Sindicato espera que fiscala de Capiibary impute a policías por "omisión de auxilio" a periodista

El suboficial mayor Rubén Darío Quintana aparece en el volante de la patrullera frente a una estación de servicio de Capiibary. Esta foto fue tomada por Alberto Núñez minutos antes de ser agredido.

La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay espera que la fiscala Nimia Avalos impute por “omisión de auxilio” a los policías que no evitaron la agresión que sufrió el corresponsal del diario La Nación en Capiibary, Alberto Núñez Barreto, en la noche del 1 de enero de este año.
Núñez Barreto había sido agredido con golpes de patada y puño por un grupo de jóvenes alcoholizados que estaba farreando por la llegada del año nuevo en una estación de servicio de Capiibary (San Pedro). El colega llegó hasta el sitio, detrás de efectivos policiales, para cubrir una pelea entre jóvenes, según la denuncia que había presentado ante la fiscala Avalos.

Una delegación de miembros del SPP estuvo el 6 de enero en San Estanislao para pedir a la fiscala Lilian Ruiz, coordinadora de la Fiscalía General de San Pedro, que controle el trabajo de investigación de Avalos, ya que la Comisión Directiva espera que los agresores sean imputados por lesión grave. Sin embargo, la primera dijo que sería difícil debido a que las lesiones que sufrió el periodista no son graves, según parte médico.

El SPP espera, en cambio, la imputación por omisión de auxilio, según el artículo 117 de la Ley 1.160/97 Código Penal, del suboficial mayor Rubén Darío Quintana y el suboficial 2o. Juan Carlos López García.

La ley dice sobre “omisión de auxilio: “1) El que no salvara a otro de la muerte o de una lesión considerable, pudiendo hacerlo sin riesgo personal, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa, cuando: 1. el omitente estuviera presente en el suceso; o 2. cuando se le hubiera pedido su intervención en forma directa y personal. 2) Cuando el omitente, por una conducta antijurídica anterior, haya contribuido a que se produjera el riesgo, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta dos años o multa”.

Foto prueba presencia de policías

Ruiz había dicho que Núñez Barreto debe probar con testigos la presencia de los citados policías en la estación de servicio de Capiibary, en el momento en que era agredido por los patoteros. El colega informó a la fiscala que tiene fotos para demostrar que los uniformados estaban en el local, ya que las había tomado minutos antes de que fuera agredido por Omar Encina, hijo del concejal de Capiibary Aparicio Encina; Manuel Ortiz, primo del primero; Alcides Marmori, funcionario de la Justicia Electoral, y Mario Manuel Cáceres, director de tránsito de la comuna local, según la denuncia.

Núñez Barreto había denunciado también ante la Fiscalía a los policías Quintana y López García, pero éstos aún no fueron llamados a declarar por la fiscala Avalos, lo cual preocupa a la Comisión Directiva del SPP.

La golpiza provocó al periodista una “pequeña herida superficial sobre el arco superior derecho, traumatismo a nivel de la nariz, traumatismo a nivel de la boca con rotura de tres dientes superiores”, según informe del médico forense de Capiibary, Dr. Freddy Brítez. Este aseguró a Avalos que la vida del denunciante no corrió peligro. Por esta razón, nuestro colega debe seguir el caso por cuenta propia o “a instancia de la víctima”, según artículo 111 del Código Penal.

Tema Relacionado: SPP pidió a Fiscalía se impute a agresores de periodista

Mussi señaló que los Zavala jugaron a dos puntas y que Fidel Zavala podría estar muerto

Por Dionisio Arce Jara (*)

El diputado oviedista Gustavo Mussi (foto) había asegurado que los Zavala jugaron a dos puntas en el proyecto de ley que congela bienes de secuestrados y sus familias. Así señaló el legislador en la sesión extraordinaria que se realizó el 29 de diciembre de 2009. Por su parte, la diputada socialista Desiree Masi, quien apoya el proyecto, aseguró a Radio Ñandutí el 12 de enero de 2010 que en aquella reunión su colega había dicho, para reforzar su argumento al rechazo del proyecto, que el secuestrado Fidel ya podría estar muerto en un túnel, tal como fue hallada Cecilia Cubas en febrero de 2005.La censura impuesta por las patronales de los medios, por un lado, y la autocensura de periodistas, por otro lado, impide a la mayoría de la gente conocer muchos detalles del secuestro de Fidel Zavala y los terroristas fantasma del Ejército del Pueblo Paraguayo.

