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A pesar de los golpes, las amenazas, las presiones, y la precarización de las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras trabajadores de prensa, el Sindicato de Periodistas del Paraguay se mantiene en pie, según memoria del 2012-2013 preparada por el secretario general del SPP, Vicente Páez Chávez. Manifiesta que la muerte impactó fuertemente en el gremio. Las balas asesinas segaron la vida del periodista Carlos Artaza, en Pedro Juan Caballero, el 25 de abril de 2013.
Las amenazas a la vida persisten. Y son señales de máxima alerta. La seguridad de Aníbal Gómez Caballero y Cándido Figueredo, periodistas que trabajan en Pedro Juan Caballero, entre otros, debe ser reforzada ante las amenazas que recibieron y siguen recibiendo, según denuncia de Figueredo.
A continuación parte de la memoria: (ver versión completa)
La lucha entre bandas delictivas que pujan por la supremacía en la zona de frontera nuevamente tiñó de sangre la capital de Amambay. Y no por mera coincidencia se registró este crimen en el marco del Día del y la Periodista. Los compañeros y compañeras de dicha zona se debaten en la incertidumbre, por la impunidad hacia los responsables de este crimen, y porque las amenazas a sus vidas recrudecen.
Avances y retrocesos marcaron este primer semestre. Decisiones arbitrarias, como la de la jueza Olga Elizabeth Ruiz González, del departamento de San Pedro, de ordenar la captura y posterior reclusión en la penitenciaría regional sampedrana del periodista Orlando Benítez, corresponsal del diario Popular, Unicanal y el diario ADN, muestran cuan vulnerables son las garantías para el ejercicio del periodismo. El respaldo del SPP, junto a los compañeros de la filial sampedrana, fue importante para recuperar la libertad de Benítez.
Otro caso ejemplar fue el del compañero Pablo Darío Dávalos, ex coordinador de la filial del SPP en el Guairá. Tras años de litigio judicial, el periodista logró el cobro de sus indemnizaciones en la Radio Guairá, una de las más poderosas del cuarto departamento. El acompañamiento sistemático del gremio permitió esta victoria, firme y ejecutoriada en la segunda instancia judicial, a pesar de las chicanas presentadas por la patronal.
El golpe de Estado parlamentario trajo aparejado una serie de ataques a los derechos básicos de los y las periodistas. Y el derecho al empleo fue uno de los más aquejados. Decenas de despidos de comunicadores fueron uno de los efectos del golpe parlamentario de junio de 2012. Los desafíos son grandes, la convicción también, así que unidos y en lucha marchemos hacia un futuro mejor.
Violencia criminal contra trabajadores de prensa
La impunidad que es la marca recurrente en Paraguay nuevamente abrió las puertas al crimen contra un periodista. Carlos Manuel Artaza fue blanco del ataque artero de los grupos delictivos que operan en la frontera con Brasil. El compañero Carlos, que trabajaba para la Gobernación del Amambay, cayó abatido el 25 de abril, tras ser víctima, horas antes, de un atentado cuando arribaba a su domicilio en la capital del departamento amambaiense.
El reclamo de justicia persiste, pues la impunidad es marca registrada en Paraguay. Y la barbarie no se detiene, y las amenazas a los compañeros continúan. En este marco, el SPP reclamó a las responsables públicos de la seguridad y de la justicia que asuman su rol, para salvaguardar la vida de los periodistas y por castigar a los responsables del crimen de Artaza y los amedrentamientos a los compañeros periodistas de Pedro Juan Caballero, que fueron amenazados.
El compañero Carlos pasa a componer la infausta nómina de periodista acallados por los asesinos. Santiago Leguizamón (1991), Calixto Mendoza (1997), Benito Román Jara (2000), Salvador Medina (2001), Yamila Cantero (2002), Samuel Román (2004), Angela Acosta (2006), Tito Palma (2007), Martín Ocampos (2009) y Merardo Romero (2011) ofrendaron sus vidas en el ejercicio del oficio periodístico. También Marcelino Vázquez, dueño de la radio “Sin Fronteras” de Pedro Juan Caballero, fue asesinado, este año.
Las amenazas a la vida persisten. Y son señales de máxima alerta. La seguridad de Aníbal Gómez Caballero y Cándido Figueredo, periodistas que trabajan en Pedro Juan Caballero, entre otros, debe ser reforzada ante las amenazas que recibieron. Pero estos casos no son exclusivos de la capital amambaiense, pues los ataques y amenazas ya se produjeron en otras regiones del país, con similar trasfondo, el intento de acallar a los trabajadores de prensa que denuncian los negocios ilegales de diversa laya, que en recurrentes ocasiones tienen respaldo de los operadores políticos y autoridades públicas.
En la agenda de víctimas de estos amedrentamientos se incluye a Javier Silva y Alcides Villamayor, periodistas de radios comunitarias.
Los ejemplos de los compañeros y compañeras mártires deben ser un impulso para responder con firmeza desde el pueblo en defensa de la vida. Quienes tienen poder y recursos económicos tienen vía libre para quedar sin castigo alguno. La tarea que nos impone la historia es construir justicia. Una justicia que esté al servicio de la gente y que sirva de ejemplo para evitar nuevos crímenes. En un país donde la institucionalidad es una deuda pendiente, las organizaciones sociales debemos asumir el compromiso de revertir este cuadro. A ese llamado debemos acudir en masa y organizadamente.
