Periodistas condenan el sistema que traba la libre expresión en latinoamerica pese a democracias

Los participantes del congreso de periodistas realizado en Lima (Perú) lanzaron un comunicado bajo el título: “Desafíos claves para la libertad de expresión en América Latina y el Caribe”.El encuentro fue organizado por el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), por el Instituto Prensa y Sociedad de Perú (IPYS) y el Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión (OLA).

El comunicado que recibió la web del Sindicato de Periodistas del Paraguay señala: (IPYS/OLA/IFEX) - 25 de marzo de 2010 - Las organizaciones firmantes, integrantes de la Alianza Regional de organizaciones de IFEX de América Latina y el Caribe, reunidos en Lima, Perú, entre el 23 y 25 de marzo de 2010, para discutir y analizar la situación de la libertad de expresión en la región, expresamos nuestra coincidencia plena con la declaración conjunta, emitida en febrero de este año, por los Relatores de Libertad de Expresión en el mundo. En este contexto, manifestamos que pese a los avances democráticos en la mayor parte de los países, el ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información en la región se vulneran de manera constante mediante agresiones directas e indirectas a través de:

1. Mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación, que permiten la indebida injerencia de los gobiernos en los mismos, reflejados en el control político sobre los medios públicos, con el otorgamiento discrecional de licencias o la regulación de la radiodifusión, en el abuso en la distribución de la publicidad del Estado para influir en la línea editorial; la propiedad o control significativo de los medios por parte de líderes políticos o partidos; así como con procedimientos contra medios independientes basados en motivaciones políticas incluyendo el mantenimiento de normas obsoletas -como las leyes de sedición o la exigencia de la "veracidad" de las noticias- destinadas a criminalizar las críticas a los gobiernos.

2. Leyes penales contra la difamación, como las leyes de desacato o las que penalizan la calumnia y la injuria, suelen ser normas utilizadas con el fin de restringir la libertad de expresión. El abuso de estas herramientas jurídicas y la existencia de sanciones excesivamente severas, como penas de prisión o condenas en suspenso, deriva en la pérdida de derechos civiles que resulta violatorio de los derechos humanos.

3. La violencia contra periodistas, que continúa siendo una amenaza muy grave para la libertad de expresión. Particularmente, contra los periodistas que cubren problemas sociales, incluyendo crimen organizado o narcotráfico, que critican a las autoridades o a los sectores de poder, que cubren violaciones a los derechos humanos o corrupción, o que trabajan en zonas de conflicto. El número creciente de estas agresiones se mantienen en la impunidad y no se asignan recursos suficientes que permitan prevenirlas o - cuando se producen - investigarlas y judicializar a quienes las perpetran. Fenómeno que deriva muchas veces en la autocensura y, por tanto, en la afectación del derecho a la información de nuestras sociedades.

4. Límites al derecho de acceso a la información, pese a haber sido reconocido ampliamente como un derecho humano básico, la mayoría de los Estados en la región no ha aprobado leyes que garanticen su pleno respeto.

5. Discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, hacia los grupos históricamente menos favorecidos (mujeres, personas indígenas, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad y otras minorías) que aún luchan para que se tengan en cuenta sus opiniones y para acceder a la información que les concierne. Entre las principales violaciones se encuentran los obstáculos a la creación de medios de comunicación para estas poblaciones, así como la reducida proporción de sus miembros en las redacciones de los principales medios, incluidos los públicos.

6. Presiones económicas que amenazan la capacidad de los medios de comunicación de difundir contenidos de interés público, a causa de la creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con graves consecuencias para la diversidad de fuentes y contenidos. La fractura del mercado publicitario y otras presiones comerciales llevan a los medios a tomar medidas de reducción de costos, que perjudica la cobertura de temas de contenido local, el periodismo de investigación y promueve el entretenimiento de bajo nivel intelectual. Todo esto acrecienta el riesgo de que los beneficios de la transición a las frecuencias digitales sean absorbidos en gran parte por los medios existentes, impidiendo una mayor diversidad y acceso de los medios de interés público.

7. Falta de apoyo a emisoras públicas y comunitarias, que pueden desempeñar un rol social importante pero que enfrentan obstáculos cada vez más frecuentes al financiamiento público y a la falta de reconocimiento legal específico con criterios adecuados en condiciones equitativas y democráticas que garanticen su desarrollo y eviten medidas discriminatorias técnicas o de sostenibilidad.

8. Uso del concepto de seguridad nacional para coartar la libertad de expresión, noción usada históricamente para imponer restricciones injustificadas a la libertad de expresión, bajo definiciones vagas y uso de términos como "apología" o "promoción" del terrorismo o la violencia.

9. Control gubernamental del uso de Internet, para controlar o limitar este medio de libre expresión ordenando el bloqueo de sitios Web, así como el hecho de que ciertas corporaciones proveedoras de servicios de búsqueda, acceso, mensajería, publicación, entre otros, no realizan esfuerzos suficientes para respetar el derecho de quienes lo usan para acceder a Internet sin interferencias, motivadas en razones políticas.

