Periodistas quedan solos y abandonados ante los problemas si no se organizan en gremio

Bienvenido Colmán (izq.) y Modesto Peralta, periodistas de Villarrica. Estuvieron en esta ciudad, Dionisio Arce Jara y Pedro Benítez Aldana.

La filial del Sindicato de Periodistas del Paraguay de Villarrica realizó el 30 de enero su asamblea ordinaria. En la ocasión habló el periodista electo como coordinador, Bienvenido Colmán, quien destacó la importancia de que los periodistas tomen conciencia de sus problemas laborales y la necesidad de tomar al gremio como un instrumento para mejorar las condiciones en el trabajo, ya sea incrementar el salario y obtener el seguro social del Instituto de Previsión Social.

Manifestó que la mayoría de los periodistas de Villarrica está abandonado o huérfano porque vive desconectado del SPP, por lo que dijo que es fundamental potenciar el gremio en esta región del país. El colega señaló que es necesario también crear una cooperativa para comunicadores y establecer un plan de seguro médico privado para los periodistas, pero enfatizó que para eso debe haber más integración entre los trabajadores.El colega también aprovechó la ocasión para criticar a los sucesivos miembros del SPP porque no atienden en buena forma a los asociados, ya que ni siquiera tienen en cuenta las solicitudes de nuevas afiliaciones.

Difícil trabajo gremial

El secretario general del SPP, Pedro Benítez Aldana, y el secretario de interior, Dionisio Arce Jara, estuvieron en Villarrica para asistir a la asamblea. En primero habló sobre los proyectos de la directiva, entre ellos “Trabajo Digno”, que es un programa de educación sobre los derechos laborales.

Este plan lanzó el SPP en vista de que la mayoría de los trabajadores de prensa no conoce sus derechos establecidos por el Código Laboral y el Contrato Colectivo firmado con Radio Ñandutí, ABC Color, Ultima Hora y La Nación.
Benítez Aldana también habló del análisis sobre la “Situación de la Prensa en Paraguay”, que se hizo en base a una encuesta de octubre de 2008. Este trabajo permitió conocer que gran parte de los medios no pagan el seguro social del Instituto de Previsión Social y el salario mínimo. La mayoría de las radios ni siquiera está registrado como empresas en el Ministerio de Justicia y Trabajo.
El secretario general descató la iniciativa de los periodistas de Villarrica de potenciar la filial del SPP, ya que los miembros de la comisión directiva no pueden hacer su trabajo sin el acompañamiento de los asociados. Manifestó que es muy difícil estar codo a codo con los colegas del interior porque es costoso el viaje, pero aún así este año está programado visitar a todas las filiales, en especial para asistir a las asambleas para renovar directivos o para fundar una nueva “sucursal” del gremio, como es el caso del programa de Salto de Guairá, donde habrá una reunión el 20 de enero.
Por su parte, Arce Jara habló de la necesidad de contar con un sistema de financiamiento eficaz del SPP, ya que es vital para cumplir los compromisos con los colegas del interior. Manifestó que así se podrá realizar charlas de capacitación en temas laborales en Villarrica y otras ciudades. Recordó a los colegas que hay que estar alerta sobre los sistemas nuevos de explotación que pretenden imponer las patronales, que es la figura del “periodista multifunción”; es decir, trabajadores que hacen periodismo para prensa escrita, periodismo digital, radial y televisiva para empresas que manejan “holding”.
Los colegas de Villarrica hablaron de que este problema ya se instaló en la ciudad, ya que algunos operadores de radio trabajan también, mediante el pago de un simple sobresueldo, como periodistas de la misma empresa para suplir a los comunicadores o para evitar nuevas contrataciones.
El compañero Arce Jara dijo que en Asunción ya existen periodistas que trabajan para diarios y que realizan notas para otros medios de sus mismos patronales. De esta manera se resta puesto laboral a comunicadores, quienes están llenando el mercado laboral porque las universidades otorgan títulos a decenas de estudiantes todos los años. En Villarrica también existe este último problema social que genera la depreciación de los salarios, ya que hay más demanda que oferta de puestos de trabajo.

Enlace de Interés

Evasión del seguro social de radios de Villarrica desnuda la desidia y corrupción en el IPS

La policia luguista sigue con la práctica stronista de detenciones ilegales, según abogado

Por Dionisio Arce Jara (*)

Juan Martens (izq.), el ministro Rafael Filizzola y el cuestionado fiscal Rogelio Ortúzar, quien aparece en una nota de Ultima Hora del 9 de mayo de 2007.

El abogado Juan Martens, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), aseguró que la policía a cargo del ministro socialista Rafael Filizzola continúa con la práctica de las detenciones ilegales, ya sea en la ciudad y en el campo. En las zonas urbanas es para extorsionar a supuestos delincuentes comunes y a trabajadores del sexo (travestis, prostitutas); en áreas rurales también operan de la misma manera, en especial, para detener y amedrentar a campesinos organizados en comités, comisiones o sindicatos. En este último caso, la policía luguista cuenta con la ayuda y complicidad de los miembros de la Fiscalía General del Estado.

Esta es la versión de Martens sobre lo que queda de la dictadura stronista, que fue el tema de un panel-debate realizado el 3 de febrero en el Parlamento Nacional para conmemorar el golpe de estado de 1989.
El abogado manifestó que los sucesivos gobiernos colorados, que duró más de 50 años, al parecer no querían elevar el nivel social y económico de los policías porque así se los mantienen sujetos al mandamás de turno. El gobierno de Fernando Lugo tampoco hizo mucho para cambiar la situación, aunque hay que recordar que el nivel salarial de los oficiales ha aumentado en los últimos años. Enfatizó que la policía stronista, convertida luego en Policía Nacional, se los mantiene en una situación económica miserable para que “necesiten vivir en la ilegalidad”.

