La familia Arrom dice que Juan y Anuncio no tienen garantías con un Poder Judicial corrupto

Juan Arrom muestra los rastros de torturas en el Sanatario Migone luego de ser rescatado, el 17 de enero de 2002, por sus hermanas de la casa de un policía.

Los hermanos/as Arrom Suhurt emitieron un comunicado público sobre el secuestro y tortura que habían sufrido Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán por un grupo parapolicial que habría encabezado Antonio Gamarra, David Schembori y Javier Cazal. Estos fueron sobreseidos por “falta de pruebas” y los ahora perseguidos políticos hu- yeron al Brasil porque temían ser condenados por el secuestro de María Edith de Debernardi, con pruebas  plagada de testigos falsos y pruebas pre-constituídas, según la nota. Ejemplo de esto fue Gumersindo Aguilar, testigo falso preparado por el ex fiscal Oscar Latorre y el ahora fiscal adjunto Marcos Alcaraz para involucrar a Lino Oviedo y otros en el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña.

La campaña mediática realizada por el gobierno neonicanorista de Fernando Lugo y Federico Franco para pedir al Brasil la anulación del estatus de refugiado político de Arrom, Martí y Colmán es solo una “cortina de humo ante centenares de problemas como la corrupción, la inseguridad, la falta de respuesta a los problemas económicos y sociales, la falta de rumbo y moral de un gobierno que día a día pierde la confianza de la ciudadanía”, según el comunicado publicado en Ultima Hora el domingo pasado. Otra parte de la nota señala: ¿Que moral y credibilidad tienen un poder judicial y un ministerio público que dejan en la Impunidad Delitos de Lesa Humanidad?. Que dejan prescribir el juicio a González Macchi y que blanquean a Duarte Frutos por enriquecimiento ilícito.

Hasta ahora no hay cambios en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado, como prometieron Lugo, Franco, el PLRA y sus aliados del P-MAS, Pais Solidario, del supuesto partido socialista "Partido Democrático Progresista", fundado por el ministro Rafael Filizzola y su esposa, diputada Desiree Masi.

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A continuación el comunicado de la familia Arrom Suhurt

Ante la insólita e intempestiva difusión de propaganda del gobierno impulsada por el Ministro del Interior, so pretexto de la “búsqueda” de “prófugos”, que incluye ridículamente entre los reclamados los nombres de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colman, le recordamos a los amnésicos que los mismos se hallan con residencia fija en la República Federativa del Brasil hace siete años en carácter de Refugiados Políticos bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en corresponsabilidad con el Estado Brasileño.

El secuestro político y torturas a que ellos fueron sometidos por personeros del gobierno NO HÁ QUEDADO EN LA IMPUNIDAD ante organismos internacionales. Por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que ya había tomado intervención en el año 2002 ante los bárbaros atropellos que sufrieron en sus Derechos Humanos, ya había exigido del gobierno paraguayo Medidas Cautelares de protección. Y en el año 2008 la CIDH-OEA Admitió la demanda por graves violaciones de los DDHH contra Juan Arrom y sus compañeros Refugiados Políticos, por lo cual el Estado paraguayo hoy está sentado en el banquillo de los acusados por el peor de los Delitos reconocido y combatido por la Legislación Universal : Delito de Lesa Humanidad.

Asimismo, países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) como la República Federativa del Brasil, han dado la razón a los refugiados en la búsqueda de JUSTICIA fuera de su patria. El Refugio Político, decisión Soberana de un Estado miembro de la OEA habla por sí solo de la absoluta falta de moral y credibilidad del Poder Judicial y Ministerio Público de nuestro país.

En Paraguay ellos fueron blanco de todo tipo de violaciones de sus garantías constitucionales. El Poder Judicial y el Ministerio Público dejaron en la IMPUNIDAD a los secuestradores y torturadores como los policías Antonio Gamarra, David Schembori y el ex director del CIJ del Ministerio Público, Javier Cazal, entre muchos otros responsables que ni siquiera fueron investigados. Y por contrapartida pretendieron someterlos a un juicio amañado plagado de testigos falsos y pruebas pre-constituídas como lo fue denunciado en los dos Juicios Políticos al ex fiscal general Latorre Cañete y al ex Pdte. González Macchi en donde se violaron todas y cada una de las garantías de todo proceso penal.

40.000 personas marcharon en marzo del 2006 exigiendo la renuncia de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Estas aspiraciones ciudadanas han sido una vez mas defraudadas por quien hoy se encuentra al frente del poder ejecutivo, y no faltan algunos políticos oportunistas abyectos y extasiados con el dinero de la corrupción en el parlamento que ahora hablan de un inexistente Estado de Derecho en el país. Ya que antes que preocuparse por esbozar ante organismos internacionales como la CIDH-OEA y el ACNUR una disculpa del Estado paraguayo por estar entre quienes más violan los DDHH en el mundo y sufrir procesos penales en la Corte de la OEA, pretenden en un juego mediático y estéril hacer propaganda contra ciudadanos paraguayos que gozan de protección de Leyes Internacionales.

¿Que moral y credibilidad tienen un poder judicial y un ministerio público que dejan en la Impunidad Delitos de Lesa Humanidad? Que dejan prescribir el juicio a González Macchi? Que blanquean a Duarte Frutos por enriquecimiento ilícito?

La propaganda del gobierno de carácter inconstitucional y violatoria de Tratados Internacionales es un directo atropello a decisiones Soberanas del Estado Brasileño y una grosera intromisión en sus Asuntos Internos. Constituye además una notable y oportuna cortina de humo ante centenares de problemas como la corrupción, la inseguridad, la falta de respuesta a los problemas económicos y sociales, la falta de rumbo y moral de un gobierno que día a día pierde la confianza de la ciudadanía. La propaganda comenzó sin razón y sin razón y sin pena ni gloria se interrumpió, para demostrar la absoluta falta de responsabilidad de la cartera del Ministerio del Interior y el gobierno.

Ya lo dijo Thomas Carlyle: “Los necios se imaginan que porque el fallo contra una maldad se demora, no existe en este mundo verdadera justicia, sino una justicia accidental. El fallo contra una maldad puede demorarse a veces uno o dos días, uno o varios años, pero es tan seguro como la vida, tan seguro como la muerte”.