10. Acceso restringido a nuevas tecnologías de información y comunicación, tomando en cuenta que la mayoría de la población aún no tiene acceso a Internet, o lo tiene limitado, recortando su acceso a la información y espacios de expresión, los Estados siguen manteniendo estructuras de precios que imposibilitan el acceso de los sectores menos favorecidos a Internet y la omisión de extender la conectividad a todo el territorio, lo que deja a los usuarios rurales sin acceso.

En tal sentido resulta indispensable que los Estados garanticen plenamente el ejercicio de la libertad de expresión, pues sin esta condición, se atenta contra el ejercicio de otros derechos y de la democracia misma.

Firman este comunicado:

ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression

Asociación Mundial de Radios Comunitarias

Association of Caribbean Media Workers

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo

Centro Nacional de Comunicación Social

Centro de Periodismo y Etica Publica

Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala

Comité por la Libre Expresión

Foro de Periodismo Argentino

Fundación para la Libertad de Prensa

Sindicato de Periodistas del Paraguay

Denuncia de ABC Color sobre Teixeira son falsas y meras especulaciones interesadas, según Alderete

Por Dionisio Arce Jara (*)

El abogado Alberto Alderete Prieto (izq.) y el periodista Marcos Velázquez, del diario ABC Color.

La web del Sindicato de Periodistas del Paraguay está activa desde agosto de 2009. El objetivo del SPP es informar a los asociados sobre las actividades del sindicato y denunciar las violaciones de los derechos laborales y profesionales de los periodistas. La directiva también decidió habilitar la web para que los colegas puedan publicar informaciones, opiniones y trabajos de investigación sobre temas de interés público censurados en los medios. La web igualmente está abierta para sectores sociales que generalmente no tienen cabida en los grandes medios.

En vista a esta apertura de la comisión directiva, hemos tomado como tema de interés periodístico el congelado proyecto de compra de las tierras del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira. En este contexto, entrevistamos al renunciante presidente del Indert, abogado Alberto Alderete.
El funcionario aprovechó la entrevista para cuestionar no solo la campaña iniciada contra este proyecto, por parte de sectores políticos (Partido Patria Querida) y de la Asociación Rural del Paraguay, sino al diario ABC Color. También criticó el trabajo del periodista Marcos Velázquez desde el punto de vista ético y profesional.
En cumplimiento de la norma ética del SPP y de una recomendación de la comisión directiva, remitimos a Velázquez un memorando sobre las críticas que hizo Alderete al diario ABC Color. El periodista declinó hacer un comentario al respecto y tampoco contestó la nota, que remitimos el 21 de marzo, para que realice su descargo.

A continuación transcribimos el memorando que recibió Velázquez

1- Alderete aseguró que el diario ABC Color no le dio espacio para defenderse de las acusaciones de supuesto intento de estafa en el proceso de compra de las tierras de Teixeira. Manifestó que las notas publicadas desde octubre pasado son meras especulaciones interesadas y falsas denuncias hechas por políticos y empresarios, entre ellos Aldo Zuccolillo, que se oponen a la reforma agraria.

2- Alderete acusó a ABC Color y a Velázquez de que nunca habían verificado o contrastado los datos del caso Teixeira con la principal fuente: el Indert. El titular de la entidad entregó copia de una nota, que lleva la firma del periodista del diario y del jefe de Redacción, Luis Gauto, del 29 de octubre de 2009. Señala que los datos que pidió el diario fueron entregados a la redacción por nota del 4 de noviembre. Aseguró que el diario no publicó sus aclaraciones sobre el polémico tema e inclusive dijo que no proveyó los datos (ver ABC del 25 de noviembre de 2009).

3- El titular del Indert también dijo que ABC Color y Velázquez mintieron al señalar que el gobierno de Lugo tenía intenciones de liquidar el bosque de las tierras de Indert (ver ABC del 8 de octubre de 2009). Señaló que esta entidad también debe cumplir la ley de deforestación cero.

4- El funcionario dijo que otra mentira del diario y de sus oponentes políticos es que las tierras de Teixeira no son aptas para la agricultura. Aseguró que en las publicaciones no se presentaron informes técnicos para contrastar con los que habían hecho peritos del Indert (ver ABC del 25 de noviembre y del 8 de diciembre de 2009). Precisó que el plan del gobierno es usar los distintos tipos de suelos para los cuales son aptas (ganadería, agricultura).

5- Alderete dijo que ABC Color y los diputados de Patria Querida tergiversaron el proceso de compra por “excepción” al señalar que el Indert desconoció la ley de Contrataciones Públicas. Precisó que debe agotarse previamente todas las instancias administrativas antes de pedir autorización a Contrataciones (según resolución de esta entidad de control – ver ABC del 17 de octubre de 2009).

6- El funcionario dijo que la otra gran mentira de ABC Color es que la oferta de Teixeira está inflada, según el monto original de adquisición por parte del empresario. Señaló que la tasación oficial del MOPC se hizo con criterio de valor de mercado y que incluye la avaluación de las tierras y de las mejoras.

