sábado, 6 de noviembre de 2010

Canal 13 cometió grave atentado contra la libertad de conciencia del periodista Tuki Franco

El empresario Christian Chena (foto de la izquierda, tomada de su perfil de Facebook) y el periodista César Franco, quien prefirió salir del Canal 13 por conciencia. El colega demostró que su convicción profesional vale más que el sueldo.
--------
La empresa Teledifusora Paraguaya S.A. (Canal 13), del grupo empresarial de Christian Chena, despidió el 28 de octubre al periodista César “Tuki” Franco porque se había negado a realizar una cobertura en un caso judicial que involucra a Mepshow SA, empresa que explota la quiniela, juego que no pudo tomar como concesionaria Chena Ventures SA. El medio cometió un grave atentado contra el derecho a la libertad de conciencia del compañero de trabajo. 
La Comisión Directiva del Sindicato de Periodista del Paraguay (SPP), encabezado por Pedro Benítez, al conocer el caso visitó a Franco para conocer el motivo de su despido. El gremio informó al colega que puede accionar legalmente, ya que el artículo 29 de la Constitución Nacional ampara a los periodistas que se niegan a realizar una cobertura o investigación por motivos personales.
La Constitución determina que “el ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información”. 
La Comisión Directiva del SPP no pudo siquiera iniciar conversaciones con los representantes del canal, entre ellos el jefe de prensa, Mariano Nin, ya que Franco decidió aceptar la indemnización que le corresponde. El colega dijo que se negó a realizar el trabajo porque la política periodística del Canal 13 colisiona contra los dictados de su conciencia. 
El caso es que el Canal 13 había comenzado una gran campaña contra Mepshow SA, cuyo presidente es Jorge Escobar, y contra la Comisión Nacional de Juegos de Azar porque esta institución descalificó la oferta de Chena Ventures, que fue la segunda empresa que mejor propuesta hizo al Estado para el pago del canon mensual de la quiniela. 
Debido a la manipulación periodística que viene realizando Canal 13 sobre el caso, Franco se negó de nuevo el pasado 27 de octubre a realizar la cobertura sobre una demanda del Ministerio de Hacienda contra Mepshow SA. 
Manifestó que, desde que comenzó la campaña contra Mepshow SA en agosto de 2009, se había negado a hacer coberturas sobre el caso porque no estaba de acuerdo con el enfoque periodístico. La empresa no le amonestó por este caso. Sin embargo, llamativamente el jefe de prensa le comunicó su despido por esta razón el pasado 28 de octubre (ver caso en Diario Popular). 
El colega dio a entender que no quería que su trabajo sea utilizado como “garrote” contra Mepshow SA, por lo que hizo saber al canal que obraba de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Nacional. 
Los propietarios del Canal 13 tienen empresas comerciales, entre ellas Chena Ventures (dominios de internet) y juegos de azar (Ricachón). En este último caso, los Chena utilizan su medio para “desprestigiar” a su competencia. Como siempre, el periodista es el que paga los platos rotos, como es el caso del compañero y asociado Tuki” Franco. 
Este tipo de hechos son los que abundan cuando empresarios vinculan las empresas comerciales a sus respectivos medios de comunicación, pues, generalmente, se defienden más intereses comerciales que periodísticos. En nuestro país, se tiene por ejemplo que un solo empresario tiene dos canales de TV, una radio AM, dos FM y un diario (Ultima Hora), más una cincuentena de empresas comerciales, como el caso del grupo de Antonio J. Vierci. 










