SPP pidió se impute por lesión grave a agresores de periodista, pero fiscala dijo que no sería posible

Dionisio Arce Jara (izq. y de pie), Osvaldo Zayas, Alberto Núñez y Pedro Benítez con la fiscala Lilian Ruiz en Santani.

(San Estanislao) Miembros de la comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay exigieron a la fiscala Lilian Ruiz, coordinadora fiscal del Departamento de San Pedro, no dejar impune la grave agresión que sufrió Alberto Núñez Barreto, corresponsal del diario La Nación en Capiibary.

La delegación del SPP que visitó ayer Santani estuvo encabezada por Pedro Benítez Aldana, secretario general; Osvaldo Zayas, secretario general adjunto, y Dionisio Arce Jara, secretario del interior.

Los compañeros pidieron a Ruiz para que supervise el trabajo de la fiscala Nimia de Jesús Avalos de Capiibary, ya que los asociados esperan que los responsables sean imputados por lesión grave. Sin embargo, la primera opinó que sería difícil sostener este criterio porque el informe del médico forense señala que las heridas que había sufrido nuestro colega no arriesgaron su vida.

Núñez Barreto había sido agredido con golpes de patada y puño en la noche del 1 de enero por un grupo de jóvenes alcoholizados que estaba farreando por la llegada del año nuevo en una estación de servicio. El colega llegó hasta el sitio, detrás de efectivos policiales, para cubrir una pelea entre jóvenes, según una denuncia.
El informe del Dr. Freddy Brítez, médico forense de Capiibary, dice sobre la situación del periodista: 1)examen físico: pequeña herida superficial sobre el arco superior derecho, traumatismo a nivel de la nariz, traumatismo a nivel de la boca con rotura de tres dientes superiores; 2) dictamen médico forense: la lesión sufrida por el citado paciente no pudo en peligro su vida, la lesión no lo reducirá considerablemente en el uso de su cuerpo ni de sus sentidos, en su fuerza síquica o intelectual ni en su capacidad laboral, no causó enfermedad grave ni afligente.


Fiscala recomienda realizar acción privada

En la reunión con la fiscala Ruíz, que se realizó por la mañana en su oficina, estuvieron también periodistas de Santani, entre ellos Sergio Escobar Rober, de ABC Color; Damacio Silva, de Radio Ñasaidy de esta ciudad; Orlando Benítez, de Radio Uno y Popular de Asunción; Adan Rojas y Edgar Julio Amarilla, de Radio Ciudad de Santani y Roberto Troche, del Canal Telefuturo.

La fiscala enfatizó a los asociados que, viendo el parte médico, sería difícil que la fiscala Avalos impute por lesión grave a los implicados en la golpiza (artículo 112 de la Ley 1.160/97, Código Penal, prevé prisión de hasta diez años). Ante la insistencia de los periodistas, que tomaron el caso como grave, Ruíz dijo que no puede involucrarse en el trabajo de investigación de su colega, ya que cada fiscal es independiente en su accionar, según reglamento de la Fiscalía General del Estado.

No obstante, recomendó a Núñez Barreto accionar en forma privada contra los patoteros, según el artículo 111 del Código Penal (lesión), que remite al 110 para determinar la persecución penal a “instancia de la víctima”. El periodista, luego de obtener la condena de los denunciados, puede pedir indemnización por daños, según esta ley.

El corresponsal de La Nación identificó a sus agresores, entre ellos: Omar Encina, hijo del concejal de Capiibary Aparicio Encina; Manuel Ortiz, primo del primero; Alcides Marmori, funcionario de la Justicia Electoral, y Mario Manuel Cáceres, director de tránsito de la comuna local. La denuncia también implica en el hecho a Rolo Martínez, Wilson Rivas, un tal Paredes, Claudio Osorio, maderero.

Los dos primeros dijeron a la fiscala Avalos que no participaron de ninguna golpiza que afectó a Núñez Barreto. Sin embargo, el colega se ratificó ante la representante del Ministerio Público sobre su versión y los implicados en el hecho. En la noche del 1 de enero, un grupo de personas agredió al corresponsal porque éste comenzó a sacar fotos de quienes minutos antes habían participado de una pelea con golpes de puño, según denuncias.

En esta foto: Oscar Escumbartti (izq.), Orlando Benítez, Edgar Julio Amarilla, Dionisio Arce Jara y Osvaldo Zayas, periodistas que asis- tieron a la reunión con la fiscala Lilian Ruiz.

Comentario relacionado: Corresponsales explotados

Corresponsales explotados

Por Pedro Benítez Aldana (*)

¿Quién o quiénes son los explotados?,se preguntarán. No son periodistas de renombre, ni columnistas a quienes se les considera “estrellas” o que están en las redacciones de los más grandes dia- rios del país, conductores de programas radiales y/o televisivos. Son correspon- sales de los medios comunicación en el interior del país, de alcance nacional, con fuerte influencia en la formación de opiniones de la ciudadanía.
Estos compañeros, a riesgo de sus vidas en muchas coberturas, son pési- mamente contraprestados por las empresas que, supuestamente, les tienen contratados. En la realidad estos medios les hacen realizar actividades en un ambiente de miseria, sin respetar, mínimamente, sus derechos de trabajador. Conste que el producto periodístico es, se puede considerar, de primer nivel, por la trascendencia que suele tener en el ámbito, político, económico, social, etc. Del país. Muchas coberturas son tapa de diarios, principales titulares de los noticieros televisivos y radioemisoras.

