La embajadora, Liliana Ayalde, y Fernando Lugo, pasando revista a un grupo élite de militares entrenados por los EEUU para combatir al grupo terrorista fantasma EPP (foto web de la Presidencia de la República)
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“Las instituciones que recibirán asistencia técnica mediante el programa Iniciativa en la Zona Norte (IZN) son: el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional Antidrogas, en temas como estrategias de aplicación de la ley, vigilancias y técnicas de investigación; recopilación, procesamiento y difusión de datos e inteligencia. El éxito del proyecto se medirá por la cantidad de procesamientos, detenciones y condenas, drogas incautadas y arrestos en la zona norte del país”, señala el abogado Juan Martens, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). El abogado acusa al gobierno de Fernando Lugo de impulsar un "Plan Colombia" para liquidar las organizaciones campesinas.
“Este acuerdo es el ingreso oficial y público del Gobierno de los Estados Unidos en la persecución de organizaciones sociales en los departamentos de Concepción y San Pedro, cuyas acciones de protesta y reivindicación de derechos humanos, tan básicos como vivir en un ambiente libre de agrotóxicos o contar con un pedazo de tierra, desde hace tiempo son considerados delitos y sus miembros procesados por Asociación Criminal por los agentes del Ministerio Público”, según el abogado.
“Este acuerdo es el ingreso oficial y público del Gobierno de los Estados Unidos en la persecución de organizaciones sociales en los departamentos de Concepción y San Pedro, cuyas acciones de protesta y reivindicación de derechos humanos, tan básicos como vivir en un ambiente libre de agrotóxicos o contar con un pedazo de tierra, desde hace tiempo son considerados delitos y sus miembros procesados por Asociación Criminal por los agentes del Ministerio Público”, según el abogado.
A continuación el resto de la nota hecha pública por otros Blogs
Si el Gobierno de los EEUU viene para ayudarnos a cumplir mejor la ley en contra del crimen organizado; y, estos campesinos/as desde hace años vienen siendo procesados por el delito de asociación criminal por realizar acciones de protesta, el paso que sigue en la lógica de la correcta aplicación de la ley, ya no será darles medidas alternativas o salidas alternativas a sus procesos penales, sino encarcelarlos, para sacarlos definitivamente de circulación. Además, el éxito de la Iniciativa se medirá por la cantidad de arrestos y condenas. Cuanto más campesinos estén procesados y encarcelados, más exitoso será el proyecto.
Por otro lado, como en el caso de los falsos positivos colombianos, como el éxito se medirá por procesamientos y enjaulamientos, más inocentes serán exhibidos como culpables o encerrados para justificar los buenos resultados de la Iniciativa. Los estudios criminológicos de los años 60 ya denunciaron los efectos negativos de normas de este tipo, pues aumentan los ingresos de inocentes al sistema penal y penitenciario.
Fernando Lugo y su equipo de gobierno asistieron a un acto de clausura (febrero 2010) de un curso impartido por policías colombianos (foto Presidencia de la República)
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Si hoy, sin acuerdos cuyos éxitos se deben medir por cantidad de detenidos y encarcelados, el Ministerio Público detiene y procesa sin fundamento alguno a inocentes, miembros de organizaciones campesinas y sociales; y, la Policía Nacional también detiene y tortura a inocentes, ahora tendrán “dos millones de dólares” como razones para realizarlos.
De esta manera, este Acuerdo se suma a la serie de disposiciones legales que refuerzan la aplicación de un derecho penal del enemigo en Paraguay, es decir, un ley especial, con menos garantías para aquellos que son considerados desde determinados centros de poder como inclinados hacia el mal; aquellos que no comulgan “nuestros valores”. El enemigo es siempre construido y va cambiando de nombre a medida que cambian los detentadores del poder. Para los enemigos, hoy ya existe una ley antiterrorista, una ley del pyraguereato (informante), un servicio civil obligatorio; nuevas disposiciones del Código Penal; y, en ciernes, una modificación en el Código Procesal Penal.
El EPP es necesario y matarán a cabecillas uno a uno
En este contexto, el EPP es necesario y funcional. Detenerlos a todos de una vez sería un despropósito pues se acabaría la excusa para seguir afianzando las políticas de “mano dura” y preparar el camino para liberar territorios y disciplinar a los disidentes, realizadas tan brillantemente por el ministro Filizzola. Sin embargo, hay que ir matándolos de a uno, para legitimar que se está luchando tenazmente en contra de ellos y decir cada tanto que “les estamos pisando los talones”.
Este Acuerdo, de manera explícita forma parte de la estrategia de disciplinamiento que viene aplicando el gobierno, principalmente, a través del Ministerio del Interior y el Gabinete Social: Una sutil, a través de contratos y empleos en el estado, distribución de víveres, transferencias condicionadas, etc.; y, otra brutal, torturas, detenciones ilegales, procesamientos y prisiones, con lo que se busca desmovilizar las fuerzas ciudadanas y desarticular los movimientos y organizaciones sociales.
Más que nunca, urge procesos de reorganización social para evitar que acallen las voces disidentes y críticas.
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