Policía luguista utilizó el “submarino seco” y solo faltó usar la pileta del otrora temible Pastor Coronel

El Dr. Joel Filártiga examina al Crispín Fernández, campesino sometido al "submarino seco" por parte de policías y militares, quienes también le apretaron los testículos. El objetivo de los efectivos luguistas era que confesara su supuesta participación en la quema del cuartel de Tacuati (ver ABC Color).
-----------
Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) denunciaron el miércoles pasado que las fuerzas del orden a cargo del presidente Fernando Lugo y del ministro Rafael Filizzola utilizaron el “submarino seco”.
Esta es una técnica de tortura que consiste en colocar la cabeza de la víctima en una funda plástica para que se ahogue por falta de aire. Los torturadores saben hasta qué punto deben mantener a una persona de esta forma antes de que se desvanezca. El relato de los miembros de la CODEHUPY, realizada en reunión del 3 de noviembre, muestra que a los policías y militares luguistas solo les falta utilizar la pileta eléctrica del finado Pastor Coronel, temible ex jefe de la Policía Nacional durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

La denuncia de este tipo de torturas fueron hechas por campesinos detenidos en el marco del operativo militar y policial llamado “Jerovia”, que fue lanzado por el gobierno de Fernando Lugo días después del asalto a un militar y quema del cuartel militar ubicado en la localidad de Tacuati (Departamento de San Pedro), que ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre de 2008. El presidente ordenó el operativo, solo porque fue presionado por el Parlamento Nacional, la prensa y sectores empresariales, entre ellos la Asociación Rural del Paraguay, para buscar a los miembros del fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Sin embargo, el operativo sirvió de excusa para amedrentar y criminalizar a campesinos y, en especial a dirigentes de organizaciones que luchan por la tierra propia. La CODEHUPY entregó 12 casos de abusos de poder y torturas a la comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el 25 de octubre pasado. El tercer caso es el testimonio de varios campesinos, entre ellos Crispín Fernández, Américo Fernández y Alcides Oviedo.

Amenazas de violaciones y asesinato de campesino

Los abogados de la CODEHUPY, Juan Martens y Roque Orrego, comentaron que los testimonios de los campesinos indican que los militares y policías del operativo “Jerovia”, que terminó el 7 de marzo de 2009 en un acto de inauguración de un nuevo cuartel militar en Tacuati (ver información), utilizaron varias técnicas para no dejar huellas, pero en algunas se excedieron, por lo que hay datos fotográficos y médicos de los casos.
El Dr. Joel Filártiga, conocido luchador contra la dictadura stronista, fue el médico que había inspeccionado a los campesinos golpeados y torturados por militares y policías. Un caso registrado es el de Crispín Fernández, quien fue sometido al “submarino seco” y luego fue torturado mediante una vieja técnica stronista: le apretaron los testículos para que confesara su supuesta autoría en la quema del cuartel o bien que indice las personas comprometidas con el EPP.
Los abogados también dijeron que en el operativo Jerovia y otros también los policías y militares amenazaban a hombres y mujeres que serían violadas si no decían el paradero de los miembros del fantasmal ejército. Los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2009, fecha en que fuera asesinado el campesino Martín Ocampos (ver nota de ABC Color). Al parecer, los autores intelectuales de este crimen aprovecharon las acciones policiales contra el EPP para que el caso sea conocido como “quema de archivo”, tal como publicó el diario ABC Color.
En la mayoría de los desalojos de campesinos sin tierras o bien en operativos para la búsqueda de integrantes del EPP, la policía utilizó métodos violentos para reprimir y detener a las personas, tanto mujeres, hombres y niños. En los procedimientos abundaron patadas, golpes de puño, golpes con cachiporras y palos. En los allanamientos de Mbokajaty y Curupayty, en Chore (Departamento de San Pedro) la policía también quemó tres casas humildes de campesinos, quienes viven cerca de la Agroganadera Jejui, de Emilio Ramírez Russo, con el objetivo de aterrorizar a los pobladores. Los abogados de la CODEHUPY dijeron que la Policía Nacional y la Fiscalía Nacional reconocieron que el procedimiento fue criminal, pero el gobierno de Lugo no ha indemnizado a las víctimas.


ENLACES RELACIONADOS


Viceministro Caballero se burló de CODEHUPY









Política de “seguridad” de Lugo se enmarca en terrorismo de Estado, según la CODEHUPY

La secretaria ejecutiva de CODEHUPY, Carmen Coronel, y los abogados de esta entidad, Roque Orrego (izq.) y Juan Martens.

