Por Dionisio Arce Jara (*)
La fiscala Sandra Quiñónez, durante el allanamiento del 23 de febrero, observa a los que podrían ser "guerrilleros", entre ellos niños. Este tipo de foto está censurada por los medios.
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La fiscala Sandra Quiñónez, quien desde hace unos ocho años no consigue detener a los principales líderes del fantasmal Ejército del Pueblo Paraguayo, sospecha que el EPP podría estar reclutando a niños para sus fines delictivos, como lo hace las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La misma realiza esta deducción a partir de una fotografía de un niño, quien sería hijo de la huidiza Magna Meza, supuestamente encontrada en un campamento guerrillero.
La foto muestra al niño, de unos dos años, con armas de juguete. La prensa da un gran destaque a las declaraciones de Quiñónez a pesar de que la “evidencia” parece una broma preparada para el programa televisivo de Marcelo Tinelli (ver diario Ultima Hora).
Sin embargo, las denuncias que había recibido el Sindicato de Periodistas del Paraguay no es una broma, ya que señalan con evidencias de que niños campesinos son tratados como “guerrilleros” en los allanamientos realizados por la fiscala Quiñónez y efectivos de la Fuerza de Operaciones de Policía Especiales (FOPE) y del Departamento Antisecuestro de la Policía (DASP). Las denuncias y las fotos de los allanamientos, en las que aparecen algunos niños tirados en el suelo, fueron censuradas por los medios.
Sin embargo, las denuncias que había recibido el Sindicato de Periodistas del Paraguay no es una broma, ya que señalan con evidencias de que niños campesinos son tratados como “guerrilleros” en los allanamientos realizados por la fiscala Quiñónez y efectivos de la Fuerza de Operaciones de Policía Especiales (FOPE) y del Departamento Antisecuestro de la Policía (DASP). Las denuncias y las fotos de los allanamientos, en las que aparecen algunos niños tirados en el suelo, fueron censuradas por los medios.
Los niños sufren en carne propia, al igual que sus padres, el terror que causan policías, bajo el mando del ministro “socialista” Rafael Filizzola, en los allanamientos nocturnos en casas de las familias, amigos y vecinos de los supuestos líderes del EPP. Los procedimientos de la policía antiterrorista luguista se intensificaron luego de la liberación del ganadero Fidel Zavala el 17 de enero de 2010.
La denuncia que había recibido el SPP proviene de periodistas del interior de varios medios. Los colegas con frecuencia acompañan los allanamientos de viviendas, en especial cuando los fiscales y fiscalas desean dar una gran publicidad a sus procedimientos.
Las fotos de esta página muestran momentos en que Quiñónez y los policías del DASP realizan un cateo, en la madrugada del 23 de febrero de 2010, en la casa paterna de Gabriel Zárate Cardozo, uno de los “Enemigos del Pueblo Paraguayo (EPP)”, según campaña del gobierno de Fernando Lugo.
En aquella madrugada, la fiscala Quiñónez, y sus colegas Francisco Ayala, Federico Delfino y Guillermo Ortega, realizaron allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en una colonia conocida como Sidepar (ubicada entre los Departamentos de Caaguazú y Canindeyú). Además del prófugo Zárate Cardozo, los fiscales buscaban a Nimio Cardozo, Vidalina Cardozo, Óscar Luís Benítez y Alcides Mereles Ruiz, involucrados supuestamente en los secuestros de Cecilia Cubas (2004), Luis Lindstron (2008) y Fidel Zavala (2009). Ninguno de los “terroristas” fueron detenidos porque supuestamente el operativo “se filtró” y los cabecillas del EPP huyeron antes de la llegada de la comitiva policial-fiscal en la zona de Sidepar (ver ABC Color)
Niños aterrorizados en Kurusu de Hierro
La última denuncia de allanamientos violentos realizados por la FOPE fue realizada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). El escrito de los abogados de la entidad señala que varios niños quedaron lesionados y con secuelas sicológicas luego de las acciones ilegales de policías en Kurusu de Hierro (Concepción). Asegura que Arnaldo Martínez, de 15 años, quedó con un cuadro de politraumatismo, según el médico que lo examinó, también se encuentra con múltiples escoriaciones y hematomas.
“Al mismo tiempo, otro grupo de policías ingresó por la parte trasera de la propiedad de JULIAN CRISTALDO E HILDA MARTINEZ. La pareja se encontraba en su casa en compañía de sus cuatro hijos, todos menores de edad, 11, 10, 8 y 5 años y otros dos niños que se refugiaron en su casa al momento de los disparos. Los policías fuertemente armados y con pasamontañas les obligó acostarse en el suelo, les golpearon, les pisaron la cabeza, les patearon, especialmente a Julián, quien en todo momento tratando de defender a su señora preguntaba por qué les estaban haciendo eso. La respuesta a cada pregunta, en este caso, era una patada”, según la CODEHUPY sobre los allanamientos de viviendas realizadas el 17 de junio.
La nota de la Comisión, dirigida a la Fiscalía General y al ministro Rafael Filizzola, asegura que los policías de la FOPE, “frente a los 6 menores de edad que se encontraban presentes, lanzaron siete disparos alrededor de su cabeza. Uno de los niños, el menor de cinco años, pensando que su padre había muerto, corrió y se le tiró encima momento en que la madre, que estaba también tirada en el piso al lado de Julián hace un movimiento para sacar al niño de allí y es nuevamente empujada al piso y golpeada por los policías. Estos, en todo momento, propiciaron toda clase de insultos y amenazas de muerte contra estas personas. También lo sindicaron como autor de los disparos que mataron a los policías. Todo esto ocurrió en el patio de su propiedad” (ver documento de CODEHUPY).
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La fiscala Sandra Quiñónez interroga a los familiares de los "guerrilleros" prófugos. La misma hizo el allanamiento acompañada de un séquito de periodistas, quienes no "vieron" nada fuera de lo normal en el procedimiento.
(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP
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