron estas tarjetas (muy raro porque es difícil que una persona coleccione tarjetas usadas) y 28.000 dólares en un termo de plástico enterrado en el patio de la casa de Alejandro Ramos (uno de los supuestos guerrilleros prófugos). El dinero encontrado en Horqueta sería parte del dinero pagado por Lindstron para su liberación. Esta es la razón por la cual la Fiscalía indica como guerrilleras a las personas individualizadas a través de tarjetas de la telefónica privada. 
Alejandra Bazán de Agüero y su hija Stela Agüero de Meza, quien abraza a su padre Sindulfo Agüero Insaurralde, un "guerrillero" con un ojo y de 69 años.


El EPP y el túnel del tiempo 
El escrito de acusación de la Fiscalía dice que Luis Carlos Torres (guerrillero “fantasma”) supuestamente habló con Zonia Muñoz y Rumilda Giménez, detenidas por el caso Lindstron. Lo curioso es que las llamadas se hicieron el 2 de julio de 2009, casi un año después del secuestro del ganadero en Kuruzú de Hierro, jurisdicción de Concepción. Todas las llamadas se hicieron supuestamente en aquel mes, por lo que los abogados defensores sospechan que los del EPP ya cuentan con la tecnología para viajar al futuro o volver al pasado, según películas de ciencias ficción como el “túnel del tiempo”
Prudencio Idilio Alfonso Maris (otro guerrillero fantasma) se comunicó el 8 de julio de 2009 con Alcides Giménez, Juana Bernal Maíz, Juan Simón Ovelar y Rumilda Giménez, otros de los procesados por el secuestro de Lindstron. 
La guerrillera fantasma Rocío Elizabeth Cardozo Escobar se comunicó el 2 y 5 de julio de 2009 con Zonia Muñoz, Alcides Giménez, Rumilda Estela Giménez y Mary Blanca Bracho, según la acusación de la Fiscalía. Los demás campesinos, entre ellos Sindulfo Agüero, José Mariano Villalba, Alcio Soria Riveros, Julián de Jesús Ortíz Achucarro y Aguedo Ramón Giménez, fueron acusados de secuestro solo por hablar entre ellos y con los supuestos guerrilleros no procesados, pero identificados mediante tarjetas de carga de celulares. 
¿También hablaron con las estrellas del EPP? 
El escrito de la acusación de la Fiscalía contra los campesinos también tiene una particularidad. Asegura que los 14 detenidos se habían comunicado fluidamente con las estrellas del EPP (muy publicitadas por la prensa); es decir, se habían comunicado con los prófugos Osvaldo Villalba Ayala, Manuel Cristaldo Mieres, Gabriel Zárate Cardozo (muerto el 3 de setiembre de 2010) y Nimio Cardozo Zárate (abatido el 25 de setiembre de 2010), Alejandro Ramos Morel y Magna María Meza Martínez. Estos son buscados desde enero de 2010 como Enemigos del Pueblo Paraguayo. 
El Ministerio Público no explica cómo llegó a la conclusión de que los IMEIS (identificación de la fabricación de celulares) pertenecían a los aparatos celulares que estaban en poder de los miembros del EPP. Tampoco explica cómo estos prófugos han obtenido chips de Núcleo SA, ya que es imposible sin que el comprador registre sus datos personales. En todo caso, si usaron documentos de identidad falsos, la Fiscalía igualmente no podrá identificar a los verdaderos dueños de las líneas telefónicas. Además, los investigadores no cuentan con grabaciones de las conversaciones entre los procesados y los del EPP. 
Florinda Pérez (izq.) y Alipio Muñoz, padres de la procesada Zonia Muñóz Pérez, y Emilce Muñoz, en el receso de la audiencia pública del 8 de marzo. 
(*) Periodista de ABC Color y Secretario de Interior del SPP
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Fiscalía desistió de pruebas que evidencian que los campesinos son presos políticos, según abogados

