Victoriano López (izq.) exhibe un mapa donde figuran las tierras que perte-necieron a los Barthe y las 162.000 hectáreas de Iruña (Alto Parana).
-------
Los miembros de la Liga Nacional de Carperos volvieron ayer a la tarde al Alto Parana para comunicar a su gente el resultado de la reunión con Marciano Ba-rreto, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (In-dert). Se llevaron una gran decepción de Barreto y del presidente Fernando Lugo, quien dispuso el estudio sobre la situación legal de las supuestas tierras públicas ubicadas en el distrito de Iruña, de ese Departamento, y en el distrito de Carlos Antonio López, de Itapúa, según Victoriano López.
El mismo es líder de los carperos que se hizo de fama por reclamar la recupe-ración de las tierras públicas usurpadas por brasiguayos en la zona de Ñacun-day (Alto Paraná). Ahora está detrás de otras supuestas tierras públicas de unas 162.000 hectáreas. Informó que durante un encuentro, realizado el 27 de diciembre de 2011 en el Palacio de López, el presidente de la República ordenó a Barreto para iniciar el “amojonamiento” de estas tierras ubicadas en Iruña y Carlos A. López.
El dirigente manifestó que el presidente del Indert se lavó las manos y tiró el fardo a las Fuerzas Armadas. No es la primera vez que Lugo y las autoridades del Indert engañan a los “sin tierra”, por lo que estos no descartan que más adelante inicien de nuevo ocupaciones de tierras en el Alto Paraná.
El presidente del Indert dijo a medios de prensa que el proceso de recuperación de tierras en poder de extranjeros se hará de acuerdo a la Ley 2532, del 17 de febrero de 2005, que establece la zona de seguridad fronteriza del Paraguay, y a la Ley 2647, del 18 de agosto de 2005 (modifica la Ley 2532), que faculta al Ministerio de Defensa a investigar las condiciones de dominio, condominio o usufructo de las tierras en las fronteras.
Sin embargo, López aclaró que desean la recuperación de las 162.000 hectáreas no porque están ocupadas por extranjeros, sino porque son tierras que fueron ocupadas ilegalmente, tanto por extranjeros como por connacionales, desde la época stronista mediante títulos falsos del Instituto de Bienestar Rural (ahora Indert).
El líder carpero explicó que este territorio quedó en garantía para los ingleses a cambio de préstamos que había otorgado al estado paraguayo luego de la gue- rra grande (1865-1870). Manifestó que el IBR nunca vendió las tierras y ahora desean que el gobierno realice un “amojonamiento” y un proceso de desalojo para entregar a los legítimos sujetos de la reforma agraria.
Lópéz estuvo con otros líderes en la Plaza Uruguaya de Asunción, entre ellos Eulalio López y José Rodríguez. El primero explicó que las 162.000 hectáreas nada tienen que ver con las posesiones que alguna vez fueron de los herederos de Domingo Barthe.
Más de 7 millones de hectáreas
Las tierras de los Barthe fueron recuperadas por el Estado en 1963, según sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Abarcan 257 mil hectáreas ubicadas entre los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Caaguazú (Ñacunday), entre las que se encuentran unas 59 mil hectáreas explotadas por el Grupo del brasiguayo Tranquilo Favero.
El Indert pidió un replanteó de la mensura judicial para definir los linderos de las posesiones, pero el caso está trabado en el área judicial debido a una acción inter- puesta por los actuales ocupantes. Los carperos reclaman 419.000 hec- táreas cuando en realidad hay más de 7 millones de hectáreas malhabidas.
Un comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODE-HUPY), emitido en octubre de 2011, señala que la “Comisión Verdad y Justicia en su Informe del año 2008 – capítulo IV de Tierras Mal Habidas - , presenta el resultado de la investigación sobre la adjudicación de tierra rural y los títulos de propiedad otorgados por organismos estatales responsables de la Reforma Agraria, desde el año 1954 al 1989 y desde 1989 al 2003. Se detalla que de las 200.705 adjudicaciones examinadas, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas, han sido adjudicados con graves irregularidades a la legislación agraria”.
En primer plano, José Rodríguez (izq.), Eulalio López y Victoriano López, en la Plaza Uruguaya. Los mismos dicen que el Indert debe recuperar las tierras pú-blicas de Ñancunday y de Iruña.
ENLACES RELACIONADOS
Campesinos exigen recuperación de tierras robadas y denuncian envenenamiento con agrotóxicosEs hora de que los sojeros paguen más impuestos
No hay comentarios:
Publicar un comentario