Los corresponsales de varias empresas periodísticas -con algunas excepciones, porque no decirlos, contado con un dedo de la mano, sí cumplen con sus trabajadores- viven en la precariedad económica más reprochable. Las empresas dan la imagen de ser supuestas defensoras de los derechos de la ciudadanía o que supuestamente son el contrapoder, pero cuando se mira en su patio ni el más mínimo de esos derechos garantizados, constitucionalmente, son respetados para los de su casa. 
Estos corresponsales, que sepa la ciudadanía y muchos compañeros de nuestro gremio, no ganan el salario mínimo, no tienen seguro social y mucho menos seguro de vida, que en tal caso sería un lujo.
Pero la cuestión no se queda allí. La situación empeora más aún cuando se menciona la recompensa económica por su trabajo. Reciben pagos por publicaciones o por material, que van desde 20, 30 hasta 50 mil guaraníes, si tienen suerte. Por ejemplo, si un diario publica su material con foto le paga 50 mil guaraníes. Si es mediano (de tamaño) 30 mil guaraníes o de lo contrario, solamente 20 mil guaraníes. Conste, que en casi todas las ocasiones debe recorrer hasta 100 y más kilómetros para realizar su cobertura y generar la información.
¿Uds. creen que muchos de ellos tienen viáticos o se le reembolsa sus gastos de pasaje, combustible, etc.? Ni en el año verde. Al contrario, se les llama desde Asunción y se les exige que vaya a unos 100 o 200 km. para realizar una cobertura riesgosa, en muchos casos. A veces no tienen ni para su pasaje y el que le pide ni idea tiene de la distancia que debe recorrer desde donde tiene que partir hasta el lugar del evento. Y hasta se le establece horario para enviar su material.
Y para que sepan más. Los nombres de estos compañeros deben ser publicados porque de lo contrario no se le abona por el material enviado, porque el administrador necesita “pruebas” para emitir las órdenes de pago.
Otra cosa, que no se sabe y que alguna vez debemos de contar con todas las letras. Estos compañeros son obligados a trasladarse desde cientos de kilómetros para gestionar sus cobros. Si tienen suerte logran cobrar un millón de guaraníes. Muchas veces vuelven a sus casas con las manos vacías porque la empresa no les abona por cualquier cuento. ¿Quién le devuelve sus gastos?. Nadie. Se jodieron.
Hay más, en algunos casos se les llama para “sugerirle” un determinado sentido u otro a su material. En otros casos, se les “consulta” si estaría de acuerdo que se le quite o agregue algo como desea la empresa. Esto es porque el corresponsal firma su material. Si es así se carga él con la responsabilidad. Como consecuencia viene la represalia del sector/es afectado/s (son intimados notarialmente para que ratifique o rectifique). Algunos compañeros se plantan ante esta exigencia y solicitan se quite sus nombres del material periodístico. Entonces el material (el mismo) ya tiene un destino incierto.
Estos hechos reales suscitados en el interior del país y que marcan a cuerpo entero la verdadera hacha de muchos medios de comunicación, considerados de élite. Es solo la imagen que ve la ciudadanía, porque por detrás está la falta total de respeto hacia los humildes trabajadores, tan igual o más derechos que los demás beneficiados con el cumplimiento de las leyes laborales.
No existe otra alternativa más que ir acumulando datos, hechos y pruebas para que, llegado el momento, el gremio que nuclea a los periodistas y comunicadores sociales pueda presentar denuncia formal ante los organismos del estado. A este efecto, los actuales directivos han comenzado a recoger las denuncias.
Sepan también que muchos de nosotros figuramos en la “lista negra” para no ser recibidos en los grandes medios periodísticos, precisamente, por este tipo de actividad que busca la reivindicación laboral de los compañeros. Si esto es el precio que debemos pagar, lo hemos pagado y lo seguiremos pagando, porque nuestra convicción es mucho más grande que una represalia similar.

(*) Secretario General del SPP

Tema relacionado: SPP pidió a Fiscalía se impute por lesión grave a agresores de periodista de Capiibary

Ministerio sumaria a policías que no impidieron que una patota agrediera a periodista de La Nación

Coco Arce (izq.), Pedro Benítez Aldana, el viceministro Carmelo Caballero, y Dionisio Arce Jara, en el Ministerio del Interior.

Miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Periodista del Paraguay se entrevistaron en la tarde del lunes con el viceministro del Ministerio del Interior, abogado Carmelo Caballero, para solicitar la investigación de la denuncia realizada por Alberto Núñez Barreto, corresponsal del diario La Nación en Capiibary (San Pedro), contra policías que no lo auxiliaron cuando era agredido con golpes de puño y patadas por varias personas en estado de ebriedad.

Estuvieron en la oficina del viceministro Pedro Benítez Aldana, secretario general del SPP; Coco Arce, secretario de organización, y Dionisio Arce Jara, secretario del interior. El viceministro informó que, en la mañana de ese día, el comisario general José Visitación Giménez, comandante interino de la Policía Nacional, ya ordenó un sumario administrativo contra el suboficial mayor Rubén Darío Quintana y el suboficial 2o. Juan Carlos López García. 
Caballero informó que la intención de este sumario no es solo una medida de mero trámite formal para acallar la inquietud del gremio periodístico, como lo hacían autoridades de gobiernos anteriores. Manifestó que el objetivo es hacer operativo el Departamento de Justicia Policial y de Asuntos Internos, cuyas funciones son investigar a policías que cometen faltas administrativas o de indisciplina.
Núñez Barreto informó que cerca de la media noche del 1 de enero fue a cubrir una denuncia de pelea entre personas que estaban festejando el año nuevo en una estación de servicio. Los citados policías también acudieron al lugar y ni siquiera se bajaron de la patrullera y, cuando el periodista fue agredido luego de tomar algunas fotos, los uniformados no hicieron nada para auxiliarlo.
Así señala la denuncia del colega, quien identificó a sus agresores, entre ellos: Omar Encina, hijo del concejal de Capiibary Aparicio Encina; Manuel Ortiz, primo del primero; Alcides Marmori, funcionario de la Justicia Electoral, y Mario Manuel Cáceres, director de tránsito de la comuna local. La denuncia también implica en el hecho a Rolo Martínez, Wilson Rivas, un tal Paredes, Claudio Osorio, maderero.
Núñez Barreto perdió tres dientes, sufrió cortes y hematomas en el rostro (ceja y nariz) y acusó golpes de patadas en la clavícula (hombro) y el estómago, según el parte médico. El periodista sospecha que el trasfondo de la agresión sería los antecedentes de denuncias periodísticas que había realizado contra el concejal Encina, quien estaría vendiendo carbón en forma ilegal, y contra policías de la Comisaría 17 de Capiibary, quienes habían requisado en forma irregular vehículos sin documentos.

Sindicato pedirá imputación de agresores 

La Comisión Directiva del SPP pedirá a la fiscala Nimia Avalos la imputación de los jóvenes denunciados por Núñez Barreto, ya que la agresión sufrida por el colega es grave, por lo que el hecho no puede quedar como una anécdota en la ajetreada agenda periodística de los corresponsales de diarios. Los colegas trabajan sin tener garantías de seguridad porque la policía no es fiable. Además, los compañeros no tienen seguro de vida ni seguro social del IPS. La falta de pago de un salario piso es también otro problema grave que afecta a colegas de varios medios del interior del país, ya que muchos trabajan a destajo en las radios o cobran por notas publicadas por los diarios.

Jóvenes negaron ante Fiscalía que hayan agredido al corresponsal

Jóvenes negaron ante Fiscalía que hayan agredido al corresponsal de La Nación en Capiibary

Omar Encina (izq), hijo el concejal de Capiibary Aparicio Encina, y Manuel Ortiz, primo del primero (foto tomada por Alberto Núñez).

La fiscala Nimia Avalos de Capiibary (San Pedro) tomó esta mañana declaración a dos de los ocho involucrados en la agresión que había sufrido el periodista Alberto Núñez Barreto, corresponsal del diario La Nación. El colega informó hoy a la comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay que tanto Omar Encina como su primo Manuel Ortíz negaron haber participado de la golpiza en la noche del 1 de enero.

Los denunciados por Núñez Barreto manifestaron a la fiscala que ni siquiera vieron al comunicador esa noche en la estación de servicios donde se había producido una gresca entre varias personas. Policías acudieron al lugar, luego de una denuncia que habían recibido y detrás de ellos estuvo el colega para cubrir el hecho.
El periodista de La Nación denunció al SPP que la fiscala lo echó de la sede de la Fiscalía General de Capiibary cuando Encina y Ortíz entraron al local para prestar declaración. El colega señaló que la Avalos le dijo que es mejor que se retirara para evitar otro incidente con los jóvenes.
La representante del Ministerio Público tampoco quiso que tomara fotos a los denunciados, pero Núñez Barreto logró realizar algunas tomas y una de ellas es la que publicamos en nuestra página web y en este nuestro blog.

