Tomógrafos no funcionan, pero Senadores aprobaría seguro del IPS para empresarios ricos

Los tomógrafos del hospital central del Instituto de Previsión Social no funcionan por falta de mantenimiento, informa el diario ABC Color. No obstante, la Cámara de Senadores podría sancionar hoy el proyecto de ley de seguro médico “voluntario” del IPS para dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas. El servicio médico del ente está colapsado y genera un grave perjuicio para trabajadores pobres. Faltan médicos, enfermeras, hospitales, medicamentos y ambulancias, pero los ricos dueños de pequeñas y medianas empresas pueden usar la infraestructura humana y técnica del Instituto para hacerse costosas operaciones mediante pago de una suma ínfima. Los empresarios pagarán el seguro médico sobre el 23 por ciento del salario mínimo legal. El cerebro de este proyecto es el diputado colorado Walter Harms Céspedes (foto) y fue aprobado por el consejo del IPS.

El documento dice que los empresarios se inscribirán en el IPS de acuerdo a criterios de unidades de producción definidas por la Ley 4467/12, de micro, pequeñas y medianas empresas. Esta ley determina que las categorías se definirán de acuerdo al número de trabajadores y el monto de facturación o venta bruta anual del ejercicio del año anterior. De acuerdo a esta ley, las microempresas son unidades de producción donde el propietario y los integrantes de su familia trabajan dando empleo hasta diez personas. La facturación anual no debe superar 500 millones de guaraníes. Las pequeñas empresas pueden ocupar hasta 30 trabajadores con una venta bruta anual de 2.500 millones de guaraníes. Las medianas empresas pueden ocupar hasta 50 trabajadores con una venta anual de 6.000 millones de guaraníes.
Lo grave de este proyecto de ley populista, rechazado en el año 2011 por Senadores porque el IPS no tiene capacidad operativa, es que el consejo del ente permite que miles de medianas y grandes empresas no paguen el seguro social “obligatorio” para el beneficio de sus trabajadores. El proyecto fue aprobado el 31 de marzo de 2016 gracias al silencio cómplice de medios y periodistas que cubren la Cámara de Diputados.