Sindicato pidió a viceministro se brinde seguridad a periodista de radio de Alto Verá

Dionisio Arce Jara (izq.), Vicente Páez Chávez, Pedro Benítez y el viceministro Carmelo Caballero.

Miembros de la comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay se reunieron hoy con el viceministro de Seguridad Interna, abogado Carmelo Caballero, para solicitar seguridad para José María Martínez, periodista de la radio La Voz de Alto Verá, de Itapúa.
El colega itapuense presentó una denuncia el lunes 8 de marzo ante la Fiscalía General del Estado contra un poblador de Alto Verá identificado como Milciades Atienza.

La denuncia señala que, en el momento en que Martínez estaba realizando comentarios en contra de la administración municipal, llamó a la radio 99.3 FM el citado Atienza para amenazar de muerte al comunicador. El denunciado es un allegado a las autoridades municipales, según se informó.
Estuvieron con el viceministro, Pedro Benítez Aldana, secretario general adjunto del SPP; Dionisio Arce Jara, secretario de Interior, y Vicente Páez Chávez, secretario de Finanzas.
Cabe recordar que anteriormente fueron blanco de ataques y amenazas los periodistas radiales Cándido Gómez y Nelson Gómez, también de Alto Verá. El SPP repudió la nueva amenaza contra los trabajadores de la comunicación y en la fecha solicitó al viceministro Caballero para que se brinde seguridad a Martínez.
El alto funcionario del Ministerio del Interior dijo que tomará cartas en el asunto, en el sentido de que dará instrucciones a los jefes de la Policía Nacional de Alto Verá para proteger al trabajador de prensa.

Caso periodista de Capiibary

Los miembros de la comisión directiva del SPP también aprovecharon la entrevista para señalar a Caballero que continúa en un estado de inseguridad el periodista Alberto Núñez Barreto, corresponsal del diario La Nación de Capiibary (San Pedro).
Benítez Aldana informó al viceministro que los policías de la zona se niegan a dar protección al colega porque tienen un sentimiento de resquemor en su contra debido a las denuncias que hace contra ciertos miembros de la Policía Nacional. El representante del gobierno de Fernando Lugo dijo que ordenará una evaluación del trabajo de los miembros de la Comisaría de Capiibary en este caso particular.
Caballero informó que dentro de unas semanas terminará el sumario administrativo que se ordenó contra el suboficial mayor Rubén Darío Quintana y el suboficial 2o. Juan Carlos López García. Estos fueron denunciados por Núñez Barreto por “omisión de auxilio”, ya que no impidieron la golpiza que había recibido por parte de una turba en noche del 1 de enero de 2010.
Los miembros del SPP también recordaron al viceministro que el colega de Capiibary también viene siendo amenazado por miembros de una “comisión garrote”. Caballero dijo que el Ministerio no permitirá la aparición de grupos armados, pero si comisiones de vecinos que ayuden a la policía local.

Fiscalía de Capiibary no investiga a garroteros que amenazan a periodista de La Nación

El Intendente Juan Cuenca Castillo (izq.). Aparece también Diana Vargas. Abajo: Rigoberto González (izq.) e Idalino Frutos, agredidos por los garroteros.

La Fiscalía General de Capiibary, Departamento de San Pedro, no está investigando a los integrantes de un grupo parapolicial que está provocando miedo entre los pobladores debido a la impunidad con que se mueven en la zona. El periodista del diario La Nación, Alberto Núñez Barreto, ha denunciado a los cabecillas del grupo de garroteros, debido a ello fue amenazado en varias ocasiones.

