sábado, 1 de octubre de 2011

Si Lugo fuera cómplice del EPP, los parlamentarios también estarían apañando a guerrilleros

El vicepresidente Federico Franco y la senadora Ana Mendoza de Acha de nuevo salieron con un viejo cuento: el presidente Fernando Lugo no quiere liquidar al fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo. Este grupo criminal es un fenó-meno único en el mundo, ya que con solo 20 miembros logra poner “en inminente peligro el funcionamiento regular de los órganos constitucionales”, según la inconstitucional Ley 3994/10, de Estado de Excepción, que parla-mentarios luguistas y antiluguistas desean reflotar y que quedó congelado en la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, crece el número de respetables ciudadanos que “piensan en voz alta” lo que ya muchos norteños sospechan: el EPP no es más que la creación de grupos mafiosos que tienen sus vínculos con las más altas esferas del poder político y económico e, inclusive, con la prensa nacional (mucha censura sobre el tema)
Si Franco cree en lo que dice debe renunciar a su cargo y pedir al Congreso Nacional que inicie un juicio político al ex obispo. Hasta ahora es puro cuento. El presidente Lugo soporta las acusaciones de cómplice del EPP desde que se lanzó a la arena política. El ex presidente Nicanor Duarte Frutos acusó en marzo y abril de 2008 a Lugo de ser parte del entonces novel “Ejército del Pueblo” y hoy sale otra vez con este disco rayado.

Izquierdistas no creen que asesinato de policías sea obra del EPP, pero siguen firmes con Lugo

El 13 de setiembre, en un acto de solidaridad con Cuba, Najib Amado había acusado a Alvaro Uribe de ser un criminal al servicio del “Imperio”. Ese día el ex presidente estuvo en Asunción. El titular del PCP “olvida” que Fernando Lugo firmó un acuerdo con Colombia el 28 de setiembre de 2008.
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El Partido Comunista Paraguayo y el Partido Convergencia Popular Socialista lanzaron comunicados con relación al asesinato de dos policías de la subcomisaría de Horqueta (Departamento de Concepción). Ambos partidos de izquierda coinciden en la visión de que el ataque no sería obra del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sino una acción criminal de grupos mafiosos ligados a miembros de las fuerzas públicas. 
Sin embargo, estos partidos, que forman parte del Frente Guasu, siguen firmes al lado del “bolivariano” Fernando Lugo. Horas después del ataque, el ministro socialista Carlos Filizzola atribuía el crimen a miembros del EPP, supuestamente por su “modus operandi”.

jueves, 29 de septiembre de 2011

Radio de candidato a Fiscal General se empecina en violar derechos laborales de periodista

Coco Arce, Secretario de Finanzas del SPP, y Lorena Dávalos. La compañera se reunirá mañana de nuevo con directivos de la Radio Yeruti en una "tripartita".
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La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay emitió un comunicado para denunciar la mala intención de la patronal de Radio Yerutí FM de Caazapá al negarse a reconocer los derechos de la compañera Lorena Dávalos, quien trabaja en dicha emisora desde hace más de 10 años. "La empresa Yerutí Comunicaciones SRL, que aparece como propietaria de la radio, no figura en los registros del Ministerio de Justicia y Trabajo y se inscribió recién el pasado 9 de setiembre en el Instituto de Previsión Social (IPS), con una única trabajadora: Lorena Dávalos. Uno de los propietarios es el abogado Francisco Javier Díaz Verón, candidato del presidente Fernando Lugo a fiscal general del Estado", dice el SPP. A continuación el resto del escrito.

Radio de candidato a Fiscal General se empecina en violar derechos laborales de periodista

