La Confederación Sindical de Traba- jadores/as de las Américas (CSA) emitió un comunicado público para condenar el pedido de revocación del estatus de refugiados políticos de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víc- tor Colmán, realizado por el gobierno de Fernando Lugo. El documento, que lleva las firmas de Víctor Báez Mosqueira (foto), secretario general, y Laerte Teixeira, secretario de políticas sociales, señala que el pe- dido hecho al Brasil es un “nuevo intento de persecución política e ideológica por parte de algunos sectores que conforman el gobierno paraguayo. Es evidente que por vía arbitraria se quiere torcer la decisión del Estado brasileño y la del ACNUR. Por último, los cambios en Paraguay se han dado en el Poder Ejecutivo, no así en el Poder Judicial que nunca ofreció ni ofrece garantías de procesos imparciales”.
A continuación el comunicado:
A continuación el comunicado:
El gobierno de Paraguay formalizó el pasado 4 de febrero ante las autoridades de Brasil un pedido de revocación del status de refugiados políticos concedido a tres ciudadanos paraguayos acusados de secuestro. La acción representa una grave amenaza a los tratados internacionales de derechos humanos y confirma la hipótesis de que sectores del Estado paraguayo han decidido emprender una campaña en contra los tres dirigentes del Partido Patria Libre (PPL).
El viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Manuel María Cáceres, presentó una solicitud oficial para que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán sean entregados a la Justicia paraguaya. El gobierno basa su pedido en una supuesta conexión de ellos con el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo, a quien se le atribuye el reciente caso de secuestro del ganadero Fidel Zavala.
El PPL ha rechazado esas acusaciones afirmando que ni el partido y mucho menos los tres dirigentes han tenido cualquier relación o afinidad con dicho grupo guerrillero. Lo que sí sabemos es que se han acumulado pruebas contundentes de la tortura a que fueron sometidos los tres líderes políticos por agentes de la Policía Nacional paraguaya en el 2002, hecho que permanece impune hasta el día de hoy.
Esta denuncia de persecución y tortura fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, quien lo admitió en 2008. El gobierno paraguayo fue, por lo tanto, acusado y debe responder por delitos de lesa humanidad. Además, Arrom, Martí y Colmán obtuvieron refugio político del Estado brasileño en el 2003, bajo protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) condena este nuevo intento de persecución política e ideológica por parte de algunos sectores que conforman el gobierno paraguayo. Es evidente que por vía arbitraria se quiere torcer la decisión del Estado brasileño y la del ACNUR. Por último, los cambios en Paraguay se han dado en el Poder Ejecutivo, no así en el Poder Judicial que nunca ofreció ni ofrece garantías de procesos imparciales.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Manuel María Cáceres, presentó una solicitud oficial para que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán sean entregados a la Justicia paraguaya. El gobierno basa su pedido en una supuesta conexión de ellos con el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo, a quien se le atribuye el reciente caso de secuestro del ganadero Fidel Zavala.
El PPL ha rechazado esas acusaciones afirmando que ni el partido y mucho menos los tres dirigentes han tenido cualquier relación o afinidad con dicho grupo guerrillero. Lo que sí sabemos es que se han acumulado pruebas contundentes de la tortura a que fueron sometidos los tres líderes políticos por agentes de la Policía Nacional paraguaya en el 2002, hecho que permanece impune hasta el día de hoy.
Esta denuncia de persecución y tortura fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, quien lo admitió en 2008. El gobierno paraguayo fue, por lo tanto, acusado y debe responder por delitos de lesa humanidad. Además, Arrom, Martí y Colmán obtuvieron refugio político del Estado brasileño en el 2003, bajo protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) condena este nuevo intento de persecución política e ideológica por parte de algunos sectores que conforman el gobierno paraguayo. Es evidente que por vía arbitraria se quiere torcer la decisión del Estado brasileño y la del ACNUR. Por último, los cambios en Paraguay se han dado en el Poder Ejecutivo, no así en el Poder Judicial que nunca ofreció ni ofrece garantías de procesos imparciales.
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