El ministro de Hacienda Germán Rojas (izq.), Horacio Cartes y el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga (foto Presidencia).
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La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de ley de “responsabilidad fiscal” o ley para limitar los gastos de las instituciones de la administración central y de las Gobernaciones. Es una ley que atenta contra las atribuciones constitucionales de Congreso Nacional (artículo 202 y 216). Algunos diputados reconocieron este problema, pero igual apoyaron la propuesta solo para dar un “voto de confianza” al presidente Horacio Cartes.
La ley se convertirá rápidamente en letra muerta. Para muestra basta un botón: la norma establece las reglas “macrofiscales” para que el Congreso pueda elaborar el presupuesto general de gastos. Señala que el déficit fiscal anual de la administración central, incluidas las transferencias, no será superior al 1,5 por ciento del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, el Ministerio de Hacienda había presentado un plan de gastos que supera el 2 por ciento y que, con la addendas (para aumentos), llega al 3 por ciento, según los diputados liberales Juan Bogado Tatter y Amado Florentín. Ver tema en diario Ultima Hora.
El objetivo del Poder Ejecutivo, según el artículo 3, principio general, del proyecto aprobado dice: “Asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, teniendo como meta resultados fiscales que no causen efectos negativos sobre la estabilidad macroeconómica, preservando el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos”.
Mera expresión de deseo
El vocero de la comisión de presupuesto, diputado Mario Odilio Cáceres, recomendó la aprobación del plan aprobado por la Cámara de Senadores el 26 de setiembre. Esta comisión no objetó el proyecto presentado por el presidente Horacio Cartes. El vocero de la comisión de asuntos económicos, Bogado Tatter, dijo que sus colegas cuestionaron el plan porque dijeron que es atribución del Congreso Nacional aprobar el presupuesto de gastos.
Sin embargo, igual aprobaron porque dijeron que en la “responsabilidad fiscal” hay responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Lo curioso es que parte del contenido del proyecto ya está en la Ley 1.535/99, de Administración Financiera del Estado, que establece las reglas para elaborar el presupuesto. Esta norma debe ser cumplida tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, reconocieron diputados.
El diputado liberal Florentín dijo que el proyecto no es más que una “expresión de deseo y de compromiso”, pero aprobó el plan cartista porque dijo que es vital un compromiso político para controlar los gastos. Su colega de bancada, Antonio Buzarquis Cáceres, también cuestionó el documento aprobado por Senadores porque parece más bien una “declaración política que jurídica”.
Precisó que “ a través de esta ley estamos reconociendo públicamente que el parlamento no tiene capacidad para estudiar el presupuesto con responsabilidad y objetividad”. Al final también votó a favor porque no quiere dar a entender que pretende manosear el presupuesto, precisó.
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