Delegación del SPP estará en San Estanislao

Pedro Benítez Aldana, secretario general del SPP; Osvaldo Zayas, secretario general adjunto, y Dionisio Arce Jara, secretario del Interior, estarán mañana en San Estanislao para entrevistarse con la delegada de la Fiscalía General de la zona, fiscala Lilian Ruiz. Los miembros de nuestro gremio pedirán a la representante del Ministerio la imputación de los involucrados en la brutal golpiza que había sufrido Núñez Barreto.
La ocasión también servirá para pedir a la Fiscalía seguridad para los periodistas de distintos medios, ya que el Departamento de San Pedro es una de las zonas más conflictivas del país, junto al de Concepción, cuna de los hasta ahora terroristas “fantasma” del grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Los periodistas están permanentemente detrás de la primicia del secuestro del ganadero Fidel Zavala y de otros temas conflictivos y peligrosos, como lo son los allanamientos para la aprehensión de delincuentes comunes y desalojos de tierras invadidas por campesinos hambreados y empobrecidos por sucesivos gobiernos colorados desde hace 50 años.

Mesa Nacional de Medios Comunitarios apoya a la Conatel sobre publicidad en radios alternativas

Alicia Stumpfs (izq.), Mirian Candia y Rubén Ayala, junto a Milciades Aquino y Felipe Sosa, durante la reunión de prensa realizada en Decidamos.

Los miembros de la Mesa Nacional de Medios Comunitarios realizaron en la mañana de hoy una reunión de prensa para dar a conocer la posición de directivos de radios comunitarias del Paraguay con relación a la resolución 1.218 del 3 de diciembre de 2009 emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Rubén Ayala, integrante del grupo, leyó un comunicado en donde está sentado el parecer de los medios comunitarios. Manifestó que “las recientes modificaciones del reglamento de radiodifusión de pequeña y mediana cobertura están ajustadas a la Ley 642/95 (de Telecomunicaciones) y responde a una de las tantas demandas históricas de las radios comunitarias. Sostenemos que este proceso debe continuar para que la reglamentación se adecue a parámetros mínimos de democracia y para promover la propiedad colectiva de los medios, que hoy siguen concentradas en pocas manos”.

En la reunión estuvieron también Alicia Stumpfs, de Itapúa, Milciades Aquino, de Central, y representantes de radios de Asunción, entre ellos Felipe Sosa, Mirian Candia, Armando Monzón, de la Casa de la Juventud; Víctor Pereira, Radio Rebelde; Arnaldo Vallejos, radio Marangatu de Tablada Nueva.

Rechazan versión de radios y visión de ABC Color

Los miembros de las organizaciones de radios comunitarias agrupadas en la Mesa Nacional dijeron que ordenar el espectro radioeléctrico debe ser prioridad para CONATEL. Señalaron que “estas nuevas medidas deben respetar el derecho a informar y a estar informados, deben fomentar la formación ciudadana, impedir monopolios, manipulaciones y oligopolios y garantizar la recuperación de la palabra, la memoria y la cultura”.

“Las radios comunitarias son sin fines de lucro, pero deben ser sostenibles y tener las condiciones para un funcionamiento adecuado y de calidad. Deben acceder a una fuente diversa de recursos económicos, incluida la publicidad, y reinvertirlos en el servicio, hecho que indica claramente su carácter no lucrativo. La totalidad de los recursos que obtengan las entidades que brindan el servicio de radio comunitaria son invertidos en el funcionamiento y en mejoras en la prestación del mismo”, señala el comunicado.

Ayala dijo que las radios comunitarias jamás pueden ser competencia para las radios comerciales, tal como dicen algunos propietarios que habían pedido al Tribunal de Cuentas la anulación de la resolu- ción 1.218/09. Insistió que las radios alternativas no buscan el lucro, pero sí necesitan de ingresos genuinos.

Ayala fue preguntado sobre su opinión con relación al editorial del diario ABC Color de ayer, donde se acusa al gobierno de Fernando Lugo de buscar “convertir a las radios comunitarias en instrumento para propaganda ideológica”. Manifestó que la posición del diario, con relación al apoyo financiero del gobierno con dinero de las binacionales, es una visión equivocada de la tarea gubernamental en materia de comunicación social. El vocero de la Mesa Nacional dijo que, si el editorial tiene razón, se puede decir que las radios comerciales que recibían subsidio de Itaipú y Yacyreta y de otras entida- des del Estado apoyaron los sucesivos gobiernos colorados.

Mirian Candia también defendió el derecho que tiene la radios comunitarias a realizar publicidad de casas comerciales en los barrios o áreas donde tiene su influencia o hasta dónde pueden llegar sus emisiones.

Manifestó que una despensa o un minimercado tienen derecho a realizar publicidad, pero no tienen posibilidades en radios comerciales grandes. La resolución de CONATEL ahora posibilita a pequeños comerciantes a realizar publicidad en radios alternativas.

Sindicato lanzó campaña por un "trabajo digno"

Zulema Alcaraz, Coco Arce, Pedro Benítez y abogado Filemón Delvalle, director del Trabajo, durante la presentación de la campaña "Trabajo Digno".

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) lanzó la campaña “Por un Trabajo Digno, para que Unidos Hagamos Futuro”. Es un programa de difusión de los derechos laborales y sindicales de los periodistas y comunicadores sociales contemplados en la Constitución Nacional, los Convenios Internacionales, el Código Laboral y el Contrato Colectivo de Trabajo firmado por el SPP tanto con Radio Ñanduti así como con la Asociación de Entidades Periodísticas del Paraguay (Editorial Azeta S.A., Editorial El País S.A., Multimedia S.A. y Editorial y Gráfica Intersudamericana S.A.).

El acto se había realizado el 18 de setiembre de 2009 en el local de nuestro gremio situado en Herrera casi Estados Unidos de Asunción. El proyecto está inspirado en acuerdos firmados por nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales contemplan las aspiraciones de la gente en su vida laboral, oportunidades e ingresos, estabilidad familiar y desarrollo personal, justicia e igualdad de género.
En el lanzamiento de la campaña estuvieron asociados del SPP y miembros de la Comisión Directiva, presidida por Pedro Benítez Aldana, y funcionarios del Instituto de Previsión Social, entre ellos el ex diputado y hoy secretario general del IPS, Juan Manuel del Puerto; el jefe de la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP), Bruno Martínez; el jefe del Departamento de Control de Aportes, Carlos Ojeda y la encargada del área de Capacitación de AOP, Ana Valdéz. El abogado Filemón Delvalle, director del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo también participó del acto.
Los trabajadores de prensa están sufriendo, desde hace varios años, el impacto negativo del deterioro laboral debido a la crisis económica (cierre de medios, reducción de personal y congelamiento de salarios) y la violación sistemática e impune de derechos laborales. La Comisión Directiva del SPP, junto con los delegados sindicales de los medios, impulsará también acciones concretas en contra de las patronales que violan el Código Laboral y la Ley 98/92, carta orgánica del IPS. Ejemplos de esta tarea, en la que está inmersa cotidianamente el gremio, se puede ver en los casos de acoso sindical en Radio Ñanduti y la violación de derechos laborales en las radios Hechizo, de Caazapá, y Guairá, de Villarrica.

