SPP repudia criminalización de sindicatos por parte de ABC Color y la censura sobre ley de APP

La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay se dirige a la opinión pública para repudiar la censura que ha sido impuesta por la mayoría de las patronales de los medios de comunicación con relación a la ley de acuerdo público-privado. Esta ley, sancionada el 28 de octubre, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de junio del corriente sin llamar a audiencia pública. Los medios, entre ellos ABC Color, dicen que la población está bien informada sin embargo nunca aclararon el alcance de la ley, que otorga en concesión los bienes y servicios del Estado. Un ejemplo de censura constituye el artículo  titulado "Alianza Público Privada: mucho peor que Gramont Berres", que el Ingeniero Ricardo Canese remitió al diario.

El SPP también rechaza la criminalización de sindicatos, que rechazan la ley, por parte del diario dirigido por Aldo Zuccolillo (foto). Este reconoce en editorial que la ley puede ser usada a discreción (sin límites) por el presidente Horacio Cartes. Por eso le recomienda prudencia o “sana razón” a la hora de implementar la norma. Ver editorial: "El presidente Cartes no recibió un cheque en blanco". La comisión directiva recomienda a asociados a usar las redes sociales para romper la censura. 

Al respecto la Comisión Directiva señala:

Artículo de Canese censurado por ABC Color: Ley de APP, mucho peor que caso Gramont Berres

El ingeniero Ricardo Canese, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasu (foto), entregó a la comisión directiva del SPP un artículo que había remitido al diario ABC Color el 3 de octubre. La nota lleva como título: “Acuerdo Público-Privado: mucho peor que Gramont Berres”. Canese suele obtener espacio en el diario en temas que interesan al director del diario, Aldo Zuccolillo, y que es de vital importancia para la ciudadanía. Tal es el caso del plan de acuerdo con Río Tinto. El empresario está en contra de la multinacional, pero apoya la ley de APP. Por eso el diario no publicó el artículo.
A continuación el material censurado:

Ley habilita a Cartes cubrir déficits y pérdidas de los socios del Estado en Acuerdo Público-Privado

El proyecto de ley que fue sancionado ayer por la Cámara de Diputados habilita al Poder Ejecutivo cubrir los déficits y pérdidas de los “socios” privados del Estado en proyectos de construcción de obras y de concesión de empresas de Estado. El artículo 4, distribución de compromisos, riesgos y beneficios, dice: “los contratos de participación pública-privada deberán establecer en forma expresa, para situaciones especificas y acordadas, los riesgos, compromisos y beneficios que asumen respectivamente el Estado y el participante privado”.

Sin embargo, el artículo 11, fondo fiduciario de garantía y liquidez para contratos de participación público-privada, establece claramente que el Estado asumirá los riesgos de los proyectos encarados. La ley determina que se crea un fondo fiduciario, a cargo de la Agencia Financiera de Desarrollo, que servirá para “garantía y liquidez para cumplir con las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y contingentes cuantificables a que se podría obligar el Estado y de los costos que le corresponden por la resolución de controversias...”.

El inciso “F” determina que, “en los casos en que el Fondo no pueda responder por la totalidad de los PASIVOS, el Ministerio de Hacienda implementará los mecanismos legales y administrativos pertinentes para cada caso”. Es decir, el Estado cubrirá las pérdidas y déficit del emprendimiento privado. La ley dice que el fideicomiso se adecuará a la Ley 921/96, de negocios fiduciarios.

FONACIDE y secreto de Estado

Congreso otorga a Cartes poderes inconstitucionales para dar en concesión empresas públicas

PRESIDENTE OBTIENE UNA "LEY HABILITANTE" COMO EL CHAVISMO

La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de “promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado” (más conocida como de Acuerdo Público-Privado). El proyecto, que se remitirá al Poder Ejecutivo, fue aprobado por los senadores el 26 de setiembre de 2013. La normativa otorga superpoderes a Horacio Cartes para dar en concesión servicios públicos y bienes del Estado. Es una propuesta legislativa similar a las “leyes habilitantes” que había conseguido el finado presidente Hugo Chávez y que su sucesor, Nicolás Maduro, también conseguirá para combatir la corrupción. 

Los partidarios de Cartes (colorados y liberales) y la prensa derechista habían criticado los poderes extraordinarios que consiguió Chávez (ver ABC Color). Sin embargo, nada dijeron sobre el proyecto de ley que otorga a Cartes facultades similares a la del gobierno chavista.

La diferencia entre la legislación bolivariana y la paraguaya es que la Constitución de Venezuela autoriza a la Asamblea Nacional (Congreso) y al Poder Ejecutivo a usar este mecanismo por tiempo limitado. La Carta Magna de Paraguay no permite que Cartes administre las empresas del estado y los bienes públicos como si fuera un holding de su familia. Sin embargo, el presidente Cartes administrará fondos estatales como dinero privado en el plan de concesiones.

Los artículos 112, DEL DOMINIO DEL ESTADO y 202, DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO, de la Constitución de la República “Soberana” de Paraguay establecen claramente que las concesiones de bienes del Estado estarán a cargo del Poder Legislativo (caso por caso y no en forma genérica como la ley de acuerdo público-privado). 

