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El nombre o título del proyecto de ley de concesión de servicios públicos, conocido como “de promoción de la inversión en infraestructura” o “acuerdo público-privado”, es solo un eufemismo para ocultar la verdadera intención de los diputados y senadores colorados, liberales y oviedistas. El proyecto, que tiene media sanción, otorga superpoderes al presidente Horacio Cartes, para dar en concesión servicios esenciales, violando expresas disposiciones de la Constitución Nacional sobre el tema (artículos 112 y 202).
Algunos senadores colorados señalaron, en las sesiones del 24 y del 26 del corriente, que el proyecto aprobado el 11 de junio por la Cámara de diputados no es un plan para la “privatización” de empresas públicas, como Ande, Copaco y Essap. Enfatizaron que tampoco es para dar en concesión servicios públicos, como luz, agua y telefonía. El senador Juan Carlos Galaverna señaló que es una nueva modalidad de contratación. El senador Enrique Bacchetta también dio el mismo discurso, ya que dijo que los bienes permanecen en poder del Estado y el sector privado es el único que correrá el riesgo de la inversión.
Sin embargo, tanto el proyecto de Diputados como la propuesta de modificación de Senadores desnudan este falso argumento, ya que el TITULO 1, Objeto y Principios, establece claramente que el plan no solo es para “promover las inversiones en la infraestructura pública y en la prestación de los servicios a que está destinada o que sean complementarias a ésta”... (versión de la Cámara Baja).
