Por Dionisio Arce Jara (*)
“Constatamos que el proceso de adjudicación y titulación de tierras estaba basado en un sistema de gestión corrupto y clientelista, orientado a distribuir tierras de manera indiscriminada –y no necesariamente a sujetos del Estatuto Agrario-, en un esquema populista cuyo único objetivo era sostener ante la opinión pública que se habían distribuido miles de hectáreas en un determinado plazo. Quedaba claro que lo importante, en el criterio de las anteriores gestiones, era cuántas hectáreas se habían entregado y, no precisamente a quiénes, para qué y de qué modo”, señala el segundo párrafo de la respuesta entregada por el abogado Alberto Alderete Prieto, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a la Cámara de Diputados durante su interpelación el 8 de octubre de 2009.
“En el afán de intervenir en ese sistema para corregirlo, se inició un trabajo de observación minucioso que permitió detectar la existencia de miles de expedientes con innumerables irregularidades. Las anomalías estaban presentes desde el primer paso del proceso, esto es, desde la misma solicitud de compra del beneficiario y el posterior informe del Indert sobre la ocupación de la tierra, vivienda, cultivos y otros datos obligatorios establecidos. Es así que los funcionarios del Indert responsables de realizar falseaban los datos del solicitante del lote para disfrazarlo de sujeto del Estatuto Agrario. Estas maniobras ilegales beneficiaron a comerciantes, profesionales independientes, funcionarios públicos y otras personas, en detrimento de campesinos y campesinas de nuestro país”, según Alderete.
El renunciante presidente del Indert dijo que, del 16 de agosto de 2008 al 7 de octubre de 2009, la institución entregó a familias campesinas “1.762 títulos, lo que equivale a cuatro títulos por día”. El funcionario también reveló que durante este lapso el Instituto compró tierras, a precio de mercado, por más de 37.700 millones de guaraníes. Además, compró inmuebles que estaban en poder del Banco Nacional de Fomento por más de 4.600 millones de guaraníes. En el momento de la interpelación, el Instituto estaba gestionando la compra por la vía de excepción (sin licitación pública) inmuebles por más de 2.000 millones de guaraníes. A esto se debe sumar las tierras compradas mediante este mecanismo administrativo, en diciembre de 2009, por más de 18.000 mil millones de guaraníes.
Defendió labor del CEPRA
Otra parte de la defensa de Alderete se refiere a la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), creada por Decreto Nº 838/08 del Poder Ejecutivo. El funcionario dijo que los objetivos de este sistema de trabajo son: “coordinar y promover el desarrollo económico y social político y cultural, impulsar la gestión de las políticas publicas en relación a los asentamientos creados y a contribuir al logro de la Reforma Agraria (art.2º). El INDERT es la Institución responsable de la coordinación para la ejecución de los trabajos y proyectos de campo, para lo cual cuenta con el apoyo de otras instituciones publicas, como Ministerios y Entes Descentralizados”.
“A partir de su creación, se ha trabajado directamente en el terreno a fin de realizar un diagnostico y relevamiento de la situación de aquellas comunidades con mayores deficiencias en cuanto a necesidades básicas insatisfechas, para lo cual se conformaron equipos técnicos multidisciplinarios e interinstitucionales que en forma conjunta recorrieron cada uno de los lugares identificados inicialmente”, según Alderete.
“Ante este nuevo escenario se ha optado por dotar de mayores recursos a los proyectos de asistencia y apoyo para el arraigo, a través de proyectos integrales de asistencia a los pequeños productores, que consisten básicamente en la provisión de insumos para consumo y producción, y el apoyo de técnicos promotores de desarrollo, tanto para la producción como para el fortalecimiento de las organizaciones campesinas con apoyo de autoridades locales (Municipios y Gobernaciones), a fin de lograr la sostenibilidad y compromiso por parte de los beneficiarios futuros. Este proyecto tiene un horizonte de desarrollo de 5 años”, según el documento que había presentado el titular del Indert a Diputados (1).
----------
(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP
(1) Nota del abogado Alberto Alderete entregada a la Cámara de Diputados en respuesta a la preguntas de la interpelación del 8 de octubre de 2009.
No hay comentarios:
Publicar un comentario