La “policiación” del Ministerio Público

Martens dijo que de unos 23.000 efectivos policiales que tiene el Paraguay, alrededor 19.000 son “suboficiales”, que son personas que tuvieron como máximo entre 9 a 10 meses de preparación en 14 “centros de capacitación” que tiene el Ministerio del Interior en varios puntos del país. Aseguró que la mayoría de los policías no se dedica a estudiar, sino a realizar mandatos de sus jefes y dio como ejemplo el caso de un comisario, director de una escuela de formación de Pilar, que utilizaba a los aspirantes a lavar autos en su lavadero comercial.
El abogado señaló también que, desde la modificación del Código Penal en 1997, apareció un nuevo actor en el fenómeno de la represión de la gente. Se trata de los fiscales, quienes también adquirieron los vicios de la policía stronista. Manifestó que los miembros del Ministerio Público ahora son más policías que defensores de la sociedad. Este vicio se le conoce en el ámbito académico como “policiación”, que por suerte no es solo paraguayo, enfatizó el panelista, que actualmente es el defensor de varios supuestos miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que fueron detenidos luego de la liberación del ganadero Fidel Zavala el 17 de enero de 2010.
El abogado dijo que cada vez más aparecen fiscales con aires o mentalidad de policias, que se visten como policías y que reprimen como policías, en especial en las zonas rurales, donde los grupos de poder (empresarios, políticos, ganaderos) fijan las reglas de conducta de los miembros del Ministerio Público de acuerdo a sus intereses mezquinos.
Un ejemplo extremo de la “policiación” es la actuación ilegal del fiscal Rogelio Ortúzar en una intervención fiscal-policial el 5 de mayo de 2007 en Minga Guazú, donde fueron supuestamente abatidos en un enfrentameinto seis secuestradores, entre ellos dos menores de edad. El fiscal apareció ante los periodistas con chalecos antibalas y una ametralladora. Actuó como si fuera “Rambo”, pero dijo que parecía más bien “Matrix”, ya que pudo esquivar las balas de los supuestos delicuentes.
Los familiares de quienes fueron acribillados a balazos denunciaron que no hubo enfrentamiento y que sus hijos fueron primero torturados y luego ejecutados. Ortúzar sigue ocupando su cargo sin problemas gracias al apoyo político que recibió de Nicanor Duarte Frutos y, en especial, del fiscal general Rubén Candia Amarilla. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y las Comisiones de Derechos Humanos del Parlamento Nacional no hicieron nada al respecto.

Ver este caso en ABC Color: nota 1; nota 2 ; nota 3

Ver nota en Ultima Hora

(*) Periodista del Diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP

Filizzola tiene hoy un discurso autoritario que se adecua a su política represiva al estilo stronista

Por Dionisio Arce Jara (*)

Arriba: Martín Almada y Juan Martens: Abajo, el ex comandante de la Policía Nacional, Federico Acuña, el ministro Rafael Filizzola; el ex subcomandante Celso Benítez Oviedo y el viceministro Carmelo Caballero en agosto de 2008.

El abogado Juan Martens, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), habló ayer en el Parlamento Nacional en el panel sobre el stronismo y su legado, realizado en coincidencia del golpe del 2 y 3 de febrero de 1989. Resaltó el cambio del discurso del ministro socialista Rafael Filizzola, quien desde que asumió el cargo, en agosto de 2008, ha tenido un lenguaje político democrático. Sin embargo, dijo que el ministro del Interior siguió la tradición del Partido Colorado de la práctica autoritaria stronista en contra del movimiento campesino.

Martens puso como ejemplo del cambio de discurso la campaña publicitaria contra los Enemigos del Pueblo Paraguayo (EPP), que es una iniciativa del Ministerio del Interior. En los anuncios de radio y televisión y medios impresos, pagados por Itaipu Binacional, se han condenado de antemano a los supuestos guerrilleros del norte y a refugiados políticos, como lo son Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.
“¿Si también el discurso ya es autoritario de vuelta, cuánto más autoritaria puede ser la práctica de los y las oficiales de la Policía Nacional?”, preguntó el abogado a los oyentes. El asunto es que los miembros de la Policía tenían a la cabeza del Ministerio del Interior a una persona supuestamente democrática y que era una especie de “contensión” ante posibles prácticas violentas contra presos comunes y campesinos.
Esta es la visión de Martens sobre este tema. Resaltó que ahora Filizzola y toda la cúpula del gobierno del presidente Fernando Lugo presenta como “enemigos del pueblo” a dirigentes sociales y personas con una larga trayectoria de lucha y resistencia contra los abusos de poderosos, como es el caso de Sindulfo Agüero, quien había perdido un ojo en sesiones de tortura durante la dictadura de Alfredo Stroessner en 1973. El campesino era militante de la Ligas Agrarias Cristianas y es fundador de la Organización Campesina del Norte (OCN). El ya anciano líder de 68 años fue detenido el 19 de enero junto a otros campesinos como uno de los supuestos cómplices del fantasmal Ejército del Pueblo Paraguayo.

