La marcha campesina molestó a la ultraderecha y a los empresarios y el enfoque de Ultima Hora así lo demuestra. Para el diario el problema del tránsito es más importante que el agrario, sinónimo de pobreza y exclusión social.
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La Comisión de Derechos Humanos del Paraguay había emitido un comunicado el lunes pasado sobre la marcha campesina programa para el día siguiente. El punto segundo del comunicado dice que “la Comisión Verdad y Justicia en su Informe del año 2008 – capítulo IV de Tierras Mal Habidas - , presenta el resultado de la investigación sobre la adjudicación de tierra rural y los títulos de propiedad otorgados por organismos estatales responsables de la Reforma Agraria, desde el año 1954 al 1989 y desde 1989 al 2003. Se detalla que de las 200.705 adjudicaciones examinadas, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas, han sido adjudicados con graves irregularidades a la legislación agraria”.
Este fue el objetivo principal de la marcha de campesinos realizada el martes en Asunción. La Coordinadora Nacional por la Recuperación de Tierras Malhabidas emitió también un comunicado ese día para exigir al gobierno del presidente Fernando Lugo, al Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia) y al Poder Legislativo para que prosiga, con más fuerza, las acciones judiciales iniciadas por la Procuradoría General del Estado y el Instituto Nacional de Desarrollo y de la Tierra (INDERT).
“En muchas de las tierras robadas (como también en otras que son legales) aumentan el envenenamiento y la contaminación del medio ambiente en abierta violación de las leyes ambientales vigentes en el país y del derecho de terceros, sumado esto a la evasión de impuestos y otras ilegalidades. Por estos motivos y por aplicar políticas públicas que aumentan la exclusión campesina de los procesos productivos, así como su expulsión, pedimos al Poder Ejecutivo una urgente reorientación de la política agraria del país”, señala parte del comunicado de la Coordinadora.
Los campesinos apoyan el plan del INDERT para recuperar tierras entregadas en forma ilegal por esta institución a personas que no son sujetas de a reforma agraria (durante los gobiernos de los colorados), ya sea en la zona de Ñacunday (Alto Parana) y en Antebicué (Concepción y Amambay). La institución ya intervino algunas ocupaciones en este último caso, pero aún no puede realizar la mensura judicial de las tierras que había recuperado el Estado de los herederos de Domingo Barthe en el año 1963.
Jóvenes de la Coordinadora de Productores Agrícolas San Pedro Norte (CPA-SPN) durante la marcha. El diario del terrateniente Aldo Zuccolillo dijo que la marcha campesina fue con "onda bolivariana".
Críticas a legisladores
“Al Poder Legislativo solicitamos que demuestre voluntad política para defender la soberanía nacional y la recuperación de las tierras malhabidas. Entendemos que la voluntad política del Congreso Nacional solo puede expresarse con acciones materiales que demuestren la PRIORIDAD que le dan los parlamentarios y las parlamentarias a esta causa nacional. No puede ser que desde el Congreso Nacional, parlamentarios y parlamentarias sumen su voz en favor de la ilegalidad, como lo hicieron el pasado 28 de setiembre, asistiendo a una manifestación que pedía la prohibición de una actividad totalmente legal y ajustada a derecho, que sirve justamente para aclarar dudas, como lo es la MENSURA JUDICIAL. Aguardamos que el Poder Legislativo emita una declaración pública, en conferencia de prensa, con la presencia de los Presidentes de ambas Cámaras y todos/as los/as líderes de bancada, en favor de la Recuperación de las Tierras Malhabidas y declaren prioritaria dicha campaña”, según el comunicado.
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