viernes, 12 de febrero de 2010

Sindicato pide a la Corte definir sobre caso BNT y exige sanción a jueza que amenazó a periodista

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes (izq.), Coco Arce, Pedro Lobo y Pedro Benítez Aldana.
Miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay se reunieron el lunes pasado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, para pedir la designación del magistrado que estu- diará y dictaminará sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Sindicatura de Quiebra del Banco Nacional de Trabajadores con relación al pedido de apartamiento de más de G. 31.000 millones, fondo no capitalizado por el BNT.

Pedro Benítez Aldana, secretario general del SPP, y Coco Arce, secretario de organización, estuvieron en el despacho de Fretes. Los dos primeros también aprovecharon la ocasión para solicitar al ministro se investigue a la jueza Maribel Duarte, de San Juan Nepomuceno, por amenazas que había realizado en contra del periodista Antonio Caballero, corresponsal del diario ABC Color.
Los directivos del SPP visitaron a Fretes en compañía de miembros de la Coordinadora Sindical de Aportantes del BNT, entre ellos el abogado Pedro Lobo. La delegación pidió al titular de la Corte se realice el sorteo para definir el nombre del magistrado que preparará un dictamen sobre la acción de la Sindicatura. El juez Hugo Bécker resolvió colocar en resguardo legal los 31.000 millones del activo del banco quebrado para evitar que gaste en diversos rubros o devuelva el dinero a otros acreedores. La resolución es de diciembre de 2008 y el abogado Hugo Villalba, asesor legal del banco, presentó luego una acción de inconstitucionalidad. Villalba había también solicitado a la Corte, en setiembre de 2008, que declare inconstitucionales tanto la resolución 251, del 4 de marzo de 2008, firmada por el juez Bécker, como la resolución 686, del 8 de setiembre, del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, segunda sala.
Estas resoluciones habilitan a la Coordinadora a litigar para la recuperación de los 31.000 millones de aportes de obreros no capitalizados o que no forman parte de su patrimonio. Este caso tampoco fue resuelto por la Corte, lo que preocupa a los miembros de esta agrupación debido a los años transcurridos desde que se iniciaron las acciones en contra del BNT.

Amenaza será investigada por Superintendencia

Por otro lado, el ministro Fretes señaló a los miembros del SPP que dispondrá que la Superintendencia de la Corte analice la denuncia hecha por el corresponsal de ABC contra la jueza Duarte.
La jueza había llamado por teléfono al corresponsal y le amenazó por haber publicado una información referente a la libertad provisional que le había concedido a un supuesto abigeo de la zona, Nelson Velázquez, quien tenía orden de detención (inclusive en rebeldía) dictada por otro juez.
La magistrada se molestó por la publicación de ABC Color, del 17 de enero, que lleva la firma de Caballero, bajo el título “Llamativa actuación de jueza para levantar orden de captura de abigeos”. El diario dijo que mediante una llamada telefónica, la magistrada advirtió al periodista: “Cuidado que vos tenés hijos”.

miércoles, 10 de febrero de 2010

Confederación señala que pedido de extradición de Arrom y Martí es una persecusión política

La Confederación Sindical de Traba- jadores/as de las Américas (CSA) emitió un comunicado público para condenar el pedido de revocación del estatus de  refugiados políticos de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víc- tor Colmán, realizado por el gobierno de Fernando Lugo. El documento, que lleva las firmas de Víctor Báez Mosqueira (foto), secretario general, y Laerte Teixeira, secretario de políticas sociales, señala que el pe- dido hecho al Brasil es un “nuevo intento de persecución política e ideológica por parte de algunos sectores que conforman el gobierno paraguayo. Es evidente que por vía arbitraria se quiere torcer la decisión del Estado brasileño y la del ACNUR. Por último, los cambios en Paraguay se han dado en el Poder Ejecutivo, no así en el Poder Judicial que nunca ofreció ni ofrece garantías de procesos imparciales”.