----------------

Fernando Lugo no terminó con torturadores

-------------

El abogado de INECIP puso de resalto que en la Policía Nacional siguen las mismas prácticas de la época stronista, ya que no hubo un cambio de estructura ni de mentalidad desde el golpe del '89 y luego de la entrada en vigencia de la Constitución Nacional de 1992.
Durante el testimonio de personas que sufrieron violaciones de sus derechos humanos, que se realizó en la Cámara de Senadores el 4 de diciembre de 2009, se escuchó el relato de varias víctimas de la policía luguista, entre ellos de Emiliana Quiñonez Espínola, campesina de Guayaybi (San Pedro). La misma denunció haber sido torturada y “violada” con cachiporra el 21 y 22 de agosto del 2009 por la ex jefa de la comisaría de esta localidad, Virginia Villar, quien tiene antecedentes penales por lesión grave y otras denuncias de torturas (vea la denuncia en el enlace de abajo).
Martens manifestó que no hay cambio de mentalidad en la Policía Nacional porque el “bicho” o recluta que se incorpora a los cuadros policiales internaliza como actitud propia la práctica autoritaria, ya que sus jefes y tutores fueron educados en esta escuela. Un ejemplo de este fenómeno es la Policía Urbana Especializada, que fue presentada por el gobierno de Nicanor Duarte Frutos como la “policía amiga” de la ciudadanía.
El uniforme azul de los efectivos de la PUE, que se contrapuso al viejo “kaki” (color de la dictadura stronista), pasó a la historia en abril de 2009 porque supuestamente la gente confundía a los miembros de esta institución con los guardias de seguridad privada. Martens enfatizó que los jóvenes “amigables” de la PUE ya cometieron muchos abusos contra la población vulnerable (travestis, vendedores ambulantes y otros trabajadores nocturnos) y tiene en su haber varios delitos comunes, como robos y asaltos, según denuncias.
“Por tanto, esta policía que tenemos mantiene todos los vicios de la dictadura stronista, principalmente la tortura”, según Martens, quien se preguntó la razón de este fenómeno social. Respondió que los efectivos policiales recurren a la tortura para obtener resultados ante la presión de la gente, ya que no cuentan con una formación especializada para la investigación de delitos y crímenes, tienen un salario bajo y trabajan más de 12 a 15 horas por día en condiciones insalubres y de desprotección (cada año mueren varios policías en misión de servicio).

Esta es la información que publica ABC Color el 5 de febrero, que es la prueba del deterioro social, familiar y sicológico de policias hones- tos. Los bajos salarios y un ambiental laboral insalubre generan este problema.

----------------------

(*) Periodista del diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP
ENLACES RELACIONADOS
El terror empezó
La política de seguridad de Lugo y el Terrorismo de Estado
Acusan a Ministro Filizzola y fiscala Quiñonez de Terrorismo de Estado 
Lugo condecora a Resck y promulga "Ley Antiterrorista"
 

Evasión del seguro social de radios de Villarrica desnuda la desidia y corrupción en el IPS

Arriba: Pedro Juan Paredes (izq.), socio del SPP de Villarrica; Dionisio Arce y Pedro Benítez. Abajo: Bruno Martínez (izq.) y Jorge Giucich.

Los miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay, filial de Villarrica, denunciaron que la mayoría de los medios radiales y otros escritos evaden el seguro social obligatorio, lo que desnuda una vez más la desidia y la corrupción en el Instituto de Previsión Social.

Esta es la principal y fundamental queja de periodistas del país y que los miembros de la comisión directiva del SPP ya han denunciado a lo largo de varios años ante el IPS. Sin embargo, casi nada a cambiado con el gobierno del presidente del “cambio”, Fernando Lugo.

Uno de los aliados de Lugo es el Partido País Solidario (PAIS), pese a ser un partido minoritario, por lo que había tomado las riendas del Instituto como “botín de guerra” luego de las elecciones del 20 de abril de 2008. El senador Carlos Filizzola y miembros de este partido dominan los principales cargos de confianza en el IPS.
El actual presidente del Instituto, abogado Jorge Giucich, también ha prometido a la comisión directiva del SPP que combatirá la evasión, inclusive con la ayuda del Ministerio de Justicia y Trabajo. Sin embargo, nuestro gremio sigue recibiendo denuncias de trabajadores de prensa, en especial del interior, de que los medios continuan evadiendo el seguro social obligatorio.
En setiembre de 2009, Giucich y los directores del IPS, entre ellos el jefe de la Dirección Aporte Obrero-Patronal, Bruno Martínez, habían recibido a una delegación del SPP. En la ocasión se habían comprometido en luchar contra la evasión. Sin embargo, y pese a que el Instituto tiene las herramientas legales, la falta de pago del seguro social en el sector prensa sigue en los mismos niveles como si fuera que estamos aún viviendo en el gobierno de Luis González Machi o Nicanor Duarte Frutos.

Un caso patético de evasión

Los periodistas de Villarrica que asistieron a la asamblea del 30 de enero han puesto en evidencia la mala gestión de Giucich, quien tiene como asesor al Dr. Amado Gill Pessagno, uno de los presidentes del IPS más ineficientes desde los últimos años. Este último, amigo y correligionario del senador Filizzola, administró el ente de seguro desde agosto de 2008 a agosto de 2009.
Un caso patético, pero que no es atribuible al gobierno de Lugo, es la penuria sufrida por el colega Pablo Darío Dávalos, ex periodista de Radio Guairá. El colega tiene 59 años y trabajó 35 años en esta emisora. El IPS solo tenía registrado cuatro años de aporte obrero-patronal.
En agosto de 2009, la comisión directiva de nuestro sindicato e inspectores de la Dirección del Trabajo, del Vice Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, realizaron una fiscalización en Radio Guairá de Villarrica y Radio Hechizo de Caazapá. En la ocasión se comprobó que no cumplen con las disposiciones laborales mínimas.
El secretario general del SPP, Pedro Benítez Aldana, y el secretario de Interior, Dionisio Arce Jara, visitaron el 30 de enero al colega Dávalos, quien relató los pormenores de su caso, que también se incribirá en los anales de la evasión del seguro social por parte de las radios del país.
El periodista villarriqueño es un “afortunado”, teniendo en cuenta la miseria de la mayoría de la clase trabajadora del país que no tiene seguro social, ya que por lo menos logró una “jubilación de invalidez permanente por enfemedad”. El mismo había sido operado de una grave enfermedad del corazón en el IPS, por lo que los profesionales de la Junta Médica habían aprobado el pedido hecho por nuestro compañero, quien solo logró rápidamente este beneficio gracias al apoyo que había recibido de la comisión directiva del SPP.
Dávalos obtuvo una jubilación de 637.633 guaraníes o sea la mitad de lo que figuraba en los últimos cuatro años en el IPS, según Ley 98/92 del Instituto. El nombre del colega ingresó en la lista de miles de jubilados que no llegan a cobrar el actual salario mínimo.
Otra queja de los asambleístas, que es una grave irregularidad que se extiende a la mayoría de los medios del país, es la inestabilidad laboral y la falta de pago de un salario mínimo. El fenómeno de la ampliación de la oferta de mano de obra también preocupa a los colegas de Villarrica, ya que todos los años las universidades lanzan al mercado laboral “licenciados” en periodismo o en comunicación social.