7- Alderete señaló también que ABC Color nunca aclaró que el Ing. Lázaro Sanabria Liuzzi, tasador de las tierras de Teixeira, no es funcionario del Indert, sino un jubilado. Precisó que el objetivo es desmeritar su labor técnica, por el hecho de cobrar viáticos en el Indert, como otros peritos del MOPC.

8- El funcionario igualmente enfatizó que detrás de la campaña contra el plan Teixeira se mueven los intereses de empresarios, como el de Zuccolillo. Manifestó que el objetivo es sabotear este emblemático plan de reforma agraria para que esta tierra y otras queden solo en poder de sojeros y ganaderos.

9- El titular del Indert dijo también que la campaña de ABC Color, de Patria Querida y de la Asociación Rural y de otros grupos empresariales tiene una fuerte carga de prejuicios sociales e ideológicos. Recordó las notas donde se acusa a Lugo de querer implantar una “zona liberada de izquierdistas” y que las tierras de Teixeira es “conocida guarida del EPP” (ABC del 17 de noviembre de 2009.)

10- Sobre el tema de la ejecución presupuestaria del Indert del 2009, Alderete dijo que ABC Color y Patria Querida tergiversaron los datos del Ministerio de Hacienda. Señaló que tomaron el presupuesto aprobado y no el real para criticar, por eso señalaron que la ejecución llegó al 30% cuando había alcanzado el 76% de lo previsto (ABC del 29 de diciembre de 2009).

11- Alderete dijo que ABC Color no aclaró sobre la acusación de un presunto nuevo negociado en el proyecto de compra de tierras por G. 17.000 millones, según nota de Contrataciones dirigida al Indert (ABC del 21 de diciembre de 2009). Aseguró que Contrataciones aprobó luego las compras directas.

(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

ENLACES DE INTERES

Tasación de tierras de Teixeira se hizo de acuerdo al valor de mercado, según funcionario

Titular del Indert dice que sojeros desean tierras de Teixeira para la agricultura mecanizada

 

Contraloría señala que presión social no es causal para comprar tierras de Teixeira sin licitación

Por Dionisio Arce Jara (*)

El contralor Octavio Augusto Airaldi (foto), en dictamen Nº 7.226 del 4 de diciembre de 2009 sobre el proyecto de compra del inmueble del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira, opinó que la presión ejercida por campesinos sin tierras no puede ser tomada como causal de excepción para que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) compre este inmueble sin licitación pública, tal como establece la Ley 2.051/03, de Contrataciones Públicas.

Una parte de la nota de Airaldi, dirigida al abogado Alberto Alderete Prieto, presidente del Indert, señala: “En cuanto a los motivos para la recomendación de la vía excepcional, se considera que la problemática social representada por campesinos que carecen de tierras, los conflictos sociales derivados del carácter de los reclamos de organizaciones pertenecientes a este sector, así como la necesidad de una respuesta estatal a este problema, son cuestiones de importancia indiscutible, que deben estar proyectadas en el marco de una política agraria integral, en cuyo diseño e implementación el INDERT tiene un papel preponderante. Sin embargo, esta situación no puede ser invocada como causal de excepción del procedimiento de contratación, y mucho menos, puede determinar la necesidad de adquirir una propiedad específica, debido a que solo acredita la necesidad de la compra de tierras, situación que no resulta suficiente para determinar que las tierras ofertadas al INDERT, en el caso analizado, sean las únicas que puedan dar satisfacción a dicha necesidad”.

La Contraloría analiza la aplicación, en el proyecto Teixeira, el “inciso g)” del artículo 33 de la Ley 2.051/03, que determina la causales de compras por la vía de excepción o sin licitación pública. Asegura que “la causal no se encuentra acreditada, ya que la urgencia como presupuesto de aplicación de la vía excepcional, constituye una situación que debe prescindir del accionar de los sectores involucrados en la adquisición, la misma no puede estar motivada en el accionar de los futuros beneficiarios de la adquisición, ya que dicho factor constituye una coacción premeditada por parte de grupos de interés comprometidos en la transacción, menos aún cuando la presión sea ejercida mediante medidas como la ocupación ilegal de tierras”.

“En ese sentido, la decisión de compra por parte de la administración debe estar desprovista de elementos coactivos y en ella solo deben ser consideradas situaciones fortuitas que determinen la urgencia, de lo contrario, quedará obligada a considerar las pretensiones de grupos sociales como un factor determinante de la contratación, decisiones que tienen, indiscutiblemente, un carácter contingente. Por otro lado, un elemento que debe acompañar a la urgencia es que ésta debe ser impostergable, en el sentido que no pueda esperarse el resultado de una licitación pública, en este caso, no se verifica la imposibilidad de esperar el resultado del proceso ordinario de licitación pública”, reza otra parte del dictamen del contralor Airaldi.
El contralor Airaldi también criticó al Indert porque no probó que las tierras de Teixeira sean las únicas en la zona que son aptas para el asentamiento de campesinos. El abogado Alderete debió certificar que no hay otros propietarios dispuestos a vender sus tierras al Estado, según Contraloría.

