lunes, 5 de julio de 2010

Fernando Lugo condecora a Resck y promulga ley que posibilita violación de derechos humanos


Por Dionisio Arce Jara (*)
El presidente Fernando Lugo firmó el decreto 4612 el 24 de junio de 2010 por el cual “se asciende al grado de gran cruz de la condecoración de la orden nacional al mérito al profesor Luis Alfonso Resck Haiter”, conocido defensor de los derechos humanos. El ex monseñor también otorgó la condecoración póstuma a dos luchadores contra la dictadura stronista: el colorado Waldino Ra- món Lovera y el liberal Miguel Angel Martínez Yaryes.
El presidente se “acordó”, un año y ocho meses después de asumir el poder, de que los citados luchadores por las libertades públicas y derechos humanos merecen el reconocimiento del Estado. Sin embargo, la amnesia del primer mandatario no es nada comparada con el hecho irónico (parece una burla de Lugo) de que el 24 de junio también promulgó la Ley 4024, “que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”.

La ley antiterrorista posibilita la violación de derechos humanos porque su aplicación estará sujeta a la interpretación de los fiscales y jueces. Los miembros del Poder Judicial identificarán los hechos punibles e interpretarán la conducta de los autores de un crimen (terrorismo), cuyo objetivo es “infundir o causar terror, obligar o coaccionar para realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, según la ley 4024/10.
La interpretación del juzgador puede encasillarse en la ideología y clase social de los sospechados de hechos punibles que ya están establecidos en el actual Código Penal. De esta manera, sería fácil para los grupos de poder denunciar como terroristas, por atentar contra la “democracia sin comunismo” del nuevo Paraguay, a los socialistas y chavistas, los campesinos sin tierras y los pobres de las villas miserias (como los pobladores de los barrios Chacarita y Marquetalia).
Las lesiones graves sufridas por personas dentro de un contexto de huelga o invasión de tierras podrían desembocar en procesos penales que harán recordar los juicios durante la época stronista, cuyos instrumentos de terror fueron las leyes “anticomunistas y antiterroristas” de Defensa de la Democracia (Ley 294/55) y de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas (Ley 209/70).
Es decir, los miembros del corrupto Poder Judicial serán los que interpretarán qué acto criminal es o no terrorista. La política zigzagueante de Lugo no permitió cambiar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El presidente había dicho no al “cuoteo político” para eligir a los nuevos miembros de esta máxima instancia judicial.
Sin embargo, el presidente convocó a sesión extra a miembros de la Cámara de Senadores para el 22 de enero de 2009. Su objetivo fue forzar la elección del juez Emiliano Rolón (colorado castiglionista), pero obtuvo una derrota al no cubrirse el quorum legal.
La ley antiterrorista castiga entre diez a 30 años de cárcel hechos punibles ya tipificados, entre ellos genocidio, homicidio, lesiones graves (artículos 319, 105 y 112 de la Ley 1.160/97 y su modi- ficación, Ley 3440/08). La nueva ley también castiga como acto terrorista la acción o la intención de “causar terror”, entre ellos los establecidos contra la libertad (artículos 125 al 127), hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos (artículos 203 y 212).
También castiga como terrorismo (ya sea la acción o el intento) los “hechos punibles contra la seguridad de las personas en el tránsito” (artículos del 213 al 216). Los que critican esta ley dicen que accidentes provocados por un bache (dejado por obreros de ESSAP (después de reparar una cañería rota de agua) o por culpa de una ruta no señalizada pueden ser calificados como actos terroristas (intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, artículo 216). 
Los legisladores nunca explicaron por qué en el Paraguay una persona o un grupo querrían cometer estos hechos punibles (artículos del 213 al 216) antes que hacer explotar una bomba para matar a varias personas o liquidar a quemarropa a una “alta autoridad”. Así operan los grupos terroristas en cualquier país del mundo.

El senador Miguel Carrizosa (izq.), el profesor Luis Alfonso Resck Haiter y el canciller Héctor Lacognata. El presidente Fernando Lugo por fin se acordó de que Resck merece un reconocimiento del Estado por luchar contra el stronismo. Resk recibió la condecoración el 25 de junio de 2010.

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