El Congreso paraguayo utilizó un eufemismo (Acuerdo Público-Privado en vez de Concesión) para eludir la Constitución y así otorgar a Cartes poderes especiales por tiempo ilimitado o hasta que remate las principales empresas del Estado, entre ellas ANDE, Copaco e Industria Nacional del Cemento. 

Obispos se pronuncian en contra proyecto de ley de Acuerdo Público-Privado

El monseñor Pastor Cuquejo felicita a Horacio Cartes al asumir la Presidencia de la República el 15 de agosto de 2013 (foto Presidencia).

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El Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya se pronunció ayer con relación al proyecto de ley "de promoción de la inversión en infraestructura pública", más conocido como alianza público-privada, que será estudiado el lunes 28 de octubre en la Cámara de Diputados. Los obispos reconocen que el proyecto es una “alternativa legítima para captar fondos privados para la realización de las obras públicas ante a la falta de recursos del Estado”.

Sin embargo, señalan que el gobierno de Horacio Cartes y el Congreso Nacional deben “abrir un periodo de consultas e intercambio con los diversos sectores y actores sociales y económicos”. El proyecto, que tiene media sanción y que ya no puede ser archivada sino por veto presidencial, fue aprobado en secreto porque los legisladores no realizaron una audiencia pública. 

La prensa tampoco ha informado para advertir a la población de que es un proyecto de concesión de bienes del Estado en violación a los artículos 3, 112 y 202 de la Constitución Nacional (el Congreso no tendrá participación en los proyectos de cesión de bienes públicos).

Por tanto, “es necesario revisar los alcances de la ley en términos de salvaguarda de la soberanía jurídica del Estado paraguayo, de los recursos estratégicos y la evaluación del costo e impacto en las poblaciones más vulnerables”, dice la CEP (el comunicado está en la web de la CEP).

A continuación el comunicado: 

Jornada de movilización nacional contra medidas neoliberales del gobierno

Invitación de la Coordinadora Democrática.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) como integrante de la Coordinadora Democrática convoca a la ciudadanía en general y a los trabajadores y trabajadoras de prensa en particular a participar de la jornada de movilización nacional, el lunes 28 de octubre. 

Las reivindicaciones por las cuales se llama a la movilización son: el rechazo a la Ley de participación público privada; por la derogación de la Ley de responsabilidad fiscal; por la derogación del Decreto 360; el rechazo a la política de despidos injustificados; la exigencia de nombramiento a los compañera y compañeros contratados en régimen precario en la administración pública y por una jubilación digna.

En la jornada se abogará también  la aprobación de impuestos a la soja, a la carne y otros orientados a una política de equidad y justicia tributaria para dar respuesta a las demandas sociales del país.

Posicionamiento 

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), como integrante de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), se declara en alerta ante el avance de las medidas neoliberales impulsadas por el Gobierno de Horacio Cartes. En este sentido, la Comisión Directiva del SPP rechaza toda política que signifique un retroceso en los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras del país y llama a participar activamente en las movilizaciones. 

Puntos de movilización

San Pedro

1-Capiibary

2-Naranjaty-San Pedro

3-Santa Rosa-Centro

4-Calle Mcal López-Lima

5-Resquin- Centro

6-Joaihu-Liberación

7-Guaica-Santani 

8-Guayaibi- Centro 

9- Cruce Liberación-Paraguay Pyahyra

10-Calle Mcal. López-Lima

11-Yataity

12-Nueva Germania

Concepción

1-Horqueta-Paraguay Pyahyra

2-Ybyyau

Caaguazú

1-Toro Blanco-Paraguay Pyahura 

2-Coronel Oviedo 

Canindeyý

1-Rotonda de Curuguaty-Paraguay Pyahyra

2-Cruce Carolina

3-Yasy Kañy

Itapua 

1-Pirapey

2-Encarnación

3-General Delgado- Paraguay Pyahyra

Caazapá

1-San Juan Neponuceno-Paraguay Pyahyra

2-Caazapá

3-3 de mayo

Guaira 

1-Villarrica

2-Cruce Mbocajaty-Paraguay Pyahyra

3-Troche

Amambay se suma a Concepción

Alto Paraná 

1-Ciudad del Este-Centro

2-O´leary

3-Iguazu Km 30

4-Itakyry

5-Minga Pora

6-Presidente Franco

Misiones

1-San Ignacio

2-Cruce Santa María

Ñeembucú

1-Pilar

Asunción 

1-Calle Última

2-Gral. Bruguez

3-ANDE- Avda. España

4-Colón y Montevideo

5-EEUU Y Rodríguez de Francia

6-Pettirossi y Brasil 

7-Piribebuy. Entre Colón y Hernandarias. 

