El abogado Rubén Ocampos, asesor del MOPC (izq.), el ex ministro Efraín Alegre, y el Arq. Gonzalo Garay, asesor del Ministerio, luego de presentar en el Parlamento Nacional el proyecto de concesión de aeropuertos.
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El Parlamento Nacional debió primero modificar la Ley 1.618/2000, de concesiones de obras y servicios públicos porque esta normativa posibilita que el gobierno de Fernando Lugo maneje el proceso de concesión de los aeropuertos en forma poco transparente. Es más, el gobierno había presentado el proyecto de ley de concesión en octubre de 2010 y pidió “tratamiento de urgencia”. Esto delata que la intención de Lugo y el ex ministro Efrain Alegre era evitar un debate público sobre el tema.
Además, abre la posibilidad para que se realice negociados a costa del patrimonio del Estado, ya que los legisladores entregaron al gobierno un cheque en blanco, según habían dicho algunos diputados y senadores que no están de acuerdo con la concesión de los aeropuertos Silvio Pettirossi, Minga Guazu y Mariscal Estigarribia. La Cámara de Senadores levantó el tratamiento de urgencia, pero lo aprobó el 16 de diciembre de 2010 pese a la oposición de los colorados y los luguistas Sixto Pereira y Carlos Filizzola.
La razón de ello es que ni el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones conoce cuánto tiempo se dará en concesión estas terminales aeroportuarias y la inversión que realizará la empresa concesionaria.
El artículo cuarto de la Ley 1.618/2000, de los organismos competentes, dice: “Autorizada por ley la obra o servicio a ser concesionado, previo decreto del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo correspondiente, éste será competente para realizar los estudios preliminares, calificar propuestas, adjudicar y contratar bajo el régimen de concesión de obra o servicio público o sistema de ellos, en la forma indicada en esta ley”.
Es decir, la ley autoriza la concesión de obras y servicios públicos sin que las entidades del Estado hayan realizado previamente un estudio de factibilidad. El ex ministro liberal se había basado en estudios hechos años atrás y que ya están desfasados.
La ley sancionada, y que está a cargo de Lugo para su promulgación o veto, aprueba el convenio suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones el US Trade and Developtmet Agency (agencia estatal de EEUU), formalizado el 26 de agosto de 2010. Además aprueba el convenio entre Internacional Financie Corporation, organismo del Banco Mundial, para financiar el costo del estudio técnico.
La ley dice que el Poder Ejecutivo “deberá elevar al Congreso Nacional un informe bimestral del desarrollo de las tareas dispuestas o autorizadas por la presente ley, so pena de incurrir en la causal en mal desempeño de sus funciones prevista en el artículo 225 de la Constitución Nacional”.
¿El Congreso Nacional hará un juicio político a Lugo solo por no informar al congreso sobre el proceso de concesión de aeropuertos?. La disposición de la ley parece más bien un chiste de mal gusto, ya que la falta de transparencia se da porque el plan de concesión puede iniciarse sin control efectivo por parte del Parlamento Nacional.
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