Bienvenido Colmán (izq.), Modesto Peralta y Freddy Perdomo, socios de la filial del SPP de Villarrica.

Filial del SPP de Villarrica renovó autoridades

Alfredo (Fredy) Vera (izq.), Luis Antonio Duarte, Bienvenido Colmán, Elizabeth Brítez y Magna Palacios.

La filial del Sindicato de Periodistas del Paraguay en Villarrica renovó sus autoridades el sábado 30 de enero. La asamblea se realizó en el local del Colegio Gimnasio Paulino. En la oportunidad fue electo como Coordinador General Bienvenido Colmán; Vice Coordinador, Luis Antonio Duarte; Secretario de Actas y Relaciones, Luis Carlos Traversi;Tesorera, Elizabeth Brítez; Vocal Titular, Magna Palacios; Vocal Suplente, Alfredo Vera y Síndico, César Martínez. El período de esta nueva directiva es de 2010/11.
En representación de la Comisión Directiva del gremio estuvieron presentes, el Secretario General, Pedro Benítez Aldana y el Secretario de Interior, Dionisio Arce Jara. Con la presencia de unos 15 de 35 asociados del SPP, la asamblea aprobó, primeramente, el orden del día. Posteriormente, fue electo el presidente de la Asamblea, que recayó en la persona de un periodista y locutor de larga trayectoria en el país, Alfredo (Fredy) Vera y como Secretario el Abogado, Pedro Paredes Arguello.
Seguidamente, el Vice Coordinador saliente, Modesto Peralta, dio un informe de las principales actividades desarrolladas durante el mandato fenecido, cuyo Coordinador General fue el compañero Pablo Dávalos, quien actualmente se está recuperando de una grave intervención quirúrgica del corazón.
El Secretario General del SPP informó de las principales actividades que viene desarrollando el gremio a nivel nacional. Destacó que la directiva había resuelto propiciar la realización de asambleas de renovación de autoridades de todas las filiales que están con mandato fenecido y crear otras, si el caso amerita, como sería el de Salto del Guairá, previsto para el 20 de febrero de 2010.
Luego de la formalización de la lista y la posterior votación, se pasó a asuntos varios, entre ellos se destacó el pedido de los compañeros de la Fillial fue la de realizar charlas, jornadas y cursos de capacitación.
Los directivos del SPP que estuvieron en la asamblea alentaron a los compañeros de la filial a que programen y elijan el tema que desean desarrollar para que el gremio pueda, en un tiempo prudencial, planificar y cumplir con el pedido de los afiliados.

Campaña “Trabajo Digno”

Por otro lado, Benítez Aldana se refirió a la campaña "Trabajo Digno" que está en su fase de culminación y explicó que dentro de ese marco se elaboraron charlas, reuniones y la distribución de folletos que se refieren al contenido de la actividad, la Situación de la Prensa en Paraguay y del Contrato Colectivo de Trabajo. Todo esto, con el apoyo del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO y la FIP. Estos documentos fueron distribuidos a cada uno de los afiliados presentes.

El nuevo Coordinador General del SPP en Villarrica, Bienvenido Colmán

Diario La Nación despide a una periodista recién contratada por exigir su salario

El diario La Nación, cuyo director es Alejandro Domínguez Wilson-Smith, ha cometido su acostumbrada arbitrariedad al despedir a una periodista, repratriada de Argentina, que comenzó a trabajar el 15 de diciembre de 2009. Se trata de Fátima Elizabeth Rodríguez, quien denunció al Sindicato de Periodistas del Paraguay y al comité sindical del diario el trato desconsiderado que fue objeto por parte de funcionarios del Departamento de Recursos Humanos y del jefe de redacción, Néstor Insaurralde. La misma fue despedida el 1 de febrero y ahora el comité del diario está tratando de que la empresa revea su medida, ya que contratada por recomendación de Insaurralde.
La colega relató en una nota dirigida al SPP los malos momentos que había pasado desde que había reclamado su salario. Además, pone de manifiesto el régimen de explotación a que son sometidos por la empresa los trabajadores recién incorporados al plantel del diario. Informó que Insaurralde le asignó el área de “Tendencias”, pero el certificado de trabajo que firmó figura que pertenecía a la sección “Revista”.