Area silvestre debe ser del Estado

La Contraloría recomendó al Indert que realice una licitación pública para que las ofertas sean las más convenientes al Estado, ya que no están acreditadas las causales de excepción para comprar las tierras de Teixeira por más de G. 156.000 millones de guaraníes, según oferta aceptada por la administración de Alderete. El contralor criticó a este funcionario por el hecho de que había firmado una resolución para realizar una contraoferta (con una forma de pago) al empresario brasileño cuando aún no había enviado los antecedentes legales del proyecto a la Dirección de Contrataciones Públicas.
Además, la Contraloría cuestionó al presidente del Indert porque aprobó el proyecto para asentamiento de campesinos en las tierras de Teixeira cuando ni siquiera había solicitado la venia correspondiente a la Secretaría de Medio Ambiente (SEAM), ya que la propiedad tiene una extensa zona boscosa que debe ser protegida por esta Secretaría.
El contralor dice que los montes vírgenes deben pasar a manos de la SEAM, según Ley 352/94, como área silvestre protegida de dominio público. Es decir, recomendó al Indert no implemente un sistema de “explotación racional” del bosque por parte de los campesinos, tal como había planificado Alderete.

(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

(1) Dictamen de la Contraloría General de la República sobre proyecto Teixeira

Tasación de tierras de Teixeira se hizo de acuerdo al valor de mercado, según funcionario

Por Dionisio Arce Jara (*)

“En primer lugar es importante aclarar para evitar confusiones y/o especulaciones de cualquier tipo que la presenta tasación se estimó el valor del inmueble a precio de mercado, vigente en plaza para las operaciones comunes de compra-venta de inmueble. Esta aclaración se realiza en razón de que el inmueble objeto de esta avaluación es ofertado para la solución de problemas sociales de la zona y el inmueble cuenta con infraestructura a ser utilizada por lo colonos para el arraigo, camino vecinal que lo conecta con la ruta asfaltada, energía eléctrica pasa por el lindero y gran parte dentro de la finca, etc.”

Así señala el encabezamiento del informe de avaluación de las tierras del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira que abarca los distritos de Capitán Bado del Departamento de Amambay (7.596 hectáreas) y de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro ( 14.237 hectáreas). El documento, del 17 de setiembre de 2009, lleva la firma del Ing. Lázaro Sanabria Liuzzi, jubilado del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. El técnico fue contratado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para realizar avaluaciones de inmuebles.

Más de 156.000 millones de guaraníes

El documento firmado por Sanabria Liuzzi señala que el valor homogeneizado en guaraníes de las tierras es de 5.600.000 la hectárea y la superficie total del inmueble en ambos distritos alcanza 21.833 hectáreas. El profesional realizó la avaluación de la propiedad de Teixeira de acuerdo a datos publicados por empresas inmobiliarias y el Banco Nacional de Fomento con relación al valor de las tierras. Los informes del Fondo Ganadero y de la Cámara Paraguaya de la Construcción fueron usados para estimar el valor de las pasturas y de las construcciones, respectivamente, según informó Sanabria.
“Las mejoras incluye todo lo clavado y plantado en estos fundos, como vivienda, acometida eléctrica, caminos internos, alambradas perimetrales e internas para división de potreros, pasturas, infraestructura ganadera como brete, corral cepo, báscula, tajamar, otros como pozo artesiano, pista de aviación. Además de las informaciones de mercado inmobiliario proveídas a los efectos de la valuación se han considerado otros factores tales, como ubicación del inmueble, infraestructura social existente en el entorno, tal como escuela, colegios, hospitales, campos de deportes, templos religiosos, etc.”, reza otra parte del informe de Sanabria Liuzzi.
El tasador estimó el costo de las tierras de Teixeira en 122.269.108.100 guaraníes (2.5959.471 de dólares, al cambio de G. 4.710 por dólar). Las mejoras o infraestructura alcanza 33.858.075.000 (7.188.551 de dólares). El valor total de la propiedad del brasileño es de 156.127.183.100 (33.148.021 de dólares).

De acuerdo al acta 8 de la Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert, en reunión del 1 de octubre de 2009 se resolvió iniciar los trámites para la compra de las tierras de Teixeira, quien ofertó el inmueble en 7.100.000 de guaraníes por hectárea. La Junta decidió realizar una contraoferta al empresario por 30 millones de dólares, que alcanza 6.800.000 de guaraníes la hectárea. La acusación del diario ABC Color, de miembros de la Asociación Rural del Paraguay y de parlamentarios, en especial del Partido Patria Querida, es que el precio ofertado está sobrevaluado. Esta acusación esta basada en el valor de compra de las tierras por parte del brasileño, que fue de 11 millones de dólares en diciembre de 2007.