A continuación el comunicado:

El gobierno de Paraguay formalizó el pasado 4 de febrero ante las autoridades de Brasil un pedido de revocación del status de refugiados políticos concedido a tres ciudadanos paraguayos acusados de secuestro. La acción representa una grave amenaza a los tratados internacionales de derechos humanos y confirma la hipótesis de que sectores del Estado paraguayo han decidido emprender una campaña en contra los tres dirigentes del Partido Patria Libre (PPL).
El viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Manuel María Cáceres, presentó una solicitud oficial para que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán sean entregados a la Justicia paraguaya. El gobierno basa su pedido en una supuesta conexión de ellos con el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo, a quien se le atribuye el reciente caso de secuestro del ganadero Fidel Zavala.
El PPL ha rechazado esas acusaciones afirmando que ni el partido y mucho menos los tres dirigentes han tenido cualquier relación o afinidad con dicho grupo guerrillero. Lo que sí sabemos es que se han acumulado pruebas contundentes de la tortura a que fueron sometidos los tres líderes políticos por agentes de la Policía Nacional paraguaya en el 2002, hecho que permanece impune hasta el día de hoy.
Esta denuncia de persecución y tortura fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, quien lo admitió en 2008. El gobierno paraguayo fue, por lo tanto, acusado y debe responder por delitos de lesa humanidad. Además, Arrom, Martí y Colmán obtuvieron refugio político del Estado brasileño en el 2003, bajo protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) condena este nuevo intento de persecución política e ideológica por parte de algunos sectores que conforman el gobierno paraguayo. Es evidente que por vía arbitraria se quiere torcer la decisión del Estado brasileño y la del ACNUR. Por último, los cambios en Paraguay se han dado en el Poder Ejecutivo, no así en el Poder Judicial que nunca ofreció ni ofrece garantías de procesos imparciales.

Diputado brasileño dice que la campaña de Lugo revictimiza a refugiados y crea gran decepción

Arriba: Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán entre los "buscados" como miembros del EPP. El "enviado" de Jesucristo, Fernando Lugo, empieza a causar decepción a nivel internacional.
El diputado brasileño Luiz Couto, presidente de la la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Brasil, envió una carta abierta el 5 de febrero al presidente Fernando Lugo para dar a conocer la posición de este cuerpo legislativo sobre el pedido de revisión de estatus de refugiados políticos de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Analiza también la publicidad que fue lanzada para ofrecer una recompensa de 500 millones de guaraníes para quienes informen sobre el paradero de los tres últimos como “Enemigos del Pueblo Paraguayo (EPP). Esta campaña causó sorpresa y decepción entre los defensores de derechos humanos del Brasil debido a la expectiva de cambio que se generó en Paraguay con la asunción a la presidencia de Lugo, según la carta.
En un afiche figuraban las fotos de Arrom, Martí y Colmán como “prófugos de la justicia” en el caso del secuestro de María Edith de Debernardi. Sobre este asunto, el diputado brasileño dijo que es una “re-victimización” de los refugiados políticos, ya que fueron secuestrados y torturados por un grupo parapolicial que se mantiene en la impunidad. Couto pidió a Lugo que tome una actitud “prudente y sensata” sobre el caso y que rectifique su postura, ya que no condice con los procesos de cambios democráticos, tal como había prometido, de respeto a las libertades y derechos humanos.
Sin embargo, el gobierno de Lugo hizo caso omiso a este pedido y sigue adelante con el plan de revisión del estatus de los refugiados políticos con el argumento de que hay “hechos nuevos”, entre ellos los supuestos mensajes entre miembros de las FARC y los “prófugos” con residencia fija en el Brasil.
El 17 de enero de 2010 había sido liberado el ganadero Fidel Zavala, quien estuvo cautivo 94 días “atado a un árbol” supuestamente en un búnker selvático del fantasmal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Al día siguiente el gobierno de Lugo lanzó centenares de militares y policías contra los integrantes de este grupo y al mismo tiempo inicio una gran campaña publicitaria contra 14 “Buscados” por ser prófugos de la justicia paraguaya.

Sorpresa y decepción

El diputado brasileño dijo a Lugo que el Foro Nacional de Derechos Humanos del Brasil ha enviado resoluciones al nuevo gobierno para solicitar las reparaciones de los derechos conculcados de Arrom, Martí y Colmán. Estos últimos consiguieron refugio político en el 2003 porque demostraron ante la Comité Nacional de Derechos Humanos (CONARE) que fueron secuestrados y torturados y que son perseguidos políticos por ser miembros del Partido Patria Libre.
La carta señala que el citado Foro realizó estos pedidos en vista de la expectativa positiva que generaba la figura de Lugo, que representaba democracia y respeto a derechos humanos. Enfatiza que, desde este punto de vista, la elección del presidente paraguayo representaba un gran avance en cuanto al respecto a los derechos humanos y libertades públicas e individuales.
Couto aclara que, por esta razón, ha causado sorpresa y decepción entre los miembros defensores de derechos humanos del Brasil la confusa publicidad del gobierno de Lugo contra los refugiados políticos, ya que son “buscados” por la justicia paraguaya cuando que tienen residencia conocida por decisión soberana del vecino país.
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