miércoles, 18 de septiembre de 2013

Estado no paga millonaria cuenta al IPS y ahora el Congreso pretende que financie obras públicas

La Cámara de Senadores tratará mañana el proyecto de ley “que modifica y amplia la ley 1302/98, que establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a la ley 1045/83, que establece el régimen de obras publicas”. El artículo 10 del proyecto autoriza a las cajas de jubilaciones a dar préstamos al Estado para construir rutas, puentes, vías férreas, aeropuertos y puertos. El proyecto, si es sancionado, dará pie para que el gobierno de Horacio Cartes presione a las cajas de seguridad social para financiar estas obras. Este plan, aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados el 19 de junio de 2013, estuvo a punto de ser estudiado en la última sesión de Senadores de ese mes, por presión de los exsenadores colorados Víctor Bernal y Rogelio Benítez (foto).

Este proyecto posibilitará al gobierno conseguir fondos para financiar obras públicas, pero en detrimento de las cajas de jubilaciones, en especial del Instituto de Previsión Social y de Itaipú, que son las entidades que más dinero tienen. El plan de Diputados podría perjudicar enormemente al fondo de jubilaciones del IPS, ya que el Estado no es buen pagador de sus deudas, salvo con los bancos extranjeros. El estado adeuda mucho dinero al Instituto por atención médica a docentes. Además, nunca pagó la cuenta para reforzar el fondo de jubilaciones.

Un informe del diario ABC Color del 3 de mayo de 2013 asegura que el Estado adeuda al IPS 356 millones de dólares. En el año 2003, el Congreso Nacional sancionó una ley para autorizar al Ministerio de Hacienda a emitir bonos para pagar al Instituto la deuda por la atención médica de docentes. Esta cartera de Estado hasta ahora no emitió los bonos debido a la desidia e irresponsabilidad de los miembros del Consejo del Instituto. Sin embargo, el Congreso pretende exigir a esta entidad previsional a prestar plata al Estado para financiar obras públicas. El proyecto no dice cuánto es el interés que cobrarán las previsionales, pero de todas maneras no puede ser menor al promedio de intereses que cobran por las operaciones financieras.

El artículo 10 del proyecto de ley dice: “Se autoriza a todas las entidades previsionales oficiales del país, tales como: el Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja Fiscal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad, la Caja de Jubilaciones de la Entidad Binacional ITAIPU, y otras similares creadas y/o a crearse, a financiar estas obras y servicios. Todos los fondos de financiamientos captados en el marco de aplicación de la presente Ley, tienen la garantía soberana del Estado paraguayo, y la aprobación del Gobierno Nacional y del Banco Central del Paraguay de la utilización del convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (CCR – ALADI)”.
¿El Estado no puede quebrar?

Todos los fondos de financiamientos aplicados a emprendimientos estimados, gestionados y contratados en el marco de la Ley Nº 1535/99 “de Administración Financiera del Estado”; la Ley Nº 2051/03 “de Contrataciones PUblicas”, sus Decretos reglamentarios y normativas concordantes, tienen la garantía soberana del Estado paraguayo”, dice el proyecto. Supuestamente el Estado no puede quebrar, según los diputados que aprobaron el plan, pero hay que recordar que varios países de Europa están soportando una grave crisis económica y social precisamente por el Estado de estos países han quebrado, al no poder pagar las deudas públicas. Grecia, Chipre, España, Irlanda del Sur están en muy mala situación porque tienen un estado en quiebra. El Paraguay está lejos de esta situación, pero el gobierno de Cartes está impulsando una ley de “responsabilidad fiscal” para reducir gastos debido a que el Estado no puede obtener suficientes ingresos. La razón de ser del proyecto de ley es esta situación, por lo que los asegurados deben estar alertas ante la posibilidad de que las cajas previsionales ya no puedan recuperar sus fondos.





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