ABC Digital y Vanguardia "levantaron" información de supuesto fraude después de recibir una crítica

Dr. Rubén Bastos recibió merecido reconocimiento 

En el salón auditorio del Centro Cultural de la República se realizó ayer, a las 19:00, el acto de entrega de la distinción del Congreso al Dr. Rubén Bastos Salmena por su importante labor de investigación en el campo de la traumatología. La entrega del reconocimiento estuvo a cargo del titular del Congreso nacional, Dr. Carlos Filizzola, quien tuvo conceptos elogiosos para su colega.

Entidades médicas tratan el caso del Dr. Bastos 

La Sociedad Paraguaya de Ortopedia y Traumatología (SPOT) y el Círculo Paraguayo de Médicos estudian el caso del Dr. Rubén Bastos, quien dijo haber recibido un premio de la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatológica (SICOT), que es desconocida por ésta, hasta el punto de afirmar a través de directivos que es una farsa y nunca entregó premio alguno al médico paraguayo.

La SICOT ratifica que nunca entregó galardón alguno al Dr. Rubén Bastos 

La directora ejecutiva de la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatológica (SICOT, sigla en francés), Christiane Mariotte, ratificó a ABC Color -desde Bélgica- que nunca entregaron premio alguno al Dr. Rubén Bastos Salmena. La SICOT explicó lo mismo a la Sociedad Paraguaya de Ortopedia y Traumatología. El Dr. Bastos se mostró sorprendido y ratificó que recibió el premio en Francia, en julio pasado.

Círculo de médicos expulsó al Dr. Bastos

El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) expulsó ayer al doctor Rubén Bastos, a raíz de "preocupantes informes que comprometían muy seriamente la capacidad del nombrado para ejercer la profesión médica con la dignidad y solvencia moral requeridas".

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ABC Digital y Diario Vanguardia

Radio Libertad cierra programa y Diputados sigue con su afán de apoyar a las verdaderas piratas

Víctor Hugo Vera Cantero (izq.) junto a Pedro Benítez Aldana, Secre- tario General del SPP, durante una audiencia en el Ministerio del Interior en noviembre de 2009 luego del ataque de policías a Radio Libertad.

El periodista Víctor Hugo Vera Cantero, de San Ignacio Misiones, es la nueva víctima del sistema perverso y corrupto de usufructo del espectro radioeléctrico que la Cámara de Diputados pretende fortalecer con una "Ley Mordaza". El mismo denunció al Sindicato de Periodistas del Paraguay que los directores de la Radio Libertad FM 96.3 de esta ciudad, entre ellos Miguel Romero, le habían comunicado que su programa “Noticias y Algo Más”, cuyo espacio era rentado por el colega, ya no saldrá al aire, lo que es un hecho consumado desde la semana pasada.

Hay que recordar que la mayoría de las radios comerciales, de acuerdo a una encuesta hecha por el SPP en octubre de 2008, no paga el seguro social obligatorio del Instituto de Previsión Social, no está registrado como patronales en el Ministerio de Justicia y Trabajo y, por supuesto, evade abiertamente el Código Laboral.

Este modelo de explotación del espectro es la que siguen apoyando los dueños de medios a través de las Asociaciones y los legisladores. En Diputados continúa en estudio la modificación de la Ley 642/95, de Telecomunicaciones, para supuestamente combatir las radios ilegales (que no tienen licencia de CONATEL). Sin embargo, el SPP sostiene que las verdaderas piratas son la mayoría de las radios comerciales porque violan las normas laborales y sociales y el derecho a la libertad de expresión y prensa.

Abuso de poder por motivos políticos

El caso de Vera Cantero se suma al de Juan Pío Balbuena, ex periodista de Radio Corpus de Ciudad del Este. El programa de Balbuena, que se emitía los jueves de 14:00 a 15:00, quedó clausurado porque el dueño de la emisora, Orlando Valdez, llegó a un “acuerdo comercial” con Javier Zacarías Irún, que apoya la corriente interna del Partido Colorado que lidera el ex vicepresidente de la República Luis Castiglioni.

El “acuerdo comercial” incluía, según relató Balbuena, que las “críticas” formuladas contra Zacarías Irún o a su grupo político, “debían ser equilibradas y no atacar mucho” a este sector del Partido Colorado.

