Las fuerzas especiales de Paraguay recibieron entrenamiento de policías de Colombia. Es notable cómo la Policía Nacional y la Fiscalía General no pueden liquidar al EPP pese a contar con herramientas legales (foto Presidencia).
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La Cámara de Senadores aprobó ayer un nuevo estado de excepción para supuestamente liquidar el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) pese a que este recurso político, aprobado en forma inconstitucional por Ley 3994/10, terminó en un gran fracaso porque los supuestos líderes de la guerrilla hasta ahora no fueron liquidados o detenidos. La Cámara de Diputados tratará el tema esta mañana.
El presidente Fernando Lugo, en su mensaje del 22 de abril de 2010 dirigido a la Cámara de Senadores , había dicho que el estado de excepción (artículo 288 de la Constitución Nacional) era para "devolver la tranquilidad a la gente". Todo lo contrario aún quedan secuelas sicológicas entre la población del norte (temor a las fuerzas del orden), ya que esta decisión política solo sirvió para criminalizar o tratar de terroristas a campesinos pobres del norte, tal como señalaron varias personas que asistieron en un panel debate sobre "criminalización y Terrorismo de Estado" el 8 de setiembre de 2011.
Hay demasiadas coincidencias entre la aparición del hasta ahora fantasmagórico EPP y los conflictos en el campo generados por los sintierras y los brasiguayos usurpadores de tierras estatales. Por ello, la iniciativa parlamentaria se da dentro del contexto de este conflicto social (¿casualidad del ataque del EPP?).
El presidente Lugo había solicitado (abril de 2010) al Congreso Nacional la declaración del estado de excepción en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraná y Villa Hayes, supuestamente porque las acciones criminales del EPP “implican la existencia de una grave conmoción interior en el territorio señalado, que pone en inminente peligro el funcionamiento regular de los órganos constitucionales, así como el resguardo de la vida, la libertad y el derecho de las personas y sus bienes”. Así señala el mensaje para justificar su arbitraria decisión.
Las Fuerzas Públicas no necesitan “Excepción”
Lugo solicitó el estado de excepción luego de que supuestamente el EPP haya sido responsable de la muerte de cuatro personas en la estancia Santa Adelia, propiedad de un brasileño, situada en la localidad de Arroyito (Departamento de Concepción). El titular del Poder Ejecutivo fue muy criticado por senadores y diputados porque no se animó a declararlo por decreto, tal como dice la Constitución. Ahora los legisladores toman esta iniciativa luego del asesinato de dos policías en Horqueta.
Los órganos del Estado nunca estuvieron en peligro en abril de 2010 y ahora tampoco, por lo que el estado de excepción es inconstitucional. Esta medida no es otra cosa que el afianzamiento de la política de criminalización de las luchas populares.
No obstante, el presidente y las fuerzas públicas (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) y la Fiscalía General del Estado no necesitan la suspensión de garantías constitucionales (libertad de reunión, libertad de locomoción), para perseguir y capturar a criminales, como los miembros del EPP.
Tal como dice el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (abril de 2010), “la legislación penal y procesal penal vigentes en Paraguay da amplios poderes a policías y fiscales para la investigación, detención, enjuiciamiento y sanción de los responsables de delitos y crímenes. Afirmar que un grupo armado de aproximadamente diez personas produce conmoción interior y justifica el estado de excepción es reconocer la incapacidad de los órganos de seguridad conformados por más de 50 mil personas para controlar la delincuencia común organizada”.
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