Foto publicada por ABC Color el 24 de junio. Se ve a los detenidos: Ilda Martínez, Julián Cristaldo, Marciano Martínez, Isidoro Morales Sosa y Gabriel Bernal López. El diario dice que la Fiscalía General encontró “vestigios de plomo” en las manos de algunos de los campesinos, pero nada dice de los “rastros de tortura”.
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La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) denunció ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público la comisión de supuestos hechos punibles de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por policías contra Marciano Martínez, Hilda Martínez, Arnaldo Martínez, Julian Cristaldo, Isidoro Morales, Víctor Alberto Benítez, y Gabriel Bernal López.
El hecho denunciado había ocurrido el 17 de junio de 2010 en la comunidad de Santo Domingo, localidad de kurusu de hierro, distrito de Horqueta (Departamento de Concepción). Las citadas personas fueron detenidas por miembros de la Fuerza de Operaciones de Policía Especiales (FOPE) dentro del contexto de la investigación de la supuesta emboscada cometida ese día contra uniformados por el hasta hoy fantasmal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En la ocasión resultaron muertos los suboficiales de la FOPE Lilio Ramón Giménez y Carlos César Cardozo.
La denuncia lleva las firmas de los abogados Juan Martens, Francisco Benitez, Ximena López, y María José Duran. El escrito señala que “la abogada voluntaria del equipo jurídico de la CODEHUPY, Elba Núñez como así también Cristina Coronel, Marta Almada y Sebastiana Marín, del Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ-Py) se constituyeron en sede de la Comisaría de Horqueta en la noche del 19 de junio de 2010, donde se encontraban detenidos Arnaldo Martínez y Rosana Caballero, menores de 15 y 16 años respec- tivamente”.
La denuncia lleva las firmas de los abogados Juan Martens, Francisco Benitez, Ximena López, y María José Duran. El escrito señala que “la abogada voluntaria del equipo jurídico de la CODEHUPY, Elba Núñez como así también Cristina Coronel, Marta Almada y Sebastiana Marín, del Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ-Py) se constituyeron en sede de la Comisaría de Horqueta en la noche del 19 de junio de 2010, donde se encontraban detenidos Arnaldo Martínez y Rosana Caballero, menores de 15 y 16 años respec- tivamente”.
“Tras constatar la denuncia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes de que fuera víctima Arnaldo Martínez, el mismo fue trasladado por Elba Núñez y Cristina Coronel al Hospital Regional de Horqueta donde fue examinado por el médico de guardia. En la brevedad ajuntaremos diagnóstico médico donde se constatan las lesiones que sufrió Arnaldo Martínez a raíz de los golpes que recibió”, señala otra parte de la denuncia.
El escrito de los miembros de de CODEHUPY señala que, horas después de la supuesta emboscada,efectivos de la FOPE ingresan “sin orden judicial y en número de 35 aproximadamente, a la propiedad de Marciano Martínez que se encontraba en compañía de su hijo Arnaldo Martínez. Sin dar mayores explicaciones, los policías violentamente les ordenan que se tiren al suelo con las manos a la cabe- za, donde les propinaron todo tipo de golpes, patadas, insultos, amenazas de muerte, no permitiendo que los mismos hicieran preguntas ni les miraran el rostro. Los policías en todo momento los sindicaban como los autores de los disparos a raíz de los cuales fallecieron los dos policías. Todo esto ocurrió en el patio de su propiedad”.
La Coordinadora realiza un pormenorizado relato de los tratos crueles cometidos por policías, que están al mando del ministro “socialista” Rafael Filizzola, quien hasta ahora no da curso favorable a las denuncias de campesinos. Hay que recordar que los detenidos en el operativo policial y militar, luego del supuesto ataque de los terroristas “pombero” (fantasma) al puesto militar de Tacuati (Departamento de San Pedro), también denunciaron que fueron torturados.
El gobierno de Fernando Lugo ya lleva en su acervo varias denuncias de torturas cometidas por policías, entre ellas la denuncia hecha por Emiliana Quiñónez Espínola, campesina de Guayaybi (San Pedro). La misma denunció ante la Fiscalía General de la zona y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores que fue torturada y “violada” con cachiporra el 21 y 22 de agosto del 2009 por la ex jefa de la comisaría de esta localidad, Virginia Villar, quien tiene antecedentes penales por lesión grave y otras denuncias de torturas.
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