Diputados no investigan destino de millonario fondo y hoy podrían aprobar otra donación

Esperanza Martínez y Fernando Lugo, responsables de la donación del Fondo Mundial. Algunos diputados que aprobaron, en comisiones asesoras, la dona-ción europea de 30 millones de euros: Aida Robles, Blanca Lila Mignarro, Eladio Gómez, Pedro González, Fernando Oreggioni, Juan Bernardo Ziett, Desiree Masi y Concepción Cubas de Villaalta. 

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Los miembros del Frente Ciudadano presentaron ayer una denuncia en contra de los administradores de la millonaria donación que recibió el Estado paraguayo del “Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria”. Esta institución dio un regalo, para luchar contra los dos primeros males, por más de 21 millones de dólares. El dinero está siendo administrado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), cuyo presidente ejecutivo es Agustín Carrizosa, y por Alter Vida, dirigido por el Ing. Víctor Benítez Insfrán. 

El Frente presentó la denuncia, curiosamente, en la Dirección de “Integridad” de la Presidencia de la República, cuya directora es Diana Correa. El presidente Fernando Lugo aprobó esta donación y no informó al Parlamento Nacional. La Cámara de Diputados tampoco investiga el destino de los más de 21 millones de dólares donados al Paraguay. En cambio, podría hoy aprobar una donación de la Unión Europea que alcanza 30 millones de euros para la “disminución de la pobreza y la desigualdad”.

Sindicato de Trabajadores denuncia despidos ilegales en el Comité de Iglesias

El Sindicato de Trabajadores del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) denunció que los directivos de esta entidad, reconocida por su tarea en la promoción y defensa de los derechos humanos, viene despidiendo a traba- jadores y funcionarios que tienen años de servicio (de 10 años y hasta 34 de antigüedad). El gremio dice que hay una clara violación de los derechos laborales consagrados en el Código del Trabajo, en la Constitución Nacional y en los Convenios Internacionales. Asegura que la institución ofrece una indemnización irrisoria a los afectados. 

Los capos de la Junta Directiva del CIPAE son: Pastor Evaristo Rojas, Pastor Darío Aquino y el Pastor Cristóbal Mareco, por la Iglesia Discípulos de Cristo; Monseñor Mario Melanio Medina, Monseñor Cándido Cárdenas y el Pbro. José Arias, por la Iglesia Católica; los señores Oskar Dickel, Carlos Villasboa y Francisco Eisenkolbl, por la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Víctor Ayala, de esta última Iglesia, era miembro de la Junta y ahora es Director Ejecutivo, según el sindicato, que no identifica a los trabajadores que fueron despedidos. 

El secretario general del gremio es Marcial Cantero Gaona, quien da a entender en su comunicado, distribuido por la Confederación de la Clase Trabajadora, que el CIPAE desconoce el derecho a la “estabilidad laboral”, establecido en la Cons- titución y en el Código del Trabajo, tal como lo hacen muchas empresas privadas. Uno ejemplo de ello es el caso de los despidos en el Canal 9 TV Cerro Corá. El sindicato dice que la institución de DDHH tiene ahora sus puertas cerradas por vacaciones para evitar protestas de los trabajadores. 

A continuación el comunicado del sindicato del CIPAE:

Manifestantes condenan manipulación informativa y persecución laboral en Canal 9

Arriba: Oscar Cabral (izq.), Augusto Giménez, Ramón Zalazar y Andrés Caba-llero. Abajo, Osvando Zayas y miembros del SPP y de SINTRATEL.

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Un grupo de personas, compuesta por periodistas, sindicalistas y ciudadanos “indignados”, se manifestó anoche frente al Canal 9 TV Cerro Cora. Los ora-dores realizaron una fuerte crítica contra el empresario mexicano Angel Gon-zález, conocido como el “fantasma”, ya que sería dueño de esta empresa y de 42 canales de televisión en latinoamérica.
El empresario opera a través de testaferros y su política de comunicación es acomodarse y apoyar a los gobiernos de turno para defender sus negocios, según Vicente Páez Chávez, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. El colega coincidió con otros oradores al señalar que el magnate mexicano no solo manipula las informaciones y ofrece programas “enlatados”, sino que atenta contra la libertad de expresión y de prensa al despedir a pe-riodistas y perseguir a sindicalistas. 
Manifestaron que la programación importada por el canal sabotea la creación de mano de obra nacional, ya que desprecia la creatividad de periodistas, pro-ductores de televisión y de artistas nacionales. Además, dijeron que las noticias de hechos de sangre se caracterizan por tener un carácter sensacionalista. Para ello, el canal aprovecha los crímenes comunes y los perpetrados supuestamente por el EPP (atentado con cebollones)  y las desgracias de los accidentados inter- nados en el Centro de Emergencias Médicas.

