Por Dionisio Arce Jara (*)
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La mayoría de los medios de prensa había ocultado datos del informe pericial de la notebook y teléfonos celulares incautados por la Fiscalía General del Estado en los allanamientos de viviendas realizados luego de la liberación (17 de enero de 2010) del ganadero Fidel Zavala, secuestrado supuestamente por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Hay mucha censura y autocensura en los casos relacionados con el fantasmal grupo guerrillero. La mayoría de los periodistas sabe que está "prohibido" consultar a la contraparte o poner en una nota la historia o contexto de los datos relevantes de una investigación.
La fiscala Sandra Quiñónez llamó a conferencia de prensa el 15 de noviembre pasado para informar que encontraron “pruebas” que vinculan a los detenidos por el secuestro del ganadero Luis Lindstron (1 agosto de hasta 11 de setiembre de 2008).
Las supuestas pruebas, que estaban en la notebook de Rumilda Estela Giménez González (una de las detenidas por el caso Lindstron el 19 de enero de 2010), son fotografías de supuestos líderes del EPP y copias de publicaciones de diarios, así como una nómina de empresarios y autoridades del gobierno que serían secuestrados. Sin embargo, el perito de la Fiscalía, Lic. William Román Amarilla, había informado el 21 de octubre al juez penal de garantías de Concepción (Departamento de Concepción), abogado Jorge Benítez Ruíz, que no había datos relevantes del caso en la notebook ni en los celulares incautados.
Campaña de criminalización
En las publicaciones de los medios de prensa no se pone en contexto la presentación hecha por los abogados de algunos de los detenidos, ya que el 18 de octubre pasado, los abogados Florencio Díaz Morales y César Cristóbal Gómez Gaona pidieron la libertad de sus clientes porque el perito Jaime Amador Castro Espinoza, técnico en informática contratado por la defensa, no encontró ninguna prueba. Este dato fue confirmado por su colega de la Fiscalía el 21 de ese mes. Por eso estos abogados pidieron la libertad de los detenidos (ver nota), pero fue denegada por el juez Benítez Ruíz.
De esta manera, los periodistas y los medios de prensa se prestan a la “maniobra dolosa de la fiscala Quiñónez”, según expresiones de Díaz Morales. Este informó que ningún periodista le llamó el 15 de noviembre para tener la versión de la contraparte. En los días posteriores, la mayoría de los medios seguía publicando, en grandes destaques, las fotos supuestamente encontradas en la notebook de Rumilda. El abogado dijo que tuvo que salir al paso de algunos periodistas para dar su versión. Algunos canales de TV y radios publicaron su versión de que los datos fueron plantados por la fiscala Quiñónez. Los medios escritos no lo hicieron, entre ellos La Nación, ABC Color y Ultima Hora (estos dos últimos diarios publicaron la versión de Máxima González, madre de Rumilda, pero en pequeño destaque).
Durante varios días, los medios impresos publicaron profusamente las fotografías de los supuestos integrantes del EPP, de empresarios y de jueces y fiscales que serían víctimas de secuestros. En los escritos no se advierte a los lectores que los datos aparecieron luego del cierre del plazo legal de presentación de pruebas. El perito de la Fiscalía tampoco pidió una prórroga al juez Benítez Ruíz. Las publicaciones forman parte de la campaña de criminalización de las luchas populares emprendida por el gobierno de Fernando Lugo y sectores reaccionarios del Parlamento Nacional y de los gremios empresariales. La foto corresponde a la publicación,a doble página, de La Nación del 17 de noviembre de 2010 (ver nota).
Los abogados de Rumilda, de Alcides Ramón Giménez Gon- zález, Aguedo Ramón Gimé- nez, Mary Blanca Bracho Martínez, solicitaron al citado juez la exclusión de las su- puestas pruebas encon- tradas en la notebook por el perito Román Amarilla. Díaz Morales y Gómez Gaona pidieron al magistrado que deje de lado el nuevo informe del perito porque lo presentó luego del plazo procesal (22 de octubre) y porque el trabajo lo hizo sin el control jurisdiccional ni intervención del perito Castro Espinoza.
Díaz Morales también apunta con el dedo acusador al ministro Rafael Filizzola (ver nota de Ultima Hora), ya que la Policía Antisecuestro es la cabeza de los procedimientos de investigación del Ministerio Público. La nueva presentación del perito de la Fiscalía tiene como objetivo cubrir las espaldas de la fiscala Quiñónez, quien ha demostrado que no tiene ninguna prueba contra sus clientes y contra los defendidos por los abogados de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), según el citado abogado.
(*) Periodista del diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP
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