¿Por qué surge este trabajo? 

El SPP, con el apoyo de la AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), había realizado en octubre del 2008 una encuesta sobre “Derechos Laborales de los Periodistas y Trabajadores Sociales. Este trabajo formó parte de un informe latinoamericano que se dio a conocer en Lima (Perú) el 23 de junio de 2009. En este documento se reflejan datos realmente lamentables, como ser que casi el 90 por ciento de las empresas no aportan el seguro social obligatorio del Instituto de Previsión Social.

Esta investigación también permitió conocer que el 58,3 por ciento de los encuestados dijeron que sus trabajos fueron censurados. Los trabajadores de prensa igualmente fueron consultados sobre la autocensura y los motivos. El 39,1 por ciento cayeron en este error y algunos dijeron que lo hicieron por miedo al despido, otros para mantener la fuente de información. Un grupo confesaron que lo hicieron por no desagradar a los anunciantes y otros por una determinada orientación política. Llamativamente los que ganan menos del salario mínimo legal alcanzan el 33 por ciento.

Visite la web del SPP en: www.sindicatodeperiodistas.org.py

Bilingüismo paraguayo, resultado de la convivencia antagónica de dos culturas

(*)  Por Zulema Alcaraz

Motivada por el interés demostrado por varias participantes del encuentro inter- nacional de género que se realizó recien- temente en nuestro país, organizado por la Federación Internacional de Periodistas y El Sindicato de Periodistas del Para- guay, quise referirme sobre el llamado bilingüismo en el paraguayo.
A muchas compañeras provenientes de países latinoamericanos, participantes del referido encuentro, les llamó la atención el uso casi generalizado de la lengua nativa por lo que se mostraron interesadas en las causas de este fenómeno, teniendo en cuenta que no se da lo mismo en otros países de la región, donde los idiomas nativos se encuentran encapsulados en las poblaciones autóctonas.

Para explicar el uso extendido del idioma guaraní en el Paraguay debemos referirnos a varios hechos históricos y sociales que determinaron el bilingüismo paraguayo.
En la época de la conquista de América, Paraguay había quedado relegado en cuanto al flujo de migrantes españoles, debido al interés por la tierra de los metales preciosos, “El tosí”, ubicado en el Alto Perú. Los españoles llegaban por el Río de la Plata y usaban Paraguay como punto de partida para emprender su marcha hacia la fuente de riqueza. Más adelante, con la creación de nuevos virreinatos, la Provincia del Paraguay pierde su litoral atlántico y como resultado queda la provincia de Buenos Aires como centro del flujo de inmigrantes españoles. Estos acontecimientos hacen que el uso del idioma nativo, además del español, permanezca como idioma de comunicación entre criollos y mestizos.

Otro hecho social, crucial para la permanencia del uso del idioma, es la unión de españoles e indias, cuyos hijos e hijas quedaban a cargo de sus madres, quienes le trasmitían el idioma nativo. Los niños entraban en contacto con el idioma español recién en la etapa escolar, cuyas clases eran impartidas en español.

Asimismo, los misioneros, utilizan el guaraní para evangelizar a los indígenas. Primeramente los franciscanos y luego los Jesuitas, aprenden el guaraní para imponer la religión. En 1624 un sacerdote jesuita, el padre Antonio Ruiz de Montoya produce el primer diccionario y gramática guaraní. Durante la etapa de la conquista los españoles aprenden el guaraní y utilizan indistintamente ambos idiomas para comunicarse.

Posteriormente, ya en la época de la independencia, el Dr. Francia, que gobierna durante 40 años el país, mantiene una política de aislamiento a causa de la intención de los países vecinos como Argentina, Uruguay y Brasil de anexar a sus territorios el Paraguay.

Esta situación determina la poca influencia foránea de otros países, donde el español es un idioma de uso más extendido. Asimismo, Francia también homogeniza el nivel económico de la población, entiéndase que los indios y mestizos pertenecían a la clase social más humilde, por lo tanto, el uso del idioma se da sin mayores conflictos.

Durante el gobierno de Francisco Solano López, el país soporta una cruenta guerra la “Guerra de la Triple Alianza” (1865-1870) librada

contra Brasil, Argentina y Uruguay. Este hecho histórico remarca aún más el uso del guaraní. Tal es así, que durante el mismo se publican los primeros periódicos, con páginas escritos en Guaraní. De esa manera el idioma guaraní se convierte en un símbolo, evocando a los guaraníes guerreros, tenaces, luchando contra el enemigo.

Otra guerra enfrenta al Paraguay, esta vez contra la hermana Bolivia. Intereses ajenos estos pueblos hacen que estos países se enfrenten en una contienda que se conoce como la “Guerra del Chaco”. La misma se inicia en 1932 y se extiende hasta 1935.

Ante este hecho, la figura del aguerrido guaraní resurge nuevamente en la sangre del paraguayo en defensa de su territorio. Estos acontecimientos históricos la guerra, la lucha heroica de los guaraníes en defensa no sólo de sus tierras sino de su cultura, su manera de ver el mundo, en armonía con la naturaleza, arrasados y reducidos a un estado de semi esclavitud, fueron evocados en como algo idílico, romántico, motivo de inspiración para no pocos poemas.

Más adelante, el idioma guaraní en vez de desaparecer acrecienta su importancia. En la época del presidente Strossner, de una marcada política nacionalista, su enseñanza es obligatoria a nivel secundario y luego durante el régimen de otros presidentes, la obligatoriedad se extiende a nivel primario.

También es importante aclarar, que en el Paraguay existen otros idiomas nativos aparte del guaraní, cuyo uso no son tan extendidos. En todo el territorio Paraguayo existen actualmente diecisiete pueblos indígenas, de los cuales cinco pertenecen al tronco lingüístico guaraní.

No obstante, existe un sentimiento ambivalente hacia el idioma: por un lado es motivo de orgullo, y por otro de menoscabo.

En general estas son las causas por las que nuestro idioma nativo, el guaraní se mantiene vivo más allá de los pueblos indígenas. Podría hacerse un análisis más exhaustivo del tema, pero como no soy especialista me he remitido a exponer por los menos, las razones históricas y que muchos autores señalan como determinantes para el fenómeno del bilingüismo paraguayo.

 

Referencia Bibliográfica: Sociedad y Lengua: Bilingüismo en el Paraguay. Grazziella Corvalán y Germán de Granada, compiladores.

(*) Secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Periodistas del Paraguay

El plan golpista tiene olor a tierra

(*)  Por Julio Benegas

El golpe jurídico que proyectan los partidos funcionales a la vieja oligar- quía terrateniente en el Congreso tiene un fuerte olor a proteger la concentración de la tierra en manos de unos pocos.. Las molestias que el actual gobierno genera a la patria latifundista es el móvil principal del proyecto destituyente contra Lugo.

