El Dr. Joel Filártiga examina al Crispín Fernández, campesino sometido al "submarino seco" por parte de policías y militares, quienes también le apretaron los testículos. El objetivo de los efectivos luguistas era que confesara su supuesta participación en la quema del cuartel de Tacuati (ver ABC Color).
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Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) denunciaron el miércoles pasado que las fuerzas del orden a cargo del presidente Fernando Lugo y del ministro Rafael Filizzola utilizaron el “submarino seco”.
Esta es una técnica de tortura que consiste en colocar la cabeza de la víctima en una funda plástica para que se ahogue por falta de aire. Los torturadores saben hasta qué punto deben mantener a una persona de esta forma antes de que se desvanezca. El relato de los miembros de la CODEHUPY, realizada en reunión del 3 de noviembre, muestra que a los policías y militares luguistas solo les falta utilizar la pileta eléctrica del finado Pastor Coronel, temible ex jefe de la Policía Nacional durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
La denuncia de este tipo de torturas fueron hechas por campesinos detenidos en el marco del operativo militar y policial llamado “Jerovia”, que fue lanzado por el gobierno de Fernando Lugo días después del asalto a un militar y quema del cuartel militar ubicado en la localidad de Tacuati (Departamento de San Pedro), que ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre de 2008. El presidente ordenó el operativo, solo porque fue presionado por el Parlamento Nacional, la prensa y sectores empresariales, entre ellos la Asociación Rural del Paraguay, para buscar a los miembros del fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Sin embargo, el operativo sirvió de excusa para amedrentar y criminalizar a campesinos y, en especial a dirigentes de organizaciones que luchan por la tierra propia. La CODEHUPY entregó 12 casos de abusos de poder y torturas a la comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el 25 de octubre pasado. El tercer caso es el testimonio de varios campesinos, entre ellos Crispín Fernández, Américo Fernández y Alcides Oviedo.
Amenazas de violaciones y asesinato de campesino
Los abogados de la CODEHUPY, Juan Martens y Roque Orrego, comentaron que los testimonios de los campesinos indican que los militares y policías del operativo “Jerovia”, que terminó el 7 de marzo de 2009 en un acto de inauguración de un nuevo cuartel militar en Tacuati (ver información), utilizaron varias técnicas para no dejar huellas, pero en algunas se excedieron, por lo que hay datos fotográficos y médicos de los casos.
El Dr. Joel Filártiga, conocido luchador contra la dictadura stronista, fue el médico que había inspeccionado a los campesinos golpeados y torturados por militares y policías. Un caso registrado es el de Crispín Fernández, quien fue sometido al “submarino seco” y luego fue torturado mediante una vieja técnica stronista: le apretaron los testículos para que confesara su supuesta autoría en la quema del cuartel o bien que indice las personas comprometidas con el EPP.
Los abogados también dijeron que en el operativo Jerovia y otros también los policías y militares amenazaban a hombres y mujeres que serían violadas si no decían el paradero de los miembros del fantasmal ejército. Los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2009, fecha en que fuera asesinado el campesino Martín Ocampos (ver nota de ABC Color). Al parecer, los autores intelectuales de este crimen aprovecharon las acciones policiales contra el EPP para que el caso sea conocido como “quema de archivo”, tal como publicó el diario ABC Color.
En la mayoría de los desalojos de campesinos sin tierras o bien en operativos para la búsqueda de integrantes del EPP, la policía utilizó métodos violentos para reprimir y detener a las personas, tanto mujeres, hombres y niños. En los procedimientos abundaron patadas, golpes de puño, golpes con cachiporras y palos. En los allanamientos de Mbokajaty y Curupayty, en Chore (Departamento de San Pedro) la policía también quemó tres casas humildes de campesinos, quienes viven cerca de la Agroganadera Jejui, de Emilio Ramírez Russo, con el objetivo de aterrorizar a los pobladores. Los abogados de la CODEHUPY dijeron que la Policía Nacional y la Fiscalía Nacional reconocieron que el procedimiento fue criminal, pero el gobierno de Lugo no ha indemnizado a las víctimas.
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