El desbloqueo de “listas sábana” creará un gran caos electoral si no se modifica

Senadores ausentes "sin justificación" en la sesión de ayer: Lilian Samaniego, Juan Carlos Galaverna, Julio César Velázquez, Lucio Vergara y Víctor Bernal. Estos rechazan la propuesta de eliminar la "lista sábana".
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La Cámara de Senadores sancionó ayer el proyecto que modifica las leyes 834/96 y 3166/07, Código Electoral. Lo novedoso de la norma, cuyo objetivo es desbloquear las listas sábana, es que prevé sorteos en caso de empates entre los candidatos y candidatas de distintos partidos y movimientos políticos. ¿Se recurrirá a monedas (cara o cruz) para definir el ganador o ganadora?. 

El senador de Patria Querida, Marcelo Duarte, había dicho que el “proyecto de desbloqueo de listas sábana”, aprobado por la Cámara de Diputados el 23 de junio de 2011, es una falacia y un engaño al electorado porque será casi imposible cambiar el número de orden de los candidatos. Esto será así porque la ley sancionada obliga a que el número de votos que obtenga un determinado candidato sea superior a los votos que recibe la lista de su partido político. El senador fadulista, presidente de la comisión de legislación, realizó esta obser- vación en la sesión del 22 de setiembre de 2011. 

El mismo aprobó también ayer el proyecto de Diputados, pero informó que en marzo presentará una propuesta para modificar la ley sancionada. El objetivo es evitar un gran caos electoral en las elecciones internas de los partidos y en las elecciones generales del 2013.

“Servilismo y Periodismo” desnuda la negra historia de Zuccolillo y Rubín durante la dictadura

La monografía de Nemesio Barreto Monzón (1) es una especie de "refrezca memoria" para la gente que olvidó a los que apoyaron la dictadura de Alfredo Stroessner. En esta foto se ve a Aldo Zuccolillo y Humberto Dominguez Dibb (HDD) junto al dictador.

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La “historia sincera del Paraguay contemporáneo”, editada en el 2004 por el periodista Nemesio Barreto Monzón bajo el título “Periodismo y Servilismo” (2), saca a luz el pasado oscuro de las cabezas visibles de la prensa stronista: Aldo Zuccolillo y Humberto Rubín. En una noche como hoy, el 2 de febrero de 1989, comenzaba la batalla contra el finado dictador Alfredo Stroessner. Fue traicio-nado por su consuegro, el también finado Gral. Andrés Rodríguez, quien lideró el golpe de Estado. Poca gente recuerda que Zuccolillo y Rubín apuntalaron al “rubio” durante 25 de los 35 años de dictadura. Estos “barones” de la prensa comercial se creen hoy paladines de la libertad de expresión.

Campesinos reclaman tierras que Blas N. Riquelme habría robado al Estado, según comisión

Los campesinos que ayer cometieron todo tipo de desmanes contra la sede de la Fiscalía General del Estado de Curuguaty reclaman las tierras que el ex sena- dor colorado Blas N. Riquelme habría robado al Estado, según informe de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008. 

El informe de Verdad y Justicia dice que el empresario colorado había logrado que la justicia de la “era democrática” le otorgara las tierras del Estado en base a un proceso de usucapión. El informe dice que “Campos Morombí SACA presentó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Curu-guaty, a cargo del juez Carlos Goiburú, acción ordinaria de usucapión contra La Industrial Paraguaya S.A. sobre la Finca Nº 9 de Curuguaty, lugar denominado “Yby Pytá” o “Ybyrá pytá”.

Silencio del gobierno y de luguistas sobre las tierras robadas por stronistas

El senador Sixto Pereira (izq.) y el senador Luis Alberto Wagner, durante la marcha de campesinos luguistas en octubre pasado. 

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Fernando Lugo, quien había prometido recuperar las tierras malhabidas durante la campaña para las elecciones del 2008, guarda notable silencio sobre este espinoso tema. El presidente y sus principales asesores se cuidan de recordar la “voracidad de los stronistas” en materia de tierras ahora que está candente el problema creado por los carperos en la zona de Alto Parana. El presidente del Indert, Marciano Barreto; el procurador general, Enrique García y el director del Catastro Nacional, José Tomás Villarejo, no informan cómo están los expe-dientes judiciales para la recuperación de las tierras robadas al Estado.

Diputados cambian de opinión sobre control técnico de rodados ante crítica de ABC Color

El diputado Víctor Bogado dio a entender, según publica el periódico 5 días, que habían cambiado de opinión, sobre el control técnico vehicular, ante la critica de ABC Color. En primera vuelta habían rechazado el proyecto.
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Los técnicos de la Dirección Nacional de Transporte comenzarán a realizar desde mañana la verificación de los equipos de las empresas adjudicadas para realizar el control técnico vehicular, aprobado por Ley 3850 del 15 de octubre de 2009. El servicio comenzaría desde la segunda quincena de febrero en algunas zonas del país. 