“Ese mismo día (15 de diciembre), el señor Néstor Insaurralde me pidió que a la par de escribir para las páginas de Tendencias, supliera a Mario Rubén Velázquez en la producción de notas para el área de Dossier durante sus próximas vacaciones. Vale decir que si bien en los primeros días, en el área de Tendencias sí había una editora, luego salió de vacaciones hasta la quincena de enero dejándome a cargo de la sección. En la otra área tenía que producir el contenido y realizar trabajos que corresponden a un editor. Hubo días que debí producir, escribir y editar hasta 7 páginas del diario de una fecha, señala la nota de la compañera.
“Desde el día que comencé a trabajar hasta la quincena de enero no tomé días libres debido a que me tocó cubrir a la editora y única redactora del área de Tendencias y al único redactor del área de Dossier. Recién el día martes de esta semana regresó Mario Rubén Velázquez, el que cubre el área de Dossier y con el que me ha tocado hacer un trabajo esta semana”, según la periodista Rodríguez.
La colega relata que los días de cobro en La Nación son del 1 al 5 y del 15 al 20 de cada mes. La primera porción de su salario lo cobró normalmente, como los demás periodistas del plantel, pero llegó el 26 de enero y aún no cobraba la otra porción. Por esta razón hizo varios trámites en el área administrativa y de recursos humanos y con jefe de redacción. Luego de mucho trajinar y mendigar por su salario, finalmente, al final de aquel día firmó un recibo y le agregó de puño y letra la fecha del día. Sin embargo, los administradores le negaron el pago porque tenía que poner la fecha del 15 de enero, fecha de pago oficial.
“El señor Quiñones (el cajero pagador) se excusó de entregarme el dinero alegando que es una orden de dirección que no se le puede poner la fecha real y que converse con la gente de administración, porque son las reglas y él no podía entregarme porque le podían descontar a él de su salario. Fui arriba, al área de administración a reclamar y la empleada que me atendió expresó que "no se puede cambiar la fecha. Y sólo el departamento de Recursos Humanos puede imprimir el recibo". Entonces, pedí prestado el celular del señor Néstor Insaurralde para llamarle al jefe de Recursos Humanos, Señor Martín, para que me libere mi salario, ya que debía cumplir con compromisos al día siguiente”, según el relato de Rodríguez.
“Ante mi insistencia de la diferencia entre el 15 de enero y 26 de enero, la respuesta fue "Si no firmás con la fecha que está en el recibo que nosotros preparamos, no cobrás". Al día siguiente envié un mensaje al Señor Néstor Insaurralde para tomarme uno de los días libres que me debía la empresa. Finalmente, recién el jueves 28 de enero debí retirar mi dinero y firmar que recibí el 15 de enero. Defender mi derecho ha sido la causa que me valiera el desempleo. El señor Martín, me llamó el día de hoy-lunes 01 de febrero al interno telefónico y me pidió que fuera a la oficina. Bajé hasta allí y me comunicó que debía entregarme una nota de rescisión de contrato”.
Lo lamentable de este asunto es que la compañera fue conminada a salir del diario bajo la amenaza, que si no lo hiciera de inmediato ese día 1 de febrero, llamarían al guardia de seguridad. Este fue el trato dado por el jefe de Recursos Humanos, Martín, a la compañera cuando se negó a firmar la nota de comunicación de despido, ya que decía que era una “pasante” cuando en realidad fue contratada por Insaurralde.
“He trabajado en la misma empresa durante casi cuatro años en la anterioridad y me volvieron a ofrecer trabajo, y resulta que ahora "no reunía las condiciones". La empresa y el señor Alejandro Domínguez Wilson-Smith tienen todo el derecho de despedir a quienes, les parece, no cumplen con los objetivos de la línea editorial de su periódico. Sin embargo, es mi derecho solicitar al Estado Paraguayo cumplir con su obligación de velar por los derechos del trabajador. Ya que en cualquier otro país, dónde mínimamente funciona la justicia, el Estado investiga y sanciona a las empresas que chantajean a sus empleados”, según Rodríguez.
“La crisis internacional ha causado estragos en los trabajadores, pero más daño han causado los empresarios inmorales que se aprovechan de la crisis para chantajear a los trabajadores con su derecho básico de percibir su salario en tiempo y forma a fin de asegurar la satisfacción de las necesidades básicas. Los trabajadores y sus organizaciones han sido desmoralizados por la indignante impunidad para los empresarios que violan en forma sistemática el código laboral, mediante el delito de chantaje para producción de documentos de contenido falso, ya que los recibos firmados contienen datos-fechas- que no corresponden a la verdad”, reza otra parte de la nota de la colega.

Obra del Servicio de Urgencias del IPS concluirá con atrasos debido a desidia del consejo

Por Dionisio Arce Jara (*)

Este es el nuevo edificio del Servicio de Urgencias, que estará listo “a medias” en dos o tres meses, ya que falta el pasillo que conec- tará con el viejo local.

Una parte del edificio del Servicio de Urgencias del Instituto de Previsión Social podría estar listo dentro de dos o tres meses, lo que significa que comenzará a utilizarse más de un año y medio después de lo previsto. El retraso se debe a problemas de diseño y a desidia de ex consejeros y de actuales miembros del consejo.

La obra del Servicio de Urgencias había comenzado en diciembre de 2007 y debió concluir en setiembre de 2008, según contrato firmado por la ex administración del Ing. Pedro Ferreira con la empresa M & T y Asociados, cuyo representante es el Ing. Jorge Moreno.

El primer grave problema con que se había tropezado la empresa es que la Municipalidad de Asunción se negó a aprobar los planos de la obra, ya que los técnicos del IPS, entre ellos el Ing. Marco Aurelio Aponte, ex titular del Dirección de Infraestructura, se habían “olvidado” de diseñar las escaleras de emergencias en caso de incendios. Esto determinó que la ex administración del Dr. Amado Gill Pessagno contrate a otra empresa, vía licitación pública, para realizar la obra, que ahora ya está concluida.

La obra de Urgencias comenzó a pesar de este inconveniente, pero los trabajos se atrasaron a lo largo del 2008 y 2009 debido a otros inconvenientes técnicos y de diseño y, en especial, a la desidia del consejo presidido por Gill Pessagno. El IPS había entregado a la constructora los “planos definitivos” recién el 17 de diciembre de 2008.

--------------

Sin explicaciones

Mientras tanto, los pacientes y los médicos siguen soportando todo tipo de penurias debido a la falta de espacio en el viejo edificio, que ahora está colmado de pacientes. Debido a ello, los médicos decidieron instalar mamparas en los pasillos del Servicio de Urgencias para cubrir las camas y así atender a los enfermos y heridos que no presentan cuadros graves.

