Por Dionisio Arce Jara (*)
Máxima González, madre de Rumilda Giménez González, una de las procesadas por el caso EPP, junto a los abogados César Gómez Gaona (izq.) y Florencio Díaz Morales. La foto logramos luego de la suspensión de la audiencia preliminar.
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El abogado Florencio Díaz Morales dijo que la audiencia preliminar es de vital importancia para los detenidos en el caso del secuestro del ganadero Luis Lindstron (1 de agosto de 2008) porque buscarán de nuevo anular las pruebas falsas y el montaje de la Fiscalía General del Estado. Esta es la versión del profesional, quien basa su acusación en las supuestas “pruebas materiales” que presentaron los agentes fiscales Sandra Quiñónez Astigarraga, Federico Delfino Ginés y Francisco Ayala Miranda.
El abogado había solicitado en noviembre de 2010 la “revocatoria de auto de prisión preventiva” dictada por el juez Jorge Benítez Ruíz contra sus defendidos porque el perito del Ministerio Público, Lic. William Román Amarilla, aseguró que no encontró archivos relacionadas con la causa en la computadora portátil de Rumilda Estela Giménez, una de las detenidas el 19 de enero de 2010. La misma y otros 14 campesinos son supuestamente parte del equipo logístico del hasta hoy fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El juez rechazó este recurso legal y el caso está en la Cámara de Apelaciones.
Díaz Morales dijo que en la audiencia buscarán excluir del expediente las supuestas pruebas en las que basa la acusación del Ministerio Público: secuestro en grado de complicidad y asociación criminal. “Para que la Fiscalía dé cumplimiento a la norma constitucional y legal se requiere que establezca, dentro de la acusación, un pormenorizado o reseña detallada de cuáles son los actos por los cuales acusa a cada uno de los procesados, como la fecha y la hora de la comisión de los hechos”.
Pruebas plantadas por la Fiscalía
El artículo 31 del Código Penal cuando define la “complicidad” establece que es cómplice el que presta ayuda para la comisión de un hecho doloso. Sostenemos que no existen elementos y pruebas que incrimine a los 14 acusados por el secuestro del ganadero Lindstron, según el abogado Díaz Morales, quien ratificó nuevamente que las pruebas fueron plantadas por los fiscales acusadores con la complicidad del ministro del interior, el socialista Rafael Filizzola.
El abogado defensor recuerda que el 21 de octubre de 2010 feneció el plazo para que los peritos presenten pruebas de los archivos digitales de la computadora de Rumilda y de varios aparatos celulares requisados en los allanamientos del 19 de enero de 2010. Jaime Amador Castro Espinoza, técnico en informática contratado por la defensa de los imputados, y Lic. William Román Amarilla, perito de la Fiscalía, coincidieron en señalar que no habían encontrado ninguna prueba.
Llamativamente, unas semanas después, la fiscala Quiñónez Astigarraga, informó que el perito Román Amarilla había encontrado varias fotografías de supuestos miembros del EPP en la computadora de la procesada. Por eso Díaz Morales dice que fue un montaje de la agente fiscal y de la Fiscalía Antisecuestro, a cargo de Filizzola.
“El único elemento que sigue usando la Fiscalía son las nueve tarjetas de celulares, de los cuales tres se cargaron a números de celulares que supuestamente sirvieron para que sus clientes se comunicaran con miembros del EPP”, según el abogado Morales, quien junto a su colega César Gómez Gaona defiende a los campesinos, la mayoría miembros de organizaciones campesinas de Concepción y de Horqueta. Los defensores dicen que la Fiscalía no tiene ninguna grabación ni ningún otro elemento para involucrar a sus defendidos en el secuestro, tampoco tiene testigos y, lo que es mas grave, las supuestas comunicaciones vía celular se habían realizado un año después del secuestro del ganadero Lindstron (las pruebas se encontraron el 4 de agosto de 2009 en la casa del prófugo Alejandro Ramos Morel).
La fiscala y los policías encontraron tarjetas usadas de saldo de celulares (muy raro porque es difícil que una persona coleccione tarjetas usadas) y 28.000 dólares (supuestamente parte del dinero pagado por Lindstron para su liberación, que se realizó el 11 de setiembre de 2008). Estas supuestas pruebas estaban en un termo de plástico enterrado en el patio de la casa de Ramos en Horqueta.
(*) Periodista de ABC Color y Secretario de Interior del SPP
(*) Periodista de ABC Color y Secretario de Interior del SPP
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