Por Dionisio Arce Jara (*)
Los 14 campesinos procesados por “secuestro en grado de complicidad y asociación criminal” son presos polí- ticos porque el Ministerio Público, cuyos representantes son los agentes fiscales Sandra Quiñónez Astigarraga (foto), Federico Delfino Ginés y Francisco Ayala Miranda, presentó como “pruebas” supuestas conexio- nes telefónicas entre los detenidos y miembros del fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). 
Entre las “evidencias” están también libros sobre Hugo Chávez (presidente de Venezuela), documentos de bancos, sentencias y antecedentes judiciales de personas no relacionadas con este caso, fotografías familiares, aparatos celulares, documentos y tarjetas personales, videos y objetos personales incautados en allanamientos de viviendas.
En la audiencia preliminar del 8 de marzo, los citados fiscales dijeron al juez de Concepción, Jorge Benítez Ruíz, que desisten de estas pruebas (piden excluir del expediente judicial) y de otras que suman 150 documentos diversos, entre ellos decenas de órdenes judiciales de allanamientos de viviendas, realizadas en busca de evidencias de la supuesta conexión de los procesados con el EPP.
Los abogados defensores de los acusados, entre ellos Juan Martens, Roque Orrego, Florencio Díaz Morales, César Gómez Gaona y Oscar Cazeneuve y Deisy Irala, sostienen que las citadas “pruebas” muestran que sus clientes son presos políticos y no miembros del Ejército fantasma (solo aparecen en la prensa). 
La Fiscalía acusó a los campesinos de ser cómplices del secuestro del ganadero Luis Lindstron (del 1 de agosto al 12 de setiembre de 2008) porque en sus casas tenían los citados objetos personales y porque supues- tamente habían conversado por medio de celulares con los cabecillas de la guerrilla. Otras “pruebas” son las fotografías (de potenciales víctimas de secuestros y de miembros del EPP) supuestamente encontradas en la computadora de Rumilda Giménez, una de las procesadas. Los abogados defensores dicen que fueron “plantadas” por la Fiscalía General y la Policía Antisecuestro, bajo el mando del ministro “socialista” Rafael Filizzola. 
El Dr. Aníbal Garcete Mañotte (izq.) y los abogados Roque Orrego, Florencio Díaz Morales y César Gómez Gaona (al fondo), en los pasillos de Tribunales.
Las pruebas: libros bolivarianos y de educación 
Entre las supuestas pruebas presentadas por los agentes fiscales, según el acta de imputación, y que desistieron en la audiencia pública, son: 
1) Folleto denominado “Plan de Desarrollo Agropecuario de la Organización Campesina del Norte, año 2009, incautado en el allanamiento de la vivienda de Alipio Muñoz Giménez y/o Zonia Muñoz en la Compañía de María Auxiliadora de Horqueta (Departamento de Concepción). 
2) De la vivienda de la “guerrillera” Zonia Muñoz también fueron incautados y presentados como pruebas: documento de la Subsecretaría de Tributación, boleta del Banco Solar, hoja blanca que contiene el número y la inscripción de un comité de campesinos (barrio Santa Rosa), libro denominado “Ley Orgánica de Educación”, libro denominado “Hagámoslo, no hay excusa 100 gramos de maíz” y el libro denominado “Busch Vs Chávez (de la escritora y abogada norteamericana Eva Golinger). 
3) De la vivienda del procesado Antonio Bernal Maíz, la fiscalía incautó un manual de teléfono Motorola. Este manual fue encontrado en el allanamiento realizado el 10 de enero de 2010 en el asentamiento Nueva Fortuna (Curuzú de Hierro, Departamento de Concepción). 
4) Del domicilio del procesado José Mariano Villalba (hermano de Carmen, condenada por secuestro de Maria Edith de Debernardi, y de Osvaldo, supuesto miembro del EPP) la Fiscalía se incautó de fotografías familiares, una hoja de cuaderno con manuscrito sobre neoliberalismo, un “manifiesto” a los concepcioneros y a la opinión pública nacional , un volante con la inscripción “luchemos por la ejecución del presupuesto”, un afiche de papel madera con la inscripción “crímenes contra campesinos”, un boletín con la inscripción “hasta la victoria siempre” (lema del Che Guevara) y tres proyectiles calibre 38 mm.
También se incautaron un recorte de periódico que hace referencia a declaraciones de Cristóbal Dionisio Olazar (el supuesto ex guerrillero del EPP y nunca procesado por esta confesión), folletos de Patria Libre (partido de izquierda) y varias revistas, entre ellas “Nuestra Opinión”, “Liberación Nacional”, “Ko'êyu Latinoamericano” (editado por el periodista bolivariano Joel Cazal, ex candidato a presidente del Paraguay luego del golpe de Estado de febrero de 1989. El mismo falleció en Caracas, Venezuela, en enero de 2010).


(*) Periodista de ABC Color y Secretario de Interior del SPP


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martes, 8 de marzo de 2011

Juez pretendió juzgar a campesinos "guerrilleros" a puertas cerradas y sin las supuestas pruebas

El abogado Juan Martens, de CODEHUPY (der.), luego de terminar ayer la reunión, en compañía de familiares de los supuestos terroristas del EPP. La audiencia continua hoy a puertas abiertas y se extendería varios días. Los campesinos están detenidos desde enero de 2010 solo por unas fotos y cruces de llamadas que fueron plantadas por la Fiscalía.
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El juez penal de Concepción, abogado Jorge Benítez Ruíz, pretendió llevar adelante ayer la audiencia preliminar en el caso del ganadero Luis Lindstron, quien fue supuestamente secuestrado el 1 de agosto de 2008 por integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Por presión de los abogados defensores no se inició la audiencia, ya que el magistrado pretendió analizar el caso a puertas cerradas y sin que esté a la vista los expedientes que contienen las supuestas pruebas que involucran a los detenidos en este secuestro.
La reunión se realizó en la mañana de ayer sin la presencia de los familiares de los procesados, de periodistas y de terceros interesados en la causa, según disposición del juez. La audiencia es un paso judicial para determinar si el caso se elevará o no a juicio oral. El magistrado decidirá este asunto luego de escuchar a los detenidos, a los defensores y a los representantes del Ministerio Público. 