SINTRATEL pide la intervención laboral del Canal 9

El Sindicato de Trabajadores de Radio y Televisión (SINTRATEL) pidió hoy al Ministerio de Justicia y Trabajo la intervención laboral del Canal 9 TV Cerro Corá, ya que existe un ambiente laboral caldeado por los recientes despidos de los periodistas Andrés Caballero, con 24 años de labor; Oscar Cabral, 22 años, y Hugo Díaz, más de 30 años. El gremio pide que esta cartera de estado tome las acciones administrativas necesarias para sancionar a la empresa por incum-plimiento de las leyes laborales.
Miguel Vera Benítez, secretario general de SINTRATEL (foto), y otros miembros del gremio se presentaron al Ministerio para denunciar los despidos injus-tificados y las persecuciones laborales por parte de la patronal. Lo hicieron pese a que existen sobradas experiencias negativas para señalar que el gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco no quiere “meterse” con los medios de comu- nicación,  en especial con los más poderosos.

Sindicatos repudian despidos injustificados de tres periodistas del Canal 9 Cerro Corá

Hugo Díaz (izq.), Andrés Caballero y Oscar Cabral, periodistas que fueron presionados para renunciar. El objetivo del Canal 9 es des- moralizar a los colegas que están afiliados a SINTRATEL y el SPP.

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El Sindicato de Trabajadores de Radio y Televisión (SINTRATEL) y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) lanzaron hoy un comunicado para repudiar el despido injustificado de tres periodistas del Canal 9 TV Cerro Corá. Se trata de los colegas Andrés Caballero, con 24 años de labor; Oscar Cabral, 22 años, y Hugo Díaz, más de 30 años. Estos gremios están preparando, junto con otros sindicatos de trabajadores, una manifestación contra el canal para el martes a las 18:30 frente al local de la empresa, situado en la avenida Carlos Antonio López.

Cabral y Díaz aceptaron la propuesta de la empresa en cuanto a la indemnización por lo años trabajados, pero fue en un ambiente de presión. Estos colegas están ahora desvinculados del Canal 9, pero Caballero se negó a firmar la liquidación salarial planteada por la empresa. Por esta razón, SINTRATEL y el SPP exigen la reposición del colega en su lugar de trabajo. 

No obstante, ambos sindicatos respetarán la decisión que pueda adoptar Caballero en cuanto a su salida de la empresa, ya que manifestó que está también con la idea de renunciar, pero la cuestión litigiosa es el monto de la indemnización. 

Miguel Vera Benítez, secretario general de SINTRATEL, dijo que este sindicato y el SPP apoyan al conocido presentador de noticiero en su lucha para lograr una mejor compensación económica por los 24 años de trabajo. 

Destitución de gerente 

Los gremios exigen “la inmediata destitución” de Pablo Santos, gerente de noticias porque está asumiendo un labor sin tener arraigo en el país. El comunicado, que lleva las firmas de Vera Benítez y Vicente Páez, secretario general del SPP, dice que el ciudadano argentino no puede tener ninguna función en estas condiciones porque va en contra de lo que establece la ley de migraciones. Por ello, ambos sindicatos denunciarán esta situación a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Migraciones. 

Represalia, caso Pizarro 

Los colegas de Canal 9 sospechan que los nuevos casos de despidos es una represalia con relación al caso Jorge Pizarro, ex gerente de noticias de la empresa destituido en mayo pasado como conse- cuencia de la lucha de ambos sindicatos. Pizarro generó grandes conflictos, entre ellos el despido de Daniela Candia y Manuel Cuenca, debido a su prepotencia en el manejo del personal. 

Caballero, Cabral y Díaz se habían confrontado directamente con Pizarro y los demás directivos del Canal 9. Por esta razón, el SPP y el SINTRATEL sospechan que detrás de los despidos está la intención de descabezar el movimiento sindical en la empresa. 

Compañeros y compañeras manifestaron su inquietud sobre estos hechos, ya que temen que el Canal 9 realice más despidos de trabajadores con estabilidad laboral (más de 10 años de labor). Los que no tienen estabilidad penden sobre sus cabezas una especie de “espada de damocles”, ya que no saben cuál es la política de comunicación de la empresa y qué tipo de perfil de periodistas desea para su plantel de profesionales. 

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Intendente desaloja a nativos con apoyo ciudadano, pero olvidan plazas usurpadas por la ANR

El intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, tuvo una notable y decidida voluntad política para solicitar al Poder Judicial y a la Policía Nacional el desalojo de los indígenas de la emblemática Plaza Uruguaya. El “tractor amarillo” liberó de ocupantes el espacio público gracias también al apoyo expresado por un grupo de “ciudadanos” y concejales colorados y opositores. 

Sin embargo, es notable el “olvido” demostrado por las autoridades municipales, por la ciudadanía asuncena y la prensa de las plazas usurpadas por la Asociación Nacional Republicana (ANR). En este caso no se visualiza ninguna voluntad polí- tica del ejecutivo municipal; es más, los concejales colorados se muestran con- trarios a devolver estos espacios públicos a la ciudadanía.

Carperos presionan al Indert por supuestas tierras públicas de 162.000 hectáreas

Victoriano López (izq.) exhibe un mapa donde figuran las tierras que perte-necieron a los Barthe y las 162.000 hectáreas de Iruña (Alto Parana).

