El empresario Christian Chena (foto de la izquierda, tomada de su perfil de Facebook) y el periodista César Franco, quien prefirió salir del Canal 13 por conciencia. El colega demostró que su convicción profesional vale más que el sueldo.
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La empresa Teledifusora Paraguaya S.A. (Canal 13), del grupo empresarial de Christian Chena, despidió el 28 de octubre al periodista César “Tuki” Franco porque se había negado a realizar una cobertura en un caso judicial que involucra a Mepshow SA, empresa que explota la quiniela, juego que no pudo tomar como concesionaria Chena Ventures SA. El medio cometió un grave atentado contra el derecho a la libertad de conciencia del compañero de trabajo.
La Comisión Directiva del Sindicato de Periodista del Paraguay (SPP), encabezado por Pedro Benítez, al conocer el caso visitó a Franco para conocer el motivo de su despido. El gremio informó al colega que puede accionar legalmente, ya que el artículo 29 de la Constitución Nacional ampara a los periodistas que se niegan a realizar una cobertura o investigación por motivos personales.
La Constitución determina que “el ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información”.
La Constitución determina que “el ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información”.
La Comisión Directiva del SPP no pudo siquiera iniciar conversaciones con los representantes del canal, entre ellos el jefe de prensa, Mariano Nin, ya que Franco decidió aceptar la indemnización que le corresponde. El colega dijo que se negó a realizar el trabajo porque la política periodística del Canal 13 colisiona contra los dictados de su conciencia.
El caso es que el Canal 13 había comenzado una gran campaña contra Mepshow SA, cuyo presidente es Jorge Escobar, y contra la Comisión Nacional de Juegos de Azar porque esta institución descalificó la oferta de Chena Ventures, que fue la segunda empresa que mejor propuesta hizo al Estado para el pago del canon mensual de la quiniela.
Debido a la manipulación periodística que viene realizando Canal 13 sobre el caso, Franco se negó de nuevo el pasado 27 de octubre a realizar la cobertura sobre una demanda del Ministerio de Hacienda contra Mepshow SA.
Manifestó que, desde que comenzó la campaña contra Mepshow SA en agosto de 2009, se había negado a hacer coberturas sobre el caso porque no estaba de acuerdo con el enfoque periodístico. La empresa no le amonestó por este caso. Sin embargo, llamativamente el jefe de prensa le comunicó su despido por esta razón el pasado 28 de octubre (ver caso en Diario Popular).
El colega dio a entender que no quería que su trabajo sea utilizado como “garrote” contra Mepshow SA, por lo que hizo saber al canal que obraba de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Nacional.
Los propietarios del Canal 13 tienen empresas comerciales, entre ellas Chena Ventures (dominios de internet) y juegos de azar (Ricachón). En este último caso, los Chena utilizan su medio para “desprestigiar” a su competencia. Como siempre, el periodista es el que paga los platos rotos, como es el caso del compañero y asociado Tuki” Franco.
Este tipo de hechos son los que abundan cuando empresarios vinculan las empresas comerciales a sus respectivos medios de comunicación, pues, generalmente, se defienden más intereses comerciales que periodísticos. En nuestro país, se tiene por ejemplo que un solo empresario tiene dos canales de TV, una radio AM, dos FM y un diario (Ultima Hora), más una cincuentena de empresas comerciales, como el caso del grupo de Antonio J. Vierci.
1 comentario:
El periodista afectado debería pensar en raclamar una indemnización del daño moral ocasionado por el accionar de la empleadora. Esto corresponde independientemente de lo que le abonaron en concepto de despido injustificado y otros rubros.
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