El proyecto de ley fue archivado, luego de un intenso debate, porque los integrantes del Partido Colorado y de la Unión de Ciudadanos Eticos dejaron sin quorum la reunión, ya que no consiguieron el aplazamiento del estudio de este documento, que fue aprobado sin problemas por la Cámara de Senadores el 15 de diciembre de 2009.

Mussi fue uno de los que había cuestionado la utilidad del proyecto de ley preparado por el senador liberal Roberto Acevedo. El primero dijo que le parecía extraño que ningún legislador que le precedió en la palabra había recordado que, en la sesión secreta del 17 de diciembre de 2009, la familia del secuestrado Fidel había pedido a los diputados que sancione el proyecto aprobado por Senadores.

“Nadie se animó a decir que esto es un pedido de la familia Zavala, que quiere que salga esta ley para que ellos salgan a decir mañana que están en contra de esta ley y que le pidan a Lugo (Fernando) después para que vete”, señaló Mussi con vehemencia.

“Aquí se está buscando un responsable y, si no damos esta ley, por culpa de la Cámara de Diputados...señores no se le encuentra a Zavala. Y si nosotros damos esta ley, la familia Zavala nos va a salir a decir...nosotros hemos pedido que nadie se entremeta... y la Cámara de Diputados hizo el corralito para que nosotros no quitemos nuestra plata (del banco)”, según Mussi, quien hizo una predicción de cómo supuestamente se expresarían y reaccionarían los miembros de la familia del ganadero secuestrado el 15 de octubre de 2009, ya sea si se hubiera aprobado o no el proyecto de ley.

El diputado oviedista dijo que es muy fácil ver el juego de “dominó” y preguntó qué es lo que quiere hacer el gobierno de Lugo con los legisladores. El mismo contestó y aseguró que es “quitar esta ley, en donde nosotros le hacemos el corralito a los intereses de la familia Zavala, que están pidiendo a gritos que no nos involucremos, pero que había sido, bajo cuerdas, nos piden que nos involucremos”.

Especuló sobre un final no feliz

Mussi pidió a sus colegas que no aprueben el proyecto de ley porque, de lo contrario, la familia Zavala saldrá a decir que no pueden disponer de sus intereses porque tanto la Cámara de Diputados y de Senadores hicieron el “corralito” (nombre como se conoció en la Argentina a la restricción de retiro de dinero de bancos durante el gobierno de Fernando de la Rúa en el 2001).

El legislador siguió especulando y dijo que la opinión pública condenará a los legisladores como los “sinvergüenzas, que cobran millones de guaraníes, hoy no les dan posibilidad a la familia Zavala a negociar con los captores”.

Al finalizar su exposición, Mussi enfatizó con voz pausada, para que la prensa pueda tomar nota, de lo siguiente: “la familia Zavala nos había solicitado para que la ley salga, pero bajo cuerdas también nos dijeron que ellos iban a estar en contra de esta ley. Probablemente, de salir, van a pedir a Lugo para que lo rechace. Puede ocurrir dos cosas: Si veta, Lugo quedará como ídolo y nosotros como los mierdas. Y si no rechaza, entonces el gobierno y nosotros vamos a ser culpable de lo que creemos que ya ha ocurrido... y Dios quiera que nunca ocurra, señor presidente (Enrique Salyn Buzarquis)... y a buen entendedor, pocas palabras”.

-----------------

(*) Periodista de ABC Color y secretario de Interior del SPP

Escuche el audio de la sesión donde habló el diputado Gustavo Mussi y la exposición de la diputada Desiree Massi sobre el proyecto de la ley antisecuestro.


