Por Dionisio Arce Jara (*)
Juan Martens (izq.), el ministro Rafael Filizzola y el cuestionado fiscal Rogelio Ortúzar, quien aparece en una nota de Ultima Hora del 9 de mayo de 2007.
El abogado Juan Martens, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), aseguró que la policía a cargo del ministro socialista Rafael Filizzola continúa con la práctica de las detenciones ilegales, ya sea en la ciudad y en el campo. En las zonas urbanas es para extorsionar a supuestos delincuentes comunes y a trabajadores del sexo (travestis, prostitutas); en áreas rurales también operan de la misma manera, en especial, para detener y amedrentar a campesinos organizados en comités, comisiones o sindicatos. En este último caso, la policía luguista cuenta con la ayuda y complicidad de los miembros de la Fiscalía General del Estado.
Esta es la versión de Martens sobre lo que queda de la dictadura stronista, que fue el tema de un panel-debate realizado el 3 de febrero en el Parlamento Nacional para conmemorar el golpe de estado de 1989.
El abogado manifestó que los sucesivos gobiernos colorados, que duró más de 50 años, al parecer no querían elevar el nivel social y económico de los policías porque así se los mantienen sujetos al mandamás de turno. El gobierno de Fernando Lugo tampoco hizo mucho para cambiar la situación, aunque hay que recordar que el nivel salarial de los oficiales ha aumentado en los últimos años. Enfatizó que la policía stronista, convertida luego en Policía Nacional, se los mantiene en una situación económica miserable para que “necesiten vivir en la ilegalidad”.
El abogado manifestó que los sucesivos gobiernos colorados, que duró más de 50 años, al parecer no querían elevar el nivel social y económico de los policías porque así se los mantienen sujetos al mandamás de turno. El gobierno de Fernando Lugo tampoco hizo mucho para cambiar la situación, aunque hay que recordar que el nivel salarial de los oficiales ha aumentado en los últimos años. Enfatizó que la policía stronista, convertida luego en Policía Nacional, se los mantiene en una situación económica miserable para que “necesiten vivir en la ilegalidad”.
Martens dijo que de unos 23.000 efectivos policiales que tiene el Paraguay, alrededor 19.000 son “suboficiales”, que son personas que tuvieron como máximo entre 9 a 10 meses de preparación en 14 “centros de capacitación” que tiene el Ministerio del Interior en varios puntos del país. Aseguró que la mayoría de los policías no se dedica a estudiar, sino a realizar mandatos de sus jefes y dio como ejemplo el caso de un comisario, director de una escuela de formación de Pilar, que utilizaba a los aspirantes a lavar autos en su lavadero comercial.
El abogado señaló también que, desde la modificación del Código Penal en 1997, apareció un nuevo actor en el fenómeno de la represión de la gente. Se trata de los fiscales, quienes también adquirieron los vicios de la policía stronista. Manifestó que los miembros del Ministerio Público ahora son más policías que defensores de la sociedad. Este vicio se le conoce en el ámbito académico como “policiación”, que por suerte no es solo paraguayo, enfatizó el panelista, que actualmente es el defensor de varios supuestos miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que fueron detenidos luego de la liberación del ganadero Fidel Zavala el 17 de enero de 2010.
El abogado dijo que cada vez más aparecen fiscales con aires o mentalidad de policias, que se visten como policías y que reprimen como policías, en especial en las zonas rurales, donde los grupos de poder (empresarios, políticos, ganaderos) fijan las reglas de conducta de los miembros del Ministerio Público de acuerdo a sus intereses mezquinos.
Un ejemplo extremo de la “policiación” es la actuación ilegal del fiscal Rogelio Ortúzar en una intervención fiscal-policial el 5 de mayo de 2007 en Minga Guazú, donde fueron supuestamente abatidos en un enfrentameinto seis secuestradores, entre ellos dos menores de edad. El fiscal apareció ante los periodistas con chalecos antibalas y una ametralladora. Actuó como si fuera “Rambo”, pero dijo que parecía más bien “Matrix”, ya que pudo esquivar las balas de los supuestos delicuentes.
Los familiares de quienes fueron acribillados a balazos denunciaron que no hubo enfrentamiento y que sus hijos fueron primero torturados y luego ejecutados. Ortúzar sigue ocupando su cargo sin problemas gracias al apoyo político que recibió de Nicanor Duarte Frutos y, en especial, del fiscal general Rubén Candia Amarilla. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y las Comisiones de Derechos Humanos del Parlamento Nacional no hicieron nada al respecto.
El abogado señaló también que, desde la modificación del Código Penal en 1997, apareció un nuevo actor en el fenómeno de la represión de la gente. Se trata de los fiscales, quienes también adquirieron los vicios de la policía stronista. Manifestó que los miembros del Ministerio Público ahora son más policías que defensores de la sociedad. Este vicio se le conoce en el ámbito académico como “policiación”, que por suerte no es solo paraguayo, enfatizó el panelista, que actualmente es el defensor de varios supuestos miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que fueron detenidos luego de la liberación del ganadero Fidel Zavala el 17 de enero de 2010.
El abogado dijo que cada vez más aparecen fiscales con aires o mentalidad de policias, que se visten como policías y que reprimen como policías, en especial en las zonas rurales, donde los grupos de poder (empresarios, políticos, ganaderos) fijan las reglas de conducta de los miembros del Ministerio Público de acuerdo a sus intereses mezquinos.
Un ejemplo extremo de la “policiación” es la actuación ilegal del fiscal Rogelio Ortúzar en una intervención fiscal-policial el 5 de mayo de 2007 en Minga Guazú, donde fueron supuestamente abatidos en un enfrentameinto seis secuestradores, entre ellos dos menores de edad. El fiscal apareció ante los periodistas con chalecos antibalas y una ametralladora. Actuó como si fuera “Rambo”, pero dijo que parecía más bien “Matrix”, ya que pudo esquivar las balas de los supuestos delicuentes.
Los familiares de quienes fueron acribillados a balazos denunciaron que no hubo enfrentamiento y que sus hijos fueron primero torturados y luego ejecutados. Ortúzar sigue ocupando su cargo sin problemas gracias al apoyo político que recibió de Nicanor Duarte Frutos y, en especial, del fiscal general Rubén Candia Amarilla. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y las Comisiones de Derechos Humanos del Parlamento Nacional no hicieron nada al respecto.
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(*) Periodista del Diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP
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