SPP repudia criminalización de sindicatos por parte de ABC Color y la censura sobre ley de APP

La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay se dirige a la opinión pública para repudiar la censura que ha sido impuesta por la mayoría de las patronales de los medios de comunicación con relación a la ley de acuerdo público-privado. Esta ley, sancionada el 28 de octubre, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de junio del corriente sin llamar a audiencia pública. Los medios, entre ellos ABC Color, dicen que la población está bien informada sin embargo nunca aclararon el alcance de la ley, que otorga en concesión los bienes y servicios del Estado. Un ejemplo de censura constituye el artículo  titulado "Alianza Público Privada: mucho peor que Gramont Berres", que el Ingeniero Ricardo Canese remitió al diario.

El SPP también rechaza la criminalización de sindicatos, que rechazan la ley, por parte del diario dirigido por Aldo Zuccolillo (foto). Este reconoce en editorial que la ley puede ser usada a discreción (sin límites) por el presidente Horacio Cartes. Por eso le recomienda prudencia o “sana razón” a la hora de implementar la norma. Ver editorial: "El presidente Cartes no recibió un cheque en blanco". La comisión directiva recomienda a asociados a usar las redes sociales para romper la censura. 

Al respecto la Comisión Directiva señala:

Artículo de Canese censurado por ABC Color: Ley de APP, mucho peor que caso Gramont Berres

El ingeniero Ricardo Canese, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasu (foto), entregó a la comisión directiva del SPP un artículo que había remitido al diario ABC Color el 3 de octubre. La nota lleva como título: “Acuerdo Público-Privado: mucho peor que Gramont Berres”. Canese suele obtener espacio en el diario en temas que interesan al director del diario, Aldo Zuccolillo, y que es de vital importancia para la ciudadanía. Tal es el caso del plan de acuerdo con Río Tinto. El empresario está en contra de la multinacional, pero apoya la ley de APP. Por eso el diario no publicó el artículo.
A continuación el material censurado:

Ley habilita a Cartes cubrir déficits y pérdidas de los socios del Estado en Acuerdo Público-Privado

El proyecto de ley que fue sancionado ayer por la Cámara de Diputados habilita al Poder Ejecutivo cubrir los déficits y pérdidas de los “socios” privados del Estado en proyectos de construcción de obras y de concesión de empresas de Estado. El artículo 4, distribución de compromisos, riesgos y beneficios, dice: “los contratos de participación pública-privada deberán establecer en forma expresa, para situaciones especificas y acordadas, los riesgos, compromisos y beneficios que asumen respectivamente el Estado y el participante privado”.

Sin embargo, el artículo 11, fondo fiduciario de garantía y liquidez para contratos de participación público-privada, establece claramente que el Estado asumirá los riesgos de los proyectos encarados. La ley determina que se crea un fondo fiduciario, a cargo de la Agencia Financiera de Desarrollo, que servirá para “garantía y liquidez para cumplir con las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y contingentes cuantificables a que se podría obligar el Estado y de los costos que le corresponden por la resolución de controversias...”.

El inciso “F” determina que, “en los casos en que el Fondo no pueda responder por la totalidad de los PASIVOS, el Ministerio de Hacienda implementará los mecanismos legales y administrativos pertinentes para cada caso”. Es decir, el Estado cubrirá las pérdidas y déficit del emprendimiento privado. La ley dice que el fideicomiso se adecuará a la Ley 921/96, de negocios fiduciarios.

FONACIDE y secreto de Estado

Congreso otorga a Cartes poderes inconstitucionales para dar en concesión empresas públicas

PRESIDENTE OBTIENE UNA "LEY HABILITANTE" COMO EL CHAVISMO

La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de “promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado” (más conocida como de Acuerdo Público-Privado). El proyecto, que se remitirá al Poder Ejecutivo, fue aprobado por los senadores el 26 de setiembre de 2013. La normativa otorga superpoderes a Horacio Cartes para dar en concesión servicios públicos y bienes del Estado. Es una propuesta legislativa similar a las “leyes habilitantes” que había conseguido el finado presidente Hugo Chávez y que su sucesor, Nicolás Maduro, también conseguirá para combatir la corrupción. 

Los partidarios de Cartes (colorados y liberales) y la prensa derechista habían criticado los poderes extraordinarios que consiguió Chávez (ver ABC Color). Sin embargo, nada dijeron sobre el proyecto de ley que otorga a Cartes facultades similares a la del gobierno chavista.

La diferencia entre la legislación bolivariana y la paraguaya es que la Constitución de Venezuela autoriza a la Asamblea Nacional (Congreso) y al Poder Ejecutivo a usar este mecanismo por tiempo limitado. La Carta Magna de Paraguay no permite que Cartes administre las empresas del estado y los bienes públicos como si fuera un holding de su familia. Sin embargo, el presidente Cartes administrará fondos estatales como dinero privado en el plan de concesiones.

Los artículos 112, DEL DOMINIO DEL ESTADO y 202, DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO, de la Constitución de la República “Soberana” de Paraguay establecen claramente que las concesiones de bienes del Estado estarán a cargo del Poder Legislativo (caso por caso y no en forma genérica como la ley de acuerdo público-privado). 

El Congreso paraguayo utilizó un eufemismo (Acuerdo Público-Privado en vez de Concesión) para eludir la Constitución y así otorgar a Cartes poderes especiales por tiempo ilimitado o hasta que remate las principales empresas del Estado, entre ellas ANDE, Copaco e Industria Nacional del Cemento.