El senador Alfredo Jaeggli puso el punto sobre la íes. “En menos de seis meses hay que sacar al presidente Fernando Lugo, antes de que las organizaciones sociales se fortalezcan”, decía anunciando el plan. Existe, es real, pero Lugo no lo quiere entender, nos dijo el senador liberal Blas Llano para esta nota, sobre un plan destituyente de Fernando Lugo. 

Jaeggli le quiere cobrar facturas a la nueva administración. El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Efraín Alegre, su correligionario, frenó un contrato de la administración de Nicanor Duarte Frutos con su hijo, de comprarle unas tierras. Son unas 1.592 hectáreas por G. 5.962 millones (1.300.00 dólares), cuya propiedad está entredicho y es reivindicada por una comunidad indígena. Desde ese momento, entró en histeria. Predica por los cuatro vientos la necesidad de parar “la penetración del socialismo del Siglo XXI en el país”.  Ya en el congreso de liberales en Villarica, el año pasado, dijo que a Fernando Lugo habría que echarlo a patadas si no gobierna bien (entiéndase, sino gobierno de acuerdo a sus intereses de grupo.

El secuestro del ganadero Fidel Zavala creó el escenario más propicio para avanzar en dicha dirección. En este secuestro dijeron que el entorno de Fernando Lugo ampara a una línea de la gente que supuestamente tiene al ganadero: un grupo hasta ahora fantasma: el Ejército del Pueblo Paraguayo. La vinculación supuesta del gobierno con los grupos que lo tienen al ganadero fue la matriz más importante de la campaña. Volvió a recrudecer la sempiterna campaña contra los sectores sociales organizados, sus dirigentes de base, todos “peligrosos desestabilizadores del orden”.

Es importante acá traer un retazo de un documento interno que mandó redactar la Fiscalía General el año pasado y que el diario ABC Color recordó en la edición del domingo 15 de noviembre.

“El desborde social (en el Norte) puso también en evidencia el extremo abandono de las familias campesinas, desprovistas de todo tipo de apoyo de los organismos del Estado y al arbitrio de empresas agroganaderas con sistema de producción “ecocidiarias” (que mata a la ecología o medioambiente), a todas luces ilegales y de fuerte impacto nocivo en la salud y el bienestar de la población campesina”. A este cuadro social, el documento de la Fiscalía, no oficial u oficializado, describe que en la región dominan “la venalidad de la policía, políticos y poderosos sectores económicos, responsables y de alguna forma involucrados con los intereses en juego”.

A pocos días del secuestro de Zavala, Lino Oviedo convocó a una conferencia de prensa en la que exigió la renuncia del presidente Fernando Lugo, del que dijo era inútil para garantizar la “seguridad ciudadana”. Y amenazó con el juicio político “en el momento oportuno”. Un poco después, el presidente de Patria Querida, Pedro Fadul, se sumaba a la propuesta de juicio político por lo que el presidente Lugo dijo en el Bañado Sur, donde describió un cuadro de situación que fue rápidamente interpretado como una incitación a la lucha de clases. El periodista Marcos Cáceres sostiene que un epílogo fatal del caso Zavala aumentará extraordinariamente el nivel de presión sobre el gobierno y servirá de plataforma ideal para recrear la idea de un juicio, hacer sumas y restas. Un hombre al que Cáceres, cronista de muchos años en la Cámara de Senadores, conoce muy bien es Calé Galaverna. Calé, lúcido, que ha enhebrado los hilos del poder desde su condición de “arandu ka'aty”, salió de sus cuarteles de invierno para catapultarse de nuevo como el más conspicuo conspirador.

En este período, Lugo decidió cambiar a comandantes de fuerzas militares, declarando que aún existían bolsones golpistas entre los militares. Ante esta situación ABC Color, en su edición del domingo 15 de noviembre, instigó a los militares a “denunciar las arbitrariedades de su comandante en jefe”, cuestión que el Espacio Unitario Popular, capítulo San Pedro, utilizara como elemento para sostener el plan golpista e incluir en esta trama a Aldo Zucolillo.

Hay que deshacerse de Fernando Lugo a cómo dé lugar en menos de seis meses. Esta es la idea que propaga un sector de la derecha reaccionaria. Por qué este apuro. Qué es lo que pasa que les tiene tan histéricos. Si no se lo hace en seis meses, las organizaciones sociales tendrían mayor fuerza y ya sería más difícil, responde inercialmente Jaeggli.

El que actúa de brazo intelectual de este plan es el liberal Gonzalo Quintana. Advierte a los sojeros, a los ejecutivos de empresas, a los latifundistas en general, que se viene el Socialismo del Siglo XXI (algo así como el tifus y la malaria juntos según sus consideraciones). Explica a quienes quieran escuchar su “paranoica exposición” (él mismo se adjudicó el mote). Una parte importante de este plan es cortar toda posibilidad de financiamiento de organizaciones sociales. Es así cómo, desde el Parlamento, en el marco de este plan, se recortó el presupuesto para el próximo año del Indert, encargado de la distribución de tierras; de la Secretaría de Emergencia Nacional y de la Secretaría de Acción Social. En el caso de la Secretaría de Acción Social se llegó al colmo de cortar de un día para otro un subsidio a unas siete mil familias en extrema pobreza. Entre estas, mucha gente del campo, que en su mayoría conoce apenas el color del dinero, vive escasamente de su pobre producción agrícola,  en casas de madera o estaqueo, capii y barro. Este recorte, aprobado por el Senado, tuvo como líder a Jaeggli, que por cuatro años estuvo recibiendo subsidio del Estado para su Fundación Libertad, la misma que condena la intervención del Estado y los subsidios.

El plan está. Pero los números en el Parlamento para el juicio político todavía. Tanto los números como el desarrollo del plan dependen de algún grado de legitimación social. Un sondeo silencioso le habría dado al grupo de colorados pro juicio político un resultado magro para sus intereses: apenas el 17 %de la población estaría a favor de apoyar un juicio político. Ahora ya no se puede solo con los militares. Hay que contener a la gente y legitimar la destitución de un presidente desde una masa importante.

Federico Franco, el vicepresidente, es una pieza importante de este proyecto. Se había separado de Lugo desde el mismo momento en que su movimiento, al interior del PLRA, no fue tenido en cuenta a la hora del reparto de los cargos. Varios dirigentes liberales aseguran que antes de asumir este señor decía a su gente, apurada por los cargos, que se calmara, que Lugo no duraría seis meses en el gobierno. Haya existido o no aquella grabación del coronel Heriberto Galeano sobre esto, un síntoma importante de la ruptura entre presidente y vicepresidente habría que buscarlo en aquella reunión que -sin ser parte de la agenda del nuevo gobierno-, desarrolló Federico Franco con el presidente de Brasil, Inacio Lula Da Silva. El gobierno de Fernando Lugo había identificado que una nueva negociación con Brasil sobre Itaipú era trascendental para su propia estabilidad.

El grupo de parlamentarios del franquismo, que acompaña a colorados, patriaqueridistas y oviedistas casi todos las propuestas de bloqueos presupuestarios, es un grupo que a la hora de la decisión real será importante par sumar.