En todo este tiempo, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, y otros legisladores no presentaron un proyecto para modificar la Ley 3850/09, tal como habían prometido en la sesión del 8 de setiembre de 2009. Ese día, la Cámara Baja había sancionado la ley. Lo curioso es que Bogado y otros legis-ladores cambiaron de opinión debido a la crítica del diario ABC Color.

Diputados no investigan destino de millonario fondo y hoy podrían aprobar otra donación

Esperanza Martínez y Fernando Lugo, responsables de la donación del Fondo Mundial. Algunos diputados que aprobaron, en comisiones asesoras, la dona-ción europea de 30 millones de euros: Aida Robles, Blanca Lila Mignarro, Eladio Gómez, Pedro González, Fernando Oreggioni, Juan Bernardo Ziett, Desiree Masi y Concepción Cubas de Villaalta. 

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Los miembros del Frente Ciudadano presentaron ayer una denuncia en contra de los administradores de la millonaria donación que recibió el Estado paraguayo del “Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria”. Esta institución dio un regalo, para luchar contra los dos primeros males, por más de 21 millones de dólares. El dinero está siendo administrado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), cuyo presidente ejecutivo es Agustín Carrizosa, y por Alter Vida, dirigido por el Ing. Víctor Benítez Insfrán. 

El Frente presentó la denuncia, curiosamente, en la Dirección de “Integridad” de la Presidencia de la República, cuya directora es Diana Correa. El presidente Fernando Lugo aprobó esta donación y no informó al Parlamento Nacional. La Cámara de Diputados tampoco investiga el destino de los más de 21 millones de dólares donados al Paraguay. En cambio, podría hoy aprobar una donación de la Unión Europea que alcanza 30 millones de euros para la “disminución de la pobreza y la desigualdad”.

Sindicato de Trabajadores denuncia despidos ilegales en el Comité de Iglesias

El Sindicato de Trabajadores del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) denunció que los directivos de esta entidad, reconocida por su tarea en la promoción y defensa de los derechos humanos, viene despidiendo a traba- jadores y funcionarios que tienen años de servicio (de 10 años y hasta 34 de antigüedad). El gremio dice que hay una clara violación de los derechos laborales consagrados en el Código del Trabajo, en la Constitución Nacional y en los Convenios Internacionales. Asegura que la institución ofrece una indemnización irrisoria a los afectados. 

Los capos de la Junta Directiva del CIPAE son: Pastor Evaristo Rojas, Pastor Darío Aquino y el Pastor Cristóbal Mareco, por la Iglesia Discípulos de Cristo; Monseñor Mario Melanio Medina, Monseñor Cándido Cárdenas y el Pbro. José Arias, por la Iglesia Católica; los señores Oskar Dickel, Carlos Villasboa y Francisco Eisenkolbl, por la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Víctor Ayala, de esta última Iglesia, era miembro de la Junta y ahora es Director Ejecutivo, según el sindicato, que no identifica a los trabajadores que fueron despedidos. 

El secretario general del gremio es Marcial Cantero Gaona, quien da a entender en su comunicado, distribuido por la Confederación de la Clase Trabajadora, que el CIPAE desconoce el derecho a la “estabilidad laboral”, establecido en la Cons- titución y en el Código del Trabajo, tal como lo hacen muchas empresas privadas. Uno ejemplo de ello es el caso de los despidos en el Canal 9 TV Cerro Corá. El sindicato dice que la institución de DDHH tiene ahora sus puertas cerradas por vacaciones para evitar protestas de los trabajadores. 

A continuación el comunicado del sindicato del CIPAE:

Manifestantes condenan manipulación informativa y persecución laboral en Canal 9

Arriba: Oscar Cabral (izq.), Augusto Giménez, Ramón Zalazar y Andrés Caba-llero. Abajo, Osvando Zayas y miembros del SPP y de SINTRATEL.

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Un grupo de personas, compuesta por periodistas, sindicalistas y ciudadanos “indignados”, se manifestó anoche frente al Canal 9 TV Cerro Cora. Los ora-dores realizaron una fuerte crítica contra el empresario mexicano Angel Gon-zález, conocido como el “fantasma”, ya que sería dueño de esta empresa y de 42 canales de televisión en latinoamérica.
El empresario opera a través de testaferros y su política de comunicación es acomodarse y apoyar a los gobiernos de turno para defender sus negocios, según Vicente Páez Chávez, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. El colega coincidió con otros oradores al señalar que el magnate mexicano no solo manipula las informaciones y ofrece programas “enlatados”, sino que atenta contra la libertad de expresión y de prensa al despedir a pe-riodistas y perseguir a sindicalistas. 
Manifestaron que la programación importada por el canal sabotea la creación de mano de obra nacional, ya que desprecia la creatividad de periodistas, pro-ductores de televisión y de artistas nacionales. Además, dijeron que las noticias de hechos de sangre se caracterizan por tener un carácter sensacionalista. Para ello, el canal aprovecha los crímenes comunes y los perpetrados supuestamente por el EPP (atentado con cebollones)  y las desgracias de los accidentados inter- nados en el Centro de Emergencias Médicas.

