La secretaria ejecutiva de CODEHUPY, Carmen Coronel, y los abogados de esta entidad, Roque Orrego (izq.) y Juan Martens.
La política de “seguridad” del gobierno del presidente Fernando Lugo y del liberal Federico Franco se enmarca dentro del concepto de terrorismo de Estado, ya que existe una intención de causar terror a la población indefensa a través de los órganos de seguridad, cuyos miembros están denunciados por tratos inhumanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales (asesinatos a sangre fría), de acuerdo a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
Los miembros de CODEHUP hicieron una reunión el 3 de noviembre, otrora “día feliz” o natalicio del finado dictador Alfredo Stroessner, para explicar los casos de torturas que presentó esta organización ante la comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el 25 de octubre pasado.
La secretaria ejecutiva de CODEHUPY, Carmen Coronel, y los abogados de esta entidad, Juan Martens y Roque Orrego, dieron las explicaciones a la audiencia en la siesta de ayer. Los mismos aseguraron que hicieron las denuncias en contra del gobierno de Lugo porque agotaron las instancias judiciales y administrativas (Ministerio del Interior y Policía Nacional) para que el Estado proceda a castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos.
Martens dijo que el uso abusivo de la fuerza pública (violación de derechos humanos) contra campesinos y la criminalización de las luchas populares es una política institucional del gobierno de Lugo, en especial del Ministerio del Interior a cargo del abogado Rafael Filizzola, del “socialista” Partido Democrático Progresista.
La secretaria ejecutiva de CODEHUPY dijo que fueron a Washington no para pedir sanciones contra el Estado paraguayo, sino para informar a la OEA que Lugo sigue la política de represión contra campesinos y las torturas de personas indefensas por parte de policías y militares, tal como era la política de los gobiernos colorados durante la era stronista y desde la caída de la dictadura, el 2 de febrero de 1989, hasta el 15 de agosto de 2008, fecha en que asumió el “gobierno del cambio”.
El abogado Orrego aclaró que la reunión en la OEA no fue para pedir la apertura de un proceso legal contra Paraguay, sino para informar sobre los hechos de torturas documentados por la CODEHUPY. Esto será útil para el organismo internacional para incluir la denuncia en el informe de 2010 de países violadores de los derechos humanos.
No obstante, la OEA determinará si corresponde una sanción o un llamado de atención (recomendaciones) para que el gobierno de Lugo establezca políticas públicas de seguridad que incluya el respeto de los derechos humanos.
Testimonios en reserva
El abogado Orrego explicó que se presentaron varios documentos fotográficos y audiovisuales a la OEA que prueban las violaciones de derechos humanos en procedimientos de desalojo de tierras ocupadas, allanamientos de viviendas con orden judicial y actividades antiterroristas por parte de miembros de la policía y de las FFAA contra supuestos miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Orrego dijo que algunas de las informaciones dadas a la OEA se publicaron por la prensa, pero una parte de los testimonios se mantienen en reserva para el público como medida de seguridad de las víctimas.
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