La empresa informó que la obra terminaría en dos o tres meses, pero si no tiene inconvenientes de nuevo. Sin embargo, no todo está acabado, ya que la administración del abogado Jorge Giucich realizará una inauguración a medias para que se pueda usar el nuevo edificio.

La constructora luego debe continuar los trabajos de refacción del viejo edificio de Urgencias, ya que debe estar conectado, por un pasillo, al nuevo local. Además de esto, se debe encarar la construcción del sistema de conexión entre la obra a ser inaugurada y el viejo edificio central, ya que los pacientes deben pasar a salas de recuperación fuera del Servicio de Urgencias.

M & T había reclamado más de G. 1.400 millones en certificado de reajuste de precio de la obra, pero la administración de Gill Pessagno no lo reconoció. El consejo no resolvió el asunto pese a que pidió un “avenimiento” a la Dirección de Contrataciones Públicas en abril de 2009. Luego resolvió un “arbitraje” en mayo de ese año, pero al final lo descartó. Sin embargo, la administración Giucich otorgó casi todo a la firma, entre ellos el pago de unos G. 1.100 millones, según Moreno.

Gill Pessagno y los ex consejeros Alejandro Mazacotte y Agustín Casaccia nunca informaron a los asegurados las razones por las cuales no cumplieron el contrato con M & T. Tampoco aclararon por qué no han tomado una decisión sobre cuestiones técnicas no previstas en  la planilla de obras del contrato, como el tablero eléctrico y la construcción de una nueva tapa del tanque de agua, que había quedado destruido por mal diseño.

---------------

 

Esta es la escalera para salida de emergencias en caso de incendio que no fue prevista por los diseñadores a cargo del Ing. Pedro Fe- rreira. Esta obra terminó recientemente, pero falta aún muchos otros detalles arquitectónicos del Edificio del Servicio de Urgencias. 

(*) Periodista del Diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP

La familia Arrom dice que Juan y Anuncio no tienen garantías con un Poder Judicial corrupto

Juan Arrom muestra los rastros de torturas en el Sanatario Migone luego de ser rescatado, el 17 de enero de 2002, por sus hermanas de la casa de un policía.

Los hermanos/as Arrom Suhurt emitieron un comunicado público sobre el secuestro y tortura que habían sufrido Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán por un grupo parapolicial que habría encabezado Antonio Gamarra, David Schembori y Javier Cazal. Estos fueron sobreseidos por “falta de pruebas” y los ahora perseguidos políticos hu- yeron al Brasil porque temían ser condenados por el secuestro de María Edith de Debernardi, con pruebas  plagada de testigos falsos y pruebas pre-constituídas, según la nota. Ejemplo de esto fue Gumersindo Aguilar, testigo falso preparado por el ex fiscal Oscar Latorre y el ahora fiscal adjunto Marcos Alcaraz para involucrar a Lino Oviedo y otros en el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña.

La campaña mediática realizada por el gobierno neonicanorista de Fernando Lugo y Federico Franco para pedir al Brasil la anulación del estatus de refugiado político de Arrom, Martí y Colmán es solo una “cortina de humo ante centenares de problemas como la corrupción, la inseguridad, la falta de respuesta a los problemas económicos y sociales, la falta de rumbo y moral de un gobierno que día a día pierde la confianza de la ciudadanía”, según el comunicado publicado en Ultima Hora el domingo pasado. Otra parte de la nota señala: ¿Que moral y credibilidad tienen un poder judicial y un ministerio público que dejan en la Impunidad Delitos de Lesa Humanidad?. Que dejan prescribir el juicio a González Macchi y que blanquean a Duarte Frutos por enriquecimiento ilícito.

Hasta ahora no hay cambios en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado, como prometieron Lugo, Franco, el PLRA y sus aliados del P-MAS, Pais Solidario, del supuesto partido socialista "Partido Democrático Progresista", fundado por el ministro Rafael Filizzola y su esposa, diputada Desiree Masi.

---------------

A continuación el comunicado de la familia Arrom Suhurt

Ante la insólita e intempestiva difusión de propaganda del gobierno impulsada por el Ministro del Interior, so pretexto de la “búsqueda” de “prófugos”, que incluye ridículamente entre los reclamados los nombres de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colman, le recordamos a los amnésicos que los mismos se hallan con residencia fija en la República Federativa del Brasil hace siete años en carácter de Refugiados Políticos bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en corresponsabilidad con el Estado Brasileño.

El secuestro político y torturas a que ellos fueron sometidos por personeros del gobierno NO HÁ QUEDADO EN LA IMPUNIDAD ante organismos internacionales. Por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que ya había tomado intervención en el año 2002 ante los bárbaros atropellos que sufrieron en sus Derechos Humanos, ya había exigido del gobierno paraguayo Medidas Cautelares de protección. Y en el año 2008 la CIDH-OEA Admitió la demanda por graves violaciones de los DDHH contra Juan Arrom y sus compañeros Refugiados Políticos, por lo cual el Estado paraguayo hoy está sentado en el banquillo de los acusados por el peor de los Delitos reconocido y combatido por la Legislación Universal : Delito de Lesa Humanidad.

Asimismo, países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) como la República Federativa del Brasil, han dado la razón a los refugiados en la búsqueda de JUSTICIA fuera de su patria. El Refugio Político, decisión Soberana de un Estado miembro de la OEA habla por sí solo de la absoluta falta de moral y credibilidad del Poder Judicial y Ministerio Público de nuestro país.

En Paraguay ellos fueron blanco de todo tipo de violaciones de sus garantías constitucionales. El Poder Judicial y el Ministerio Público dejaron en la IMPUNIDAD a los secuestradores y torturadores como los policías Antonio Gamarra, David Schembori y el ex director del CIJ del Ministerio Público, Javier Cazal, entre muchos otros responsables que ni siquiera fueron investigados. Y por contrapartida pretendieron someterlos a un juicio amañado plagado de testigos falsos y pruebas pre-constituídas como lo fue denunciado en los dos Juicios Políticos al ex fiscal general Latorre Cañete y al ex Pdte. González Macchi en donde se violaron todas y cada una de las garantías de todo proceso penal.

