La ministra Lilian Soto, Fernando Lugo y el ministro de Hacienda, Dionisio Borda.
“Con el afán de justificar la flagrante e histórica violación de los derechos adquiridos de la jornada laboral de 6 horas de los trabajadores del Estado, perpetrado por el gobierno del presidente Lugo (en contubernio con los partidos tradicionales representados en el Parlamento), la Ministra de la Función Pública, Lilian Soto, una vez más miente ante la ciudadanía”, señala un comunicado de la Mesa Coordinadora Sindical.
“Con bombos y platillos, Lilian Soto informó el jueves último que: ..” el Gobierno pagará una compensación a los funcionarios que trabajarán ocho horas y que fueron nombrados estando en vigencia la Ley 200/70. (Diario ABC- 16/07/10). Sin embargo, en la misma publicación periodística se puede notar que no existirá tal compensación. En su declaración, la misma ministra sostiene “que las reprogramaciones o ampliaciones presupuestarias se destinarán para que los funcionarios públicos ganen el salario mínimo legal”, según el gremio que aglutina al sector privado y público.
El 8 de julio, la Cámara de Diputados había acepado el veto del Poder Ejecutivo de la Ley 4003, promulgada el 20 de mayo pasado. La norma modificó el artículo 59 de la Ley 1626/00, de la Función Pública, para ajustar legalmente la jornada laboral del sector a una realidad que lleva décadas: la mayoría de los funcionarios aún trabaja seis horas por día de lunes a viernes.
Reconocimiento de Borda y notable manipulación
El titular del Ministerio de Hacienda, Dionisio Borda, también habló sobre el tema. El diario ABC publica el 16 del corriente la información bajo el título: “Proponen que se implementen las 8 horas en forma gradual”. Borda “considera que la implementación de las 8 horas de trabajo en el sector público debe hacerse de manera gradual, teniendo en cuenta el impacto que tendrá en las finanzas”, según el diario (ver nota).
Soto había asegurado en varios comunicados que los funcionarios públicos no tienen “derechos adquiridos”, ya que para ellos y ellas no rige el “derecho laboral”, sino el “derecho administrativo”. “El fundamento de los derechos adquiridos no cabe en este debate…”, señalaba la ministra “socialista”, pese a la clara redacción del artículo 102 de la Constitución Nacional, que dice:
“Los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos”.
De las declaraciones tanto de Borda como de Soto se deducen que la Mesa Coordinadora Sindical tiene razón y que nunca el gobierno debió haber planteado la anulación de las seis horas laborales. La campaña de la ministra contra los funcionarios se basó en una notable manipulación de la Constitución y de las leyes laborales.
A continuación otra parte del comunicado de la Mesa:
¿Qué pasa con los miles de funcionarios que fueron nombrados estando en vigencia la Ley 200/70, y que ganan más del salario mínimo?
¿Qué pasa con los miles de funcionarios que entraron a trabajar ya con la vigencia de la Ley 1.626, pero que usufructuaron la jornada de 6 horas por varios años, ¡ejerciendo! de esta forma su derecho?
¿Cómo interpretan, Lugo y la Ministra, lo que sostiene el propio dictamen del Ejecutivo de que “los derechos adquiridos son derechos ejercidos”?
Le recordamos a la señora Soto que la palabra “compensación” significa: “pago que se abona para reparar un daño o perjuicio” y en Derecho significa: “modo de extinguir deudas entre personas que son acreedoras y deudoras...”
Con el AUMENTO ARBITRARIO de la carga horaria, el gobierno no sólo viola un derecho fundamental de los trabajadores, como es el derecho adquirido, sino que se convierte en “Deudor” de los trabajadores en un 33,33% de sus salarios.
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