Víctor Bogado (arriba y a la izq.), Arístides da Rosa y Magdaleno Silva (dueños de radios), Oscar Tuma y Carlos Soler. Estas son las cabezas visibles de Diputados del proyecto de "Ley Mordaza".
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El Parlamento Nacional aprobó en la sesión del 28 de octubre el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley 642/95, de Telecomunicaciones, con el objetivo de luchar supuestamente contra las radios piratas e ilegales. Sin embargo, el trasfondo de esta iniciativa de los diputados Oscar Tuma y Víctor Bogado es limitar la libertad de expresión y de prensa de la comunidad organizada.
Lo llamativo del caso es que los senadores incluyeron en el orden del día el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados a sabiendas de que se estaba tratando el caso de las radios comunitarias en la comisión de derechos Humanos de la OEA, Relatoria de la Libertad de Expresión. Las asociaciones de radios comunitarias del Paraguay denunciaron la intención del proyecto de Tuma y Bogado ante la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
La AMARC ayudó a las comunitarias paraguayas para hacer la denuncia con relación al atentado al derecho a la libertad de expresión y de prensa, según determinan los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Constitución Nacional. En representación del gobierno de Fernando Lugo estuvo Roque González, periodista y viceministro de Secretaria de Información y Comunicación (SICOM) y el diputado colorado Arístides da Rosa, propietario de la radio FM Santani.
El proyecto establece que la potencia de una radio comunitaria puede ser de 50 hasta 300 Watts. También prohibe a los directivos de estas radios obtener publicidad estatal o privada, por lo que el objetivo es que la comunidad organizada no tenga medios para sostener una “alternativa”. Se estableció igualmente castigar hasta un año de cárcel a los propietarios de radios piratas.
El sindicato de Periodistas del Paraguay había expresado su rechazado al proyecto de ley al señalar que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos “el pluralismo informativo” y el “derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime”. La propuesta de Tuma y Bogado también viola la doctrina del “derecho de acceso” de la gente a los medios masivos, ya que en la mayoría de las radios comerciales no tienen cabida los sectores populares y más vulnerables de la nación.
Temen que Lugo apoye a empresas
Los senadores aprobaron el proyecto de los diputados, por lo que pasó al Poder Ejecutivo para sea vetado o sancionado. El Sindicato de Periodistas, la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay a Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitarias (COMUNICA), la Cooperativa de Trabajadores y Trabajadoras de la Comunicación (Aty Com), el Colectivo por la Liberación de la Información y la Producción (CLIP) y otras organizaciones se manifestaron en contra del proyecto de “Ley Mordaza”.
Estas asociaciones hicieron gestiones ante el Parlamento Nacional para evitar que el proyecto Tuma-Bogado sea sancionado. Sin embargo, fue inútil todas las reuniones realizas con diputados y senadores, quienes ya tenían una posición sobre el tema, pese a que viola disposiciones constitucionales.
Las asociaciones pedirán a Lugo para que vete el proyecto de ley, aunque temen que también sea inútil porque el presidente hace lo contrario cuando se trata de defender los intereses del pueblo. La SICOM no acompañó el proceso para que el proyecto de ley no sea sancionado, por lo que es el primer dato a tener en cuenta con relación a la decisión que podría tomar el titular del Ejecutivo, quien está presionado por el Parlamento y los propietarios de radios comerciales.
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