SINTRATEL pide la intervención laboral del Canal 9

El Sindicato de Trabajadores de Radio y Televisión (SINTRATEL) pidió hoy al Ministerio de Justicia y Trabajo la intervención laboral del Canal 9 TV Cerro Corá, ya que existe un ambiente laboral caldeado por los recientes despidos de los periodistas Andrés Caballero, con 24 años de labor; Oscar Cabral, 22 años, y Hugo Díaz, más de 30 años. El gremio pide que esta cartera de estado tome las acciones administrativas necesarias para sancionar a la empresa por incum-plimiento de las leyes laborales.
Miguel Vera Benítez, secretario general de SINTRATEL (foto), y otros miembros del gremio se presentaron al Ministerio para denunciar los despidos injus-tificados y las persecuciones laborales por parte de la patronal. Lo hicieron pese a que existen sobradas experiencias negativas para señalar que el gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco no quiere “meterse” con los medios de comu- nicación,  en especial con los más poderosos.

Sindicatos repudian despidos injustificados de tres periodistas del Canal 9 Cerro Corá

Hugo Díaz (izq.), Andrés Caballero y Oscar Cabral, periodistas que fueron presionados para renunciar. El objetivo del Canal 9 es des- moralizar a los colegas que están afiliados a SINTRATEL y el SPP.

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El Sindicato de Trabajadores de Radio y Televisión (SINTRATEL) y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) lanzaron hoy un comunicado para repudiar el despido injustificado de tres periodistas del Canal 9 TV Cerro Corá. Se trata de los colegas Andrés Caballero, con 24 años de labor; Oscar Cabral, 22 años, y Hugo Díaz, más de 30 años. Estos gremios están preparando, junto con otros sindicatos de trabajadores, una manifestación contra el canal para el martes a las 18:30 frente al local de la empresa, situado en la avenida Carlos Antonio López.

Cabral y Díaz aceptaron la propuesta de la empresa en cuanto a la indemnización por lo años trabajados, pero fue en un ambiente de presión. Estos colegas están ahora desvinculados del Canal 9, pero Caballero se negó a firmar la liquidación salarial planteada por la empresa. Por esta razón, SINTRATEL y el SPP exigen la reposición del colega en su lugar de trabajo. 

No obstante, ambos sindicatos respetarán la decisión que pueda adoptar Caballero en cuanto a su salida de la empresa, ya que manifestó que está también con la idea de renunciar, pero la cuestión litigiosa es el monto de la indemnización. 

Miguel Vera Benítez, secretario general de SINTRATEL, dijo que este sindicato y el SPP apoyan al conocido presentador de noticiero en su lucha para lograr una mejor compensación económica por los 24 años de trabajo. 

Destitución de gerente 

Los gremios exigen “la inmediata destitución” de Pablo Santos, gerente de noticias porque está asumiendo un labor sin tener arraigo en el país. El comunicado, que lleva las firmas de Vera Benítez y Vicente Páez, secretario general del SPP, dice que el ciudadano argentino no puede tener ninguna función en estas condiciones porque va en contra de lo que establece la ley de migraciones. Por ello, ambos sindicatos denunciarán esta situación a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Migraciones. 

Represalia, caso Pizarro 

Los colegas de Canal 9 sospechan que los nuevos casos de despidos es una represalia con relación al caso Jorge Pizarro, ex gerente de noticias de la empresa destituido en mayo pasado como conse- cuencia de la lucha de ambos sindicatos. Pizarro generó grandes conflictos, entre ellos el despido de Daniela Candia y Manuel Cuenca, debido a su prepotencia en el manejo del personal. 

Caballero, Cabral y Díaz se habían confrontado directamente con Pizarro y los demás directivos del Canal 9. Por esta razón, el SPP y el SINTRATEL sospechan que detrás de los despidos está la intención de descabezar el movimiento sindical en la empresa. 

Compañeros y compañeras manifestaron su inquietud sobre estos hechos, ya que temen que el Canal 9 realice más despidos de trabajadores con estabilidad laboral (más de 10 años de labor). Los que no tienen estabilidad penden sobre sus cabezas una especie de “espada de damocles”, ya que no saben cuál es la política de comunicación de la empresa y qué tipo de perfil de periodistas desea para su plantel de profesionales. 

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