La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay denuncia la mala intención de la patronal de Radio Yerutí FM de Caazapá al negarse a reconocer los derechos de la compañera Lorena Dávalos, quien trabaja en dicha emisora desde hace más de 10 años. La empresa Yerutí Comunicaciones SRL, que aparece como propietaria de la radio, no figura en los registros del Ministerio de Justicia y Trabajo y se inscribió recién el pasado 9 de setiembre en el Instituto de Previsión Social (IPS), con una única trabajadora: Lorena Dávalos (foto). Uno de los propietarios es el abogado Francisco Javier Díaz Verón, candidato del presidente Fernando Lugo a fiscal general del Estado.
La compañera Lorena, madre soltera con tres hijos, nunca, en sus 10 años de trabajo, tuvo acceso a IPS debido a las reiteradas negativas de la patronal, ni cobró bonificación familiar por sus hijos.
Ante la denuncia de la colega, se vieron obligados a inscribirle en IPS, pero lo hicieron como “jornalero o a destajo”, con la intención de hacerle figurar en la planilla con menos días trabajados de manera a pagar menos como aporte patronal. Demás está decir que la compañera cobra un salario mensual, que después de 10 años de trabajo, no llega a un millón de guaraníes.
Yerutí Comunicaciones y el candidato de Lugo
Radio Yerutí FM (o Yerutí Comunicaciones), es una empresa familiar. La familia Díaz Verón es la propietaria, de ahí que el abogado Francisco Javier Díaz Verón esté involucrado en este tema de violación de las leyes y de los derechos de la compañera Lorena.
Francisco Javier Díaz Verón es candidato del presidente Fernando Lugo a fiscal general del Estado y se desempeña actualmente como fiscal adjunto de la regional Paraguarí del Ministerio Público.
La esposa de Díaz Verón, María Selva Morínigo, funcionaria de alto rango del Fondo Ganadero, es quien otorgó el poder a las abogadas que asistieron a una reunión de conciliación en el Viceministerio de Trabajo y que tendrán que hacerlo nuevamente este viernes, pues sólo estuvieron a efectos de “escuchar los reclamos” de la colega.
El padre del candidato, don Vicente Manuel Díaz, se jacta permanentemente de ser el dueño de la radio. Don Vicente Manuel es jubilado docente, jubilado en la Municipalidad de Caazapá y es actual jefe de recursos humanos del Poder Judicial de Caazapá.
El administrador de la radio es Amado Díaz Verón, hermano del candidato, quien también ejerce el cargo de administrador del Poder Judicial de Caazapá. Otros hermanos del candidato y que sacan beneficios del poder que ejerce la radio, son Manuel Díaz Verón (actual funcionario de la Fiscalía de Caazapá) y el abogado Pedro Díaz Verón (“Pipo”), actual intendente de Caazapá.
Exponemos estos datos familiares de los Díaz Verón porque a partir de ellos se podrá entender por qué con tanta impunidad violan las leyes y súper explotan a la compañera.
El Sindicato de Periodistas ha conversado con el administrador de la radio, el licenciado Amado Díaz Verón, quien ha cerrado permanentemente todas las puertas a cualquier tipo de negociación prevaleciéndose de su parentesco con el abogado Francisco Javier Díaz Verón.
¿Qué clase de Fiscal General vamos a tener?
Y nos volvemos a preguntar: ¿Qué clase de Fiscal General del Estado puede ser quien no es capaz de hacer respetar los derechos conculcados por miembros de su propia familia? ¿Qué confianza puede tener la población en una persona que debe representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto y las garantías constitucionales y sin embargo hace caso omiso a la violación, por parte de su propia familia, de las garantías constitucionales de una trabajadora?
Desde la Comisión Directiva del SPP, denunciamos y repudiamos la actitud de los propietarios de la Radio Yerutí FM de Caazapá y a la vez que manifestamos nuestra firme solidaridad con la compañera Lorena Dávalos, expresamos nuestra firme decisión de acompañar esta batalla y de asumir todas las medidas necesarias para coronarla con éxito.
ENLACE RELACIONADO

martes, 27 de septiembre de 2011

Un nuevo “Estado de Excepción” solo servirá para perseguir y criminalizar a gente inocente

Las fuerzas especiales de Paraguay recibieron entrenamiento de policías de Colombia. Es notable cómo la Policía Nacional y la Fiscalía General no pueden liquidar al EPP pese a contar con herramientas legales (foto Presidencia).
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La Cámara de Senadores aprobó ayer un nuevo estado de excepción para supuestamente liquidar el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) pese a que este recurso político, aprobado en forma inconstitucional por Ley 3994/10, terminó en un gran fracaso porque los supuestos líderes de la guerrilla hasta ahora no fueron liquidados o detenidos. La Cámara de Diputados tratará el tema esta mañana.
El presidente Fernando Lugo, en su mensaje del 22 de abril de 2010 dirigido a la Cámara de Senadores , había dicho que el estado de excepción (artículo 288 de la Constitución Nacional) era para "devolver la tranquilidad a la gente". Todo lo contrario aún quedan secuelas sicológicas entre la población del norte (temor a las fuerzas del orden), ya que esta decisión política solo sirvió para criminalizar o tratar de terroristas a campesinos pobres del norte, tal como señalaron varias personas que asistieron en un panel debate sobre "criminalización y Terrorismo de Estado" el 8 de setiembre de 2011.