La fiscala Nimia Avalos no ha llamado siquiera a prestar declaración informativa a los supuestos garroteros, que estaría encabezado por Bruno César Benítez, de acuerdo a denuncias publicadas por el corresponsal. Hay que recordar que el 10 de marzo se realizó una reunión pública, convocada por la “comisión garrote”, con el único objetivo de presionar a Núñez Barreto a dar explicaciones sobre sus supuestas denuncias falsas sobre agresiones sufridas por campesinos.
Una nota del corresponsal del diario La Nación del 4 de marzo pasado dice: “Comisión Garrote amedrenta a los pobladores de la zona de Capiibary”. El periodista informó que “los miembros de esta agrupación realizaron un aparatoso allanamiento que tenía como objetivo detener a un joven e incautar de una motocicleta que ni siquiera fue denunciada como robada. De acuerdo informes, los civiles armados estaban vestidos con uniforme camuflado de uso militar y portaban potentes armas. El detenido (Juan Caballero Matto) afirmó que fue golpeado y ahora está internado”.
“Joven de 18 años denuncia a “comisión garrote” de Capiibary por brutal golpiza”, señala el diario La Nación en su edición digital del 8 de marzo de este año, según nota enviada por el corresponsal.
“Las denuncias contra la “comisión garrote” siguen imparables en Capiibary. Esta mañana, un joven de 18 años, se presentó ante el Ministerio Público de esta ciudad a cargo de la agente Nimia Ávalos, para acusar al grupo armado por haberlo sometido a brutales torturas en una escuela de un asentamiento de este municipio”, según el corresponsal.
El 10 de marzo, el diario La Nación dice: “Víctimas de “comisión garrote” de Capiibary destacan brutalidad del grupo”. Los supuestos líderes de este grupo, Bruno César Benítez y Gregorio Ríos, acusaron al corresponsal, durante la reunión en aquel día, de haber supuestamente exigido coimas a los civiles armados a cambio de dejar de publicar sus actos ilícitos.

Las víctimas de los garroteros, según Núñez Barreto, son: Martiniano Gamarra Matto, 30 años; Idalino Frutos, 28 años; Rigoberto González Ríos, 18 años; Rodolfo Valdez Gavilán, 23 años y Brígida Riquelme Esquivel, 38 años.

Complicidad de las autoridades

No solo la fiscala de Capiibary es cómplice y encubridora del grupo parapolicial, sino las autoridades de la Municipalidad local y de la Gobernación del Departamento de San Pedro. Núñez Barreto señala en sus denuncias que el intendente de esta ciudad, Juan Cuenca Castillo, y su esposa Mabel Garcete de Cuenca, concejala departamental, organizaron la reunión del 10 de marzo para repudiar su labor periodística y apoyar a los garroteros.
En la reunión estuvieron Diana Vargas, titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y Pedro Arturo Santacruz, funcionario de esta institución. No es claro la labor de estos funcionarios al dialogar con las autoridades que apoyan a los garroteros. El ministro Rafael Filizzola no exige a la Fiscalía investigar al grupo armado.
La comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay está preocupada por este hecho porque el corresponsal viene siendo hostigado en forma permanente por el grupo parapolicial. Los garroteros se sienten poderosos debido al apoyo tácito que reciben de la fiscala Avalos y de la coordinadora fiscal de San Juan Bautista, Lilian Ruiz.

 

Rigoberto González, de 18 años, muestra las huellas de los golpes que recibió por parte de garroteros protegidos por la fiscala Nimia Avalos de Capiibary y policías de la zona.

Radio San Roque de Ayolas despide a periodista

Fernando Lugo y el monseñor Melanio Medina en setiembre de 2008, en Misiones (foto de APC).

El Sindicato de Periodistas del Paraguay denuncia el despido del periodista Gabriel Bustamante de Radio San Roque González de Ayolas. El colega se desempeñaba como cronista de un programa periodístico mañanero denominado “Al Día”, conducido por William Aquino, corresponsal del Diario ABC Color en esta ciudad.

Bustamante realizaba también programas deportivos y transmisiones de partidos de fútbol, con el sistema de espacios comprados. Ante esta situación, el secretario general del SPP, Pedro Benítez Aldana, conversó con el Obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, Monseñor Mario Melanio Medina, quien es el responsable de la emisora, ya que pertenece a la Iglesia Católica. Sin embargo, aseguró que no puede hacer nada a favor del colega despedido porque la radio está “tercerizada”, por lo que es responsabilidad de la empresa adjudicataria.
Benítez Aldana viajó hasta Ayolas para entrevistarse con uno de los responsables de la emisora, Gabriel Alfonso, quien informó sobre la negativa de la empresa en admitir nuevamente a Bustamante. De esta forma, el SPP tiene vía libre para recurrir a las instancias legales correspondientes para hacer valer los derechos del trabajador, principalmente, para percibir sus haberes por un despido injustificado.