Tema Relacionado: Conferencia de Diego Zavala sobre donación de carne vacuna por "gentileza del EPP"

Contradictoria versión de Diego Zavala sobre la iniciativa de donación de carne a los pobres

Por Dionisio Arce Jara (*)

El ganadero Diego Zavala (foto), hermano del secuestrado Fidel, rea- lizó el lunes 11 de enero a las 18:00 una reunión de prensa para anun- ciar la inusual iniciativa de donar carne a decenas de pobres, su- puestamente por exigencia de los terroristas fantasma o pombero del Ejército del Pueblo Paraguayo. Los miembros de este “poderoso” ejér- cito hasta ahora solo existen en los discursos de fiscales, políticos y legisladores de todos los colores y en supuestas investigaciones de la prensa (las informaciones están elaboradas en gran parte mediante versiones anónimas de fiscales y policías).

La reunión se hizo de nuevo en el local de Radio Viva (90.1 FM). La paternidad de esta iniciativa quedó en duda para periodistas que asistieron a la reunión así como para oyentes de esta radio y de otras emisoras que transmitieron en directo el anuncio.Diego, al arrancar la segunda parte de su exposición, dijo que entregarán 30 animales vacunos faenados por “cortesía del EPP”. Sin embargo, cuando una periodista le dijo que con ello demuestra que tiene contacto con el grupo guerrillero fantasma, señaló: “no es un pedido del EPP, sino sencillamente es una entrega voluntaria que hace la familia Zavala”. El ganadero enfatizó que la donación de carne es una “entrega voluntaria” por “cortesía del EPP”.
Entonces, los periodistas preguntaron por qué dijo que la donación es por “cortesía del EPP”, si es que no tiene contacto con los supuestos guerrilleros. El ganadero respondió en forma tajante, pero contradictoria: “No, no...es una entrega que hace la familia Zavala, por cortesía del EPP”... Luego de esto dijo que las comunidades agraciadas con esta rara donación fueron elegidas al azar por los Zavala, que son barrio Chacarita de Asunción y las comunidades indígenas Boquerón y Redención de Concepción.

En la ocasión, primeramente Diego leyó un mensaje para Fernando Lugo y, en especial, para el socialista Rafael Filizzola, ministro del interior que a toda costa pretende hacer creer a la opinión pública que está tratando de encontrar a los pombero que asolan los depredados montes de Concepción.
El vocero de la familia Zavala rogó e imploró nuevamente al insensible gobierno para que termine el asedio de las supuestas tropas de élite en la zona del EPP. El mensaje era de esperarse, por lo que los periodistas suponían que la reunión era también para anunciar que Fidel aún sigue con vida.

Niega contacto con el EPP, pero quieren seguir negociando

El ganadero Diego, quien esta vez no estuvo acompañado de su madre, Mabel Serrati y de la esposa de Fidel, Silvina Ratti, leyó dos veces el pedido que hizo la familia Zavala a Lugo, Filizzola y la Policía Nacional: “que por favor cesen inmediatamente todos los trabajos del operativo sombra. Este operativo está impidiendo los trabajos de negociación de la familia Zavala que venimos realizando con los captores de mi hermano Fidel. Les pedimos por favor que cesen. Nuevamente les urgimos, les imploramos, les pedimos con toda la fuerza posible que cese este operativo, tanto al Ministerio del Interior como a la Policía Nacional, porque queremos negociar con aquellas personas que hoy tienen a mi hermano”.

El ganadero Diego siempre se mostró esquivo con los periodistas que preguntan si la familia Zavala ya contactó con los secuestradores y si tienen la “prueba de vida” de Fidel. En la reunión del lunes, el ganadero de nuevo dijo que la prueba ya la habían obtenido en los primeros días del secuestro, dando a entender que posteriormente no tuvieron contacto con los supuestos terroristas. Sin embargo, el anuncio de la donación al estilo de “Robin Hood” muestra que la familia tiene vínculo comunicativo con los delincuentes, con el objetivo de seguir con las “negociaciones”, cuyo canal no quiso revelar (por celular, por radio o por intermedio de un mensajero).