Por su parte, el periodista Osvaldo Brítez fue presionado por el dueño de Radio Corpus para que no siga criticando irregularidades que se estarían cometiendo en la comuna local, cuya intendenta es Sandra Macleod de Zacarías. El colega renunció antes que aceptar un ofrecimiento de sueldo extra de la Intendencia, según denunció. La compañera Florinda Vega había sido despedida de Radio Magníficat FM porque no aceptó ser “Jefa de Campaña” del ex Gobernador del Alto Paraná, Jotvino Urunaga.

Vera Cantero denunció al SPP que el motivo del cierre de su programa, que se había caracterizado por ser abierto a todas las tendencias políticos y sociales, sería por motivos políticos. El caso es que la candidata a la Intendencia, elegida en los comicios del Partido Colorado del domingo pasado, es Mirena Salas de Ruiz, quien habría transferido a sus hijos sus acciones de la Radio Libertad. La misma habría influenciado para que los demás candidatos no tengan espacio en la emisora.

El periodista dijo que los dirigentes colorados Pedro Ángel Rodríguez y Edgar Américo Martínez pidieron un presupuesto a la emisora para tener un espacio durante la campaña electoral por las municipales. Sin embargo, la dirección de la radio pasó un presupuesto muy alto para que no tengan posibilidades de pagar y así cerrarles el acceso al medio. "Así como queda dicho: ni pagando, Radio Libertad aceptó que voces diferentes pudieran decir lo suyo o algo distinto, exceptuando de hecho la línea periodística de Noticias y Algo Más…”, reza parte de la nota de Vera Cantero dirigida al SPP y a varios colegas que le habían apoyado en esta difícil situación personal.

Vera Cantero aseguró en reunión de prensa de que no estaba adeudando a Radio Libertad por el espacio periodístico, tal como se había comentado en San Ignacio. “Lamentablemente (y reiteradamente) esta radioemisora levanta espacios o programas porque no son del agrado de sus propietarios o amigos. Sucede que hoy, gracias a este proceso de consolidación democrática que vivimos todos los paraguayos, la voluntad omnímoda o capricho caudillista no amilanan las ansias de expresión y la emancipación en ciernes de la postergada mayoría del pueblo. Hasta hace pocos años, mezquinos y oscuros intereses del autoritarismo caudillista hacían valer lo suyo por la amenaza y el miedo. Hoy, los paraguayos estamos aprendiendo a no tener miedo y a expresar solidaridad con el perseguido, conscientes que únicamente la libertad nos hará libres”, señaló el periodista.

(*) Ver informe sobre derecho a la libertad de expresión preparado por el SPP para el informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay de 2009. El informe habla sobre la necesidad de establecer políticas públicas para garantizar la pluralidad de voces.

Trabajo del Consejo de Delegados será vital para impulsar actividad gremial del SPP

Parte de la reunión de periodistas que se realizó en el nuevo local del SPP, sito en Oliva y O'Leary. Julio Benegas (der.), fue elegido pre- sidente del Consejo de Delegados.

Una de las funciones y deberes del Consejo de Delegados del Sindicato de Periodistas del Paraguay es la “promover el relevamiento de los problemas relacionados con el ejercicio profesional en los medios de comunicación, los que fueran expuestos por la Comisión Directiva, o por un asociado, presentando las propuestas a la instancia ejecutiva”. Así señala el inciso b) del artículo 62 del Estatuto del SPP.

En este sentido, la Comisión Directiva presidida por el colega Pedro Benítez Aldana está dando un impulso para que los delegados de los distintos medios trabajen para encarar los problemas laborales de los asociados. La reunión de delegados realizada el 15 del corriente mostró que existe inquietud entre asociados con relación a la labor sindical del SPP.

Benítez Aldana dijo en la ocasión que una de las principales actividades que la Comisión Directiva quiere encarar con el Consejo de Delegados es realizar un relevamiento de la situación laboral en los medios de comunicación. El objetivo es aunar esfuerzos a fin de exigir el cumplimiento del contrato colectivo firmado por el SPP con ABC Color, Ultima Hora, La Nación y Crónica, Diario Popular y Radio Ñandutí.

Además de ello, otro gran objetivo es impulsar el estudio para la modificación del contrato colectivo de los medios escritos. También está pendiente la posibilidad de encarar una campaña para mejorar las condiciones de trabajo y nivel salarial, a través de la firma de un contrato colectivo, de los trabajadores de prensa de los canales de televisión y de las demás radios comerciales.