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(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

Contrataciones objetó precio de varios inmuebles, pero luego autorizó al Indert plan de compras

Por Dionisio Arce Jara (*)

Lic. Arturo Bogado, jefe de la Unidad de Contrataciones del Indert, (izq.); Lic. Carmen Buena, gerente financiera, y Abog. Alberto Alderete Prieto.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas aprobó en diciembre de 2009 la compra de nueve inmuebles, con todo lo clavado y plantado, por más de 18 mil millones de guaraníes, según el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), abogado Alberto Alderete Prieto.
Esta compra, por la vía de la excepción, se hizo sin problemas a pesar de que Alderete soportaba un fuerte cuestionamiento por parte del Parlamento Nacional y de la prensa. El monto pagado por los inmuebles fue a precio de mercado y según tasaciones hechas por técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. No obstante, la abogada Marta Granada, directora de Normas y Control de Contrataciones, había enviado una nota al titular del Indert para cuestionar este proyecto.

El escrito del 14 de diciembre de 2009 se refiere al plan de compras de nueve fincas a ser adjudicadas a campesinos y que estaba aún en proceso de verificación en Contrataciones. La abogada Granada dijo que el Indert debe “aclarar o dar una justificación valedera con respecto a las notorias diferencias entre los precios pagados por los propietarios actuales y los estimados u ofrecidos por los mismos a la institución a su digno cargo, antes de continuar con el procedimiento de los respectivos llamados a contratación”.

Manifestó que en el listado de las fincas a comprar por Indert se puede notar estas “notorias diferencias”, entre ellas: 1) Propietario, Gabriel González Garcete; fecha de adquisición, 2 de diciembre de 2005; precio de adquisición, 50 millones de guaraníes; precio de oferta, 1.626.159.200 de guaraníes; 2) Propietaria, María Clara Benítez; fecha de adquisición, 23 de febrero de 2005; precio de adquisición, 66 millones de guaraníes; precio de oferta, 1.312.257.700 de guaraníes.
3) Propietario, Carlos Blazeichuk; fecha de adquisición, 12 de setiembre de 2005; precio de adquisición, 55 millones de guaraníes; precio de oferta, 3.568.758.516 de guaraníes; 4) propietario, Miguel Achón; fecha de adquisición, dos fincas en 2008 y 1979; precio de adquisición, 250 millones de guaraníes y 724.000 guaraníes, respectivamente; precio de oferta de ambas fincas, 6.208.027.800 de guaraníes; 5) propietaria, María Isabel Rovira; fecha de adquisición, 10 de agosto de 2007; precio de adquisición, 310 millones de guaraníes; precio de oferta, 4.006.898.400 de guaraníes.
“Como podrá apreciar las diferencias entre precios pagados por el propietario y los valores ofrecidos y estimado por la convocante, son realmente llamativas y preocupantes y hasta podría inferirse que carecen de lógica de mercado, motivos por los cuales solicitamos, en la brevedad posible, justificar dichas divergencias”, señala la nota de la abogada Granada.

¿Tierras subvaluadas para evadir al fisco?

Alderete respondió a las inquietudes de Granada el 15 de diciembre de 2009. Manifestó que el Indert ha ajustado el precio a ser pagado por los inmuebles de acuerdo al decreto 20.132/03, que reglamenta el sistema de control contable de los bienes del Estado. Aseguró que los precios de los terrenos se encuentran dentro de los parámetros indicados por este decreto.

Alderete informó a la funcionaria de Contrataciones que las avaluaciones de las tierras a ser compradas fueron hechas por técnicos del MOPC. Precisó que los profesionales tuvieron en cuenta el valor de los inmuebles y el de las mejoras introducidas por los propietarios.

“La tierra es uno de los bienes patrimoniales cuya valoración es más rápida en el tiempo, precisamente por su carencia; en consecuencia, un inmueble adquirido en 1979, como uno de los señalados, indudablemente ha aumentado su valor. El Indert actualmente desconoce y no puede hacerse cargo del precio estipulado por la compra de un inmueble en el cual no fue parte. Pero no obstante a esta circunstancia, corresponde señalar, que si bien no puede atribuirse a los casos ahora analizados, constituye costumbre en los actos jurídicos de compra-venta de inmuebles, hacer figurar la adquisición de éstos a un precio inferior al real, con la intención expresa de ahorrar en gastos de escrituración, pues es sabido que éstos están en relación al precio”, señala el abogado Alderete en su nota del 15 de diciembre dirigido a Contrataciones.
La Lic. Carmen Buena, gerente financiera del Indert, y el Lic. Arturo Bogado, jefe de la Unidad de Contrataciones de la institución, informaron que la Dirección de Contrataciones habilitó la compra de los citados inmuebles luego de recibir las explicaciones de Alderete.
Este hecho llama la atención, ya que contrasta con la campaña desatada contra el Indert en el caso del proyecto de compras de las tierras de Ulisses Rodrigues Teixeira, cuya oferta supuestamente está sobrevaluada. Sin embargo, el costo del inmueble fue determinado por el tasador Lázaro Sanabria Liuzzi de acuerdo al valor de mercado.

