sábado, 26 de octubre de 2013

Obispos se pronuncian en contra proyecto de ley de Acuerdo Público-Privado

El monseñor Pastor Cuquejo felicita a Horacio Cartes al asumir la Presidencia de la República el 15 de agosto de 2013 (foto Presidencia).
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El Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya se pronunció ayer con relación al proyecto de ley "de promoción de la inversión en infraestructura pública", más conocido como alianza público-privada, que será estudiado el lunes 28 de octubre en la Cámara de Diputados. Los obispos reconocen que el proyecto es una “alternativa legítima para captar fondos privados para la realización de las obras públicas ante a la falta de recursos del Estado”.

Sin embargo, señalan que el gobierno de Horacio Cartes y el Congreso Nacional deben “abrir un periodo de consultas e intercambio con los diversos sectores y actores sociales y económicos”. El proyecto, que tiene media sanción y que ya no puede ser archivada sino por veto presidencial, fue aprobado en secreto porque los legisladores no realizaron una audiencia pública. 

La prensa tampoco ha informado para advertir a la población de que es un proyecto de concesión de bienes del Estado en violación a los artículos 3, 112 y 202 de la Constitución Nacional (el Congreso no tendrá participación en los proyectos de cesión de bienes públicos).

Por tanto, “es necesario revisar los alcances de la ley en términos de salvaguarda de la soberanía jurídica del Estado paraguayo, de los recursos estratégicos y la evaluación del costo e impacto en las poblaciones más vulnerables”, dice la CEP (el comunicado está en la web de la CEP).

A continuación el comunicado: 

- Que se reconoce la vigencia de este tipo de marcos legales en diversos países de nuestro continente y que, en algunos casos, ha demostrado ser una herramienta eficaz para promover el desarrollo de infraestructuras necesarias para la calidad de vida de la población.

- Que es una alternativa legítima para captar fondos privados para la realización de las obras públicas ante a la falta de recursos del Estado.

En este sentido, la Iglesia enseña que "es muy importante proceder con proyectos de subsidiaridad convenientemente diseñados y gestionados, que tiendan a promover los derechos, pero previendo siempre que se asuman también las correspondientes responsabilidades. En las iniciativas para el desarrollo debe quedar a salvo el principio de la centralidad de la persona humana, que es quien debe asumirse en primer lugar el deber del desarrollo." (Caritas in veritate, N° 47)

Dada la importancia, relevancia e impacto económico, social y jurídico que conlleva la aprobación de esta ley, consideramos:

- Que sería sensato y prudente abrir un periodo de consultas e intercambio con los diversos sectores y actores sociales y económicos del país para escuchar sus cuestionamientos y aportes al proyecto de ley, que tiene media sanción de senadores.

- Que, sobre todo, es necesario revisar los alcances de la ley en términos de salvaguarda de la soberanía jurídica del Estado paraguayo, de los recursos estratégicos y la evaluación del costo e impacto en las poblaciones más vulnerables.

En virtud de los argumentos precedentes, se exhorta a los poderes públicos a la búsqueda del consenso de una ley marco apropiada que favorezca la inversión privada, salvaguardando los intereses nacionales y la mejora de las condiciones de vida de la persona humana.

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