Consejo de Delegados eligió autoridades

Luego de varios años, el Consejo de Delegados volvió a elegir sus autoridades, durante una reunión realizada el 15 de julio en el local del gremio, sito en Oliva casi O'Leary de Asunción. Con la presencia de 12 delegados de diferentes medios de comunicación, los asociados eligieron a las autoridades de esta instancia gremial, en virtud al artículo 68 del Estatuto del SPP.

Los delegados eligieron a Julio Benegas, periodista del diario ABC Color, como presidente del Consejo; Roberto Antonio Irrazábal, del diario Ultima Hora, como vicepresidente; Andrea Morínigo y Noelia Adriana Ferreira del diario La Nación-Crónica, como secretaria de actas y secretaria suplente, respectivamente.

En la reunión estuvieron presentes miembros de la comisión directiva, encabezada por Pedro Benítez Aldana, Secretario General; Osvaldo Zayas, Secretario General Adjunto; Carlos Cabrera, Secretario de Relaciones y Actas; Vicente Páez, Secretario de Finanzas; Mariela González, Secretaria de Educación y Prensa; Zulema Alcaraz, Secretaria de Derechos Humanos y Sindicales y Dionisio Arce Jara, Secretario de Interior.

Por otro lado, la Comisión Directiva planteó al Consejo de Delegados, la posibilidad de realizar en dos o tres meses un congreso nacional de periodistas en Encarnación (Itapúa). Sobre el punto, Pedro Benítez informó que ya inició contactos con la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, cuyas autoridades acogieron muy bien el planteamiento. Solo faltaría presentar el proyecto para buscar el financiamiento.

El Consejo de Delegados fijó para el lunes 26 del corriente, a las 19:30 hs., su próxima reunión. En esa oportunidad los compañeros deberán presentar un relevamiento de la situación laboral de cada medio de comunicación.

Sindicato muestra la incoherencia de Lilian Soto en su campaña de jornada laboral de ocho horas

La ministra Lilian Soto, Fernando Lugo y el ministro de Hacienda, Dionisio Borda.

“Con el afán de justificar la flagrante e histórica violación de los derechos adquiridos de la jornada laboral de 6 horas de los trabajadores del Estado, perpetrado por el gobierno del presidente Lugo (en contubernio con los partidos tradicionales representados en el Parlamento), la Ministra de la Función Pública, Lilian Soto, una vez más miente ante la ciudadanía”, señala un comunicado de la Mesa Coordinadora Sindical.

“Con bombos y platillos, Lilian Soto informó el jueves último que: ..” el Gobierno pagará una compensación a los funcionarios que trabajarán ocho horas y que fueron nombrados estando en vigencia la Ley 200/70. (Diario ABC- 16/07/10). Sin embargo, en la misma publicación periodística se puede notar que no existirá tal compensación. En su declaración, la misma ministra sostiene “que las reprogramaciones o ampliaciones presupuestarias se destinarán para que los funcionarios públicos ganen el salario mínimo legal”, según el gremio que aglutina al sector privado y público.

El 8 de julio, la Cámara de Diputados había acepado el veto del Poder Ejecutivo de la Ley 4003, promulgada el 20 de mayo pasado. La norma modificó el artículo 59 de la Ley 1626/00, de la Función Pública, para ajustar legalmente la jornada laboral del sector a una realidad que lleva décadas: la mayoría de los funcionarios aún trabaja seis horas por día de lunes a viernes.

Reconocimiento de Borda y notable manipulación

El titular del Ministerio de Hacienda, Dionisio Borda, también habló sobre el tema. El diario ABC publica el 16 del corriente la información bajo el título: “Proponen que se implementen las 8 horas en forma gradual”. Borda “considera que la implementación de las 8 horas de trabajo en el sector público debe hacerse de manera gradual, teniendo en cuenta el impacto que tendrá en las finanzas”, según el diario (ver nota).

Soto había asegurado en varios comunicados que los funcionarios públicos no tienen “derechos adquiridos”, ya que para ellos y ellas no rige el “derecho laboral”, sino el “derecho administrativo”. “El fundamento de los derechos adquiridos no cabe en este debate…”, señalaba la ministra “socialista”, pese a la clara redacción del artículo 102 de la Constitución Nacional, que dice:

“Los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos”.