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Los miembros de la Liga Nacional de Carperos volvieron ayer a la tarde al Alto Parana para comunicar a su gente el resultado de la reunión con Marciano Ba-rreto, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (In-dert). Se llevaron una gran decepción de Barreto y del presidente Fernando Lugo, quien dispuso el estudio sobre la situación legal de las supuestas tierras públicas ubicadas en el distrito de Iruña, de ese Departamento, y en el distrito de Carlos Antonio López, de Itapúa, según Victoriano López. 

El mismo es líder de los carperos que se hizo de fama por reclamar la recupe-ración de las tierras públicas usurpadas por brasiguayos en la zona de Ñacun-day (Alto Paraná). Ahora está detrás de otras supuestas tierras públicas de unas 162.000 hectáreas. Informó que durante un encuentro, realizado el 27 de diciembre de 2011 en el Palacio de López, el presidente de la República ordenó a Barreto para iniciar el “amojonamiento” de estas tierras ubicadas en Iruña y Carlos A. López.

Sindicato denuncia arbitrariedad de Corte Suprema y se solidariza con periodista de La Nación

El Sindicato de Periodistas del Paraguay denuncia la grave arbi- trariedad de la Corte Suprema de Justicia por rechazar “in limine” una acción judicial de César Ferreira, periodista de Radio Yuty (foto de izq). El colega presentó una inconstitucionalidad contra la resolución del Tribunal de Apelación de Caazapá que anuló su absolución en una querella presentada por el político colorado Benjamín Adaro Monzón. La Corte así atenta contra la libertad de expresión para favorecer a un seccionalero que tiene vínculos en el Poder Judicial por ser ex juez de Caazapá. Por otro lado, el SPP se solidariza con el periodista Alberto Núñez, corresponsal del grupo La Nación en Capiibary (San Pedro). Este soporta una querella presenta por el contraalmirante retirado René Meza Ayala.

La comisión directiva del SPP expresa lo siguiente:
1- El auto interlocutorio de la sala constitucional, que lleva las firmas de Víctor Núñez, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, señala que la acción judicial de Ferreira no llena los requisitos establecidos por el artículo 557 del Código Procesal Penal y el artículo 12 del Código de Organización Judicial. Debido a ello lo rechazan “in limine”.
2- Sin embargo, los ministros dicen que, “con referencia a la su- puesta arbitrariedad invocada (del Tribunal de Caazapá), no se comprueba que los órganos inferiores hayan sentenciado en forma arbitraria”. De esta manera, dan a entender que estudiaron la cuestión de fondo.

Lugo logró estabilidad porque garantizó ganancias a sojeros y además repartió prebendas, según el PT

Algunos miembros del Frente Guasu: Luis Aguayo (arriba y a la izq.), Belarmino Balbuena, Gustavo Codas, Aníbal Carrillo, Camilo Soares, Hugo Richer, Carlos Filizzola y Sixto Pereira.

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El Partido de los Trabajadores, de orientación trotskista, lanzó un comunicado para dar a conocer su evaluación del 2011. Asegura que el gobierno de Fer-nando Lugo y Federico Franco logró estabilidad política y económica gracias al asistencialismo (Tekoporã) a sectores pobres. Señala que el gobierno logró cooptar a dirigentes de sectores de la izquierda con esta política social, que se suma el prebendarismo mediante cargos públicos. Paralelamente, Lugo aplicó una política represiva contra sectores sociales, según el PT, que critica también al Partido Colorado, por ser responsable de 60 años de desgobierno y corrup-ción, y al empresario Horacio Cartes, quien está señalado como un supuesto lavador de dinero. 

El PT dice que, en lo económico, Lugo garantizó las ganancias record para la burguesía, como los sojeros, ganaderos, las empresas de telefonía y el sector bancario o financiero. Mientras tanto, “el empleo creció, pero en una ínfima expresión 0,7 % entre los años 2009 y 2010. El subempleo disminuyó del 25,1 al 22,9, pero ha crecido en forma preocupante la precarización laboral: el 49,4 % no gana el salario mínimo, el 45,3 % no tiene contrato y el 73% no accede a la seguridad social”, según el PT.

Abogada ratifica que es arbitraria una resolución que perjudica a periodista y que la Corte no estudio

La abogada Norma Girala Díez (foto), asesora legal del periodista César Ferreira de Radio Yuty, se ratificó ayer que la sentencia del Tribunal de Apelación de Caazapá es arbitraria e injusta porque atribuye al radialista la responsabilidad de una publicación aparecida en ABC Color. El querellante, el ex juez Benjamín Adaro Monzón, no demostró que Ferreira obró con “real malicia” al leer la infor- mación aparecida en el diario sobre los antecedentes del político colorado, según la jueza Merceces Balbuena Ortíz. 

La magistrada absolvió a Ferreira de la querella por difamación e injuria pre-sentada por Adaro Monzón. El Tribunal de Apelación, integrado por Teresa Isabel Doldán, Edgar Urbieta Vera y David Alider Ruiz Díaz, revocó el 10 de agosto de 2011 la resolución de absolución del periodista.