La política de “seguridad” del gobierno del presidente Fernando Lugo y del liberal Federico Franco se enmarca dentro del concepto de terrorismo de Estado, ya que existe una intención de causar terror a la población indefensa a través de los órganos de seguridad, cuyos miembros están denunciados por tratos inhumanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales (asesinatos a sangre fría), de acuerdo a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
Los miembros de CODEHUP hicieron una reunión el 3 de noviembre, otrora “día feliz” o natalicio del finado dictador Alfredo Stroessner, para explicar los casos de torturas que presentó esta organización ante la comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el 25 de octubre pasado.
La secretaria ejecutiva de CODEHUPY, Carmen Coronel, y los abogados de esta entidad, Juan Martens y Roque Orrego, dieron las explicaciones a la audiencia en la siesta de ayer. Los mismos aseguraron que hicieron las denuncias en contra del gobierno de Lugo porque agotaron las instancias judiciales y administrativas (Ministerio del Interior y Policía Nacional) para que el Estado proceda a castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos.
Martens dijo que el uso abusivo de la fuerza pública (violación de derechos humanos) contra campesinos y la criminalización de las luchas populares es una política institucional del gobierno de Lugo, en especial del Ministerio del Interior a cargo del abogado Rafael Filizzola, del “socialista” Partido Democrático Progresista.
La secretaria ejecutiva de CODEHUPY dijo que fueron a Washington no para pedir sanciones contra el Estado paraguayo, sino para informar a la OEA que Lugo sigue la política de represión contra campesinos y las torturas de personas indefensas por parte de policías y militares, tal como era la política de los gobiernos colorados durante la era stronista y desde la caída de la dictadura, el 2 de febrero de 1989, hasta el 15 de agosto de 2008, fecha en que asumió el “gobierno del cambio”.
El abogado Orrego aclaró que la reunión en la OEA no fue para pedir la apertura de un proceso legal contra Paraguay, sino para informar sobre los hechos de torturas documentados por la CODEHUPY. Esto será útil para el organismo internacional para incluir la denuncia en el informe de 2010 de países violadores de los derechos humanos.
No obstante, la OEA determinará si corresponde una sanción o un llamado de atención (recomendaciones) para que el gobierno de Lugo establezca políticas públicas de seguridad que incluya el respeto de los derechos humanos.

Testimonios en reserva

El abogado Orrego explicó que se presentaron varios documentos fotográficos y audiovisuales a la OEA que prueban las violaciones de derechos humanos en procedimientos de desalojo de tierras ocupadas, allanamientos de viviendas con orden judicial y actividades antiterroristas por parte de miembros de la policía y de las FFAA contra supuestos miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Orrego dijo que algunas de las informaciones dadas a la OEA se publicaron por la prensa, pero una parte de los testimonios se mantienen en reserva para el público como medida de seguridad de las víctimas.