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(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

Ejecución presupuestaria del Indert llegó al 76% de lo autorizado por Hacienda, según funcionaria

Por Dionisio Arce Jara (*)

Carmen Buena (foto), titular de la Dirección Financiera del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), informó que la ejecución presupuestaria de la institución alcanzó el 76 por ciento del plan de gasto real del 2009, que superó 240.000 millones de guaraníes, según plan financiero.
La funcionaria dijo que éste es el monto que finalmente el Ministerio de Hacienda había autorizado al Instituto para ejecutar durante el año pasado, ya que del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, de más de 393.000 millones de guaraníes, se deben descontar 53.000 millones de guaraníes, del recurso del Tesoro Nacional, y 100.000 millones de guaraníes, de un préstamo del Banco Mundial.

Hacienda no permitió al Indert utilizar 53.000 millones de guaraníes para la compra de tierras. Por su parte, el Parlamento Nacional retiró del presupuesto de la entidad 100.000 millones de guaraníes del crédito otorgado por el Banco Mundial, debido a la campaña desatada en contra del proyecto de compra de la propiedad de Ulisses Rodrigues Teixeira.

Reducida ejecución hasta octubre

“La Ejecución Presupuestaria a nivel institucional al 30.09.2009 es de Gs. 83.895.500.357, lo que equivale al 35%. Analizando el Rubro 450 - Tierras, la ejecución al 30.09.09 es de Gs. 65.510.702.951, lo que equivale al 38%”, señala una parte del informe del presidente del Indert, abogado Alberto Alderete, durante la interpelación realizada por la Cámara de Diputados el 8 de octubre de 2009.
El presupuesto aprobado por el Parlamento Nacional para el Indert, ejercicio de 2009, fue de 293.954.487.574 de guaraníes. De este monto se debe restar 53.000 millones de guaraníes que no permitió usar Hacienda. El presupuesto real quedó establecido en 240.954.487.574 de guaraníes.
“En cuanto a la ejecución en concepto de Royaltíes e IMAGRO, también a la fecha mencionada, se ha ejecutado Gs. 4.138.556.528, lo que equivale al 15% y el IMAGRO por su parte, tiene una ejecución de Gs. 3.254.213.820, que equivale al 17%”, según había dicho Alderete en Diputados.

Uno de los motivos de la interpelación de Alderete fue la baja ejecución presupuestaria hasta setiembre de 2009. Sin embargo, la información fue manipulada por legisladores que se oponen a la reforma agraria, en especial por los diputados del Partido Patria Querida, manifestó el renunciante presidente del Indert. El funcionario se salvó del voto de censura (pedido de destitución al Poder Ejecutivo) solo porque los diputados oviedistas y algunos luguistas abandonaron la sesión de Diputados del 5 de noviembre de 2009.
Los fadulistas, en especial los diputados Carlos Soler y Sebastián Acha, dijeron que las inversiones ejecutadas llegaron apenas al 20 por ciento debido a la “inutilidad” de Alderete. Sin embargo, a octubre de 2009, la ejecución alcanzó el 35 por ciento de lo presupuestado, aunque a diciembre del año pasado alcanzó el 76 por ciento, según datos del Indert.
Por otro lado, el Indert tenía un rubro para compras de tierras de más de 172.000 millones de guaraníes, de los cuales había ejecutado 145.000 millones de guaraníes, lo que representa un nivel de ejecución presupuestaria del 84 por ciento, según datos a diciembre de 2009.

(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

Congreso no otorgó G. 100 mil millones para la reforma agraria tras “bombardeo” contra Indert

Por Dionisio Arce Jara (*)

Tras la decisión de la Cámara de Senadores de despojar de 100 mil millones de guaraníes para la compra directa de tierras y expropiaciones, de un crédito otorgado por el Banco Mundial al Paraguay, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), abogado Alberto Alderete (foto), había emitido un comunicado que no tuvo, como es de esperar, repercusión en los grandes medios de comunicación enemigos de la reforma agraria.
“La decisión de la Cámara de Senadores tiene la lamentable consecuencia de privar a miles de familias campesinas del acceso a los alimentos, al trabajo, al desarrollo de su cultura y a una vida digna. El Indert y el gobierno están siendo bombardeados por una campaña que pretende poner en tela de juicio la legalidad y transparencia de sus actuaciones. La agricultura familiar campesina, con su innegable y vigorosa gravitación como singularidad sociocultural, deberá superar la difícil prueba de la supervivencia”, señala el comunicado emitido el 24 de octubre de 2009.

El presidente del Indert manifestó que la “mezquindad y los intereses políticos adversos al anhelado cambio que reclaman el campesinado y la ciudadanía, apuntan a convertir en escombros y dejar en ruinas al Indert y a la reforma agraria”.