La muerte es la salida radical que las bandas delictivas aplican contra los y las periodistas. Pero existen otras vías para tender un cerrojo contra la prensa. Los procesos judiciales son una de ellas. Así es como Orlando Benítez y Alberto Núñez, en el departamento de San Pedro; Yilda Alegre, Susana Cantero y Tomás González, en Presidente Hayes; entre otros casos, fueron procesados por exponer la realidad ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación en que desempeñan labores.
Las amenazas a la vida persisten. Y son señales de máxima alerta. La seguridad de Aníbal Gómez Caballero y Cándido Figueredo, periodistas que trabajan en Pedro Juan Caballero, entre otros, debe ser reforzada ante las amenazas que recibieron y siguen recibiendo, según denuncia de Figueredo.
A continuación parte de la memoria: (ver versión completa)
La lucha entre bandas delictivas que pujan por la supremacía en la zona de frontera nuevamente tiñó de sangre la capital de Amambay. Y no por mera coincidencia se registró este crimen en el marco del Día del y la Periodista. Los compañeros y compañeras de dicha zona se debaten en la incertidumbre, por la impunidad hacia los responsables de este crimen, y porque las amenazas a sus vidas recrudecen.
Avances y retrocesos marcaron este primer semestre. Decisiones arbitrarias, como la de la jueza Olga Elizabeth Ruiz González, del departamento de San Pedro, de ordenar la captura y posterior reclusión en la penitenciaría regional sampedrana del periodista Orlando Benítez, corresponsal del diario Popular, Unicanal y el diario ADN, muestran cuan vulnerables son las garantías para el ejercicio del periodismo. El respaldo del SPP, junto a los compañeros de la filial sampedrana, fue importante para recuperar la libertad de Benítez.
Otro caso ejemplar fue el del compañero Pablo Darío Dávalos, ex coordinador de la filial del SPP en el Guairá. Tras años de litigio judicial, el periodista logró el cobro de sus indemnizaciones en la Radio Guairá, una de las más poderosas del cuarto departamento. El acompañamiento sistemático del gremio permitió esta victoria, firme y ejecutoriada en la segunda instancia judicial, a pesar de las chicanas presentadas por la patronal.
El golpe de Estado parlamentario trajo aparejado una serie de ataques a los derechos básicos de los y las periodistas. Y el derecho al empleo fue uno de los más aquejados. Decenas de despidos de comunicadores fueron uno de los efectos del golpe parlamentario de junio de 2012. Los desafíos son grandes, la convicción también, así que unidos y en lucha marchemos hacia un futuro mejor.
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La impunidad que es la marca recurrente en Paraguay nuevamente abrió las puertas al crimen contra un periodista. Carlos Manuel Artaza fue blanco del ataque artero de los grupos delictivos que operan en la frontera con Brasil. El compañero Carlos, que trabajaba para la Gobernación del Amambay, cayó abatido el 25 de abril, tras ser víctima, horas antes, de un atentado cuando arribaba a su domicilio en la capital del departamento amambaiense.
El reclamo de justicia persiste, pues la impunidad es marca registrada en Paraguay. Y la barbarie no se detiene, y las amenazas a los compañeros continúan. En este marco, el SPP reclamó a las responsables públicos de la seguridad y de la justicia que asuman su rol, para salvaguardar la vida de los periodistas y por castigar a los responsables del crimen de Artaza y los amedrentamientos a los compañeros periodistas de Pedro Juan Caballero, que fueron amenazados.
El compañero Carlos pasa a componer la infausta nómina de periodista acallados por los asesinos. Santiago Leguizamón (1991), Calixto Mendoza (1997), Benito Román Jara (2000), Salvador Medina (2001), Yamila Cantero (2002), Samuel Román (2004), Angela Acosta (2006), Tito Palma (2007), Martín Ocampos (2009) y Merardo Romero (2011) ofrendaron sus vidas en el ejercicio del oficio periodístico. También Marcelino Vázquez, dueño de la radio “Sin Fronteras” de Pedro Juan Caballero, fue asesinado, este año.
Las amenazas a la vida persisten. Y son señales de máxima alerta. La seguridad de Aníbal Gómez Caballero y Cándido Figueredo, periodistas que trabajan en Pedro Juan Caballero, entre otros, debe ser reforzada ante las amenazas que recibieron. Pero estos casos no son exclusivos de la capital amambaiense, pues los ataques y amenazas ya se produjeron en otras regiones del país, con similar trasfondo, el intento de acallar a los trabajadores de prensa que denuncian los negocios ilegales de diversa laya, que en recurrentes ocasiones tienen respaldo de los operadores políticos y autoridades públicas.
En la agenda de víctimas de estos amedrentamientos se incluye a Javier Silva y Alcides Villamayor, periodistas de radios comunitarias.
Los ejemplos de los compañeros y compañeras mártires deben ser un impulso para responder con firmeza desde el pueblo en defensa de la vida. Quienes tienen poder y recursos económicos tienen vía libre para quedar sin castigo alguno. La tarea que nos impone la historia es construir justicia. Una justicia que esté al servicio de la gente y que sirva de ejemplo para evitar nuevos crímenes. En un país donde la institucionalidad es una deuda pendiente, las organizaciones sociales debemos asumir el compromiso de revertir este cuadro. A ese llamado debemos acudir en masa y organizadamente.
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