La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay ha analizado el caso de la suspensión del juez de Yby Ya'u, Gustavo Bonzi, quien no admitió la acusación presentada por la Fiscalía General del Estado contra 14 campesinos por el secuestro del ganadero Luis Lindstron, en grado de complicidad y asociación criminal. El SPP, como miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, tiene el compromiso ético de pronunciarse en casos emblemáticos de violación de DDHH.
El SPP sostiene que existe una inocultable política de criminalización de las luchas populares que se ha afianzado con el gobierno de Fernando Lugo. La suspensión arbitraria e inconstitucional de Bonzi se enmarca dentro de esta política, que es apoyada por los poderes del Estado, inclusive la prensa nacional, ya que manipula y censura informaciones sobre violaciones de DDHH.
Alertamos a los periodistas que la criminalización y la injerencia política en el Poder Judicial también afectó a un colega de Radio Yuty, César Ferreira. Este fue absuelto de un juicio por difamación y calumnia instaurado por el político colorado Benjamín Adaro Monzón. La Cámara de Apelaciones de Caazapá anuló el fallo solo por presión de este seccionalero. Ferreira fue querellado por leer una información aparecida en ABC Color. El colega recurrió a la Corte Suprema debido a esta situación injusta.
Expresamos nuestra solidaridad con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEHUPY, como institución que con valentía y firmeza defiende y lucha por la vigencia de las garantías democráticas establecidas en la Constitución Nacional (*)
Sobre el caso señalamos:
1- Existe una inocultable política de criminalización de las luchas populares que se ha afianzado con el gobierno de Fernando Lugo. Esta política fue ideada y es impulsada, en forma sistemática y consensuada, por las más altas esferas del poder político y económico empotrado en los tres poderes del Estado.
2- Los impulsores de esta política neo-stronista no necesitan utilizar la “pileta” del siniestro Pastor Coronel, ex jefe de Investigaciones de Stroessner recientemente fallecido, ni enviar al exilio forzoso a opositores o arrojar desde aviones a presos políticos. Hoy utilizan arbitrariamente las leyes penales para reprimir y sembrar el miedo en la población.
3- No obstante, la CODEHUPY había denunciado ante la OEA (25 de octubre de 2010) al gobierno de cometer torturas durante el operativo “Jerovia” (enero y febrero de 2009). Esta política de criminalización tiene apoyo de las empresas periodísticas, la mayoría otrora sostén de la trilogía Stroessner-Partido Colorado-Fuerzas Armadas. La censura está en el orden del día en caso de violación de DDHH.
4- Dentro de este contexto se da la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que suspendió al juez Gustavo Bonzi de Yby Ya'u por haber absuelto a campesinos acusados de secuestro. El Acuerdo y Sentencia del juez, del 27 de junio de 2011, es bastante claro al señalar que los fiscales de la Unidad Antisecuestro, Sandra Quiñónez Astigarraga, Federico Delfino Ginés y Francisco Ayala Miranda, no demostraron, con pruebas materiales y relatos verídicos, la participación de los acusados en el secuestro de Lindstron.
5- Los fiscales acusadores han violado los artículos 16 y 17 (de la Defensa en Juicio y de los Derechos Procesales) de la Constitución Nacional, ya que los campesinos nunca pudieron conocer qué hechos concretos habían realizado para ayudar al EPP ni de qué se los acusaba para poder defenderse. Lo sugestivo es que hasta ahora siguen prófugos los principales líder de este grupo guerrillero que supuestamente actúa para defender a campesinos.
6- Está demostrado que los integrantes del colegiado político llamado “Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados” han pisoteado la Constitución Nacional al suspender al juez Bonzi (27 de julio) por supuesto “mal desempeño en sus funciones”. El Ministerio Público había apelado la absolución, por lo que estaba aún bajo estudio de la Cámara de Apelaciones de Concepción.
7- Los ministros de la Corte Suprema Víctor Núñez y Miguel Oscar Bajac han criticado al Jurado porque la suspensión de Bonzi “es una suerte de presión que puede afectar la independencia e imparcialidad del Tribunal de Alzada”, según resolución 3295 de la Corte (22 de agosto), que confirma esta medida.
8- La resolución de la Cámara (10 de agosto), integrada por los abogados Luis Alberto Jara, Julio Cabaña Mazacote y Eliodoro Molinas Ovelar, era de esperar porque la resolución del Jurado era como “espada de Damocles”. El Tribunal anuló la resolución de Bonzi solo por presión del fiscal general Rubén Candia Amarilla, del Jurado de Enjuiciamiento y de poderosos políticos y empresarios.
9- Alertamos a los periodistas que el programa de criminalización y la injerencia política en el Poder Judicial también afectó a un colega de Radio Yuty, César Ferreira. Este fue absuelto de un juicio por difamación y calumnia instaurada por el político colorado Benjamín Adaro Monzón. La Cámara de Apelaciones de Caazapá anuló el fallo solo por presión de este seccionalero. Ferreira fue querellado por leer una información aparecida en ABC Color.
10- Denunciamos que esta política de criminalización ha estigmatizado la zona norte como “cuna del EPP”. Por esta razón, las organizaciones de izquierda y los grupos que luchan por un pedazo de tierra son considerados sospechosos de ser terroristas tanto por el gobierno como por la Fiscalía. Por ello la gente teme expresar su opinión sobre el tema y hacer denuncias contra sojeros contaminadores y ganaderos depredadores de bosques.
11- Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEHUPY, como institución que con valentía y firmeza defiende y lucha por la vigencia de las garantías democráticas establecidas en la Constitución Nacional. Nuestra solidaridad y apoyo también es extensiva a las abogadas y a los abogados de la entidad.
12-Llamamos, finalmente, a todas las organizaciones sindicales, campesinas, barriales y populares, a las organizaciones indígenas, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones políticas a conformar un gran frente que luche contra la impunidad y contra la consolidación de un Estado terrorista en nuestro país.
(*) Este comunicado fue aprobado por la Comisión Directiva luego de realizar una plenaria en el local del gremio y de haber participado en el panel debate sobre “criminalización y terrorismo de Estado”, realizado en la Manzana de la Rivera el 8 de setiembre.
Comisión Directiva – SPP
Vicente Páez
Secretario General
16-09-2011
Para más información sobre el caso del juez Gustavo Bonzi en:
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