El golpe jurídico que proyectan los partidos funcionales a la vieja oligar- quía terrateniente en el Congreso tiene un fuerte olor a proteger la concentración de la tierra en manos de unos pocos.. Las molestias que el actual gobierno genera a la patria latifundista es el móvil principal del proyecto destituyente contra Lugo.El senador Alfredo Jaeggli puso el punto sobre la íes. “En menos de seis meses hay que sacar al presidente Fernando Lugo, antes de que las organizaciones sociales se fortalezcan”, decía anunciando el plan. Existe, es real, pero Lugo no lo quiere entender, nos dijo el senador liberal Blas Llano para esta nota, sobre un plan destituyente de Fernando Lugo.
Jaeggli le quiere cobrar facturas a la nueva administración. El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Efraín Alegre, su correligionario, frenó un contrato de la administración de Nicanor Duarte Frutos con su hijo, de comprarle unas tierras. Son unas 1.592 hectáreas por G. 5.962 millones (1.300.00 dólares), cuya propiedad está entredicho y es reivindicada por una comunidad indígena. Desde ese momento, entró en histeria. Predica por los cuatro vientos la necesidad de parar “la penetración del socialismo del Siglo XXI en el país”. Ya en el congreso de liberales en Villarica, el año pasado, dijo que a Fernando Lugo habría que echarlo a patadas si no gobierna bien (entiéndase, sino gobierno de acuerdo a sus intereses de grupo.
El secuestro del ganadero Fidel Zavala creó el escenario más propicio para avanzar en dicha dirección. En este secuestro dijeron que el entorno de Fernando Lugo ampara a una línea de la gente que supuestamente tiene al ganadero: un grupo hasta ahora fantasma: el Ejército del Pueblo Paraguayo. La vinculación supuesta del gobierno con los grupos que lo tienen al ganadero fue la matriz más importante de la campaña. Volvió a recrudecer la sempiterna campaña contra los sectores sociales organizados, sus dirigentes de base, todos “peligrosos desestabilizadores del orden”.
Es importante acá traer un retazo de un documento interno que mandó redactar la Fiscalía General el año pasado y que el diario ABC Color recordó en la edición del domingo 15 de noviembre.
“El desborde social (en el Norte) puso también en evidencia el extremo abandono de las familias campesinas, desprovistas de todo tipo de apoyo de los organismos del Estado y al arbitrio de empresas agroganaderas con sistema de producción “ecocidiarias” (que mata a la ecología o medioambiente), a todas luces ilegales y de fuerte impacto nocivo en la salud y el bienestar de la población campesina”. A este cuadro social, el documento de la Fiscalía, no oficial u oficializado, describe que en la región dominan “la venalidad de la policía, políticos y poderosos sectores económicos, responsables y de alguna forma involucrados con los intereses en juego”.
A pocos días del secuestro de Zavala, Lino Oviedo convocó a una conferencia de prensa en la que exigió la renuncia del presidente Fernando Lugo, del que dijo era inútil para garantizar la “seguridad ciudadana”. Y amenazó con el juicio político “en el momento oportuno”. Un poco después, el presidente de Patria Querida, Pedro Fadul, se sumaba a la propuesta de juicio político por lo que el presidente Lugo dijo en el Bañado Sur, donde describió un cuadro de situación que fue rápidamente interpretado como una incitación a la lucha de clases. El periodista Marcos Cáceres sostiene que un epílogo fatal del caso Zavala aumentará extraordinariamente el nivel de presión sobre el gobierno y servirá de plataforma ideal para recrear la idea de un juicio, hacer sumas y restas. Un hombre al que Cáceres, cronista de muchos años en la Cámara de Senadores, conoce muy bien es Calé Galaverna. Calé, lúcido, que ha enhebrado los hilos del poder desde su condición de “arandu ka'aty”, salió de sus cuarteles de invierno para catapultarse de nuevo como el más conspicuo conspirador.
En este período, Lugo decidió cambiar a comandantes de fuerzas militares, declarando que aún existían bolsones golpistas entre los militares. Ante esta situación ABC Color, en su edición del domingo 15 de noviembre, instigó a los militares a “denunciar las arbitrariedades de su comandante en jefe”, cuestión que el Espacio Unitario Popular, capítulo San Pedro, utilizara como elemento para sostener el plan golpista e incluir en esta trama a Aldo Zucolillo.
Hay que deshacerse de Fernando Lugo a cómo dé lugar en menos de seis meses. Esta es la idea que propaga un sector de la derecha reaccionaria. Por qué este apuro. Qué es lo que pasa que les tiene tan histéricos. Si no se lo hace en seis meses, las organizaciones sociales tendrían mayor fuerza y ya sería más difícil, responde inercialmente Jaeggli.