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La Jerarquía de la Iglesia no pone condiciones

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Sobre el caso Bustamante podemos deducir lo siguiente: la jerarquía de la Iglesia Católica paraguaya no fijó condiciones a los arrendatarios de la radio, en el sentido de exigencias éticas, profesionales e, inclusive, de programación. Es decir, el monseñor Medina o el apoderado legal de la licencia dada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), no estableció ninguna regla básica de conducta periodística a los empresarios, entre ellos Alfonso.
A fin de evitar lamentables casos como el de Bustamante, quien ni siquiera puede ser defendido por los verdaderos dueños de la radio San Roque González, se hubiera establecido en el acuerdo de arrendamiento una exigencia de la Iglesia Católica para que la empresa respete la libertad de expresión y de prensa, consagrada en la Constitución Nacional, el cumplimiento de las normas laborales y del seguro social obligatorio.
De acuerdo a informes que recibió el SPP, el colega despedido ni siquiera estaba siendo tenido en cuenta como parte del “staff” periodístico permanente de la radio San Roque González, ya que dependía de los caprichos de los conductores que compran espacios periodísticos.
La Diócesis de Misiones y Ñeembucú es tenedora de un permiso de uso legal del espectro radioeléctrico por parte de CONATEL. Esto es una práctica muy extendida en nuestro país. El SPP considera que es irregular, ya que los verdaderos dueños de la licencia de la emisora no se hacen responsables de las programaciones ni mucho menos del respeto a la Constitución y a las leyes laborales y del Instituto de Previsión Social (IPS).
Otro aspecto llamativo de la Radio San Roque González es que la Diócesis de Misiones y Ñeembucú no tiene el más mínimo control de la programación, que debe ser una tarea primordial para el monseñor Medina porque la emisora debe seguir las pautas éticas de la Iglesia Católica en cuanto al valor social de los medios masivos. Por esta razón los arrendatarios de la radio pueden contratar y despedir periodistas de acuerdo a sus intereses comerciales.

Sindicato condena cierre de programas de canal 7 y de radio FM de San Juan Bautista

Francisco Gómez de la Fuente (izq.), Claudia Páez, Luis Horacio Fernández y Pedro Benítez Aldana, en San Juan Bautista Misiones.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) repudia y condena los graves atropellos contra la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión cometidos por el presidente de la Cooperativa San Juan Bautista de las Misiones, Sabino Acosta, y la dueña de Radio San Juan FM, Ana Gadea.

En el primer caso, se suspendió un programa emitido vía cable en el canal 7 TV, de la Cooperativa San Juan Bautista. Acosta levantó el programa en vivo “Cooperativismo Hoy”, conducido por Francisco Gómez de la Fuente, porque no le gustó la persona invitada para una entrevista.
La Cooperativa San Juan Bautista es propietaria del Canal de Cable (TV 7) y Sabino Acosta es el presidente de la institución. Gómez de la Fuente quedó sorprendido por lo que consideró “una decisión inédita” en su carrera profesional. Aseguró además que se trata de la violación de un contrato firmado por las partes con vigencia actual.
En el segundo caso, la propietaria de radio San Juan FM, Ana Gadea, levantó el programa radial ”sin límites ni censura” porque, supuestamente, no le gustaba el estilo periodístico de los conductores.
Los conductores del programa radial, Claudia Elisa Páez y Luis H. Fernández, quedaron sin trabajo, pese a tener contrato hasta el 18 de julio. Fernández dijo que la dueña de la radio levantó el programa “porque criticaron a políticos y dirigentes cooperativistas” y porque “se abusaba de la libre expresión”.
Tanto a Acosta como a Gadea no les importaron el contrato en vigencia y en ambos casos se transgredió el artículo 26 de la Constitución Nacional que garantiza La Libertad de Expresión y de Prensa. Estos hechos nos retrotraen a la oscura y sanguinaria época de la dictadura de Alfredo Stroessner cuando los gobernantes, ejerciendo un poder autoritario, censuraban a los medios de comunicación y a los periodistas.
En los casos de Canal 7 TV y Radio San Juan FM ocurrió igual, pues sin disimulo alguno se ejerció una inaceptable y repudiable censura tan solo porque un supuesto adversario político fue entrevistado.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay no cesará en su afán de hacer respetar la libertad de expresión y los derechos del trabajador. Para este efecto recurrirá a las instancias gubernamentales que correspondan.
En este sentido, el SPP presentará protestas ante organismos nacionales e internacionales para hacer respetar los derechos de los periodistas que garantiza el artículo 26 de la Constitución Nacional, como así también el derecho al trabajo.
El Secretario General del SPP, Pedro Benítez Aldana, estuvo presente en la ciudad de San Juan Bautista para solidarizarse con los compañeros periodistas Francisco Gómez de la Fuente, Luis Horacio Fernández y Claudia Páez.
El Artículo 26 de la Constitución, de la libertad de expresión y de prensa, determina: Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines.