8-Plaza Italia 

9-José Berges c/ Brasil 

10-Plaza de Armas del Congreso Nacional

11-Artigas

Central

1-MRA–Transchaco

2-MRA–Frente a La Rural

Cordillera, Paraguari y Bajo Chaco en Asunción

Asociación de Pescadores 

1-Vallemi

2-Concepción

3-Puerto Ybapovo

4-Puerto Antequera

5-Puerto Rosario

6-Palmasola

7-Banco Marina

8-Arecuta Cue

9-Piquete Cue

10-Blanco Cue

Diputados sanciona ley para limitar gastos, pero el Ejecutivo elaboró presupuesto “inflado”

El ministro de Hacienda Germán Rojas (izq.), Horacio Cartes y el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga (foto Presidencia).

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La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de ley de “responsabilidad fiscal” o ley para limitar los gastos de las instituciones de la administración central y de las Gobernaciones. Es una ley que atenta contra las atribuciones constitucionales de Congreso Nacional (artículo 202 y 216). Algunos diputados reconocieron este problema, pero igual apoyaron la propuesta solo para dar un “voto de confianza” al presidente Horacio Cartes.

La ley se convertirá rápidamente en letra muerta. Para muestra basta un botón: la norma establece las reglas “macrofiscales” para que el Congreso pueda elaborar el presupuesto general de gastos. Señala que el déficit fiscal anual de la administración central, incluidas las transferencias, no será superior al 1,5 por ciento del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, el Ministerio de Hacienda había presentado un plan de gastos que supera el 2 por ciento y que, con la addendas (para aumentos), llega al 3 por ciento, según los diputados liberales Juan Bogado Tatter y Amado Florentín. Ver tema en diario Ultima Hora. 

El objetivo del Poder Ejecutivo, según el artículo 3, principio general, del proyecto aprobado dice: “Asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, teniendo como meta resultados fiscales que no causen efectos negativos sobre la estabilidad macroeconómica, preservando el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos”.

Mera expresión de deseo

Sindicalistas dicen que proyecto público-privado es solo para saquear bienes del Estado

Eduardo Ojeda (izq.), Eladio Flecha y Mercedes Canese, en la audiencia pública, que se realizó tardíamente el 16 de octubre en la Cámara de Diputados.

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Los sindicalistas que participaron de la audiencia pública sobre el proyecto de ley de acuerdo público-privado aseguran que esta iniciativa es solo para saquear los bienes del Estado. Manifestaron que es una privatización y concesión encubierta, ya que solo se hizo un “cambio de palabras” (eufemismo: concesión por acuerdo público-privado). 

Manifestaron que es un atropello a la soberanía del país y del Estado, ya que el proyecto también saca atribuciones, en forma inconstitucional, tanto al Congreso Nacional como al Poder Judicial.

Sobre este punto hay que aclarar que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores autorizan al Poder Ejecutivo a dar en concesión, en forma genérica, bienes del Estado. Por otro lado, establece que los litigios entre el Estado y el sector privado sean llevados a instancias internacionales, como el centro de arbitraje del Banco Mundial.

Rechazo y veto del Ejecutivo

Cartes desea implementar plan neoliberal que creó pobreza en otros países, según gremios

Reinaldo Barreto Medina, de la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (CESITP, en la audiencia sobre el proyecto de acuerdo público-privado.

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La Coordinadora de Centrales Sindicales del Paraguay remitió una nota a los miembros de la comisión de obras de la Cámara de Diputados para expresar su rechazo al proyecto de ley de acuerdo público-privado. Manifestaron que el Congreso Nacional y el presidente Horacio Cartes pretenden repetir experiencias neoliberales que han causado estragos en todos los países en donde se los implementó en especial, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Honduras, España, Grecia, Italia, etc. Se refieren a la política de privatización impulsada por organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, desde los años '90.

La nota es del 16 de octubre y lleva las firmas de Sonia Leguizamón, de la Central General de Trabajadores; Francisco Brítez, de la Confederación Paraguaya de Trabajadores; Aldo Snead, de la Central Unitaria de Trabajadores y Reinaldo Barreto Medina, de la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (CESITP).

Proyecto inconstitucional

Durán no acepta que el Congreso otorgue a Cartes carta blanca en concesiones de servicios

El diputado colorado Dany Durán aclaró que apoya el proyecto de ley de acuerdo público-privado, pero no está a favor del plan de la Cámara de Senadores porque otorga al presidente Horacio Cartes un cheque en blanco en las concesiones de bienes y servicios del Estado.

Esto lo dijo en la audiencia pública realizada ayer en el salón Comuneros. Enfatizó que el artículo 52 del proyecto, que fue agregado por Senadores, da luz verde al Poder Ejecutivo para dar en concesión bienes que son extremadamente valiosos, como el agua potable, energía eléctrica y la explotación de yacimientos petrolíferos.

El citado artículo viola los artículos 3, 112 y 202 de la Constitución Nacional, ya que enumera los proyectos de infraestructura y de concesiones que manejará el presidente Cartes. Bajo el título de “autorización legislativa” se incluyeron la construcción, rehabilitación y mantenimiento de rutas y autopistas nacionales, construcción de puentes, de penitenciarías, de hospitales y centros educativos. Además, la concesión de aeropuertos internacionales, de provisión de agua potable y servicios de saneamiento, etc.

Pidió a Cartes “respeto”