(*) Periodista de ABC Color y Secretario del Interior del SPP

Acceda al Album del SPP para ver la entrega de carne en la Chacarita

Escuche la reunión de prensa realizada por Diego Zavala

Esta gente de la Chacarita tuvo mucha paciencia para conseguir la exigua cantidad de carne "donada" por supuestos terroristas del EPP, quienes son vistos por la prensa como hábiles y diabólicos asesinos apoyados por las FARC

Nombramiento de supuesta torturadora muestra ineficiencia de Derechos Humanos de Ministerio

Por Dionisio Arce Jara (*)

El viceministro de Seguridad, Carmelo Caballero, y la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Diana Vargas, en la Cámara de Senadores el 4 diciembre de 2009.

El nombramiento de la oficial inspector Virginia Villar, como jefa de la comisaría de Guayaybi (Departamento de San Pedro), la semana pasada muestra a las claras que la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior no funciona o es muy poco eficiente en cuanto a sus funciones, que es investigar las denuncias de violación de derechos humanos cometidas por policías.
La citada Dirección, a cargo de Diana Vargas, había sido creada por el ministro socialista Rafael Filizzola pese que ya existía la Dirección de Asuntos Internos. El viceministro de Seguridad, abogado Carmelo Caballero, había informado a la Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay, en una entrevista realizada el 5 de enero, que ambas direcciones se fusionarán para dar mayor importancia a la labor de investigación del Ministerio sobre los casos de corrupción y abuso de poder de policías.

Tanto Caballero como Vargas y varios policías del Ministerio del Interior habían escuchado la denuncia realizada por la campesina de Guayaybi, Emiliana Quiñonez Espínola, el 4 de diciembre de 2009 en una sesión sobre violaciones de derechos humanos en la Cámara de Senadores. La denunciante aseguró que fue torturada por la oficial Virginia Villar y sus subalternos en la comisaría de esta localidad el 22 y 23 de agosto de 2009.
Esta denuncia lo hizo pública ABC Color el 25 de agosto del año pasado gracias a la labor del corresponsal Sergio Escobar Rober, quien el domingo pasado había recibido varios mensajes de texto amenazadores porque de nuevo publicó los antecedentes de la oficial Villar.
La Comisión Directiva del SPP está preocupada debido a la ineficiencia de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio, ya que no hizo nada en un hecho grave como la denuncia de tortura. Entonces es improbable que actúe en otros hechos, como la omisión de auxilio a un periodista.

SPP duda sobre eficacia de sumario

El viceministro Caballero informó al SPP que la Comandancia de la Policía había ordenado un sumario contra el suboficial mayor Rubén Darío Quintana y el suboficial 2o. Juan Carlos López García, quienes no auxiliaron a Alberto Núñez, corresponsal del diario La Nación en Capiibary (San Pedro), cuando era agredido por patoteros en la noche del 1 de enero.
Sin embargo, la Comisión Directiva del SPP duda que el Ministerio llegue a sancionar a los policías, ya que generalmente los oficiales actúan con espíritu de cuerpo para encubrirse mutuamente en estos casos y otros más graves. Además, el colega debe demostrar con testigos que los citados uniformados habían estado en la estación de servicio donde se produjo la agresión.
El nombramiento de la Villar aumenta estas dudas, ya que no entendemos cómo pudieron pasar desapercibido, para la Dirección de Derechos Humanos y la Comandancia de la Policía, a cargo del comisario José Visitación Giménez, los malos antecedentes de esta oficial, quien fue destituida el lunes pasado solo cuando el diario ABC Color había publicado otra denuncia del periodista Escobar Rober.
La oficial Villar tuvo que haber sido sumariada por la Policía Nacional, luego de su destitución en agosto de 2009, para ser sancionada por la Institución, inclusive con la pena máxima, que es la expulsión del cuadro policial porque ya fue condenada por la justicia por lesión grave.