En líneas generales, un plan destituyente actualmente tendría los votos de dos de las bancadas coloradas de Diputados y el bloque de Unace. El franquismo está a la espera. Una nueva recomposición del gobierno podría favorecer sus pretensiones de cargos. Lino Oviedo, Nicanor Duarte y Pedro Fradul parecen apurados. Pero el líder colorado emergente, Luis Castiglioni, no quiere una descomposición del proceso político que  altere fundamentalmente sus aspiraciones, por demás muy posibles, de llegar a través de los votos a ocupar la presidencia de la República, en el 2013.

Las cosas no son tan fáciles.

El material de E’a del compañero Miguel Armoa sobre las tierras y la reforma agraria nos indican con seriedad cuál es el nudo central de esta historia: la tierra. Millones de tierras malhabidas, explotadas “ecocidariamente”, estarían siendo discutidas administrativamente (sin intervención judicial). Les molesta. Hay que parar a cómo de lugar que la organización campesina crezca y que sus brazos políticos, de izquierda principalmente, crezcan.

La derecha paraguaya es incapaz de aceptar siquiera un nuevo catastro de tierra, advirtió el editorial del diario uruguayo La República, del sábado 14 de noviembre. En un país con una concentración del 85,6% de las tierras cultivables en manos del 2,6% de los propietarios de fincas es muy explicable este cerco preventivo al gobierno de Fernando Lugo y la imaginación de un golpe de timón en caso de que avance, aún tímidamente, la discusión sobre la propiedad latifundista.

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(*) Periodista de ABC Color y ex secretario general del SPP

Artículo publicado por E'A, periódico de análisis

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Policía luguista utilizó el “submarino seco” y solo faltó usar la pileta del otrora temible Pastor Coronel

Abogado de político colorado dijo que la sentencia de jueza Elsa García es arbitraria y "traída de los pelos"

Marciano Godoy, sale del Palacio de Justicia luego de conocer la sentencia judicial de la jueza Elsa García, quien valoró el trabajo de Rosendo Duarte.

Víctor Benítez Rodas, abogado del poderoso político colorado Marciano Godoy, de Salto del Guairá, aseguró en el Palacio de Justicia que la sentencia de la jueza Elsa García, del 29 de diciembre de 2009, es totalmente arbitraria porque no valoró objetivamente las pruebas que había presentado su cliente en el marco de la querella por injuria, difamación y calumnia contra el periodista de ABC Color Rosendo Duarte.

El abogado aseguró que Duarte, en sucesivas publicaciones como corresponsal del diario en Salto del Guairá (entre los años 2004 y 2006), nunca ha probado las informaciones contra Godoy, en el sentido de que supuestamente es un “capomafioso” y que es un contrabandista y ligado al tráfico de drogas.
Benítez Rodas criticó también la exclusión del expediente del delito de injuria, dispuesta por la jueza por una cuestión de error de procedimiento o formal de los abogados querellantes. El profesional informó que su cliente había presentado la acción judicial contra Duarte incluyendo los tres tipos penales, pero que al otorgar poder a sus representantes omitió el de la injuria. Explicó que este error se salvó en la presentación bajo patrocinio de abogado, por lo que dijo que la magistrada hizo una “interpretación absurda y traída de los pelos” de las normas procesales.

Benítez Rodas, quien asesora a Godoy junto con al abogado Aurelio Brítez, aseguró que en los escritos de Duarte no se cometieron “delitos de la prensa, sino a través de prensa”, ya que el periodista supuestamente ha injuriado al seccionalero con expresiones como “capomafioso” y “padrino de la frontera”.

La jueza dijo que el mismo Godoy había reconocido al diario Ultima Hora (18 de agosto de 2005) que tiene fama de ser un capomafioso, por lo que el periodista fue exculpado por haber hecho esta calificación. García dijo que el trabajo de investigación de Duarte no tuvo otro sentido que el de informar a la gente sobre hechos de interés público, por lo que no hubo malicia en las denuncias publicadas por el diario ABC Color.

Abogados apelarán resolución judicial

La jueza impuso las costas en el orden causado, ya que el seccionalero tenía un interés legítimo en presentarse ante los tribunales para defender su derecho al honor, supuestamente conculcados tanto por ABC Color y Duarte. La magistrada entregará a las partes la copia de la sentencia el jueves 31, por lo que así el periodista tendrá mucho más motivos para festejar con alegría la llegada de un año nuevo.

La contraparte, por su parte, no está feliz, por ello Benítez Rodas dijo que apelarán en segunda instancia la resolución de la jueza García. Aseguró que su cliente había probado en el expediente que el periodista de ABC Color había cometido delitos de injuria, difamación y calumnia porque gran parte de las acusaciones hechas contra Godoy solo estaba en la mente del colega.

Enfatizó que su cliente no tiene antecedentes judiciales, por lo que un periodista no puede impunemente cometer delitos a través de un medio, so pretexto de que es un hombre público.

Jueza absuelve a periodista de ABC Color

Jueza absuelve a periodista de ABC Color porque asegura que no lesionó derecho de seccionalero

Pedro Benítez Aldana (izq.), secretario general del SPP, Rosendo Duarte y Juan Pio Balbuena, director de semanario Primera Plana de Ciudad del Este, en el Palacio de Justicia.

La jueza Elsa García aseguró en su sentencia del 29 de diciembre de 2009 que el periodista de ABC Color, Rosendo Duarte, queda absuelto de todo reproche legal porque no lesionó los derechos constitucionales del político colorado Marciano Godoy, quien había iniciado una acción judicial contra el colega el 15 de diciembre de 2006 .

El querellante, bajo patrocinio de los abogados Víctor Benítez Rodas y Aurelio Brítez, había solicitado a la justicia se condene al periodista a dos años de cárcel, una pena pecuniaria de 360 días multa y composición de 50 millones de guaraníes por la supuesta comisión de difamación, calumnia e injuria porque ha lesionado su honor y su imagen por medio de informaciones y opiniones publicadas por ABC Color.

La jueza aseguró que Duarte, corresponsal del diario en Salto del Guairá, ha demostrado en juicio que las informaciones publicadas que afectaron a Godoy son ciertas, por lo que no puede penalizar el trabajo de investigación que ha realizado el querellado sobre hechos de corrupción y tráfico de influencia en el que estuvo involucrado el ex presidente de la seccional de esa ciudad.

En una de las tantas publicaciones, el periodista informa que un delincuente asesinado en la zona, Luis Carlos Rando, era protegido de Godoy. La prueba de esta aseveración es la tarjeta personal encontrada por la policía en el bolsillo del occiso. La tarjeta personal de Godoy publicada por ABC dice: “El portador señor Luis Carlos Rando es mi personal. Ruego a los amigos no molestarle sin causa justificada”.

El periodista había informado que el querellante tenía un gran poder al amparo del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, por lo que podía inclusive presionar a las autoridades de Salto del Guairá para cambiar a policías que le molestaban en sus supuestos negocios ilícitos.