Entidad de DDHH desmiente informaciones falsas

Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) informaron el pasado 3 de noviembre que presentaron 12 casos de torturas y tratos crueles cometidos por militares y policías ante la comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
La CODEHUPY realizó la presentación el 25 de octubre de 2010 y ninguno de los casos se refiere al proceso penal que se sigue a los supuestos miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Tampoco está entre los documentos entregados los operativos de la policía en los que resultaron abatidos, supuestamente en enfrentamientos, los “jefes o comandantes” del EPP, Severiano Martínez, Nimio Cardozo y Gabriel Zárate.
De esta manera, la CODEHUPY desmiente a la mayoría de los medios de prensa, en especial al diario ABC Color, cuyo director es Aldo Zuccolillo, que aseguró que la CODEHUPY había presentado denuncias por violación de derechos humanos en contra de los supuestos miembros del EPP. En las notas publicadas por este diario, mediante comentarios de terceros, se daba a entender que los miembros de este organismo era en realidad un “brazo político” de los supuestos terroristas. El objetivo era supuestamente dar argumentos legales a los prófugos para que luego recurran a la OEA a pedir asilo político (ver nota de ABC Color)
La CODEHUPY presentó ante la OEA los siguientes casos de violación de DDHH: 1) Denuncia contra el comisario Ricardo Chaparro, ex jefe de la comisaría de Horqueta (Departamento de Concepción) y otros policías; 2) Habeas Corpus realizada el 17 de setiembre de 2008 a favor de Luis Rojas, condenado por el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. El mismo está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía; 3) denuncia hecha el 19 de enero de 2009 por torturas durante el operativo “Jerovia”.
4)Denuncia realizada el 3 de marzo de 2009 por torturas contra Luis Rojas, Flaminio Acosta, Ovidio Ramírez y otros presos en la Agrupación Especializada; 5) denuncia hecha el 25 de junio de 2009 por casos cometidos en el operativo en la localidad conocida como “Jaguarete Forest” (Departamento de San Pedro); 6) denuncia hecha el 7 de julio de 2009 por casos de torturas durante operativo policial en Kurupayty y Mbokajaty de Chore (San Pedro). 
7) denuncia hecha el 8 de marzo de 2010 por torturas contra José González Ocampos, preso en la Agrupación Especializada; 8) denuncia hecha el 4 de mayo de 2010 por abusos cometidos por policías y militares durante el operativo “Py'aguapy”; 9) denuncia el 24 de junio de 2010 por casos de torturas cometidos por miembros de la Fuerza de Operaciones de Policía Especiales (FOPE) en Kuruzú de Hierro (Departamento de Concepción). Ver caso en Web del SPP.
10) denuncia de violación de DDHH hecha el 30 de junio de 2010 por miembros del Movimiento Campesino Paraguayo de Campo Aceval (distrito de Tte. Manuel Irala Fernández (Departamento de Boquerón); 11) denuncia de allanamientos irregulares en Kuruzú de Hierro y 12) allanamiento del domicilio de Demetrio Alvarenga de esta localidad en la zona de Horqueta (Concepción).


ENLACES RELACIONADOS






De la web "Kaosenlared": reprimen a campesinos por caso EPP

Vea informe de CODEHUPY sobre torturas en la web de E'A




Policías obligaron a campesinos a comer tierra

Los abogados Roque Orrego (izq.) y Juan Martens de CODEHUPY
-----------
El informe presentado por miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), en una audiencia pública realizada el 3 de noviembre en el local de la entidad sobre la calle París casi Colón de Asunción, se puede ver una nómina de los casos emblemáticos de torturas y represión policial que se presentó ante la comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el 25 de octubre pasado.
El caso número uno del documento entregado por CODEHUPY a la OEA es una denuncia de tratos crueles y degradantes y torturas presentada contra el comisario Ricardo Chaparro Riveros, ex jefe de la comisaría de Horqueta (Departamento de Concepción) y otros policías individualizados, entre ellos el suboficial Carlos López (domiciliado en la comunidad de Santa Librada de Horqueta) y el suboficial Cristino Martínez.
El documento y el video presentado en la ocasión muestran que los maltratos ocurrieron durante un desalojo violento de un grupo de campesinos acampados en una propiedad ubicada frente a la estancia del ganadero Jorge Camperchioli. El escrito señala que el suboficial Martínez “apretó contra el suelo a Marcos Báez, diciéndole que coma la tierra si tanto quería y reclamaba tierra propia, así como porque era campesino sin tierra”.
Los hechos denunciados ocurrieron el 6 de julio de 2008 y el jefe del operativo policial fue el comisario Chaparro. Otra parte del documento señala que el campesino Alcides Paniagua también fue presionado a tragar tierra, si es que no quería recibir más golpes de palo y cachiporras. Los campesinos estaban reclamando al gobierno de Nicanor Duarte Frutos la expropiación de las tierras de Camperchioli.
El desalojo fue ordenado porque estaba a punto de asumir Lugo como titular del Poder Ejecutivo, ya que tenía fama de ser un “socialista” que presionaría al Parlamento Nacional para llevar a cabo la reforma agraria a toda costa. Inclusive, teniendo como último recurso el apoyo a las ocupaciones de tierras (ver nota de Ultima Hora).

