La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay del Paraguay (CODEHUPY), lanzó un comunicado en la semana de los DDHH para repudiar los constantes ataques que vienen sufriendo defensores, defensoras y organizaciones de derechos humanos, que van desde procesamientos irregulares, allanamiento de moradas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por agentes del Estado, con participación o aquiescencia de instituciones estatales y de las fuerzas de seguridad del país.
A continuación el comunicado del 9 de diciembre de 2010:
A continuación el comunicado del 9 de diciembre de 2010:
1- El 26 de noviembre de 2010, alrededor de las 14:00, fue asesinado Mariano Roque Jara Báez, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), en su domicilio del Barrio Santa Catalina, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeju, El sospechoso de cometer el crimen fue detenido horas después de la ejecución, pero liberado por orden la fiscal Ninfa Aguilar, alegando que no existían elementos para demostrar su participación en la ejecución, a pesar que varios testigos presenciales habían identificado al detenido como el autor de los disparos en contra de Mariano Roque Jara. La orden de liberación fue revocada, pero el sospechoso ya había desaparecido.
2- El 1 de diciembre de 2010, mientras abogados defensores de la comunidad indígena Makutinga, en el departamento de Itapúa, denunciaban ante la fiscalía jurisdiccional la invasión de sus tierras ancestrales, realizada el 30 de noviembre, agentes del orden público comenzaron a disparar sus armas de fuego en contra de los indígenas apostados en el portón principal de acceso, con la finalidad de permitir el ingreso de las maquinarias agrícolas. Tras esta balacera y forcejeo, obligaron a los indígenas a dejar paso al ingreso de seis grandes tractores y dos camiones. Luego de una espera larga de seis horas en la fiscalía, se logró la presencia de dos asistentes fiscales en la comunidad para labrar acta, pero no adoptaron ninguna medida en salvaguarda de los derechos de la comunidad, mientras los tractores seguían destruyendo sus cultivos.
La invasión a la comunidad fue encabezada por los señores César Javier Zavala Serratti y Plinio Pereira, con una fuerte protección de la policía nacional del Grupo de Operaciones Especializadas (8 efectivos con armas de guerra), seis camionetas, varios peones y un abogado de nombre Salim Fernando Abbu.
3- El 2 de diciembre de 2010, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un allanamiento en las oficinas de la organización Iniciativa Amotocodie, dirigido por el fiscal José Luis Brusquetti y la fiscala María José Irrazábal, apropiándose de objetos y documentos de la organización. El procedimiento fue innecesariamente violento, la investigación en que se basó la fiscalía para iniciarlo es confusa y la orden de allanamiento refiere supuestos hechos punibles sobre los que no da suficiente explicación. Esto permite suponer que la acción tiene como objetivo la represalia hacia la organización por su trabajo en protección del territorio y hábitat indígena.
Las persecuciones a defensores y defensoras, así como a organizaciones de derechos humanos, se han incrementado en los últimos meses, siendo cada vez es más notoria la participación, complicidad o aquiescencia de las fuerzas de seguridad y de miembros del Ministerio Público en este tipo de amedrentamientos a la labor de los mismos.
La CODEHUPY exige el esclarecimiento total de estas violaciones a los derechos humanos y el procesamiento y sanción de los responsables.
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