Una publicación del diario ABC Color, del 29 de abril de 2006 que lleva la firma de Duarte, destaca la denuncia del ex jefe policial Nº 1 del Km. 7 de la ruta a Salto del Guairá, subcomisario Luis María Almada. Este informó que había sido destituido de su cargo por presión de Godoy porque había decomisado 200 kilos de marihuana. La jueza García aseguró que en el expediente se demostró que el seccionalero tenía influencia política porque había reconocido al diario Ultima Hora, según una publicación anterior al caso denunciado por el querellado, que había “ordenado” a un jefe policial para que investigue otro hecho ilícito.

La jueza, quién tomó el caso luego de que el juez Wilfrido Peralta Argüello haya sido recusado por la defensa por haber preopinado, aseguró que el periodista Duarte había probado la verdad de las publicaciones.

García enfatizó la labor de los periodistas y el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Manifestó que las publicaciones de ABC que había analizado muestran que las denuncias de Duarte tenían “relevancia pública”, que es el primer requisito, junto con el de la veracidad, para que un periodista o medio tenga un permiso legal y constitucional para ventilar las acciones de una persona trascendente, como lo es Godoy en Salto de Guairá.

La jueza enfatizó que tres requisitos deben tener las informaciones para definir el concepto de interés público y para que el periodista pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión y prensa: 1) el medio de discusión en que se encuentra la información; 2) el carácter público o privado de la persona a que se refiere la información y 3; el contenido de la información. El querellado demostró que sus denuncias cumplían con estos requisitos básicos del derecho a la información, según García.

Vea mismo artículo en: www.sindicatodeperiodistas.org.py

SPP espera que el gobierno de Lugo no financie a radios que violan la ley laboral y el seguro social

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) espera que el gobierno de Fernando Lugo ya no financie a las radios comerciales que violan las leyes laborales y del seguro social obligatorio. Una encuesta del gremio ha demostrado que solo el 9,5 por ciento de los trabajadores consultados dijeron tener el seguro del Instituto de Previsión Social.

Los encuestadores tomaron datos de decenas de periodistas reporteros gráficos, editores, camarógrafos, correctores-editores de Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré, Areguá, Ciudad del Este, San Ignacio (Misiones), San Rosa, Trinidad, Pilar y Villarrica. El trabajo, que se realizó en octubre de 2008, permitió conocer la enorme “precarización laboral” en los medios periodísticos, en especial en las radios comerciales del interior del país.

De las 597 empresas periodísticas que figuran en diferentes listados oficiales y privados, sólo 134 de ellas están registradas como patronales en el IPS, lo que refleja la desastrosa situación laboral en que se desenvuelven las y los periodistas. Otro dato que surgió de la encuesta, y que llama poderosamente la atención, es que los 597 medios solo emplean a unos 3.000 periodistas en todo el país.

Para ilustrar esta situación recordamos la inspección realizada por miembros de la Comisión Directiva del SPP e inspectores de la Dirección del Trabajo, del Vice Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Una delegación visitó el 11 de agosto de 2009 las emisoras Radio Guairá de Villarrica y Radio Hechizo de Caazapá. Los inspectores de la institución estatal comprobaron que estas radios no estaban cumpliendo con las disposiciones laborales mínimas, ya que la mayoría de los trabajadores no gana el salario mínimo y no tiene seguro del Instituto de Previsión Social.

Ley especial para combatir ilegalidad

Debido a esta situación, la mayoría de los periodistas de radio, para alcanzar un ingreso digno, debe negociar con sus patrones a fin de obtener un espacio dentro de la programación de las radios.

El periodista busca auspiciantes, que generalmente son empresas comerciales ligadas con políticos locales o instituciones públicas (Itaipú y Yacyretá son las más generosas para solventar programas, seguidas por Municipios y Gobernaciones). Un porcentaje del costo de publicidad queda para el trabajador radial si es que no tiene capacidad para comprar un espacio dentro de la programación.

Por mandato de la asamblea ordinaria realizada del 26 de julio de 2009, la Comisión Directiva del SPP está preparando un proyecto de ley a ser presentado el próximo año en el Parlamento Nacional. Se trata de una norma que prohibirá al gobierno central, los entes descentralizados y empresas públicas, municipalidades y gobernaciones, la firma de contratos con empresas periodísticas que no están al día con el IPS o que violan las leyes laborales (salario mínimo). De esta manera, los rubros para publicidad estatal, en especial de Yacyretá e Itaipú, se gastarán solo en medios que cumplan las normas laborales.

Sindicato apoya la resolución de la Conatel sobre el financiamiento de las radios alternativas

La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) se dirige a los asociados y a la opinión pública para manifestar su posición con relación a la campaña que están realizando algunos medios escritos y, en especial, miembros de las cámaras y asociaciones de radios comerciales, en contra de la resolución 1.218 de CONATEL del 3 de diciembre de 2009 sobre legalización y financiamiento de radios comunitarias o alternativas. 
“Nuestro gremio sostiene que la CONATEL  no ha violado artículos de la Ley 642/95 porque la norma habla solo de radios alternativas sin fines de lucro y no hace referencia sobre la sustentabilidad económica para mantener la estructura técnica, administrativa y periodística de las radios. Es decir, no prohibe que tengan ingresos genuinos y legales para el logro de sus objetivos, ya que solo pone una barrera legal para evitar el lucro de los dirigentes o responsables (distribución de dividendos)”, señala parte de la nota que el SPP presentó el 31 de diciembre de 2009  a la institución estatal para hacer conocer su postura sobre este tema.

El Sindicato expresa su conformidad con relación al artículo 28 de la resolución 1.218/09 porque posibilita la implementación de programas de comunicación, por parte de la comunidad organizada, para terminar con el “monopolio de la verdad” de los propietarios de radios comerciales. La mayoría de los empresarios, políticos y periodistas que objeta esta resolución había sido beneficiada con una o más frecuencias, en forma irregular, por el gobierno dictatorial del general Alfredo Stroessner y por sucesivos gobiernos colorados corruptos de la “era democrática”, según la nota del SPP.
El sindicato también expresa su acuerdo con relación a la anulación de las exigencias contenidas en la resolución 898/02 sobre requisitos formales que deben cumplir los directivos para la legalización de sus medios, en especial con el excesivo “papeleo” o burocracia innecesaria (entre ellos, la exigencia de que no deben tener antecedentes penales y no adeudar al Estado). 
Nuestro gremio sostiene que solo existirán radios alternativas si las organizaciones, legalmente, pueden generar u obtener recursos económicos para sostener su estructura técnica, administrativa y periodística. Por otro lado, la resolución evitará que los directivos de radios reconocidas por CONATEL reciban aportes ilegales o en negro para sostener la estructura de sus medios. 