A continuación trascribimos el comunicado del Intert:

La decisión de la Cámara de Senadores tiene la lamentable consecuencia de privar a miles de familias campesinas del acceso a los alimentos, al trabajo, al desarrollo de su cultura y a una vida digna, pues, bien sabemos, que dichas familias solo pueden acceder a tales derechos humanos a través de la agricultura, teniendo en cuenta que las ciudades y pueblos no las pueden absorber ni darles trabajo por el alto nivel de desempleo que también padecen.
No hay nada que justifique la decisión de los senadores. Todos los argumentos esgrimidos por los que votaron la resolución no tienen un fundamento racional, ya que esos recursos no estaban atados a la compra de las tierras de Paso Kurusu. El dinero podía utilizarse para comprar tierras o pagar expropiaciones en cualquier departamento del país que, mediante una asistencia integral a través de la CEPRA a miles de familias, iba a posibilitar el acceso al desarrollo económico, social, cultural y político, creando comunidades desarrolladas.

Fantasmas instalados en algunos medios

El Indert y el gobierno están siendo bombardeados por una campaña que pretende poner en tela de juicio la legalidad y transparencia de sus actuaciones, pero son más preocupantes aún ciertos fantasmas instalados en algunos medios, que hacen gala de impune abuso y manoseo en perjuicio de personas e instituciones, sin el mínimo derecho al cotejo de fuentes. Por citar solo dos anécdotas últimas, mintieron abiertamente acerca de que el Indert omitió el cumplimiento de la Ley de Contrataciones (cuando el procedimiento de adquisición ni siquiera había tenido inicio) y que el tasador del MOPC sigue figurando en plantilla del Indert (cuando el mismo es jubilado del ente agrario desde 1999 y acaba de cobrar un saldo por un trabajo puntual que se le adeudaba desde 2007). ¿Tenemos garantías de equidad cuando todo vale? (1).
Determinados sectores no quieren que el Indert expropie tierras, pero tampoco desean, ni siquiera, que se recuperen tierras fiscales o lotes adjudicados en situación irregular. Entonces ¿cuál es el destino que quieren darle a los miles de pequeños agricultores que necesitan de la tierra y de una agricultura rentable y sostenible, en forma vital para tener acceso a los alimentos, a la vivienda, al agua y al trabajo; en resumen, a la vida misma?.
La agricultura familiar campesina, con su innegable y vigorosa gravitación como singularidad sociocultural, deberá superar la difícil prueba de la supervivencia, testimoniando que es una alternativa absolutamente válida e inexcusable para el desarrollo, en un país con vocación agraria, con más del 40% de su población asentada en el medio rural, resistiendo a presiones internas y externas de desarraigo.

Inversión social de los Mennonitas

La reforma agraria basada en la agricultura familiar campesina y comunitaria es necesaria para los propios beneficiarios y es vital para todo el país, pues los pequeños agricultores son los que producen los alimentos que consumimos a diario.
Si la gran inversión social realizada por colonias mennonitas ha frenado fehacientemente la inseguridad en torno a sus tierras, lo mismo espera lograr el gobierno a través de la CEPRA, invirtiendo en los asentamientos miserables para que las familias asentadas tengan alguna vez la oportunidad de ver a sus hijos educarse, con salud y oportunidades, como tienen nuestros hijos en las ciudades.
El Indert integra el gran proyecto social del gobierno que busca sacar de la miseria y de la pobreza a cientos de miles de compatriotas y, aún golpeado y arrinconado, seguirá luchando por una reforma agraria integral. A pesar de todo.

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(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

(1) El abogado Alberto Alderete se refiere al diario ABC Color

Titular del Indert dice que sojeros desean tierras de Teixeira para la agricultura mecanizada

Por Dionisio Arce Jara (*)

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), abogado Alberto Alderete, está convencido de que detrás de la campaña contra el proyecto de compra de las tierras del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira están los intereses personales de poderosos terratenientes, ganaderos afiliados a la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y empresarios sojeros agluti- nados en varios gremios que no quieren la reforma agraria.

Alderete, quien había renunciado al cargo el 25 de febrero porque supuestamente estaba estresado, no identificó a los empresarios interesados en la propiedad de Teixeira, pero dio a entender que la feroz campaña mediática contra el gobierno de Fernando Lugo no es por una cuestión patriótica. Todo lo contrario, el objetivo de los enemigos de la reforma agraria es evitar que las grandes extensiones de tierras, como la del empresario brasileño, pasen a manos de los campesinos.

Aseguró que algunos empresarios y cierto sector del Parlamento Nacional, como el Partido Patria Querida, desean que la propiedad de Teixeira quede en poder de empresas para implantar en la zona la agricultura mecanizada. Alderete también dio a entender que esta idea subyace de los ataques de políticos y empresarios contra su gestión y en los artículos de ABC Color, que no paró un solo día de criticarlo desde el 8 de octubre de 2009 (1), día en que estaba siendo interpelado por la Cámara de Diputados, hasta enero de 2010.

