El Dr. José Moreno Ruffinelli (arriba), el contralor Octavio Airaldi, el subcontralor Atilio Gayoso (izq.), Fabricio Arnella, Ana Galeano y Martín Almada.
El Centro de estudiantes y ex estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, la Coordinadora de Luchadores, Luchadoras y Víctimas de la Dictadura (CODELUCHA), BASE IS, el Partido Comunista Paraguayo, la Comisión Verdad y Justicia, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y otras organizaciones, firmaron una nota-protesta dirigida al contralor Octavio Airaldi.
El Dr. Martín Almada, conocido luchador por los derechos humanos, y un grupo de estudiantes visitaron el jueves pasado la Contraloría General de la República para hablar con Airaldi, pero éste no recibió a nadie. La nota fue para repudiar la inclusión del Dr. José Antonio Moreno Ruffinelli, considerado como uno de los “intelectuales” que apoyaron la dictadura stronista, en el II Seminario Internacional de Control a Entidades Binacionales, que se realizó el 16 del corriente en el Hotel Granados Park.
Las organizaciones que se movilizaron contra Moreno Ruffinelli lograron que el controlar sacara de la lista de oradores al conocido stronista, quien tenía previsto disertar sobre “la inclusión de los tratados internacionales en el derecho interno paraguayo y las alternativas para el ejercicio del control gubernamental externo conjunto”. En el encuentro estuvieron representantes de Entidades fiscalizadoras Superiores de Paraguay, Brasil y Argentina.
El subcontralor Atilio Gayoso recibió a la delegación encabezada por Almada, quien dio una pormenorizada explicación del por qué exigen al contralor Airaldi para que el ex defensor de la dictadura stronista no hable sobre las binaciones Yacyreta e Itaipu. Estuvieron también en el encuentro Fabricio Arnella, del Partido Comunista, y estudiantes y ex alumnos de la UCA, entre ellos/as Ana Galeano, Cecilia Vuyk, José Lezcano, Rodrígo Rojas y Alberto Brítez.
El subcontralor Atilio Gayoso recibió a la delegación encabezada por Almada, quien dio una pormenorizada explicación del por qué exigen al contralor Airaldi para que el ex defensor de la dictadura stronista no hable sobre las binaciones Yacyreta e Itaipu. Estuvieron también en el encuentro Fabricio Arnella, del Partido Comunista, y estudiantes y ex alumnos de la UCA, entre ellos/as Ana Galeano, Cecilia Vuyk, José Lezcano, Rodrígo Rojas y Alberto Brítez.
La nota entregada a Penayo señala: “Moreno Ruffinelli fue el brazo intelectual de una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, que dejó nefastas consecuencias en la vida de la nación. Como autor de la Ley 209/70, es una de las figuras emblemáticas de esa dictadura, que contó con fuerzas de choque, torturadores y asesinos profesionalizados, y también con intelectuales juristas cuya tarea fue sustentar una legalidad que posibilitará la comisión impune de crímenes de lesa humanidad y el saqueo masivo de los bienes públicos, vía corrupción”.
Asesor Jurídico del “despojo”
“¿No es el disertante invitado por la Contraloría uno de los asesores jurídicos del despojo? ¿No está auditando acaso la Contraloría la deuda considerada “espuria” de Itaipu? En el caso específico de las binacionales, tuvo una participación protagónica en el proceso de entrega de nuestra soberanía hidro- eléctrica y nacional, dejando una deuda generacional que seguimos pagando hoy”, señala la nota.
Hay que recordar que Moreno Ruffinelli había sido nombrado rector de la Universidad Católica, cargo que fuera ofrecido por la Conferencia Episcopal Paraguaya y que tuvo la anuencia del Papa Benedicto XVI. Sin embargo, renunció el 8 de julio de 2008 debido a la campaña realizada en contra del conocido stronista por estudiantes de esta Universidad y de sectores sociales que sufrieron las injusticias cometidas por la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner.
El currículo de Moreno Ruffinelli, según la nota entregada a la Contraloría, es la siguiente: 1) Durante su gestión como diputado nacional se firmó el Tratado de Itaipú, aprobado por Ley Nº 389/73 del entreguista Congreso Nacional del que Moreno era parte; 2) el stronista fue Embajador paraguayo en la República Federativa de Brasil desde 1977, en tiempos de consolidación del Tratado de Itaipú; 3) patrocinador de la suspensión de los efectos de la ley 1.161 que obligaba a funcionarios de Itaipú y Yacyretá a informar y enviar documentación al Congreso y a la propia Contraloría paraguaya a través de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
“Resulta paradójico que la entidad fiscalizadora superior del Paraguay, por una parte, declare como logro de gestión la promoción del ejercicio del control ciudadano, y por otra, propicie no solo el “blanqueamiento”, sino además el reposicionamiento político de uno de los pocos personajes que, ante la inacción de la justicia paraguaya, fue objeto de sanción social al impedírsele asumir como Rector de la Universidad Católica de Asunción, a pesar de contar con todo el respaldo del Papa Benedicto XVI y la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP)”, dice la nota que no quiso recibir Airaldi.
A continuación la misiva de las organizaciones anti dictadura stronista:
¿Cómo puede la Contraloría General de la República decir que promueve la participación ciudadana desconociendo el resultado de la fuerza social organizada que, basada en una recuperación de la memoria colectiva, impidió que el promotor intelectual de la Ley 209 asumiera como rector de uno de los espacios más importantes en la jerarquía del saber formal en nuestra República, dando así una sanción social ante la inacción de la justicia paraguaya?. Moreno Ruffinelli, que hoy pretende dar lecciones de moral y ciencia, no actuó en el escenario de la represión física como un Pastor Coronel, o un Kururú Piré, y tampoco firmó el Tratado de Itaipú y el de Yacyretá, sino que con el sigilo característico de los "guantes blancos", puso su saber y su acción al servicio de la traición, el despojo a los bienes de la patria y la muerte y tortura de nuestros compatriotas.
Moreno Ruffinelli hoy, como muchos otros autores intelectuales y encubridores del régimen, debería estar juzgado y condenado por los masivos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura stronista. Sin embargo, al igual que muchos otros, ha hallado amparo en la política de institucionalización del olvido practicada por las instituciones del Estado paraguayo, principal (pero de ninguna manera únicamente) el Poder Judicial.