La norma es apenas un paso para que la gente pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión y prensa y a recibir “información veraz, responsable y ecuánime” (artículo 28 de la Constitución del Paraguay). Además, el pluralismo informativo enriquecerá las discusiones sobre temas de interés público, en especial sobre temas y casos que son censurados en las radios comerciales por intereses económicos o políticos. 
Modificación de ley de licencia de radios
El segundo paso que debe dar el Directorio de CONATEL, a mediano plazo, es la ampliación de la potencia instalada para las radios comunitarias y la asignación de franjas de frecuencias exclusivas para este sector, para las radios comerciales y radios del Estado, tal como se ha legislado en otros países de esta región, como Uruguay y Argentina. El SPP ya está embarcado, junto con otros gremios, al estudio de un proyecto de ley sobre este punto que será presentado al Parlamento Nacional el próximo año.
Además de ello, recordamos que socios del gremio, en plenaria del 7 de agosto de 2009, señalaron que el SPP debe solicitar al Parlamento Nacional, con miras a garantizar el derecho a la libertad de expresión, la modificación de la Ley 2478/2004, por la cual el Estado extendió a 14 años las licencias de medios cuyos propietarios fueron beneficiados por el dictador Alfredo Stroessner Matiauda.
El proyecto de ley fue presentado por el diputado Víctor Bogado, ex presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), y fue aprobado sin problemas por ambas cámaras del Congreso debido a presiones de los medios radiales y televisivos.

Director de Conatel asegura que resolución es legal y critica la campaña falaz de radios comerciales

El presidente de la CONATEL, Dr. Jorge Seall Sasiain, aseguró que la resolución 1.218/09, del 3 de diciembre, no viola la Ley 642/95, de Telecomunicaciones, y criticó la campaña que realiza ciertas radios comerciales porque se realiza sobre la base de argumentos falaces, como es la interpretación interesada de la expresión “sin fines de lucro” que está en el artículo 59 de esta ley, que define a las radios alternativas.
Manifestó que más de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG´s) reciben cada año millones de dólares mediante la ley de presupuesto de gastos del Estado. Además de ello, las mismas realizan paralelamente actividades para recaudar fondos a fin de cubrir sus gastos de funcionamiento u objetivos sociales. Sin embargo, nadie dice que lo hagan con fines comerciales, enfatizó el Dr. Seal.
Algunos propietarios de radios comerciales, que pidieron al Tribunal de Cuentas la anulación de la resolución 1.218/09, aseguran que las radios alternativas se convertirán en radios “con fines de lucro” si se les permite legalmente recibir publicidad estatal o de empresas, por lo que será competencia desleal debido a que no pagan impuestos.
El director de la CONATEL aseguró que esto es una falacia, ya que ni el Gobierno ni las empresas grandes retirarán su apoyo económico a las radios de gran audiencia para darlas a medios que solo tienen un alcance de cinco kilómetros. Enfatizó que la expresión “sin fines de lucro” no significa sin derecho a recibir fondos, en forma legal, del Estado o de terceros porque las radios alternativas deben cubrir el costo de mantenimiento de sus equipos.
“El hecho de que una organización sea sin fines de lucro, no significa que puedan realizar actividades para obtener dinero, siempre y cuando ese dinero se destine a la sostenibilidad de las radios y no para una actividad lucrativa o para el acrecentamiento de bienes o capital”.


La CONATEL solo emula a países vecinos


En un informe que recibió el Dr. Seall de un experto de radios alternativas, y que nos envió por email, señala que “la radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la obtención de licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad” (Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión; Relator Especial de ONU sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información, Amsterdam, 7 de diciembre de 2007). (1)
Seall dijo que la CONATEL solo ha emulado a los países sudamericanos que ya adoptaron medidas legales, por recomendación de la OEA, para permitir a las radios comunitarias a recibir publicidad estatal o de empresas privadas, como es el caso de la Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
Manifestó que la campaña de las radios comerciales da a entender que la Coca Cola, Nike, Mercedes Benz, Claro, Personal y otras multinacionales ya podrán financiar a las radios comunitarias que tienen su alcance en la zona del bañado sur o norte de Asunción.

Empresarios aseguran que la resolución de Conatel generará un "descalabro económico" en radios

El abogado Juan Carlos Cañiza Denis presentó el 29 de diciembre al Tribunal de Cuentas una acción contenciosa administrativa para pedir la anulación de la resolución 1.218/09 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) sobre legalización y financiación de radios alternativas.
“Esta resolución, aparte de violar también en forma grosera los derechos de igualdad y de libre competencia previstos en los artículos 46 y 107 de la Constitución Nacional, es capaz de generar igualmente un verdadero descalabro en toda la estructura económica que sostiene el funcionamiento de las radioemisoras y canales de televisión de todo el país”, según el abogado.
Esta aseveración es realmente llamativa y, hasta si se quiere, jocosa porque las radios comunitarias tienen solo un alcance de cinco kilómetros, por lo que nunca pueden ser una “competencia” para las radios comerciales. Sin embargo, otra cuestión es la interferencia de las frecuencias de medios habilitados legalmente. Este es otro asunto espinoso que debe resolver la CONATEL de acuerdo a su competencia establecida por la Ley 642/95.
La presentación la hizo en representación de Primero de Marzo AM, Radio Ñanduti, Radio Canal 100, Radio 1000 AM, Radio Conquistador FM, Radio FM MAS de Coronel Oviedo y Canal 13 (Teledifusora Paraguaya SA). Una parte del escrito del abogado señala que la modificación del artículo 28 de la CONATEL es un “acto nulo, ilegítimo y arbitrario por violar el artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece la prelación de las leyes en nuestra República, ya que como hemos señalado, dicho reglamento contraría lo dispuesto en la ley de Telecomunicaciones cuyo imperio debía respetar”.
“En efecto, en base a la modificación realizada, los prestadores de este servicio podrán emitir anuncios de entidades públicas y de otras fuentes que sean generados dentro de su área de cobertura. Vale decir que automáticamente, por una resolución de rango inferior de una ley de la Nación, el ente regulador ha convertido a los prestadores de este servicio (radios alternativas) en radios comerciales, ya que en aras de una supuesta necesidad de sustentabilidad económica, se les autoriza a tener fines comerciales, puesto con lo que perciban de la emisión de los anuncios de entidades públicas y privadas podrán sostener su operatividad”, según el escrito de Cañiza Denis.
Las empresas que se oponen a la resolución de CONATEL también critican la eliminación de exigencias burocráticas para legalizar las radios comunitarias. Señala que la institución ahora exige a los responsables de estos medios la presentación de fotocopias simples de sus documentos de identidad, lo que posibilita la entrega de “documentos fraguados”.


Seall dijo que resolución reducirá radios piratas


Además, las empresas están en contra de la eliminación de la exigencia de un certificado oficial de no tener antecedentes penales (ahora la CONATEL solo exige una declaración jurada), por lo que temen que personas con “frondosos antecedentes penales” sean directores de radios alternativas. Tampoco están de acuerdo con la eliminación de la exigencia de no tener “interdicción judicial” y de no adeudar impuestos al Estado.
El director de la CONATEL, Dr. Jorge Seall Sasiain, dijo en una entrevista para nuestra página web que la eliminación de estas exigencias posibilitará la reducción de radios piratas o que operan sin permiso de la entidad. Ello será así porque la enorme burocracia impuesta por gobiernos anteriores forzaba a muchas organizaciones vecinales a operar fuera de las normas, ya que el costo de la legalización es bastante caro. Los papeles que exigía la CONATEL, según artículos de la resolución 898/02, implicaba pagar costos administrativos de instituciones públicas u honorarios profesionales (tasas judiciales, honorario de escribanos y abogados).