--------------

(*) Periodista del diario ABC Color y Secretario del Interior del SPP

Tema relacionado:  El caso de Emiliana Quiñónez

Campesina denunció que fue torturada y “violada” con cachiporra en comisaría de Guayaybi

Durante el testimonio de víctimas de violaciones de derechos humanos, que se realizó en la Cámara de Senadores el 4 de diciembre de 2009, se escuchó el relato de Emiliana Quiñonez Espínola (foto), campesina de Guayaybi (San Pedro). La misma denunció haber sido torturada y “violada” con cachiporra el 21 y 22 de agosto del 2009 por la ex jefa de la comisaría de esta localidad, Virginia Villar, quien tiene antecedentes penales por lesión grave y otras denuncias de torturas.
A pesar de estos antecedentes, el comandante de la Policía Nacional, José Visitación Giménez Duré, quien asumió el cargo el 21 de agosto de 2009, nombró la semana pasada a Villar como jefa de la comisaría de Guayaybi.

Sin embargo, el domingo fue rápidamente destituida luego de que ABC Color publicara la denuncia del corresponsal de San Estanislao, Sergio Escobar Rober, quien fue amenazado vía celular. La amenaza tendría relación con los artículos del colega sobre las inquietudes de la gente de Guayaybi por el nuevo nombramiento de Villar.

Lo irónico del caso denunciado por Quiñonez Espínola, es que ésta estaba siendo sometida a duras torturas, al más puro estilo de los policías de la época stronista, en el día en que Giménez Duré asumía el mando de la Policía, en reemplazo de Viviano Machaco, y prometía terminar con la corrupción y todo tipo de abusos ilegales contra terceros y crímenes cometidos por policías.

La campesina de Guayaybi denunció que el 21 de agosto pasado fue a su casa la citada Villar para arrestarle por supuesto robo. Emiliana relató que, al entrar a la comisaría, preguntó a la ex jefa si tenía una orden judicial y ésta contestó en guaraní: no necesito una orden para arrestar a una “caracha” (parásito).

La asfixiaron al estilo de la policía stronista

Como Emiliana no confesó el robo que no había cometido, Villar y los policías a cargo de la ex jefa convirtieron en hecho la amenaza de tortura. La víctima fue sujetada con esposas y luego le colocaron “hule negro” en la cabeza y de inmediato la vejaron con golpes de cachiporra, de puño y patadas, según testimonio que escucharon los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y el público que asistió a la asamblea.

Emiliana aseguró que se desmayó varias veces y que, para “recuperarse”, la derramaban agua. La misma fue luego llevada al patio de la comisaría, donde fue desnudada por Villar y sus cómplices para ser “manguereada” (bañada con manguera) para borrar la sangre que manaba de su nariz y de sus labios, según el relato que escuchó el auditorio.

La campesina dijo que después de la sesión de limpieza fue llevada al interior de la comisaría, donde fue amenazada de muerte por Villar. Esta dijo que la amarraría a la patrullera para ser arrastrada por las calles de Guayaybi, según la víctima.

Emiliana señaló que en el segundo día de su arresto ilegal fue nuevamente amenazada de muerte por Villar. La víctima aseguró que la ex jefa policial hizo un amago con una cachiporra que tenía un enorme clavo y le advirtió que insertaría el objeto contundente en su cabeza y sus ojos si no confesaba el delito que le atribuía.

La campesina no pudo contener sus lágrimas ni continuar con su relato luego de dar a entender a la audiencia que, al no confesar el supuesto robo, fue “violada” con cachiporra por Villar y sus cómplices. La víctima dijo: “onohê hikuái la cachiporra (del baño) ha omoingue che ryepype”.

Nota de Sergio Escobar Rober, corresponsal de ABC Color en Santani, del 8 de este mes sobre el caso de la oficial inspector Virginia Villar.

Ver denuncia de periodista ante Fiscalía General. 