40.000 personas marcharon en marzo del 2006 exigiendo la renuncia de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Estas aspiraciones ciudadanas han sido una vez mas defraudadas por quien hoy se encuentra al frente del poder ejecutivo, y no faltan algunos políticos oportunistas abyectos y extasiados con el dinero de la corrupción en el parlamento que ahora hablan de un inexistente Estado de Derecho en el país. Ya que antes que preocuparse por esbozar ante organismos internacionales como la CIDH-OEA y el ACNUR una disculpa del Estado paraguayo por estar entre quienes más violan los DDHH en el mundo y sufrir procesos penales en la Corte de la OEA, pretenden en un juego mediático y estéril hacer propaganda contra ciudadanos paraguayos que gozan de protección de Leyes Internacionales.

¿Que moral y credibilidad tienen un poder judicial y un ministerio público que dejan en la Impunidad Delitos de Lesa Humanidad? Que dejan prescribir el juicio a González Macchi? Que blanquean a Duarte Frutos por enriquecimiento ilícito?

La propaganda del gobierno de carácter inconstitucional y violatoria de Tratados Internacionales es un directo atropello a decisiones Soberanas del Estado Brasileño y una grosera intromisión en sus Asuntos Internos. Constituye además una notable y oportuna cortina de humo ante centenares de problemas como la corrupción, la inseguridad, la falta de respuesta a los problemas económicos y sociales, la falta de rumbo y moral de un gobierno que día a día pierde la confianza de la ciudadanía. La propaganda comenzó sin razón y sin razón y sin pena ni gloria se interrumpió, para demostrar la absoluta falta de responsabilidad de la cartera del Ministerio del Interior y el gobierno.

Ya lo dijo Thomas Carlyle: “Los necios se imaginan que porque el fallo contra una maldad se demora, no existe en este mundo verdadera justicia, sino una justicia accidental. El fallo contra una maldad puede demorarse a veces uno o dos días, uno o varios años, pero es tan seguro como la vida, tan seguro como la muerte”.

Fernando Lugo, ¡te sacaste la careta!

Una de las hermanas de Juan Arrom, Mary Arrom de Orrego, había enviado a través de correos de electrónicos una “carta abierta” a Fernando Lugo para dar a conocer su opinión sobre la campaña mediática contra los terroristas fantasmas del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Este “ejército” de unos 14 hombres, prófugos de la justicia, es un gran invento de la mercadotécnia delictiva de mafiosos stronistas, quienes se oponen a todo proceso de cambio y que, lamentablemente, el gobierno de Lugo es el principal escollo. Mary condena al presidente porque incluyó a Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán en la campaña contra el EPP (Enemigos del Pueblo Paraguayo) luego de la “aparición” del ganadero Fidel Zavala. Los rostos de los refugiados políticos del cartel (ver foto) fueron luego borrados por el supuesto socialista Rafael Filizzola. Mary también firmó una solicitada con sus hermanas/nos sobre el caso para señalar que Arrom, Martí y Colmán no son prófugos de la justicia.

A continuación la carta dirigida a amigos, parientes y público en general.

Mi hermano Juan Fancisco Arrom Suhurt no es un prófugo, no es del EPP y tanto el gobierno paraguayo como el gobierno brasilero, a través de el ACNUR, la Policía Federal, el CONARE y el Ministerio de Justicia del Brasil, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Caritas Internacional saben muy bien donde está: tiene domicilio, familia, trabajo, teléfono (que muchos periodistas lo tienen), así como Anuncio Martí y Víctor Colmán.

Mi hermano no es un enemigo del pueblo paraguayo como lo pretenden presentar Fernando Lugo y Rafael Filizzola. Juan y sus compañeros son perseguidos políticos y víctimas de torturas y violaciones de derechos humanos y por ello están protegidos por el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados) y la ley brasileña 9.474 que establece condiciones específicas del refugio en la república del brasil.

Su propaganda no solo denota ignorancia sino falta de respeto a la legislación internacional en derechos humanos, a la constitución nacional, al estado brasilero, que es responsable junto con el ACNUR del estatus de protegidos al amparo del estatuto de refugiados de la ONU de 1951.

¡Qué contradictorio tu gobierno lugo!!. Cuando por un lado está en proceso de diálogo para una solución amistosa del caso de secuestro y tortura por parte del estado paraguayo a juan arrom y anuncio marti en enero de 2002 (terrorismo de estado) propiciado por la CIDH-OEA que declaró admisible la demanda contra el estado paraguayo por delitos de lesa humanidad en diciembre de 2008. Por el otro los presenta como prófugos y pide recompensa por ellos. debería el impresentable ministro del interior pagar al acnur y al conare por los datos precisos del lugar donde se encuentran Juan, Anuncio y Víctor así como lo recomendó por nota al ministerio del interior del paraguay el dr. marcos vasconcelos, abogado de los mismos.

El CONARE (Comité Nacional para los Refugiados) del Brasil, luego de un pormenorizado, detallado y prolongado estudio del caso, resolvió por unanimidad el otorgamiento del refugio político a mi hermano y sus compañeros (diciembre 2003), y este impresentable gobierno viola los tratados internacionales, ofende al estado brasileño que es soberano para decidir situaciones de refugio político conforme a la legislación vigente. para el gobierno de lugo no existen violaciones de DDHH, no existe estatuto de refugiados de la onu, no existe la ley 9.474 del estado brasileño, no tiene importancia la soberanía del estado brasileño para decidir en cuestiones de derechos humanos.

