De acuerdo a ABC Color, Horacio Cartes está a favor de la transparencia, pero está ansioso porque se sancione el proyecto de “acuerdo publico-privado”. Este plan excluye al Congreso Nacional, a Contrataciones Públicas y cercena la función de la Contraloría General.
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El proyecto de “acuerdo publico-privado”, de ser sancionado y promulgado por el Poder Ejecutivo, dará al presidente Horacio Cartes poderes especiales, pero en abierta violación de la Constitución Nacional. Determina que “los recursos generados por la explotación económica del proyecto no son considerados desembolsos de recursos públicos” (versión de la Cámara de Diputados no modificado por la de Senadores).
El dato está inserto en el artículo 28 del proyecto de ley, que en puridad es un programa de préstamos para obras viales y de concesiones de bienes del Estado y servicios esenciales. Se refiere al “régimen económico de los contratos para el desarrollo de proyectos de participación publico-privada”.
El artículo 14, “compromisos fiscales derivados de los contratos de participación público-privada”, señala que “los recursos que se generen por la explotación de la infraestructura o la prestación de los servicios públicos en el desarrollo de proyectos de participación pública-privada, NO SE CONTABILIZARÁN EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO”.
El artículo 28 aclara que el dinero público que recibirán los empresarios, por la contraprestación de un servicio esencial, provendrán del “derecho de cobro a usuarios, aportes públicos u otras fuentes de ingresos...”. Más adelante señala que “los aportes públicos podrán consistir en pagos con recursos obtenidos de ingresos públicos, garantía de financiamiento del proyecto, garantía de obtención de ingresos mínimos, exoneraciones fiscales previstas en las leyes, aportes para la capitalización de sociedades de propósito especial, créditos, entre otras...”.
¿Cartes a favor de la transparencia?
El titular del Poder Ejecutivo, desde que se lanzó a la carrera presidencial, había dicho que su gobierno se manejará con transparencia y honestidad. El mismo dijo “lo público, en público”, en ocasión de opinar sobre la negativa del Congreso Nacional a informar sobre el área de recursos humanos.
Sin embargo, el 11 de corriente, durante una visita a Ciudad del Este donde se anunció un plan para desarrollar la ciudad, el presidente criticó duramente al diputado Dany Durán y a otros por aplazar por 30 días la sanción del proyecto de “acuerdo publico-privado”. El motivo de esta demora es que el miércoles se realizará una audiencia o discusión sobre el tema a pedido de sindicatos, ya que nunca fue analizado públicamente.
Proyecto nada claro
Otro punto cuestionable del proyecto, aprobado por Diputados el 11 de junio y por Senadores, el 26 de Setiembre de 2013, es que la Dirección de Contrataciones Públicas ya no tendrá participación para dirimir conflictos entre oferentes. Ello, pese a que el documento determina que los contratos se adecuarán a la Ley 2.051/03, de Contrataciones Públicas.
El proyecto de ley no es nada claro, ya que el documento aprobado por Diputados dice que los contratos también se adecuarán a la Ley 1.608/00, de Concesiones. No obstante, otro párrafo determina que igualmente estarán sujetos al “marco regulatorio” o la ley a ser promulgada, los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentarán la ley y las resoluciones de la “unidad de proyectos de participación público-privada” que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En la versión aprobada por Senadores, esta “unidad” estará a cargo de la Secretaría Técnica de Planificación, que depende del Ministerio de Hacienda.
El proyecto de ley no es nada claro, ya que el documento aprobado por Diputados dice que los contratos también se adecuarán a la Ley 1.608/00, de Concesiones. No obstante, otro párrafo determina que igualmente estarán sujetos al “marco regulatorio” o la ley a ser promulgada, los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentarán la ley y las resoluciones de la “unidad de proyectos de participación público-privada” que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En la versión aprobada por Senadores, esta “unidad” estará a cargo de la Secretaría Técnica de Planificación, que depende del Ministerio de Hacienda.
Esta “unidad” será un organismo asesor de entidades que se acogerán a la ley. También tendrá la misión de desarrollar y promover proyectos. Además, el Ministerio de Hacienda tendrá como tarea fiscalizar los contratos.
La propuesta de Diputados (artículo 15) determina que el MOPC deberá presentar anualmente un informe al Poder Ejecutivo, “detallando los mecanismos y acciones de transparencia en cada uno de los proyectos...”. No hace mención a la Contraloría General de la República, pero la de Senadores dice que “dicho informe será también presentado a la Contraloría y publicado en el sitio electrónico oficial”.
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