En los pasillos del edificio del Poder Judicial de Asunción hay carteles que indican el lugar de las salas de audiencias: dice “sala de juicio oral y público”. Sin embargo, la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal es letra muerta para el juez Benítez Ruíz, quien actúa en complicidad de la Fiscalía General del Estado, según el abogado Florencio Díaz Morales. 
El abogado es defensor de Rumilda Estela Giménez y a Alcides Ramón Giménez González, Aguedo Ramón Giménez, Mary Blanca Bracho Martínez. Manifestó que el juez de Concepción no trajo los expedientes del caso, por lo que el proceso se suspendió para el martes 8 de marzo. Morales aseguró que Benítez Ruíz a toda costa pretendió analizar el caso sin el expediente. 
Los campesinos fueron detenidos el 19 de enero de 2010 y exhibidos públicamente como peligrosos criminales por agentes del Ministerio del Interior y de la Fiscalía Antisecuestro. En la ocasión también fueron detenidos y procesados por la misma causa: Antonio Ramón Bernal, Sindulfo Agüero, Sixto Sánchez, Zonia Ignacia Muñoz, Juan Simón Ovelar, Stela Agüero de Meza, Alcio Alcides Soria, Alcides Ramón Giménez, Julián De Jesús Ortiz y Juana Bernal Maiz. Estos están defendidos por abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). 




lunes, 7 de marzo de 2011

Familiares de campesinos detenidos acusan a Lugo y a la Fiscalía de “terrorismo de Estado”

Por Dionisio Arce Jara (*) 

Máxima González (der.), madre de Rumilda Giménez González, denuncia al gobierno de Fernando Lugo de "terrorismo de Estado". La audiencia se comenzará el 8 de marzo y duraría varios días.
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El juez penal de Concepción, abogado Jorge Benítez Ruíz, luego de suspender la audiencia preliminar del caso secuestro de Luis Lindstron, dispuso que los familiares de los campesinos detenidos ingresen a la sala, por turno, para saludar a sus seres queridos. La mayoría de las madres, esposas y hermanas de los 14 procesados salieron del recinto llorando, ya que no podían contener sus emociones de rabia, pena y mucho encono. Rabia y pena porque no pueden hacer nada, más que esperar el desenlace de este proceso que consideran ilegal, injusto y atentatorio contra los derechos humanos.
Las mujeres y los parientes de los detenidos mostraron mucho encono en contra del presidente Fernando Lugo Méndez, del ministro del interior Rafael Filizzola y de los miembros de la Fiscalía General del Estado. Los campesinos acusan al gobierno del “cambio” y al Ministerio Público de “terrorismo de Estado”, ya que los procesados están más de un año encarcelados (19 de de enero de 2010) sin ninguna prueba material con relación al secuestro del ganadero Lindstron. 
Por su parte, el abogado Juan Martens, de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), luego de suspenderse la audiencia, trató de hacer entender a las mujeres de que, en lo posible, no deben expresar su emoción dentro de la audiencia. De lo contrario, el juez Benítez Ruíz no permitiría que permanezcan en la sala. El magistrado supuestamente dispondrá, a partir del 8 de marzo, para que la audiencia sea pública y no a puertas cerradas. 
Máxima González, madre de Rumilda Giménez González, una de las procesadas, dijo que no puede entender por qué el gobierno y la Fiscalía cometen tanta injusticia con campesinos pobres que solo se dedicaban a trabajar en forma honesta. La citada madre es una de las pocas mujeres que se animan a acusar públicamente a Lugo, al ministro Filizzola y a miembros de la Fiscalía de cometer grave violación de derechos humanos. 
Esto es irónico porque el Ministerio Público inauguró este mes una unidad especial de derechos humanos. El conocido luchador por los DDHH, Luis Resck Haiter, también fue uno de los que inauguraron la oficina. El perseguido por la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner hasta ahora se mantiene en silencio con relación a la causa penal sobre el caso EPP y Lindstron. Resck fue condecorado por el presidente en julio de 2010. 
El abogado Juan Martens trata de hacer comprender a un familiar de un procesado de que no debe llorar ni mucho menos hacer un escándalo si es que quiere asistir a la audiencia, que legalmente debe ser pública.
(*) Periodista de ABC Color y Secretario de Interior del SPP
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Abogados buscan anular las pruebas falsas que juez no se animó a excluir del expediente en caso EPP