De las declaraciones tanto de Borda como de Soto se deducen que la Mesa Coordinadora Sindical tiene razón y que nunca el gobierno debió haber planteado la anulación de las seis horas laborales. La campaña de la ministra contra los funcionarios se basó en una notable manipulación de la Constitución y de las leyes laborales.

A continuación otra parte del comunicado de la Mesa:

¿Qué pasa con los miles de funcionarios que fueron nombrados estando en vigencia la Ley 200/70, y que ganan más del salario mínimo?

¿Qué pasa con los miles de funcionarios que entraron a trabajar ya con la vigencia de la Ley 1.626, pero que usufructuaron la jornada de 6 horas por varios años, ¡ejerciendo! de esta forma su derecho?

¿Cómo interpretan, Lugo y la Ministra, lo que sostiene el propio dictamen del Ejecutivo de que “los derechos adquiridos son derechos ejercidos”?

Le recordamos a la señora Soto que la palabra “compensación” significa: “pago que se abona para reparar un daño o perjuicio” y en Derecho significa: “modo de extinguir deudas entre personas que son acreedoras y deudoras...”

Con el AUMENTO ARBITRARIO de la carga horaria, el gobierno no sólo viola un derecho fundamental de los trabajadores, como es el derecho adquirido, sino que se convierte en “Deudor” de los trabajadores en un 33,33% de sus salarios.

Mesa Coordinadora organiza huelga para forzar al gobierno a negociar contrato colectivo estatal

Funcionarios públicos que se congregaron frente al Parlamento Nacional el 8 de julio pasado. Gran decepción causó a los mismos la acepción del veto de la Ley 4003/10.

Los dirigentes de la Mesa Coordinadora Sindical, que aglutina 40 sindicatos estatales y privados, resolvieron organizar una huelga general, dentro de un plazo de dos meses, para forzar al gobierno de Fernando Lugo a negociar un contrato colectivo para el sector estatal. Uno de los puntos que exigirán los gremios será el respeto por el derecho adquirido de las seis horas laborales de lunes a viernes (un privilegio que tiene décadas de vigencia y que no tiene el sector privado).

La reunión donde se lanzó esta campaña se hizo el 10 de corriente en el local de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Hacienda de Lambaré. Estuvieron también delegados de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud y de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE-CNT).

La Mesa dice lo siguiente sobre las razones de la huelga:

2. Que, teniendo en cuenta que la ley establece que no se puede presumir la gratuidad del trabajo y considerando que hay 33% de aumento en la carga horaria del trabajo, exigir 33% de aumento salarial.

3. Agregar un pliego de reivindicaciones de los derechos más sentidos.

4. Impulsar la organización de un Congreso Unitario, en el cual de acuerdo a las condiciones, se vote llevar adelante la huelga general.

5. Conectar la huelga general a las reivindicaciones relacionadas al Presupuesto General de Gastos de la Nación 2011.

6. Exigir la aplicación del IRP y el impuesto a la exportación de la soja y la carne.

7. Impulsar una campaña de escraches.

8.En el marco de este proceso apresurar el proceso de la constitución de la nueva central de trabajadores del Paraguay impulsado por la MCS.

9. Impulsar en forma organizada y centralizada la presentación masiva de los recursos de inconstitucionalidad para presentar a la justicia.

10. Preparar el proyecto de una nueva ley de la función pública que contemple un mejoramiento estructural del funcionamiento estado así como el mejoramiento sustancial de las condiciones laborales y económicas del funcionario público.

11. Derogación de la ley 2345 e implementación de una nueva ley de seguridad social que dignifique a los trabajadores del Estado.

12. Gestionar la denuncia a los Organismos Internacionales, como la OIT, sobre las flagrantes violaciones contra los derechos del funcionario público y la clase obrera en su conjunto.

13. Exigir al Poder Ejecutivo, la firma de un Contrato Colectivo marco, en el que se contemple, el respeto del derecho adquirido de las 6 horas, o de lo contrario la compensación del 33% del salario, para lo cual impulsaremos movilizaciones y otros mecanismos de presión.

14.Acordar y fijar una fecha para la movilización, en un plazo no mayor a 15 días.

Julio López, uno de los dirigentes de la Mesa Coordinadora Sindical, encabezó la manifestación de funcionarios frente al Parlamento Nacional el 8 de julio de 2010, ocasión en que los diputados aceptaron el veto de la Ley 4003/10.