Sistema cooperativo en tierras de Teixeira

El gobierno de Fernando Lugo tenía previsto establecer en las tierras del brasileño Teixeira un modelo cooperativo para la producción pecuaria, según el abogado Alderete Prieto.
El proyecto de compra de las tierras de Teixeira está por ahora “congelado” debido a la denuncia de supuesta estafa hecha ante la Fiscalía General del Estado por los diputados Carlos María Soler y Sebastián Acha, del derechista Partido Patria Querida.
Alderete dijo que en las tierras de Teixeira se previó instalar el área comunitaria de los campesinos en un solo lugar, como viviendas, hospitales, escuelas, colegios, servicios de electricidad y agua corriente. La colonia agrícola debe tener un sistema de producción diversificado de acuerdo a la calidad del suelo. En cuanto a los bosques vírgenes del inmueble, de unos 15.000 de las más de 21.000 hectáreas del inmueble, el presidente del Indert había dicho a los diputados que tenía pensado mantener el medio ambiente nativo. Sin embargo, aclaró que mediante un sistema de educación colectiva se podría permitir a los tenedores de las tierras a explotar el monte en forma racional; es decir, permitir la extracción de árboles maduros y al mismo tiempo realizar una sistemática reforestación para reserva del futuro.

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(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

(1) Indert condena a muerte 15.000 Ha. de bosques

Indert entregó más de 1.700 títulos de tierras y compró propiedades por G. 37.000 millones

Por Dionisio Arce Jara (*)

“Constatamos que el proceso de adjudicación y titulación de tierras estaba basado en un sistema de gestión corrupto y clientelista, orientado a distribuir tierras de manera indiscriminada –y no necesariamente a sujetos del Estatuto Agrario-, en un esquema populista cuyo único objetivo era sostener ante la opinión pública que se habían distribuido miles de hectáreas en un determinado plazo. Quedaba claro que lo importante, en el criterio de las anteriores gestiones, era cuántas hectáreas se habían entregado y, no precisamente a quiénes, para qué y de qué modo”, señala el segundo párrafo de la respuesta entregada por el abogado Alberto Alderete Prieto, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a la Cámara de Diputados durante su interpelación el 8 de octubre de 2009.

“En el afán de intervenir en ese sistema para corregirlo, se inició un trabajo de observación minucioso que permitió detectar la existencia de miles de expedientes con innumerables irregularidades. Las anomalías estaban presentes desde el primer paso del proceso, esto es, desde la misma solicitud de compra del beneficiario y el posterior informe del Indert sobre la ocupación de la tierra, vivienda, cultivos y otros datos obligatorios establecidos. Es así que los funcionarios del Indert responsables de realizar falseaban los datos del solicitante del lote para disfrazarlo de sujeto del Estatuto Agrario. Estas maniobras ilegales beneficiaron a comerciantes, profesionales independientes, funcionarios públicos y otras personas, en detrimento de campesinos y campesinas de nuestro país”, según Alderete.

El renunciante presidente del Indert dijo que, del 16 de agosto de 2008 al 7 de octubre de 2009, la institución entregó a familias campesinas “1.762 títulos, lo que equivale a cuatro títulos por día”. El funcionario también reveló que durante este lapso el Instituto compró tierras, a precio de mercado, por más de 37.700 millones de guaraníes. Además, compró inmuebles que estaban en poder del Banco Nacional de Fomento por más de 4.600 millones de guaraníes. En el momento de la interpelación, el Instituto estaba gestionando la compra por la vía de excepción (sin licitación pública) inmuebles por más de 2.000 millones de guaraníes. A esto se debe sumar las tierras compradas mediante este mecanismo administrativo, en diciembre de 2009, por más de 18.000 mil millones de guaraníes.

Defendió labor del CEPRA

Otra parte de la defensa de Alderete se refiere a la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), creada por Decreto Nº 838/08 del Poder Ejecutivo. El funcionario dijo que los objetivos de este sistema de trabajo son:  “coordinar y promover el desarrollo económico y social político y cultural, impulsar la gestión de las políticas publicas en relación a los asentamientos creados y a contribuir al logro de la Reforma Agraria (art.2º). El INDERT es la Institución responsable de la coordinación para la ejecución de los trabajos y proyectos de campo, para lo cual cuenta con el apoyo de otras instituciones publicas, como Ministerios y Entes Descentralizados”.

“A partir de su creación, se ha trabajado directamente en el terreno a fin de realizar un diagnostico y relevamiento de la situación de aquellas comunidades con mayores deficiencias en cuanto a necesidades básicas insatisfechas, para lo cual se conformaron equipos técnicos multidisciplinarios e interinstitucionales que en forma conjunta recorrieron cada uno de los lugares identificados inicialmente”, según Alderete.

“Ante este nuevo escenario se ha optado por dotar de mayores recursos a los proyectos de asistencia y apoyo para el arraigo, a través de proyectos integrales de asistencia a los pequeños productores, que consisten básicamente en la provisión de insumos para consumo y producción, y el apoyo de técnicos promotores de desarrollo, tanto para la producción como para el fortalecimiento de las organizaciones campesinas con apoyo de autoridades locales (Municipios y Gobernaciones), a fin de lograr la sostenibilidad y compromiso por parte de los beneficiarios futuros. Este proyecto tiene un horizonte de desarrollo de 5 años”, según el documento que había presentado el titular del Indert a Diputados (1).

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(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

(1) Nota del abogado Alberto Alderete entregada a la Cámara de Diputados en respuesta a la preguntas de la interpelación del 8 de octubre de 2009.