Por Dionisio Arce Jara (*) 
Máxima González, madre de Rumilda Giménez González, una de las procesadas por el caso EPP, junto a los abogados César Gómez Gaona (izq.) y Florencio Díaz Morales. La foto logramos luego de la suspensión de la audiencia preliminar.
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El abogado Florencio Díaz Morales dijo que la audiencia preliminar es de vital importancia para los detenidos en el caso del secuestro del ganadero Luis Lindstron (1 de agosto de 2008) porque buscarán de nuevo anular las pruebas falsas y el montaje de la Fiscalía General del Estado. Esta es la versión del profesional, quien basa su acusación en las supuestas “pruebas materiales” que presentaron los agentes fiscales Sandra Quiñónez Astigarraga, Federico Delfino Ginés y Francisco Ayala Miranda.

El abogado había solicitado en noviembre de 2010 la “revocatoria de auto de prisión preventiva” dictada por el juez Jorge Benítez Ruíz contra sus defendidos porque el perito del Ministerio Público, Lic. William Román Amarilla, aseguró que no encontró archivos relacionadas con la causa en la computadora portátil de Rumilda Estela Giménez, una de las detenidas el 19 de enero de 2010. La misma y otros 14 campesinos son supuestamente parte del equipo logístico del hasta hoy fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El juez rechazó este recurso legal y el caso está en la Cámara de Apelaciones.
Díaz Morales dijo que en la audiencia buscarán excluir del expediente las supuestas pruebas en las que basa la acusación del Ministerio Público: secuestro en grado de complicidad y asociación criminal. “Para que la Fiscalía dé cumplimiento a la norma constitucional y legal se requiere que establezca, dentro de la acusación, un pormenorizado o reseña detallada de cuáles son los actos por los cuales acusa a cada uno de los procesados, como la fecha y la hora de la comisión de los hechos”. 

Pruebas plantadas por la Fiscalía 

El artículo 31 del Código Penal cuando define la “complicidad” establece que es cómplice el que presta ayuda para la comisión de un hecho doloso. Sostenemos que no existen elementos y pruebas que incrimine a los 14 acusados por el secuestro del ganadero Lindstron, según el abogado Díaz Morales, quien ratificó nuevamente que las pruebas fueron plantadas por los fiscales acusadores con la complicidad del ministro del interior, el socialista Rafael Filizzola. 
El abogado defensor recuerda que el 21 de octubre de 2010 feneció el plazo para que los peritos presenten pruebas de los archivos digitales de la computadora de Rumilda y de varios aparatos celulares requisados en los allanamientos del 19 de enero de 2010. Jaime Amador Castro Espinoza, técnico en informática contratado por la defensa de los imputados, y Lic. William Román Amarilla, perito de la Fiscalía, coincidieron en señalar que no habían encontrado ninguna prueba. 
Llamativamente, unas semanas después, la fiscala Quiñónez Astigarraga, informó que el perito Román Amarilla había encontrado varias fotografías de supuestos miembros del EPP en la computadora de la procesada. Por eso Díaz Morales dice que fue un montaje de la agente fiscal y de la Fiscalía Antisecuestro, a cargo de Filizzola. 
“El único elemento que sigue usando la Fiscalía son las nueve tarjetas de celulares, de los cuales tres se cargaron a números de celulares que supuestamente sirvieron para que sus clientes se comunicaran con miembros del EPP”, según el abogado Morales, quien junto a su colega César Gómez Gaona defiende a los campesinos, la mayoría miembros de organizaciones campesinas de Concepción y de Horqueta. Los defensores dicen que la Fiscalía no tiene ninguna grabación ni ningún otro elemento para involucrar a sus defendidos en el secuestro, tampoco tiene testigos y, lo que es mas grave, las supuestas comunicaciones vía celular se habían realizado un año después del secuestro del ganadero Lindstron (las pruebas se encontraron el 4 de agosto de 2009 en la casa del prófugo Alejandro Ramos Morel). 
La fiscala y los policías encontraron tarjetas usadas de saldo de celulares (muy raro porque es difícil que una persona coleccione tarjetas usadas) y 28.000 dólares (supuestamente parte del dinero pagado por Lindstron para su liberación, que se realizó el 11 de setiembre de 2008). Estas supuestas pruebas estaban en un termo de plástico enterrado en el patio de la casa de Ramos en Horqueta.
(*) Periodista de ABC Color y Secretario de Interior del SPP

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