Diputados Víctor Bogado (arriba y a la izq.), Arístides da Rosa, Magdaleno Silva, Oscar Tuma y Carlos Soler.
El proyecto de ley que prohíbe a las radios comunitarias obtener ingresos en concepto de publicidad, presentado por los diputados Víctor Bogado y Oscar Tuma, no solo atenta contra la Constitución Nacional, sino contra los principios establecidos por las relatorías de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la “diversidad en la radiodifusión”.
“La radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la obtención de licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad”, reza parte de la declaración sobre “libertad de expresión y opinión” de diciembre de 2007. (1).
La Cámara de Diputados, en la sesión del 13 julio, postergó de nuevo la aprobación del proyecto de ley que modifica artículos de la Ley 642/95, de Telecomunicaciones, solo porque los oviedistas abandonaron la sesión. El documento ya fue aprobado, a medias, en la sesión del 8 de este mes, ya que los del UNACE también habían salido del recinto parlamentario.
La Cámara de Diputados, en la sesión del 13 julio, postergó de nuevo la aprobación del proyecto de ley que modifica artículos de la Ley 642/95, de Telecomunicaciones, solo porque los oviedistas abandonaron la sesión. El documento ya fue aprobado, a medias, en la sesión del 8 de este mes, ya que los del UNACE también habían salido del recinto parlamentario.
El proyecto Bogado-Tuma tiene el apoyo de la plenaria de Diputados, ya que todos los legisladores están de acuerdo en cambiar la Ley 642/95 para supuestamente controlar a las radios piratas o ilegales.
El objetivo de los miembros del UNACE, de dejar sin quorum las sesiones, es “castigar” a sus colegas del Partido Liberal Radical Auténtico, del Partido Colorado y de Patria Querida. Los oviedistas lanzaron así el mensaje de que también tienen peso en la plenaria, tal como tuvieron los demás partidos al expulsar a los diputados Gustavo Mussi y José López Chávez del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, respectivamente.
Sin embargo, los diputados oviedistas tienen también la intención de castigar a la población que no está de acuerdo con la política legislativa arbitraria del Parlamento Nacional. Al menos así se deduce de la campaña de Tuma contra las radios comunitarias.
El proyecto de ley establece que las radios comunitarias pueden tener una potencia de 50 a 300 Watts, que fue aprobado por la plenaria. La iniciativa legislativa prohíbe a las "alternativas" recibir fondos del Estado y del sector privado en concepto de publicidad, tal como ha establecido la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) por resolución 1.218 del 3 de diciembre de 2009, sobre legalización y financiamiento de radios comunitarias o alternativas. Todos los diputados igualmente están de acuerdo con esta propuesta de Tuma y de Bogado, pese a que es una abierta discriminación que contradice la Constitución Nacional.
El proyecto de ley es para liquidar el programa de la CONATEL, que busca potenciar a las radios alternativas. Los diputados así también atentan contra el principio establecido por la relatoría de la ONU y la OEA sobre acceso legítimo a la publicidad de estos medios en poder de la gente de barrio.
Diputados atentan contra diversidad de fuentes
Los líderes de las bancadas y de las comisiones asesoras hablaron también para apoyar el proyecto, entre ellos Carlos María Soler, de Patria Querida; Fernando Oreggioni, del PLRA, y Arístides da Rosa, del Partido Colorado. Este último tiene una radio en la ciudad del San Estanislao (Departamento de San Pedro). El diputado Magdaleno Silva es dueño también de una radio en Yby Ya'u (Concepción). Los legisladores colorados son así parte interesada en el proyecto de ley.
La política de Diputados, de permitir que solo los dueños de radios comerciales reciban dinero del Estado y del sector privado, atenta también contra el principio democrático de “diversidad de fuentes” de información. La concentración de medios en manos de políticos y empresarios favorecidos por los sucesivos gobiernos dificulta al pueblo a recibir información veraz y responsable.
La declaración de las relatorías de la ONU y de la OEA dice al respecto: “En reconocimiento de la particular importancia que la diversidad de los medios de comunicación tiene para la democracia, para prevenir la concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical, se deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes antimonopólicas. Tales medidas deben implicar el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación a todos los niveles. Además deben involucrar un monitoreo activo, el tomar en cuenta la concentración de la propiedad, en caso que sea aplicable, en el proceso de concesión de licencias, el reporte con antelación sobre grandes combinaciones propuestas, y la concesión de autoridad para evitar que tales combinaciones entren en vigor”.
(1) Ver documento ONU-OEA “Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión”
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