La única intención al haberlo agregado a esta propaganda fue fijar sus rostros como delincuentes e involucrarlos en forma absurda en actividades ilícitas en territorio paraguayo cuando ya no se encontraban en paraguay de donde fueron para vivir lejos de los que aman.

¿A quien satisface esta propaganda? a la abultada billetera de Debernardi?, o será para justificar represiones a sectores sociales y desprotegidos?, desprotegidos como dijo acertadamente Fidel Zavala en su conferencia de prensa de hoy: “no hay zona liberada en el norte, lo que hay es una ausencia del estado”.

“semejante propaganda solamente quiere distraer la atención y tratar de tapar el fracaso de Lugo”. Hubiera sido más coherente que tamaña propaganda y agresión venga de nicanor duarte frutos y no de este gobierno.

Después de haber trabajado dentro de la alianza patriotica para el cambio, pensé que al menos, este país se iba a limpíar de toda la alimaña que estuvo metida en el secuestro y tortura de mi hermano. gran decepcion la mía!!! todos los secuestradores y torturadores de mi hermano siguen trabajando campantemente en altos cargos!

¡Esta agresión del gobierno de Fernando Lugo es irreparable!.

Yo Maria Auxiliadora Arrom de Orrego (así como me escuchaban Uds. mis amigos y familiares defiendiendo el cambio), les digo que estoy mal, intentando digerir esta infamia, seguir adelante, ya pasé cosas peores: haber luchado contra todo un aparato estatal: policia y fiscalia buscando a mi hermano desesperadamente durante 14 días de terror y hallarlo torturado en casa de un comisario, habrá algo peor? me pregunto yo y les pregunto a Uds.

Doy gracias a dios por las fuerzas, por ello ahora les digo con la firmeza que me caracterizó siempre: El gobierno de fernando lugo se sacó la careta y yo maria auxiliadora arrom de orrego estoy en la vereda de enfrente.

Desde la vereda de la justicia, les envío un gran abrazo

Mary Arrom de Orrego

El terror empezó ahora

Osvaldo Zayas (*) 

El Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) es una banda de delincuentes. No importa cuántas veces digan oligarquía ni acusen a los narcoganaderos en escuetas y poco creíbles notitas. ¿Existen como EPP? no. Porque en términos militares un grupo de diez, doce o trece personas no puede ser considerado un Ejército. No quisiera profundizar en este tema pero sí ser tajante. Así como muchos dirigentes sociales –la mayoría- espero que los delincuentes sean detenidos, si es que andan sueltos por ahí y la policía en verdad no los encuentra.
Lo que se inició hace dos días, luego de la liberación de Fidel Zavala, es lo verdaderamente macabro: la caza de brujas. La Policía Nacional y el Ministerio Público han demostrado que para lo que están preparados es para la represión. La palabra justicia y lo que conlleva está lejos de estas instituciones y sus funcionarios.

Todo esto fue demostrado cuando el Gobierno de Fernando Lugo militarizó la zona norte, luego de la supuesta quema, por parte del EPP, de un puesto ubicado en la estancia de la ganadera Mary Llorens, en Tacuatí, Departamento de San Pedro. Allí la tortura estuvo presente. Militares y policías atraparon sin piedad a quiénes les parecían sospechosos y torturaron a campesinos golpeando y asfixiandolos con bolsas de plástico. Aclaro que no obtuve la información de los medios de comunicación sino de primera mano. Lo digo para que no me salgan con que eso fue solo el delirio de “gente pobre”.
Qué podría hacerme pensar que este nuevo operativo, bautizado “Jaguarete” por el gurú de la represión: Rafael Filizzola, será eficaz, sin “daños colaterales”. No estamos frente a unas fuerzas policiales acostumbradas a investigar y trabajar con precisión. La más grande prueba la dio ayer el propio jefe de División Antisecuestros de la Policía, Comisario Francisco Alvarenga al decir que los detenidos “deben demostrar su inocencia”. Una de dos: o es un ignorante con hache mayúscula o se hace el idiota y es un gran actor.
Me pregunto si Alvarenga conoce la presunción de inocencia. Supongo que alguna película yankee por lo menos habrá visto en su vida.
¿Qué hará el gobierno de Fernando Lugo para garantizar los Derechos Humanos de los habitantes de Concepción o presumirá que todos son culpables, así como el falto de yodo Alvarenga?.
El rumbo que ha tomado el Poder Ejecutivo es el del terror: 1) Se jacta de recibir colaboración del fascista, paramilitar y opresor gobierno colombiano, 2) En su primera intervención apresa a dirigentes campesinos solo por ser luchadores sociales, 3) Impide la comunicación de los detenidos con la prensa y manifiesta que los acusados “deben demostrar su inocencia”.

Lo que el gobierno debe hacer, si en verdad piensa terminar con cualquier tipo de amenaza a la paz, es desarrollar de una buena vez la Reforma Agraria y terminar con la asquerosa iniquidad existente en la zona, acabar con los “matones” de las estancias –grupos paramilitares que existen hace años-, con las fumigaciones sobre las familias campesinas e iniciar un proceso en el que se pueda garantizar salud y educación para todos. Paz no es hacer del país una gran cárcel y poner banderitas blancas por doquier, es construir una sociedad justa, con garantías y oportunidades para todos. 

No estoy en contra de que un grupo de criminales sea detenido, pero sí me opongo rotundamente a que el gobierno retorne al oscurantismo del terrorismo de Estado. Fijémonos la idea de que no es lo mismo que diez o doce dementes secuestren a un ganadero (delito que debe ser castigado) a que todo un gobierno empiece a sembrar el terror en el campo, con sus instituciones, sus cientos de policías y militares, sus métodos de tortura, sus armas, y que seamos finalmente nosotros los que paguemos la locura.

Lamento mucho tener que decir esto: el terror empezó ahora.

---------------

(*) Secretario General Adjunto del SPP