Caso Chaparro, en el “oparei”

El informe de CODEHUPY señala que la denuncia contra el comisario Chaparro y los demás policías terminó en el “oparei” (se esfumó como si fuera alcanfor). El asunto es que el sumario administrativo fue archivado por la Dirección de Justicia de la Policía Nacional. El informe del 23 de junio de 2009 del abogado Carmelo Caballero, viceministro del Interior, señala que los investigados fueron sobreseídos el 18 de noviembre de 2008 “por no existir elementos de convicción suficientes para sustentar la responsabilidad de los sumariados en el hecho investigado”.
Los abogados de CODEHUPY demostraron que los investigadores ni siquiera llamaron a declarar a los testigos, a las víctimas y victimarios. Martens dijo que la Dirección de Justicia de la Policía Nacional alegó que no tenía medios para viajar hasta el lugar de los hechos. Sin embargo, tampoco respondió al ofrecimiento de la entidad de DDHH, que ofreció vehículos para trasladar al equipo de la Justicia de la Policía hasta Horqueta.
Por su parte, la Fiscalía especializada en Derechos Humanos, que tiene su sede en Asunción, pero con jurisdicción en todo el país, tampoco hizo gran cosa para castigar a los policías denunciados. No obstante, CODEHUPY aclara en sus denuncias que es difícil en investigar las torturas, ya que no está bien tipificado por el 309 de la Ley 1160/97, Código Penal.


ENLACES RELACIONADOS


Entidad de DDHH desmiente informaciones falsas

Política de seguridad de Lugo es terrorismo de Estado



Viceministro de Seguridad se burló de CODEHUPY

El viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, abogado Carmelo Caballero (foto), se burló de la Comisión de Derechos Huma- nos del Paraguay (CODEHUPY) en el caso de la denun- cia de torturas presentada con- tra el comisario Ricardo Chaparro Riveros, ex jefe de la comisaría de Horqueta (Departamento de Concepción) y otros policías.
La CODEHUPY hizo la denuncia en contra del jefe policial el 16 de julio de 2008 y, a partir de esta fecha, realizó varios trámites administrativos y legales ante la Policía Nacional y el Ministerio del Interior a fin de que el caso no termine en el “oparei” (en la nada). En la reunión realizada el 3 de noviembre pasado, la entidad entregó documentos sobre el caso (ver nota).

Caballero envió una nota a CODEHUPY el 28 de abril de 2009 para señalar que la investigación estaba aún en su etapa inicial. Sin embargo, ante un nuevo requerimiento de la entidad sobre el caso, el 23 de junio de ese año, el viceministro informó que el comisario Chaparro Riveros y los demás policías fueron sobreseidos.
La nota señala que, por resolución 256 de la Dirección de Justicia Policial, del 18 de noviembre de 2008, los policías fueron sobreseídos “por no existir elementos de convicción suficiente para sustentar la responsabilidad de los sumariados en el hecho investigado”.

Justicia Policial apaña a torturadores

Los miembros de la CODEHUPY señalaron que la Justicia Policial, con el aval del Ministerio del Interior, apaña a torturadores. Si no existe “elementos de convicción suficiente” para sancionar al comisario Chaparro Riveros, quien fue trasladado de Horqueta recién en enero de 2009 a disposición de la Dirección General de Orden y Seguridad, es porque Justicia Policial, el Ministerio y la Fiscalía General del Estado obraron para que el resultado sea la impunidad.
Es decir, la Justicia Policial no hizo lo que debió realizar desde un comienzo, como tomar declaración informativa a víctimas, testigos y victimarios de la represión a campesinos que estaban acampados frente a la estancia del ganadero Jorge Camperchioli.
El abogado Juan Martens, de CODEHUPY, dijo que la Dirección de Justicia de la Policía Nacional alegó que no tenía medios para viajar hasta el lugar de los hechos. Sin embargo, tampoco respondió al ofrecimiento de la entidad de DDHH, que ofreció vehículos para trasladar al equipo de la Policía hasta Horqueta.