El proyecto de ley no es claro, ya que por un lado dice que el nuevo tipo de contrato se regirá por la Ley 2.051/03, de Contrataciones Públicas y por la Ley 1.608/00, de Concesiones. Por otro lado, determina que el marco regulatorio está dado por la ley a ser promulgada, los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo y las resoluciones de la “unidad de proyectos de participación público-privada” que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El
exdirector de la Dirección de Contrataciones Públicas, Douglas
Oneto, en nota presentada en marzo pasado, había criticado a los
diputados por manejar el proyecto sin la participación de esta
entidad, ya que el proyecto saca atribuciones a esta Dirección. Es
más, señala que el artículo 17 de la Ley 2.051/03 ya establece la
figura de la “licitación con financiamiento por el proveedor o
contratista”.
Asegura
que el proyecto se asemeja a los contratos suscritos por imperio de
esta ley, pero al mismo tiempo crea una nueva modalidad de
contratación. Además, el documento dice que las empresas públicas
no se regirán por el “sistema nacional de contratación pública”
(Ley 2.051/03), aunque señala que la unidad especial del MOPC deberá
prever un sistema para la buena promoción de los planes de
tercerización de los servicios públicos.
Poderes
especiales
El
proyecto de ley otorga “super” poderes al Poder Ejecutivo, al
titular del MOPC y a los directores de los empresas públicas. Esto
es así porque ya no necesitarán venia del Congreso para tercerizar
servicios imprescindibles, tal como aconteció con el plan de
tercerización de los aeropuertos (fue archivado por el Congreso).
La
mayoría de los diputados señaló que el proyecto es supuestamente
para dotar al estado de una herramienta eficaz para mejorar la
“infraestructura” del país. Es decir, es para dar en concesión
bienes que están a cargo del MOPC. En realidad es un plan para
también dar en concesión los servicios públicos y para conseguir
crédito sin el permiso del Congreso.
Elimina
a Contrataciones
El único diputado que se opuso al proyecto fue Sebastián Acha, quien dijo que ahora se tendrá “dos ventanas” para las contrataciones públicas. En realidad, el proyecto mezcla conceptos entres concesiones de obras y servicios y contrataciones, según define la Ley 2.051/03. El exlegislador cuestionó de que el proyecto otorgue poderes especiales a los entes públicos, ya que será “juez y parte”.
El único diputado que se opuso al proyecto fue Sebastián Acha, quien dijo que ahora se tendrá “dos ventanas” para las contrataciones públicas. En realidad, el proyecto mezcla conceptos entres concesiones de obras y servicios y contrataciones, según define la Ley 2.051/03. El exlegislador cuestionó de que el proyecto otorgue poderes especiales a los entes públicos, ya que será “juez y parte”.
El caso es que, pese a que dice que se regirá por la Ley
de Contrataciones, los directores de las empresas del estado tendrán
la potestad de adjudicar los proyectos empresariales y también para
rechazar o aceptar las protestas de los interesados. Es decir, la
Dirección de Contrataciones no tendrá participación para dirimir
conflictos. Luego de implementarse la tercerización solo cabrá los
arbitrajes nacionales o internacionales, según el documento que está
en poder de Senadores.
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