El que actúa de brazo intelectual de este plan es el liberal Gonzalo Quintana. Advierte a los sojeros, a los ejecutivos de empresas, a los latifundistas en general, que se viene el Socialismo del Siglo XXI (algo así como el tifus y la malaria juntos según sus consideraciones). Explica a quienes quieran escuchar su “paranoica exposición” (él mismo se adjudicó el mote). Una parte importante de este plan es cortar toda posibilidad de financiamiento de organizaciones sociales. Es así cómo, desde el Parlamento, en el marco de este plan, se recortó el presupuesto para el próximo año del Indert, encargado de la distribución de tierras; de la Secretaría de Emergencia Nacional y de la Secretaría de Acción Social. En el caso de la Secretaría de Acción Social se llegó al colmo de cortar de un día para otro un subsidio a unas siete mil familias en extrema pobreza. Entre estas, mucha gente del campo, que en su mayoría conoce apenas el color del dinero, vive escasamente de su pobre producción agrícola, en casas de madera o estaqueo, capii y barro. Este recorte, aprobado por el Senado, tuvo como líder a Jaeggli, que por cuatro años estuvo recibiendo subsidio del Estado para su Fundación Libertad, la misma que condena la intervención del Estado y los subsidios.
El plan está. Pero los números en el Parlamento para el juicio político todavía. Tanto los números como el desarrollo del plan dependen de algún grado de legitimación social. Un sondeo silencioso le habría dado al grupo de colorados pro juicio político un resultado magro para sus intereses: apenas el 17 %de la población estaría a favor de apoyar un juicio político. Ahora ya no se puede solo con los militares. Hay que contener a la gente y legitimar la destitución de un presidente desde una masa importante.
Federico Franco, el vicepresidente, es una pieza importante de este proyecto. Se había separado de Lugo desde el mismo momento en que su movimiento, al interior del PLRA, no fue tenido en cuenta a la hora del reparto de los cargos. Varios dirigentes liberales aseguran que antes de asumir este señor decía a su gente, apurada por los cargos, que se calmara, que Lugo no duraría seis meses en el gobierno. Haya existido o no aquella grabación del coronel Heriberto Galeano sobre esto, un síntoma importante de la ruptura entre presidente y vicepresidente habría que buscarlo en aquella reunión que -sin ser parte de la agenda del nuevo gobierno-, desarrolló Federico Franco con el presidente de Brasil, Inacio Lula Da Silva. El gobierno de Fernando Lugo había identificado que una nueva negociación con Brasil sobre Itaipú era trascendental para su propia estabilidad.
El grupo de parlamentarios del franquismo, que acompaña a colorados, patriaqueridistas y oviedistas casi todos las propuestas de bloqueos presupuestarios, es un grupo que a la hora de la decisión real será importante par sumar.
En líneas generales, un plan destituyente actualmente tendría los votos de dos de las bancadas coloradas de Diputados y el bloque de Unace. El franquismo está a la espera. Una nueva recomposición del gobierno podría favorecer sus pretensiones de cargos. Lino Oviedo, Nicanor Duarte y Pedro Fradul parecen apurados. Pero el líder colorado emergente, Luis Castiglioni, no quiere una descomposición del proceso político que altere fundamentalmente sus aspiraciones, por demás muy posibles, de llegar a través de los votos a ocupar la presidencia de la República, en el 2013.
Las cosas no son tan fáciles.
El material de E’a del compañero Miguel Armoa sobre las tierras y la reforma agraria nos indican con seriedad cuál es el nudo central de esta historia: la tierra. Millones de tierras malhabidas, explotadas “ecocidariamente”, estarían siendo discutidas administrativamente (sin intervención judicial). Les molesta. Hay que parar a cómo de lugar que la organización campesina crezca y que sus brazos políticos, de izquierda principalmente, crezcan.
La derecha paraguaya es incapaz de aceptar siquiera un nuevo catastro de tierra, advirtió el editorial del diario uruguayo La República, del sábado 14 de noviembre. En un país con una concentración del 85,6% de las tierras cultivables en manos del 2,6% de los propietarios de fincas es muy explicable este cerco preventivo al gobierno de Fernando Lugo y la imaginación de un golpe de timón en caso de que avance, aún tímidamente, la discusión sobre la propiedad latifundista.
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(*) Periodista de ABC Color y ex secretario general del SPP
Artículo publicado por E'A, periódico de análisis
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