Puede bajar el audio del testimonio de Emiliana Quiñonez

Fiscala de Santani notificó a telefónicas para pedir datos de los amenazadores de periodista de ABC

Pedro Benítez (izq.), la fiscala Norma Solís y Sergio Escobar Rober, en la Fiscalía de Santani. Abajo, uno de los artículos de Escobar (7/01/10) sobre el caso de la oficial Virginia Villar.

El secretario general del SPP, Pedro Benítez Aldana, y el corresponsal del diario ABC Color, Sergio Escobar Rober, se reunieron con la fiscala de turno, Norma Solís, con el objetivo de impulsar la denuncia presentada por colega residente en esta ciudad.
El corresponsal había recibido el domingo pasado varios mensajes, de personas anónimas, que tenían contenidos amenazadores. “Comprá para tu auto porque encima de la moto en muy peligroso. Firman, los chicos buenos de Guayaybi”, señala uno de los mensajes.

Escobar Rober hizo la denuncia ayer ante la Fiscalía General de Santani, por lo que la fiscala Solís resolvió solicitar a las empresas telefónicas los datos de las personas que son dueñas de las líneas que aparecieron en el celular del colega. El colega dijo que la amenaza de muerte está relacionada con las publicaciones que había hecho el sábado pasado, y días anteriores, sobre el nuevo nombramiento de la oficial inspector Virginia Villar como jefa de la comisaría de Guayaybi (Departamento de San Pedro).

Escobar Rober es el único periodista que viene siguiendo de cerca los antecedentes de Villar. El sábado pasado se hizo eco de inquietudes de vecinos de Guayaybi con relación al nombramiento de la oficial, quien fue condenada por la justicia a pagar de por vida 600 mil guaraníes a Eseer Arens Ocampos.

El jóven recibió varios balazos, disparados “por error” por Villar, durante un allanmiento realizado en la citada localidad. El mismo está paralítico desde el año 2004.

Además, Villar está denunciada por ser una torturadora y el último caso se produjo el 21 de agosto de 2009. Emiliana Quiñonez Espínola, campesina de Guayaybi, denunció que fue torturada por la entonces jefa de la comisaría de esta ciudad. La oficial fue destituida ayer solo debido a las denuncias hechas por el colega de ABC Color.

“Este es un hecho más que le tiene muy mal a los compañeros que trabajan como corresponsales en el interior del país, donde pareciera ser que la seguridad de los periodistas es muy frágil. Comenzamos el año con la brutal agresión al corresponsal de La Nación en Capiibary, Alberto Nuñez, y ahora la amenaza de muerte contra el de ABC. Todo como consecuencia de publicaciones que involucran a funcionarios públicos en hechos punibles”, señaló Benítez.

En la tarde de ayer la fiscala Solís envió varias notas a las empresas Personal SA y Tigo SA para que remitan detalles de las llamadas entrantes y salientes, así como el extracto de los mensajes recibidos y enviados desde y a los números (0971)162.890 y (0985)747.453. Además, solicitó los nombres, apellidos, dirección y número de documentos de identidad del titular de los números mencionados.

Benítez estuvo también en Capiibary

Benítez Aldana también estuvo el viernes pasado en Capiibary para acompañar al corresponsal del diario La Nación, Alberto Nuñez, para dialogar con la fiscala Nimia Avalos, quien manifestó claramente que el caso de la agresión sufrida por el periodista, por parte de un grupo de patoteros en la noche del 1 de enero, podría ser conducida hacia el campo privado.

En este caso, el SPP había tomado intervención ya la semana pasada cuando una delegación de directivos se trasladaron a San Estanislao para dialogar con la fiscala Lilian Ruíz, quien es la coordinadora de la zona de San Pedro. 

Pedro Benítez (izq.), Pablo Medina (corresponsal de ABC) y Alberto Nuñez, frente a la Fiscalía de Capiibary, luego de la audiencia con la Fiscala Nimia Avalos. Ver nota sobre gestión del SPP sobre este caso.