El Intendente Juan Cuenca Castillo (izq.). Aparece también Diana Vargas. Abajo: Rigoberto González (izq.) e Idalino Frutos, agredidos por los garroteros.
La Fiscalía General de Capiibary, Departamento de San Pedro, no está investigando a los integrantes de un grupo parapolicial que está provocando miedo entre los pobladores debido a la impunidad con que se mueven en la zona. El periodista del diario La Nación, Alberto Núñez Barreto, ha denunciado a los cabecillas del grupo de garroteros, debido a ello fue amenazado en varias ocasiones.
La fiscala Nimia Avalos no ha llamado siquiera a prestar declaración informativa a los supuestos garroteros, que estaría encabezado por Bruno César Benítez, de acuerdo a denuncias publicadas por el corresponsal. Hay que recordar que el 10 de marzo se realizó una reunión pública, convocada por la “comisión garrote”, con el único objetivo de presionar a Núñez Barreto a dar explicaciones sobre sus supuestas denuncias falsas sobre agresiones sufridas por campesinos.
Una nota del corresponsal del diario La Nación del 4 de marzo pasado dice: “Comisión Garrote amedrenta a los pobladores de la zona de Capiibary”. El periodista informó que “los miembros de esta agrupación realizaron un aparatoso allanamiento que tenía como objetivo detener a un joven e incautar de una motocicleta que ni siquiera fue denunciada como robada. De acuerdo informes, los civiles armados estaban vestidos con uniforme camuflado de uso militar y portaban potentes armas. El detenido (Juan Caballero Matto) afirmó que fue golpeado y ahora está internado”.
“Joven de 18 años denuncia a “comisión garrote” de Capiibary por brutal golpiza”, señala el diario La Nación en su edición digital del 8 de marzo de este año, según nota enviada por el corresponsal.
“Las denuncias contra la “comisión garrote” siguen imparables en Capiibary. Esta mañana, un joven de 18 años, se presentó ante el Ministerio Público de esta ciudad a cargo de la agente Nimia Ávalos, para acusar al grupo armado por haberlo sometido a brutales torturas en una escuela de un asentamiento de este municipio”, según el corresponsal.
El 10 de marzo, el diario La Nación dice: “Víctimas de “comisión garrote” de Capiibary destacan brutalidad del grupo”. Los supuestos líderes de este grupo, Bruno César Benítez y Gregorio Ríos, acusaron al corresponsal, durante la reunión en aquel día, de haber supuestamente exigido coimas a los civiles armados a cambio de dejar de publicar sus actos ilícitos.
Una nota del corresponsal del diario La Nación del 4 de marzo pasado dice: “Comisión Garrote amedrenta a los pobladores de la zona de Capiibary”. El periodista informó que “los miembros de esta agrupación realizaron un aparatoso allanamiento que tenía como objetivo detener a un joven e incautar de una motocicleta que ni siquiera fue denunciada como robada. De acuerdo informes, los civiles armados estaban vestidos con uniforme camuflado de uso militar y portaban potentes armas. El detenido (Juan Caballero Matto) afirmó que fue golpeado y ahora está internado”.
“Joven de 18 años denuncia a “comisión garrote” de Capiibary por brutal golpiza”, señala el diario La Nación en su edición digital del 8 de marzo de este año, según nota enviada por el corresponsal.
“Las denuncias contra la “comisión garrote” siguen imparables en Capiibary. Esta mañana, un joven de 18 años, se presentó ante el Ministerio Público de esta ciudad a cargo de la agente Nimia Ávalos, para acusar al grupo armado por haberlo sometido a brutales torturas en una escuela de un asentamiento de este municipio”, según el corresponsal.
El 10 de marzo, el diario La Nación dice: “Víctimas de “comisión garrote” de Capiibary destacan brutalidad del grupo”. Los supuestos líderes de este grupo, Bruno César Benítez y Gregorio Ríos, acusaron al corresponsal, durante la reunión en aquel día, de haber supuestamente exigido coimas a los civiles armados a cambio de dejar de publicar sus actos ilícitos.
Las víctimas de los garroteros, según Núñez Barreto, son: Martiniano Gamarra Matto, 30 años; Idalino Frutos, 28 años; Rigoberto González Ríos, 18 años; Rodolfo Valdez Gavilán, 23 años y Brígida Riquelme Esquivel, 38 años.
Complicidad de las autoridades
No solo la fiscala de Capiibary es cómplice y encubridora del grupo parapolicial, sino las autoridades de la Municipalidad local y de la Gobernación del Departamento de San Pedro. Núñez Barreto señala en sus denuncias que el intendente de esta ciudad, Juan Cuenca Castillo, y su esposa Mabel Garcete de Cuenca, concejala departamental, organizaron la reunión del 10 de marzo para repudiar su labor periodística y apoyar a los garroteros.
En la reunión estuvieron Diana Vargas, titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y Pedro Arturo Santacruz, funcionario de esta institución. No es claro la labor de estos funcionarios al dialogar con las autoridades que apoyan a los garroteros. El ministro Rafael Filizzola no exige a la Fiscalía investigar al grupo armado.
La comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay está preocupada por este hecho porque el corresponsal viene siendo hostigado en forma permanente por el grupo parapolicial. Los garroteros se sienten poderosos debido al apoyo tácito que reciben de la fiscala Avalos y de la coordinadora fiscal de San Juan Bautista, Lilian Ruiz.
En la reunión estuvieron Diana Vargas, titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y Pedro Arturo Santacruz, funcionario de esta institución. No es claro la labor de estos funcionarios al dialogar con las autoridades que apoyan a los garroteros. El ministro Rafael Filizzola no exige a la Fiscalía investigar al grupo armado.
La comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay está preocupada por este hecho porque el corresponsal viene siendo hostigado en forma permanente por el grupo parapolicial. Los garroteros se sienten poderosos debido al apoyo tácito que reciben de la fiscala Avalos y de la coordinadora fiscal de San Juan Bautista, Lilian Ruiz.
Rigoberto González, de 18 años, muestra las huellas de los golpes que recibió por parte de garroteros protegidos por la fiscala Nimia Avalos de Capiibary y policías de la zona.
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