Sindicato se solidariza con periodista de Radio Yuty querellado por un candidato a intendente

Esta es la denuncia del periodista César Ferreira y que fuera publicada por el diario ABC Color el 17 de febrero de 2010.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresa su solidaridad con el periodista César Ferreira, de Radio Yuty, del Departamento de Caazapá, por la amenaza y acción judicial (difamación y calumnia) que está soportando por parte de un político del lugar, debido un sondeo de opinión que había realizado sobre los futuros candidatos a Intendente de la ciudad.

Entre los nombres mencionados por la audiencia figuraba como principal candidato el del Abogado Benjamín Adaro, quien se sintió “manoseado” porque su nombre apareció en la encuesta telefónica. Recurrió inclusive a los estrados judiciales en contra de Ferreira y el martes 23 se realizará la audiencia de conciliación en el juzgado civil de Caazapá. El SPP seguirá de cerca este caso porque considera que es otro grave atentado contra el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Adaro llamó a Ferreira pidiéndole que borre su nombre de la lista de candidatos y, si no lo hacía, “verá la forma de hacerlo”. El periodista le explicó que era solo un sondeo realizado por iniciativa de la gente, sin buscar herir a nadie y que proseguirá con este tipo de programa.

Posteriormente, Ferreira se comunicó con los principales directivos del SPP, explicando la situación y mencionando que Adaro no cesó en sus amenazas. Nuestra organización, que agrupa a periodistas de todo el país, tiene la obligación de respaldar a los compañeros que realizan actividades informativas de interés para la ciudadanía. Por esta circunstancia, expresamos nuestra solidaridad con el compañero César Ferreira.
El diario ABC Color, versión digital del 17 de febrero de 2010, informó sobre la denuncia realizada por Ferreira bajo el titulo: Político colorado amenaza con "destrozar" a locutor. “Si volvés a mencionar mi nombre y te encuentro por la calle te voy a destrozar me dijo", había dicho Adaro al periodista cuando éste se negó a acatar su exigencia. Esta es la versión difundida por el diario y que sirvió base para que el candidato a Intendente presente una querella criminal.

Sobre el caso, la comisión directiva del SPP señala que la libertad de expresión, el derecho a informarse (de la ciudadanía) y la libertad del ejercicio del periodismo están garantizados por los artículos 26, 28 y 29 de la Constitución Nacional y nadie podrá coartar impunemente el ejercicio de estos derechos.
Adaro pretendió presionar al periodista para que no ejerza su derecho a la libertad de expresión y, por ende, para que los ciudadanos no reciban información sobre la calidad humana, intelectual y perfil político de los candidatos a Intendente. El caso es que Ferreira no podía excluir del sondeo al seccionalero porque, de hecho, implica anular esta iniciativa periodística que es común durante las campañas electorales.
El político colorado, con la presión manifestada contra el periodista y ahora con su querella criminal, está atentando contra artículos de la Constitución Nacional. 
A continuación transcribimos el mandato de la Carta Magna.

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Artículo 26 - DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa.
Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines.

Artículo 28 - DEL DERECHO A INFORMARSE

Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo.
Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios.

Artículo 29 - DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL PERIODISMO

El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.
El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso.

Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley.