Izquierdistas no creen que asesinato de policías sea obra del EPP, pero siguen firmes con Lugo

El 13 de setiembre, en un acto de solidaridad con Cuba, Najib Amado había acusado a Alvaro Uribe de ser un criminal al servicio del “Imperio”. Ese día el ex presidente estuvo en Asunción. El titular del PCP “olvida” que Fernando Lugo firmó un acuerdo con Colombia el 28 de setiembre de 2008.

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El Partido Comunista Paraguayo y el Partido Convergencia Popular Socialista lanzaron comunicados con relación al asesinato de dos policías de la subcomisaría de Horqueta (Departamento de Concepción). Ambos partidos de izquierda coinciden en la visión de que el ataque no sería obra del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sino una acción criminal de grupos mafiosos ligados a miembros de las fuerzas públicas. 

Sin embargo, estos partidos, que forman parte del Frente Guasu, siguen firmes al lado del “bolivariano” Fernando Lugo. Horas después del ataque, el ministro socialista Carlos Filizzola atribuía el crimen a miembros del EPP, supuestamente por su “modus operandi”.
Los demás partidos de izquierda luguistas se borraron del mapa, entre ellos el Partido Movimiento al Socialismo (P-MAS), el Partido País Solidario (cuyo líder es el ministro del Interior), Partido Democrático Progresista (cuyo líder es el ex ministro Rafael Filizzola, un socialista que no duda de la relación del EPP con las FARC), Partido Revolucionario Febrerista, Partido Popular Tekojoja y otros.  

El grupo guerrillero no dejó ninguna pancarta, como era su costumbre después de cometer fechorías, pero los medios utilizaron las expresiones del ministro del Interior para relacionar los asesinatos a la fantasmagórica banda de campesinos partidarios del Che Guevara. El gobierno de Lugo sostiene la misma tesis de la Fiscalía General del Estado sobre relaciones del EPP con las FARC.

El Partido Convergencia Popular Socialista, cuyo secretario general es Ramón Medina, señala: “Llama la atención que se producen estos graves sucesos cuando se están ventilando algunos de los grandes negociados con las tierras públicas, como lo constituyen los proyectos de recuperación de las tierras de Barthe y de Antebi Cue. Hechos parecidos ocurrieron en periodos electorales. Es por eso que los latifundistas y los grandes sojeros, además de la fiscalía, buscan aprovechar la situación atacando a todas las organizaciones sociales y a sus dirigentes, queriéndolos involucrar en el ataque a la comisaría sin ninguna prueba”. El ex secretario general del partido fue Hugo Richer (2009 – 2011), actual director de la Secretaría de Acción Social (SAS). 

Crimen por encargo del narcotráfico 

El Partido Comunista Paraguayo, cuyo presidente es Najid Amado, señala que “no se descarta y más bien es seguro que el asesinato de dos policías en Horqueta, en nombre del llamado "Ejército del Pueblo Paraguayo" haya sido un crimen por encargo y financiado por la mafia y los corruptos, que pululan entre los policías y los dueños de vida y hacienda en el campo, vinculados a los capos del narcotráfico. No es nuevo el mecanismo de accionar desde posiciones supuestamente revolucionarias o desde las sombras del submundo politiquero,con el objeto de dar pretextos o motivos al gobierno para reprimir”. 

“El ataque a una comisaría de Horqueta y el asesinato de dos policías sólo puede explicarse como una acción premeditada para provocar una situación de violencia e inestabilidad que pueda dar lugar a la activación del aparato represivo o a los afanes conspirativos para sofocar el proceso de cambios democráticos y patrióticos por los cuales se moviliza, organiza y lucha nuestro pueblo. Es contraproducente la lucha armada cuando están abiertos los cauces pacíficos y electorales para propugnar y alcanzar los cambios necesarios, como la reforma agraria, para salir de la pobreza y el atraso”. 

El comunicado del PCP dice también que es “notable que esta provocación armada ocurra precisamente en momentos cuando hay señales positivas del Gobierno de Lugo para recuperar las tierras malhabidas usurpadas por una minoría mafiosa vinculada con las transnacionales de la soja y los estancieros y latifundistas. También es sintomático el crimen contra dos policías cuando el Ministerio del Interior, a cargo del Dr. Carlos Filizzola, aplica una política de respeto a las organizaciones populares y de negociaciones en los conflictos por la tierra”. 

“Es totalmente improcedente que se apele a la lucha armada cuando las mayorías campesinas realizan grandes movilizaciones reclamando tierra y libertad, democracia y justicia. La lucha armada se justificaba para derrocar la dictadura de Stroessner que cerraba el camino pacífico hacia la democracia, la justicia social y la soberanía patria. Y esto fue lo que hicimos los comunistas, el Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA), el Movimiento 14 de Mayo, la Organización Primero de Marzo (OPM)”. 

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